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Grande-Marlaska Procesa a Varios Miembros del PCTV

Por Narrador - 12 de Septiembre, 2005, 7:16, Categoría: Partido Comunista de las Tierras Vascas

¿No era que no existía ninguna relación entre el PCTV y Batasuna-ETA? El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha impuesto una fianza de 100.000 euros a cada uno de los tres responsables del equipo de comunicación del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) a los que imputa ser miembros de ETA. Juan José Petrikorena, Peio Gálvez y Joseba Zinkunegi deberán realizar el pago de la fianza antes del próximo martes si quieren evitar la prisión. En el auto el juez apunta que el entramado ETA-Batasuna utilizó a EHAK para "soslayar el ciclo de ilegalización" y señala que Batasuna "instrumentalizó" a esta formación "dirigiendo y financiando, no sólo la campaña electoral, sino estableciendo directrices políticas".

El portavoz de Batasuna, Pernando Barrena, calificó de "desproporcionada y draconiana" la fianza impuesta por el juez, mientras que la formación Aralar mostró su solidaridad con los tres cargos de EHAK. Por el contrario, la Asociación de Víctimas del Terrorismo exigió al Gobierno la puesta en marcha de los "mecanismos oportunos" para promover la "inmediata" ilegalización de EHAK.

EL MUNDO

Jueves, 8 de septiembre de 2005

BATASUNA DIO «INSTRUCCIONES EXPRESAS» AL PCTV DE CÓMO ACTUAR EN LA INVESTIDURA DE IBARRETXE

Manuel Marraco

Así consta en un auto del juez Grande-Marlaska en el que exige a tres responsables de comunicación de las formaciones 'abertzales' 300.000 euros de fianza para no ingresar en prisión por pertenencia a ETA

MADRID.- «El responsable de comunicación de Batasuna impartía indicaciones expresas de cómo debía actuar la portavoz de EHAK [el Partido Comunista de las Tierras Vascas, en sus siglas en euskara] en Plenos tan importantes como el de la constitución de la Mesa del Parlamento Vasco y el de la investidura del lehendakari».

Así consta en un auto dictado ayer por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska en el que, tras tomarle declaración, exige a Juan José Petrikorena -el jefe de prensa de Batasuna- que deposite antes del lunes 100.000 euros de fianza. De lo contrario, ingresará en prisión por un presunto delito de pertenencia a una organización terrorista. La misma medida ha sido acordada para los también imputados Joseba Zinkunegi y Peio Gálvez, que se sucedieron en el servicio de prensa del PCTV y que recibían las instrucciones de Petrikorena.

A juicio del magistrado, los tres participaron activamente en la estrategia terrorista ideada para eludir, a través del PCTV, las consecuencias de la ilegalización de Batasuna. «Los discursos de EHAK, bien fueron preparados en su integridad, bien autorizados por Batasuna», añade el escrito.

Las comparecencias de ayer tienen su origen en la querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra el PCTV, al que considera sucesor de la ilegalizada Batasuna. En contra del criterio de la Fiscalía, el juez la admitió a trámite el pasado 12 de julio y citó a declarar a los tres miembros del equipo de comunicación de la formación. La medida de libertad provisional con fianza acordada por Grande-Marlaska se encuentra a medio camino entra lo solicitado por el letrado de la AVT, Emilio Murcia, -prisión provisional- y el fiscal Jesús Alonso -comparecencias semanales ante el juzgado-. Los tres rechazaron las imputaciones y se negaron a responder a las preguntas de la acusación hasta conocer la parte de la investigación que continúa secreta.

Mensajes de móvil

Buena parte del material incriminatorio reunido por el juez proviene de las intervenciones telefónicas realizadas sobre los tres imputados. El juez resalta que, aunque eran «discretos» en las conversaciones, no lo eran tanto al enviar mensajes de móvil, puesto que creían que no estaban controlados.

El juez también se basa en otros elementos incluidos en los informes de la Policía y la Guardia Civil que solicitó tras admitir la querella, entre ellos el empleo de las herriko tabernas -los locales de Batasuna- en la campaña del PCTV. Grande-Marlaska se apoya también en el contenido de los últimos zutabes, los boletines internos de ETA.

