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El Gobierno Niega que la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluya a Terroristas

Por Narrador - 12 de Septiembre, 2005, 15:49, Categoría: ¿Se Negocia con ETA?

Ahora, tras la información publicada por el diario LA RAZON, el Gobierno sostiene que habrá reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la prisión provisional, la detención y el régimen de incomunicación, pero que ésta no se aplicará a los presos por delitos de terrorismo, a pesar -según LA RAZON- del escrito que el Ejecutivo remitió al coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, interesándose por el tema. Mientras tanto Francia decide duplicar las penas por terrorismo.

Desde el PP, Ignacio Astarloa dijo que el PSOE, con este tipo de medidas, "cada día se aleja más del Pacto Antiterrorista". Esta reforma, en su opinión, provocaría un desmantelamiento "de la fortaleza del Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo".

LA RAZON

Jueves, 8 de septiembre de 2005

EL GOBIERNO DICE AHORA QUE LA REFORMA DE LA PRISIÓN PROVISIONAL Y LA DETENCIÓN NO AFECTARÁ A LOS ETARRAS

Moncloa lamenta que un «error de redacción» dé lugar a equívocos y sostiene que la incomunicación tendrá «más garantías jurídicas»

Cascada de reacciones al escrito del Gobierno que anunció una reforma para la prisión provisional, la incomunicación y la detención de imputados por terrrorismo. La mayoría, en contra. El Gobierno admite un error de redacción.

E. L. Palomera

Madrid- Habrá reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la prisión provisional, la detención y el régimen de incomunicación. Pero, ahora, sostiene el Gobierno que ésta no se aplicará a los presos por delitos de terrorismo, a pesar del escrito que el Ejecutivo remitió al coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, interesándose por el asunto y del que ayer informaba este periódico.

El texto en cuestión dice lo que dice (lo pueden leer en la reproducción que aparece en esta página): que se prepara una reforma global de las medidas cautelares en el proceso penal, que afectará a la «prisión provisional, la detención y el régimen de incomunicación» también de los imputados por terrorismo. Así es la literalidad del primer párrafo de la respuesta escrita que ha dado lugar a esta polémica.

Fuentes de Moncloa defendieron ayer que la reforma legal, en ningún caso pretende suavizar las condiciones de los presos etarras y los imputados por delitos de terrorismo, sino que busca reforzar las garantías judiciales en el sistema procesal. Los mismos interlocutores achacan a un error de redacción los términos en los que se formula el escrito porque de él, tal y como informaba ayer LA RAZÓN, se puede colegir «que los terroristas se beneficiarán también de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Adecuar la ley al CEDH. «El fallo ha estado –prosiguen fuentes de la Presidencia– en reproducir la pregunta del coordinador general de IU en la respuesta remitida desde el Ejecutivo al Congreso. Y cuando hablamos de terrorismo hay que extremar las precauciones y hablar lo suficientemente claro como para que no haya lugar a equívocos», subrayaron desde el Ministerio de la Presidencia.

El Gabinete de Zapatero rectifica, pues sobre lo escrito sobre el epígrafe oficial, y anuncia que no hay intención de cambiar la legislación terrorista en materia procesal ni penal, a pesar de que está en estudio una reforma de la centenaria LECRIM para adecuarla al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Fuentes gubernamentales explican que, en cuanto a la incomunicación en la detención tanto por delitos comunes como por terrorismo (artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) la reforma pretende no sólo acortar su duración (72 horas más, en su caso, 48 horas más), «sino introducir mayores garantías jurídicas». Por ejemplo, que el juez tenga que motivar la ampliación de las 48 horas siguientes a las 72 iniciales. También que los periodos de incomunicación sean grabados para evitar que se puedan realizar acusaciones de torturas o eliminar pruebas determinantes.

Hasta aquí la explicación que ayer dieron en Moncloa sobre la respuesta parlamentaria escrita que le llegó el martes a Llamazares después de una pregunta que trasladó al Ejecutivo el pasado 25 de abril de este año.

La versión del portavoz parlamentario del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue más allá de la del propio Gobierno, pues no reconoció en ningún momento estos extremos. Rubalcaba habló de una intepretación «no correcta» del texto, al tiempo que censuró que el escrito se hubiera contextualizado en un momento político determinado. Defendió que la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no supondrá cambios, ni en materia procesal ni penal del régimen de prisión preventiva para presos etarras.

