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12 de Septiembre, 2005

Aznar: "España Está en Riesgo de Balcanización"

Por Narrador - 12 de Septiembre, 2005, 16:29, Categoría: Aznar

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, criticó ayer la política del Gobierno, a la que consideró "equivocada" por "poner en riesgo de balcanización territorial a España". En una entrevista publicada en el diario argentino La Nación, Aznar dijo que el país está al borde de ser "apenas nada" y a punto de "disgregación". En su opinión, el Gobierno socialista "busca la radicalidad", depende de los independentistas catalanes y cuestiona el consenso y la concordia. En la misma línea, en la revista Clarín el ex presidente dice que este Gobierno es el "peor que ha tenido España en toda la historia democrática", "incluso peor que el anterior Ejecutivo socialista". Asimismo, se muestra convencido de que el 11-M influyó en la derrota del PP en las elecciones.

LA NACION

Miércoles, 7 de septiembre de 2005

JOSÉ MARÍA AZNAR: "ESPAÑA ESTÁ EN RIESGO DE BALCANIZACIÓN"

Inés Capdevila

Criticó con dureza al gobierno de Zapatero

Pocos países lo hicieron trabajar tanto a José María Aznar como la Argentina.  Después de la propia España, es la nación que más lo "ha ocupado". "Yo sentí una obligación por la Argentina, por la deuda de gratitud que tenía España con ella y la cumplí", dijo ayer el ex jefe de gobierno español en una entrevista con LA NACION.

A fines de 2001, Aznar encontró la oportunidad para mostrar su "amistad y compromiso con la Argentina". Se empeñó en que el país "no se perdiese en la crisis". Y tuvo un socio cuyo "profundo conocimiento" sobre la situación argentina lo sorprendió, George W. Bush, según relata Aznar en el libro "Retratos y perfiles", editado por Planeta y presentado ayer por el ex jefe de gobierno en la Argentina.

El ex mandatario cree hoy que la Argentina dio un gran salto en los últimos tres años, que el camino económico "es bueno" y que el camino político, un poco menos. De sus años ocupándose de la Argentina, conserva amistades con Eduardo Duhalde y Carlos Menem, a quien dedica uno de los capítulos -el más diplomático, tal vez- de su libro.

- Algo llamativo es que usted dedica su libro a "esa mayoría de españoles que no están dispuestos a levantarse un día y descubrir que España es apenas ya nada". ¿Cree realmente que su país corre el riesgo de ser apenas nada?

- Sí, sí está en riesgo de serlo y está en riesgo de disgregación. Creo que en la vida política hay políticas buenas y políticas malas. Los países se hacen y se pueden deshacer. La política del actual gobierno es una política profundamente equivocada y desde ese punto de vista ha puesto en riesgo de "balcanización" territorial a España. Primero, este gobierno es el primer gobierno que tiene España desde la transición que busca la radicalidad. Segundo, es un gobierno que depende de los independentistas catalanes. Y tercero, es un gobierno que cuestiona los elementos básicos de la transición española, el consenso, la concordia. Ahora los nacionalistas están muy envalentonados y se enfrentan a un gobierno equivocado y débil.

- ¿En los temas sociales, como la legalización del matrimonio entre gays, el gobierno más que débil parece decidido?

- Eso fue un agravio a una parte importante de los españoles. Son cuestiones que dividen a la sociedad, no que la unen. Nadie en España cuestionaba los derechos de los homosexuales, lo que se cuestiona es su equiparación con el matrimonio heterosexual.

- Sin embargo, pese a que para buena parte de los españoles fuera un agravio, los derechos de los gays se han convertido en un tema social que varios otros países se han visto presionados a tratar...

- Si se lo plantea desde el sentido común, no hay problema. El problema es cuando se hace de eso un instrumento de división y de agravio a una parte de la sociedad. Además, eso tampoco era un clamor social; fíjese que desde que se aprobó la ley, me parece que se han casado 22 parejas homosexuales.

- ¿Cuáles son los logros de Rodríguez Zapatero?

- Yo creo que éste es el peor gobierno de la democracia española; es un gobierno sectario. No creo que todo lo haga mal, pero no se trata de eso; se trata de los riesgos que tiene España.

- ¿Entre esos riesgos está la amenaza del terrorismo islámico?

- Claro, quien piense que España ha superado las amenazas porque se ha marchado de Irak precipitada e indebidamente está muy equivocado.