«Todo lo anterior», señala el juez, «implica razonablemente que el EHAK ha sido empleado por el entramado ETA-Batasuna con el fin de soslayar el denominado ciclo de ilegalización, dirigiendo y financiando no sólo la campaña electoral, sino igualmente estableciendo las directrices políticas en el desarrollo de la actividad parlamentaria materializada por el EHAK». «Buena prueba de lo cual», añade, «gravita en los principios recogidos en la propuesta de Anoeta, ideada por el entramado terrorista».

A las puertas de la Audiencia Nacional, el portavoz de Batasuna, Pernando Barrena, denunció que la decisión responde a una «persecución política», según informa Europa Press. «Estas medidas se adoptan teniendo en cuenta las ideas de estas personas, que son militantes de la izquierda abertzale», señaló.

Por su parte, la AVT exigió al Gobierno que ponga en marcha «los mecanismos oportunos» para promover la ilegalización del PCTV, puesto que la decisión del juez pone de manifiesto «la existencia de vínculos reales» entre la formación abertzale y «el entorno proetarra».

Dentro de la misma investigación, hoy están citados cuatro miembros fundadores del PCTV, imputados por un delito de colaboración con organización terrorista.

EL PAIS

Jueves, 8 de septiembre de 2005

EL JUEZ ENCARCELARÁ A TRES CARGOS DE EHAK SI NO PAGAN 300.000 EUROS ANTES DEL LUNES

José Yoldi

Batasuna: "Poniendo como ariete los aparatos del Estado es imposible un proceso de paz"

Madrid - El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska impuso ayer una fianza de 100.000 euros para eludir la prisión a cada uno de los tres responsables del equipo de comunicación del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK en sus siglas en euskera) a los que imputa ser miembros de la banda terrorista ETA. Se trata de Juan José Petrikorena, Peio Gálvez y Joseba Zinkunegi, vinculados en su momento al equipo de prensa de Batasuna y que en su comparecencia ante el magistrado aseguraron no tener nada que ver con la banda terrorista ni con las acusaciones de que son objeto.

El magistrado ha dado de plazo hasta las dos de la tarde del próximo lunes para que cada uno de los tres imputados deposite los 100.000 euros de fianza y de esa forma puedan continuar en libertad. En caso contrario, se decretaría su inmediato ingreso en prisión. Hasta esa fecha, Petrikorena, Gálvez y Zinkunegi deberán comparecer dos veces al día en la comisaría de la Ertzaintza más próxima a su domicilio. Si constituyesen la fianza, los imputados quedarían en libertad con la obligación de comparecer semanalmente ante la Ertzaintza. Además, les sería retirado el pasaporte y no podrían salir del territorio nacional sin autorización del juez.

Tras conocer la decisión de Grande-Marlaska, el portavoz de Batasuna, Pernando Barrena, afirmó: "Hay que decirle al señor [presidente José Luis] Rodríguez Zapatero, con toda claridad y toda rotundidad que es imposible poner en marcha un proceso de paz utilizando como ariete contra ese proceso de paz los aparatos del Estado como hoy ha ocurrido en esta Audiencia Nacional".

Grande-Marlaska admitió a trámite en julio pasado una querella presentada en mayo por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra los integrantes de la dirección de EHAK. La AVT entiende que los directivos de EHAK han colaborado o forman parte de ETA por "haber facilitado sus listas electorales a Batasuna en las últimas elecciones al Parlamento autonómico del País Vasco, asumiendo el programa electoral de la anterior".

El juez, en la admisión a trámite de la querella señalaba que EHAK, "con su comportamiento electoral", venía "a favorecer las pretensiones de la organización terrorista ETA, manifestadas por la misma, de instrumentalizar las instituciones democráticas en beneficio de sus fines ilícitos".

Los miembros del equipo de comunicación de EHAK Petrikorena, Gálvez y Zinkunegi comparecieron ante el juez durante casi cinco horas. Los tres negaron pertenecer a ETA, así como tener vinculación alguna con las acusaciones que pesan contra ellos.

El abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Emilio Murcia, solicitó el ingreso en prisión incondicional de los tres imputados.

El fiscal encargado del caso, Jesús Alonso, que en su momento se opuso a la admisión a trámite de la querella por entender que no apreciaba la existencia de delito, solicitó ayer sin embargo que los tres responsables de comunicación de la formación abertzale comparezcan semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio, que les sea retirado el pasaporte y que tengan que solicitar permiso al juez para salir del territorio nacional.

Alonso explicó que la fiscalía no ha cambiado de criterio y estima que, aunque no se aprecia la existencia de ningún delito tipificado, en las pruebas documentales incorporadas recientemente a la causa por el magistrado sí aparecen algunos elementos que deben ser investigados.El juez señala, en el auto dictado ayer, que "el complejo terrorista ETA se encuentra conformado principalmente por cuatro frentes: militar, político, cultural y obrero", y añade que Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna desde su constitución en 1979 hasta su ilegalización en marzo de 2003 "ha representado el frente político-institucional diseñado por ETA con el fin de dar carta de naturaleza a aquélla y hacer visible a la sociedad como la única posibilidad de excluir la violencia no era otra que obligar al Gobierno del Estado a sentarse y asumir sus pretensiones".

El juez recuerda que el entorno etarra ha articulado varios sistemas para estar presentes en diferentes procesos electorales a través de agrupaciones electorales o plataformas, presentando una lista "sucia" y otra "limpia".

La resolución recuerda que miembros destacados de Batasuna y de EHAK mantuvieron distintos contactos al objeto de que el último asumiera el papel de Batasuna. En concreto, el 30 de marzo de 2005 se reunieron en Bilbao, por parte de Batasuna Joseba Permach, el imputado Joseba Zinkunegi, perteneciente al área de comunicación de la organización ilegalizada, y un tercero, y de parte del PCTV-EHAK, su presidente Juan Carlos Ramos Sánchez.

Tras la ilegalización de la plataforma Aukera Guztiak, el 1 de abril pasado, se celebró una reunión entre representantes de Batasuna, Aralar, Aukera Guztiak y las cabezas de lista de PCTV-EHAK. "Las representantes de la última formación política, aun no constando que pertenecieran a la junta directiva o se hubiera debatido con la misma, aceptaron ceder formalmente sus listas a los postulados defendidos por Aukera Guztiak como heredera de Batasuna". Y ya, al anunciar la decisión, se señalaba que Joseba Zinkunegi, miembro de Batasuna y ex jefe de prensa de Aukera Guztiak, pasaba a ser jefe de prensa de la nueva formación. Tres días más tarde se comunicó que el nuevo jefe de prensa era Peio Gálvez, miembro del área de comunicación de Batasuna.

Para hoy está previsto que comparezcan ante el juez, imputados en un delito de colaboración con banda terrorista, los fundadores de EHAK que no son aforados, Juan Carlos y Javier Ramos Sánchez, Aritz Blázquez Díez y Juan Manuel Rodríguez Hernández.

[Por otra parte, Oskar Oviedo fue detenido en Elorrio (Vizcaya) tras no comparecer ante la Audiencia Nacional por su supuesta implicación en actos de violencia callejera].

EL PAIS

Jueves, 8 de septiembre de 2005

INDICIOS Y SOSPECHAS DE LA VINCULACIÓN CON BATASUNA

Los indicios de irregularidades de EHAK aportados por los sucesivos informes policiales a la Fiscalía General del Estado y que apuntarían a su conexión con Batasuna o con la propia ETA son los siguientes:

- Génesis. Mientras se ataban cabos para ilegalizar a Batasuna, en Euskadi alguien fraguaba un nuevo partido. Curiosamente, el 12 de agosto de 2002, el día en que la Fiscalía del Estado anunciaba la apertura de diligencias contra la formación de Otegi por enaltecer a ETA y la Abogacía del Estado concluía su informe para solicitar la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, los promotores de EHAK, solicitaban la inscripción en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior. La solicitud despierta recelos, y el departamento de Ángel Acebes informa al Gobierno de que ésta mostraba sospechosas similitudes con Batasuna. Sin embargo, en octubre la solicitud fue admitida. EAHK nunca ha condenado la violencia etarra.

