El Blog

Calendario

<<   Septiembre 2005  >>
LMMiJVSD
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

Sindicación

Alojado en
ZoomBlog

La Version Batasuna del Proceso

Por Narrador - 12 de Septiembre, 2005, 7:09, Categoría: Partido Comunista de las Tierras Vascas

Les ofrecemos la versión etarra batasuna del proceso contra el PCTV por su presunta integración en ETA. De paso les respondo a la pregunta que muchos se hacen referida a las razones por las cuales ofrecemos las versiones cercanas a al banda criminal. Aquí creemos en la libertad, no en la libertdad para cometer delito, para realizar crímenes variados. Creemos en al libertad de conocimiento, consideramos que saber que opina la otra parte ayuda a entender el problema y nos permite descubrir, con nitidez, a qué nos enfrentamos. Esconder la cabeza cual avestruz nunca es la solución. La realidad existe y cuanto más informados estemos mucho mejor. Por estas razones ofrecemos y ofreceremos las versiones de todas las partes y todas las opiniones de los temas abordados.

GARA

Jueves, 8 de septiembre de 2005

EL JUEZ RELACIONA A EHAK CON ETA E IMPONE FIANZAS A TRES IMPUTADOS

Juan Joxe Petrikorena, Joseba Zinkunegi y Peio Gálvez deberán abonar antes del lunes sendas fianzas de 100.000 euros para evitar ir a prisión, después de que el juez Fernando Grande-Marlaska les haya imputado un «delito de pertenencia a banda armada». El magistrado español asegura en su auto que EHAK ha sido «instrumentalizada» por Batasuna, y la AVT ya ha solicitado al Gobierno español su «ilegalización inmediata». Pernando Barrena advitió a Zapatero que «poner en marcha un proceso de paz es imposible si una vez tras otra se utilizan los aparatos del Estado en su contra».

MADRID - El juez instructor del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional española, Fernando Grande-Marlaska, dictó ayer orden de prisión por «un delito de integración en banda armada» contra Juan Joxe Petrikorena, Joseba Zinkunegi y Peio Gálvez, que sólo podrán evitar esta medida depositando sendas fianzas de 100.000 euros.

Además, deberán comparecer dos veces al día en las dependencias de la Ertzaintza más cercanas a su domicilio hasta que depositen esta cantidad. A partir de ese momento, tendrán que acudir semanalmente. Los tres disponen hasta el próximo lunes para hacer efectiva la fianza, que deberán depositar en metálico y sin posibilidad de presentar avales.

En su auto, el magistrado español estira la teoría de «todo es ETA» patentada por el juez Garzón y atribuye a la organización armada la creación de EHAK y de Aukera Guztiak para «garantizar su presencia en el Parlamento». De esta forma, abre la posibilidad de iniciar actuaciones judiciales contra este partido legal. Es la primera vez que un juez vincula a ETA con EHAK.

De hecho, la AVT solicitó ayer mismo al Gobierno español la puesta en marcha de «los mecanismos oportunos» para promover la «inmediata ilegalización» de EHAK. Precisamente, fue esta organización quien puso en marcha este sumario con una denuncia.

Pernando Barrena, que acudió a Madrid para acompañar a los tres militantes abertzales, denunció con dureza la decisión del juez y tildó sus medidas de «totalmente draconianas y desproporcionadas, incluso atendiendo a la naturaleza del delito que les imputa».

«La misma receta de Aznar»

Un delito que, según manifestó el mahaikide a GARA, «no es tal, sino que se trata de una persecución pura y dura de ideas políticas con el objetivo de terminar con la izquierda abertzale». Barrena destacó, asimismo, que «es evidente que el hecho de que se incida en que la fianza tenga que depositarse en metálico, y que no puedan presentarse avales, busca hacer el mayor daño posible».

El portavoz independentista insistió en que lo sucedido ayer es una muestra de la «persecución de ideas que supone la Ley de Partidos», y subrayó la «responsabilidad política que se deriva de la aplicación de esa Ley de Partidos». A su parecer, además, «la decisión es todavía más grave cuando estamos en un contexto político en el que se está hablando de un eventual proceso de paz».

Frente a ello, «estamos viendo que el Estado utiliza todos los medios a su alcance para seguir aplicando exactamente la misma receta que aplicó José María Aznar y el Gobierno del PP durante ocho años», denunció Barrena.

Ante esta situación, el dirigente abertzale lanzó un mensaje «de manera tajante» al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el sentido de que «poner en marcha un proceso de paz es un reto imposible si una vez tras otra se utilizan los aparatos del Estado como ariete en su contra».

En cualquier caso, Barrena señaló que «la izquierda abertzale hace un año decidió claramente que era momento de abordar un camino hacia la paz» y recalcó que esa decisión «tiene el debe y el haber de la izquierda abertzale y, por lo tanto, no está condicionada por decisiones, incluso de carácter represivo, que puedan adoptar terceros, ya sean el Gobierno español, el presidente Rodríguez Zapatero o los aparatos del Estado».

Contra el criterio del fiscal

Petrikorena, Zinkunegi y Gálvez entraron a las dependencias de la Audiencia Nacional a las 9.30 de la mañana, y su comparecencia ante Grande-Marlaska se prolongó por espacio de cuatro horas, a pesar de que los tres militantes abertzales se negaron a contestar a las preguntas ­cerca de un centenar­ que les formularon el abogado de la AVT y el fiscal Jesús Alonso, así como el propio magistrado.