- Muchos dijeron que los atentados de Londres eran ataques anunciados. Si tanto se hace en nombre de la lucha contra el terror, ¿por qué hay esa sensación de inevitabilidad?

- En esta guerra contra el terrorismo, tú no puedes controlar todos los autobuses, todos los aviones, todos los lugares públicos. Pretender controlar todo en esta guerra donde al enemigo no lo ves es imposible.

- ¿Esta guerra se puede plantear también en términos de guerra contra la pobreza y la desigualdad en Medio Oriente?

- Eso no tiene nada que ver. Ben Laden no es la expresión de los proletarios de Medio Oriente, ¿no? Esas son excusas de aquellos que no quieren mirar la realidad de frente y derrotar al terrorismo. Al terrorismo se lo derrota o bien él te derrota.

- ¿Cree que América latina corre el riesgo que según usted corre España de "ser ya nada"?

- Las líneas estratégicas del mundo no pasan por aquí [América latina]. Y el mundo se gobierna desde otro sitio. Entonces la pregunta que debería hacerse un líder inteligente es cómo se incorpora su país a las corrientes de decisión. Yo creo que ése debería ser el debate de sus países. En un punto de vista más particular, yo creo que Iberoamérica necesita más institucionalización; creo que ése es el principal problema. Falta institucionalidad, falta más seguridad jurídica, falta transparencia.

- ¿Y todo eso sucederá...?

- Y bueno, veo que hay un regreso al populismo que es real y grande.

- ¿Cuál es el centro, para usted, de ese avance populista?

- Evidentemente hay un eje bien real con los petrodólares que es la expansión de Chávez. Creo que eso no es una respuesta inteligente a las necesidades de América latina.

- ¿Ubicaría en ese eje al presidente (Néstor) Kirchner?

- Acabo de estar con él y he visto a un presidente tranquilo, que sabe bien lo que tiene que hacer. De la Argentina liquidada de hace tres años a la Argentina de ahora, hay un salto muy grande. Pero estoy convencido de que los argentinos saben que la tarea es de muchos años más. Hay que recuperar muchas cosas. El camino económico es bueno. En el camino político, cuanto más fuerte sean las instituciones, el país puede salir adelante.

- Cuando su gobierno tomó la decisión de sumarse a la coalición que invadió Irak, ¿usted pensó que un escenario posible para la posguerra era la violencia de hoy?

- Churchill decía que una guerra no se puede dirigir como si fuese en un laboratorio. Y una posguerra tampoco. Todos sabíamos que el pos-Irak no sería fácil. Pero ahora hay una gran oportunidad. Yo creo que el mundo es mejor sin Saddam. Además de eso, los iraquíes han tenido elecciones; ver esas filas de gente que quería votar amenazada por los terroristas fue impresionante. Yo creo en el poder de la extensión de la libertad.

- Usted, en el libro, dice que en su decisión de participar de la invasión había mucho de "causa justa", por Saddam, y mucho de "gran ambición", por reposicionar a España. ¿Cuál factor tuvo mayor peso?

- Primero, la causa justa era muy importante. Luego, España era un país fuera de la historia desde 1815 y su recuperación política, social, internacional tuvo un peso determinante. Tú no puedes aspirar sólo a estar mejor, a vivir mejor. Tienes que aspirar a ser un país que esté entre los mejores del mundo, y eso comporta responsabilidades. Y ésa era la decisión: estar en el momento histórico preciso.

- A medida que la información de inteligencia presentada por Gran Bretaña y EE.UU. sobre el supuesto arsenal de Saddam para justificar la guerra era refutada por la realidad, ¿qué pensaba usted?

- El asunto era que la ONU obligaba a Saddam a demostrar que no tenía armas y Saddam no quiso hacerlo. Era el Consejo de Seguridad por unanimidad y en eso contribuyeron todos los servicios de inteligencia del mundo. Además, a veces, los servicios de inteligencia no son infalibles.

CLARIN

Miércoles, 7 de septiembre de 2005

"ES ERRÓNEO HACERSE EL SIMPÁTICO CON EE.UU. TRAS DEJARLO EN LA BANQUINA"

Claudio Mario Aliscioni

Aznar cuestionó así al socialismo español por haber retirado las tropas de Irak. Según el líder del Partido Popular, el mundo es mejor sin Saddam Hussein.

Dice que está retirado de la política activa, pero no se le nota demasiado. Siempre polémico, el ex jefe del gobierno español, el conservador José María Aznar, carga sin medias tintas contra su sucesor, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por haber retirado las tropas españolas de Irak: "Es una política errónea hacerse el simpático con EE.UU. luego de haberlos dejado en la banquina", afirma sin titubear.