- Financiación. El pasado 17 de abril, EHAK logró nueve escaños en la Cámara vasca. Según los informes policiales, la cuenta bancaria de la formación no registró movimientos durante la campaña electoral, pero sí incurrió en los gastos propios de cualquier partido. También indican que su financiación provenía de las herriko tabernas de la formación de Otegi, donde se instalaron huchas con las siglas de EHAK para recaudar fondos. Estos locales lograron burlar su cierre judicial y ya habían colaborado en la financiación de otras organizaciones que pretendía sustituir a la ilegalizada Batasuna.

- Apoyo electoral. En otro informe de los servicios de información de la policía, se indicaba que Batasuna "asumió en gran medida el peso de la campaña electoral de EHAK", en todos sus aspectos: organización, ejecución y financiación. Incluidas las apariciones públicas y en mítines de miembros de Batasuna junto a candidatos de EHAK y su petición directa del voto para la formación que concurría a las elecciones.

- Interventores. El análisis de los 4.333 apoderados o interventores de EHAK en las elecciones de abril destapó nuevas coincidencias con estructuras de la ilegalizada formación, e incluso, con la propia ETA. Según un informe de la Guardia Civil, 44 de esos representantes fueron condenados por terrorismo, 1.515 actuaron como apoderados con Euskal Herritarrok (heredera de Batasuna) en 2001, otros 189 ejercieron igual papel en otros comicios para Batasuna y 598 habían sido candidatos de la distintas submarcas de la formación abertzale ilegalizada. Dos de los imputados ahora por el juez son miembros de Batasuna: Juan José Petrikorena y Joseba Zinkunegi.

ABC

Jueves, 8 de septiembre de 2005

TRES IMPUTADOS DE EHAK TENDRÁN QUE PAGAR 300.000 EUROS PARA EVITAR LA CÁRCEL

Grande-Marlaska considera que ETA-Batasuna «utilizó» al Partido Comunista de las Tierras Vascas para «soslayar el ciclo de ilegalización»

MADRID. Los tres responsables del área de comunicación del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), imputados por un delito de integración en ETA, podrían ingresar en prisión si no hacen frente antes del martes al pago de una fianza de 300.000 euros -algo menos de 50 millones de pesetas-.

El auto, de seis páginas, dictado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska asegura que el entramado ETA-Batasuna utilizó a EHAK para «soslayar el ciclo de ilegalización». Grande-Marlaska dice además que Batasuna «instrumentalizó» a esta formación «dirigiendo y financiando, no sólo la campaña electoral, sino estableciendo directrices políticas».

En su resolución, el juez deja finalmente en libertad bajo fianza de 100.000 euros a cada uno de los tres acusados, concediéndoles un plazo de cinco días, hasta el próximo 12 de septiembre, para que puedan hacer efectivo el pago de las fianzas y evitar así la cárcel.

Los inculpados por el juez, Juan José Petrikorena (ex jefe de prensa de la ilegalizada Batasuna), Pello Gálvez y Joseba Cincuneti, negaron su vinculación con ETA en su declaración de ayer ante Grande-Marlaska -que se alargó por espacio de cuatro horas-, y no quisieron contestar a ninguna del centenar de preguntas formuladas por el abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Emilio Murcia, y el fiscal adscrito al caso, Jesús Alonso.

Como resultado, el letrado de la AVT pidió prisión incondicional para los responsables de EHAK, mientras que el fiscal, siguiendo el criterio de la Fiscalía General del Estado, que se opuso a la admisión a trámite de la querella presentada por la AVT al considerar a esta formación sucesor de Batasuna, solicitó comparecencias semanales, la retirada del pasaporte y la obligación de comunicar un domicilio al Juzgado Central de Instrucción 5.

Cambio de criterio

Fuentes próximas a la Fiscalía justificaron esta petición asegurando que en la causa todavía no existe un delito concreto, pero sí elementos que hay que investigar, por lo que el fiscal debe colaborar con las pesquisas abiertas por el juez, informa Europa Press.