Alonso, quien se había opuesto a la admisión de la querella presentada por la AVT, solicitó al juez comparecencias semanales de los imputados, así como la retirada del pasaporte y la obligación de comunicar un domicilio al Juzgado Central de Instrucción número 5, mientras que el representante de la AVT, Emilio Murcia, reclamó prisión incondicional para los tres.

El juez, finalmente, se acercó más a la petición de la AVT que a la del Ministerio Fiscal, ordenando prisión para los imputados. No sucedió lo mismo hace tres meses y medio, cuando tomó declaración a Arnaldo Otegi.

Entonces, el fiscal pidió prisión incondicional para el mahaikide, mientras que el representante de la AVT, entonces Pedro Cerracín, solicitó una fianza de 300.000 euros. Esta posición no debió gustar a la AVT, ya que Cerracín fue relevado apenas unas semanas después.

Petrikorena, Zinkunegi y Gálvez, responsables de comunicación de Batasuna y EHAK, abandonaron la Audiencia Nacional a última hora de la tarde. En Zumarraga, 106 vecinos realizaron una cadena humana de apoyo, sobre todo a su vecino Gálvez. Aralar se ha solidarizado también.

Hoy declaran ante el juez los otros cuatro imputados

Tras la comparecencia de Petrikorena, Zinkunegi y Gálvez, otros cuatro imputados deberán acudir hoy a la Audiencia Nacional. Se trata de Juan Carlos Ramos, Aritz Blázquez, Javier Ramos y Juan Manuel Rodríguez, a quienes Grande-Marlaska señala como «miembros fundacionales» de Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista e imputa un delito de «colaboración con banda armada» por «haber facilitado sus listas electorales a Batasuna, asumiendo su programa electoral». Estos cuatro ciudadanos vascos han sido citados a primera hora de la mañana, y al igual que ayer, se prevé que la toma de declaración se prolongue por espacio de varias horas.

GARA

Jueves, 8 de septiembre de 2005

LA POLICÍA HABRÍA ESPIADO LLAMADAS Y SMS

El auto del juez Grande-Marlaska afirma que EHAK «ha sido utilizada por el entramado ETA-Batasuna con el fin de soslayar o poner fin al ‘ciclo de ilegalización’». En su opinión, Batasuna «instrumentalizó» a EHAK «dirigiendo y financiando, no sólo la campaña electoral, sino igualmente estableciendo las directrices políticas en el desarrollo de la activi- dad parlamentaria materializada por EHAK».

El magistrado español señala, como indicio de esa supuesta «instrumentalización», el hecho de que «existieron peticiones expresas de voto» para EHAK por parte de Batasuna antes de apoyarla formalmente, «lo que indica que la estrategia estaba fijada antes del uno de abril».

Tras hacer un repaso de la doctrina impulsada desde hace años por el juez Baltasar Garzón, Grande-Marlaska deja entrever que se ha producido un amplio espionaje sobre todas las actividades de la formación que obtuvo nueve parlamentarios en Gasteiz. Menciona, de hecho, la realización de reuniones, las llamadas telefónicas entre imputados e incluso el intercambio de mensajes SMS.

GARA

Jueves, 8 de septiembre de 2005

EL PODER DE UN JUEZ DE INSTRUCCIÓN

Editorial

El sustituto de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha establecido ya la premisa de que EHAK es ETA, lo que en lo personal deriva en graves consecuencias para los tres ciudadanos que comparecieron ayer ante él y probablemente también para las cuatro que lo hagan hoy, y que en lo político siembra de negros nubarrones el horizonte. Siguiendo la fabulación histórica que su antecesor convirtió en doctrina jurídica de que el desdoblamiento de ETA en los años setenta conlleva que hoy dirige todas las distintas organizaciones que actualmente se encuadran en la izquierda abertzale, Grande Marlaska, guiado por la mano de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ha abierto el camino a la próxima adopción de medidas contra EHAK que bien pudieran derivar en su suspensión de actividades. Volveríamos a encontrarnos así con que un juez de instrucción, sin necesidad de probar todavía ninguna de sus graves acusaciones, se impondría a la voluntad popular, en este caso a las más de 150.000 personas que votaron a EHAK y a esa mayoría social que encuesta tras encuesta viene pronunciándose abiertamente en contra de medidas de este tipo contra formaciones políticas.

Es preciso, además, llamar la atención sobre el desmedido afán que el juez Grande Marlaska pone en castigar con extrema dureza a los independentistas vascos que lleva ante sí. Al margen de otras consideraciones políticas y jurídicas, resulta del todo improcedente procesar por integración en una organización armada a aquellos a quienes se les imputa dirigir el área comunicativa de EHAK e imponerles fianzas de 100.000 euros (16,6 millones de pesetas). Más aún si se tiene en cuenta que la Fiscalía había solicitado que se les retuviera el pasaporte y comparecieran semanalmente ante la Ertzaintza, lo que ya es mucho castigo por el simple hecho de defender unas ideas políticas.

Grande Marlaska parece haberse convertido en el ariete judicial de la estrategia del PP y sus tentáculos y va a poner en una difícil disyuntiva al Gobierno español, que insistía hasta la fecha en que no había motivos para ilegalizar a EHAK. En la mano de José Luis Rodríguez Zapatero está el aclarar si quien marca el rumbo en el problema de Estado más grave que tiene España es el presidente de su Ejecutivo o un juez de instrucción. O, tal vez, acabar demostrando que juez y presidente son dos caras de la misma moneda, lo que enconaría el conflicto durante décadas. Rodríguez Zapatero tiene la palabra y los hechos.