Aznar dominó la agenda española durante ocho años de gestión (1996-2004). Pero su agrupación, el Partido Popular (PP), perdió las elecciones legislativas tras los atentados terroristas en el barrio Atocha de Madrid, el 11 de marzo de 2004.

Amable y de buen humor, Aznar rechaza con una sonrisa emprender una autocrítica sobre su gobierno, cuestionado por haber enviado soldados a Irak tras la invasión de EE.UU. Pero no duda en afirmar que "el mundo es mejor sin Saddam, sin los talibanes".

Llegó a la Argentina para presentar su nuevo libro, "Retratos y perfiles. De Fraga a Bush". Y accedió a dialogar con Clarín.

— Sin la presión del poder ¿qué autocrítica puede hacer? ¿De qué se arrepiente?

— Sería presuntuoso decir que todo lo hice bien, y estúpido decir que todo lo hice mal.

— ¿Y qué hizo mal?

— Seguro que hice cosas mal. Pero lo importante es el balance. Mi país era más fuerte política, económica, internacionalmente cuando dejé el cargo.

— Pero ¿hizo algo que le parezca desacertado?

— No le voy a decir (sonríe). Porque si digo algo, va a salir 'Aznar reconoce tal cosa, Aznar reconoce tal otra'. ¿Por qué tengo que ahorrarles el trabajo a los demás?

— ¿Influyó el 11-M en la derrota electoral de su partido?

— Sí, decisivamente. Los terroristas buscaban la caída del gobierno y lo consiguieron. Pero es un mensaje muy peligroso para las democracias, porque los terroristas saben ahora que influyen en los procesos electorales. Pero esto fue agravado cuando, después del 11-M, el gobierno se retiró de Irak. Esto se lo ha querido compensar con soldados españoles en Afganistán de una manera absurda y perjudicial para España.

— ¿Por qué absurda?

— Porque hay cosas que no se compensan. Cuando te bajas de un tren no lo compensas subiéndote a otro. Entonces, intentar hacerse el simpático con EE.UU. después de haberlos dejado en la banquina es una política errónea.

— ¿El envío de tropas españolas a Irak no influyó?

— España no mandó tropas a ninguna guerra. Formaba parte de la coalición internacional...

— Pero no era un país más, era un aliado clave de EE.UU.

— Sin duda ninguna. Y estuvo donde tenía que estar cumpliendo con sus obligaciones.

— ¿No pesó en la derrota que el 70-80% de su país se opusiera a la guerra?

— No, lo que influyó es que ocurrió lo que nunca había ocurrido. Y es que una oposición, en lugar de hacer responsables a los terroristas del atentado, hizo responsable al gobierno y vinculó la derrota del gobierno a Irak.

— ¿El mundo es más seguro después de la guerra?

El mundo es mejor sin Milosevic, sin Saddam Hussein, sin los talibanes.

— Pero desde entonces hubo muchos atentados...

— Claro, pero ¿cómo sería el mundo si no se hubiese actuado en contra de ellos? El mundo de hoy tiene muchos problemas, pero es mejor de lo que era antes. Medio mundo comunista, medio mundo con talibanes, con Saddam...

— ¿Y por qué atacar sólo a Irak con tantos indeseables?

— Irak era una amenaza para los gobiernos de la zona. No respetó unas 20 resoluciones de la ONU. Había que terminar con eso.

— Convengamos que se justificó la guerra diciendo que tenías armas prohibidas y eso fue una mentira.

— Se hablaba del respeto a la legalidad, de las amenazas, de las armas, armas que fueron utilizadas contra varios países, contra su propio pueblo.

— Pero eso fue en los 80, contra Irán y contra los kurdos...

— No, no. Hablo ya de la década del 90. Saddam Hussein demostró que no quería cumplir sus obligaciones. Por eso la ONU debía reaccionar, salvo que se convirtiera en un organismo inservible.

— Coincidirá conmigo en que Bush fue criticado justamente por ir a la guerra ignorando a la ONU.

— No estoy de acuerdo. Lo que hizo fue ir a la ONU, plantear allí el problema y pedir su respaldo. Hay que ser justo: Bush buscó el consenso de la ONU.

— ¿Y si fue así por qué lo criticaron tantos países?

— Criticar al país más poderoso del mundo y a su presidente forma parte de uno de los ejercicios con que se divierten muchos casi todos los días, ¿no?