Otras fuentes del Partido Socialista consultadas por este periódico achacan al Ministerio de Justicia la responsabilidad de haber trasladado una información especialmente sensible a un portavoz parlamentario en forma de respuesta escrita.

Pero las reacciones a la revisión de la LECRIM no sólo llegaron desde el Gobierno y el PSOE. Aunque en una dirección radicalmente contraria, se pronunciaron al respecto varios miembros de la Fundación de Víctimas, para quien cualquier reforma procesal o penal debe hacerse con el acuerdo del PP y en el seno del pacto antiterrorista. En los sindicatos policiales hubo opiniones para todos los gustos. Desde la del SUP para apoyar la reducción de la prisión provisional y la incomunicación para los acusados de terrorismo hasta la de la Confederación Española de Policía (CEP) para alertar de que si se suavizara la legislación se estaría dando «aire» a los terroristas.

El PNV y EA no tardaron en felicitarse por la revisión, pues acabará con la reforma del PP de 2003 por la que los «detenidos puede estar incomunicados hasta 13 días, algo que sólo existe en Guantánamo». Rafael Larreina, de EA, exigió a Rodríguez Zapatero que emprenda cuanto antes una reforma «ambiciosa, amplia y en profundidad» de la Ley.

Por otra parte, IU manifestó ayer su satisfacción por la intención del Gobierno, transmitida en una respuesta escrita a Gaspar Llamazares, de reformar la LECRIM, una norma «obsoleta del siglo XIX». Izquierda Unida reproduce la textualidad del escrito del Gobierno y entiende que el Ejecutivo se dispone a modificar no sólo la prisión provisional, la detención y el régimen de incomunicación de los imputados por terrorismo, como citaba Llamazares en su pregunta, sino la totalidad de las medidas cautelares en el proceso penal, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La intención de Moncloa está en consonancia con las indicaciones y las iniciativas realizadas por IU para abordar reformas de leyes, en algunos casos «predemocráticas como ésta, que supongan un cambio en la política criminal en su conjunto, en lo que afecta a todo tipo de presos».

Malestar y descontento. Éstas son las sensaciones que unánimemente han mostrado las asociaciones de víctimas del terrorismo ante la nueva pretensión del Gobierno de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sensaciones que corrobora José Alcaraz, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), quien confesó que «el Gobierno está jugando con fuego», puesto que «todo eso es una estrategia para que Batasuna esté legalizada en 2007». Alcaraz declaró que «ETA tiene prisa y a través del PNV está presionando al Gobierno para cumplir su libro de ruta». En su opinión, «al final quien se beneficia es ETA, que consigue por chantaje lo que no ha conseguido con los atentados» y que la bada terrorista «volverá con más fuerza para conseguir sus pretensiones». Con la misma opinión aunque más cauto se mostró Mikel Buesa, presidente del Foro Ermua, al afirmar que «la ley es plenamente constitucional y no hay justificación que pueda alabar este cambio», informa J. López

LA RAZON

Jueves, 8 de septiembre de 2005

EL PP CREE QUE ASÍ SE DEBILITA LA LUCHA ANTITERRORISTA

F. Velasco y J. A. Borque

Madrid / Vitoria- La pretensión del Gobierno de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que afectaría a los acusados por delitos de terrorismo se ha encontrado con la rotunda oposición del PP, a la vez que se exige al PSOE «que no se ponga en entredicho lo que ha sido el conjunto de medidas adoptadas de forma conjunta por los dos partidos para luchar contra el terrorismo».

El portavoz del PP en materia de Justicia e Interior, Ignacio Astarloa, defendió la legislación vigente en las cuestiones que el Ejecutivo pretende modificar. «El régimen que tenemos de incomunicación y prisión provisional para acusados de terrorismo es razonable, proporcional y se ha mostrado eficaz hasta ahora, y sólo han estado en contra los terroristas y aquellos que no habían apoyado ni una sola de las medidas que PSOE y PP habían pactado de forma conjunta para luchar contra ETA».

Por ello, Astarloa considera que el PSOE, con este tipo de iniciativas, «cada día se aleja más del Pacto Antiterrorista». Además, puso de manifiesto cómo se están produciendo determinadas circunstancias, como esta posible reforma, que, en su opinión, están provocando un desmantelamiento «de la fortaleza del Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo».