Hoy continuarán las declaraciones con la comparecencia en la Audiencia Nacional de los fundadores de EHAK, Juan Carlos Ramos, Aritz Blázquez, Javier Ramos y Juan Manuel Rodríguez, a los que se les imputa con delito de colaboración con ETA.

LA RAZON

Jueves, 8 de septiembre de 2005

EL JUEZ AFIRMA QUE EL «ENTRAMADO ETA-BATASUNA» USÓ AL PCTV Y LE DICTÓ CONSIGNAS POR «SMS» EN LA CÁMARA

F. Velasco

Madrid- «El EHAK –Partido Comunista de las Tierras Vascas– ha sido utilizado por el entramado ETA-Batasuna con el fin de soslayar o poner fin al denominado “ciclo de ilegalización”, dirigiendo y financiando, no sólo la campaña electoral, sino igualmente estableciendo las directrices políticas en el desarrollo de la actividad parlamentaria materializada por el EHAK». Esta es una de las principales conclusiones del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska en la resolución en la que impone 100.000 euros de fianza a Joseba Zinkunegi, Peio Xabier Gálvez y Juan José Petrikonera, responsables de comunicación del PCTV. Cada uno de ellos deberá depositar esa fianza antes del próximo martes para evitar su ingreso en prisión.

El control político del Partido Comunista de las Tierras Vascas por parte de la legalizada Batasuna se constató de forma palmaria, según recoge el magistrado, en la actuación de sus diputados una vez constituido el nuevo Parlamento Vasco. Así, en la formación de la Mesa del Parlamento e investidura del lendakari, los discursos de sus diputados «bien fueron preparados en su integridad, bien fueron autorizados por Batasuna».

Elección del lendakari. Buena prueba de ello, añade el juez, es el contenido de «los mensajes plurales “sms” intervenidos entre Juan José Petrikorena y Peio Xabier Gálvez –jefe de prensa del PCTV y responsable de comunicación de Batasuna, respectivamente–, destacando cómo incluso se controlaban y consentían por Batasuna las comparecencias de los cargos electos del PCTV, así como sus contenidos».

Esas comunicaciones intervenidas entre Petrikorena y Xabier Gálvez han puesto de relieve, en relación con lo anterior, cómo el primero de ellos, como responsable de comunicación de Batasuna, impartía incluso «indicaciones expresas de cómo debía actuar la portavoz del EHAK en plenos tan importantes como el de constitución de la Mesa del Parlamento Vasco y el de investidura» del lendakari.

Por otro lado, el magistrado desgrana la «estrategia» de Batasuna una vez que se ilegalizó la plataforma Aukera Guztiak. Así, el pasado 30 de marzo, días antes de que el TC confirmara la ilegalización de la citada plataforma, miembros destacados de Batasuna y del PCTV mantuvieron distintos contactos para que esa última formación, si el Alto Tribunal confirmaba la decisión del Supremo –como así fue–, «asumiera el papel de Batasuna, así como las directrices diseñadas por ETA, concluyendo con el denominado “ciclo de ilegalización”».

Una vez que el TC confirmó la ilegalización de Aukera Guztiak, se produjo una reunión entre representantes de Batasuna, la citada plataforma, Aralar y las cabezas de lista del PCTV. Al finalizar ese encuentro, las dirigentes del PCTV «aceptaron ceder formalmente sus listas a los postulados defendidos por Aukera Guzkiak como heredera de Batasuna».

Por otro lado, el magistrado pone de relieve cómo el propio proceso de formación del Partido Comunista de las Tierras Vascas hacía que este partido fuera «susceptible de ser instrumentalizado» por Batasuna, sobre todo una vez que la banda terrorista ETA decidió acabar con la «tregua».

Los tres acusados, para los que el abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Emilio Murcia, pidió prisión provisional y el fiscal la adopción de determinadas medidas cautelares, se negaron a declarar ante el magistrado. Para hoy están citados cuatro de los miembros fundadores del PCTV, a los que el magistrado imputad un delito de colaboración con banda armada.