En ese mismo sentido se expresó también el secretario general de los populares vascos, Carmelo Barrio, quien aseguró que «los movimientos del Gobierno central en política antiterrorista han sido en retroceso, como demuestra la desarticulación del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, la desarticulación del acuerdo de no negociación con ETA o la legalización de hecho de Batasuna en el Parlamento vasco. Parece que ahora el Gobierno sigue buscando gestos para satisfacer a Batasuna».

El dirigente popular recordó que «cualquier paso para suavizar o dar comodidad a los terroristas supondrá un paso más para envalentonar al mundo de ETA-Batasuna. Será una mala noticia para los demócratas y una buena noticia para Otegi». La edil del PSE en Gecho, Gotzone Mora, también fue crítica y aseguró que esa iniciativa sería «un guiño a ETA por parte del Gobierno lo que supone el pago de un precio político que jamás será entendido por la ciudadanía democrática».

ABC

Jueves, 8 de septiembre de 2005

FRANCIA AGRAVA LAS PENAS POR TERRORISMO

J. P. Q.

PARÍS. El Gobierno francés se dispone a aumentar severamente las penas con las que se castigan los delitos terroristas, que podrían llegar a los treinta años de prisión en aquellos casos más graves.

De los 358 individuos internados en las cárceles francesas por delitos de «asociación de malhechores, en relación con un proyecto terrorista», 159 son miembros de ETA, 94 islamistas y 76 corsos.

Tradicionalmente, en territorio francés a los etarras se les ha castigado con 20 años de cárcel, que pudieran pasar a 30 en la nueva legislación. La cooperación logística con banda armada, que hasta ahora estaba pena habitualmente con 10 ó 15 años de cárcel pudiera incrementarse en otros 5 o 10. El conjunto de las penas destinadas a castigar la complicidad, participación o dirección de delitos terroristas sufrirá aumentos igualmente significativos.

El Gobierno está ultimando un proyecto de Ley que pudiera darse a conocer en octubre. Los delitos relacionados directamente con asesinatos serán particularmente castigados. La nueva legislación entrará en vigor muy rápidamente, tras un proceso legislativo de urgencia.

LA RAZON

Jueves, 8 de septiembre de 2005

FRANCIA DOBLARÁ LAS PENAS A LOS ETARRAS QUE DETENGA A PARTIR DE AHORA

Javier Gómez

París - Francia ha puesto sus barbas a remojar tras comprobar los atentados sufridos por sus vecinos, como el 11-M madrileño o el 7-J londinense. El Gobierno termina en estos días de bosquejar una reforma legal que prevé doblar las penas por los delitos relacionados con el terrorismo. Aunque la Justicia haya puesto al islamismo en su mirilla con este proyecto de ley, los principales perjudicados podrían ser las decenas de etarras juzgados cada año en el país vecino.

Cuando el texto que el primer ministro, Dominique de Villepin presentó ayer a los grupos parlamentarios vea la luz en las próximas semanas, aquellos delincuentes procesados por «asociación de malhechores con fines terroristas», cargo imputado a la mayoría de etarras que han sido juzgados en territorio galo, podrán ser castigados a 20 años de cárcel, frente a los 10 que la ley impone actualmente como máximo. Quienes puedan ser considerados como jefes de estos grupos pasarán de los 20 a los 30 años de reclusión criminal como tope.

Atentados. La condición para que los jueces puedan aplicar estos castigos es que las acciones de los procesados, aunque sean sólo de apoyo o cobertura a terroristas, esté directamente relacionada con la comisión de atentados contra la vida humana, según reveló ayer el diario «Le Monde». En ese caso, aunque no hayan cometido directamente delitos de sangre, podrían ser juzgados por Tribunales de lo Criminal. De los 358 encarcelados por terrorismo que están en las cárceles galas actualmente, 159 son etarras, 94 provienen de grupos islamistas y 76 de grupos independentistas corsos. Muchos de los miembros de ETA fueron detenidos por la confección de bombas, el almacenamiento o robo de explosivos y otras operaciones destinadas a la organización de atentados en España.

Francia ha incluido también el «instigar atentados» como un agravante susceptible de merecer la máxima pena, una medida específicamente destinada a reprimir a los predicadores islámicos que defienden el uso de la violencia. Este endurecimiento de la ley contra aquellos que colaboran o sirven de apoyo estratégico a los terroristas responde a la necesidad de adaptar la ley al terrorismo de los kamikazes.