— ¿Y qué le parece la gestión del actual gobierno socialista en España?

— Es el peor gobierno que ha tenido España en toda la historia democrática.

— ¿Tan duro, tan tajante?

— Tan duro, no; es real. Incluso es peor que el anterior gobierno socialista (de Felipe González).

— Debe admitir que la economía funciona muy bien...

— Bueno, recibió el país más rico de los últimos años en España, ¿no?

— ¿Entonces en qué se basa para criticar tanto a los socialistas?

— España es un país en riesgo. El gobierno ha destruido la política antiterrorista, ha puesto en riesgo los consensos básicos de la transición española, divide a la sociedad con políticas radicales, es el primer gobierno que en lugar de buscar el consenso y las negociaciones busca la radicalidad y los extremos...

— Bueno, eso es lo que decían de usted en la última parte de su mandato, cuando usted tenía la mayoría y no conversaba con el resto.

— No, al contrario, yo conversaba con todos. Lo que pasa es que no le decía que sí a todo el mundo.

—En "Retratos y perfiles" usted anticipa que escribirá otro libro de memorias sobre personas no incluidas en esta obra. ¿Mencionará allí a Felipe González? Porque en el que presenta ahora no le dedica una línea...

— Bueno, el libro no puede ser un libro interminable. Hay muchos personajes en el mundo de los que se puede hablar.

— Pero convendrá en que Felipe González es un personaje importante en la historia española actual.

— Sí, claro (sonríe), y hay otros más importantes.

Annan Asume la Responsabilidad en el Fraude Negándose a Dimitir

Por Narrador - 12 de Septiembre, 2005, 16:07, Categoría: Naciones Unidas

Annan va quedando al descubierto, su verdadera faz ya es difícil disimular. Por mucho que medios como EL PAIS traten de minimizar este escándalo descomunal en el que se ha robado miles y miles de millones de dólares. El gran farsante de la paloma en la solapa “asume la responsabilidad en el fraude” del programa ‘Petróleo por Alimentos’ pero se niega a dimitir ¿Qué responsabilidad es esa? ¿Cómo la de Felipe González? ¿Esta es la legalidad internacional?

EL MUNDO

Jueves, 8 de septiembre de 2005

KOFI ANNAN ASUME LA RESPONSABILIDAD DE LA TRAMA PETROLERA TRAS CONOCERSE EL INFORME INDEPENDIENTE

El secretario general de la ONU admite que el texto es «crítico con su persona» y pide reformas

NUEVA YORK.- El Comité Independiente que investiga la corrupción en el seno del programa Petróleo por alimentos, destinado desde los años 90 a Irak, presentó ayer ante el Consejo de Seguridad de la ONU el informe final que han desarrollado desde hace un año.

El ex presidente de la Reserva Federal de EEUU, Paul Volcker, fue el encargado de leer las conclusiones a las que la comisión que encabeza ha llegado. En su alocución, Volcker aclaró que «la responsabilidad está muy repartida», en su mayoría entre el Consejo de Seguridad y el secretario general, Kofi Annan, además Volcker manifestó el profundo descontrol con el que se ha llevado a cabo el programa humanitario, ya que, aunque en ningún punto se establece qué agencias o comités son los encargados de su supervisión, lo cierto es que el Consejo de Seguridad es el responsable de supervisar en última instancia la ejecución del programa.

A pesar de que no existen pruebas candentes que recaigan sobre el secretario general, Annan se hizo responsable, ante el Consejo, de las irregularidades en la gestión del programa, e instó a los países miembros a reformar el organismo mundial, que cumple 40 años el próximo 14 de septiembre. «Como máximo administrador de la ONU, asumo la responsabilidad de los fallos que se han revelado, tanto en la implementación del programa como en el funcionamiento del Secretariado», sentenció Annan.

Asimismo, el secretario general añadió que el informe era «crítico con su persona», pero aun así insistió en que no hay evidencias de que él hubiera interferido en el proceso de contratación de empresas bajo el programa humanitario. De lo que sí podía haber sido acusado Annan era de haber incurrido en un «conflicto de intereses», ya que la firma Cotecna, en la que trabaja su hijo Kojo, consiguió un contrato para suministrar servicios de inspección en el marco del programa Petróleo por alimentos. Según el informe, el Consejo también falló al no establecer cuáles debían ser «los parámetros, las políticas y las responsabilidades administrativas» del programa.

El texto destaca la necesidad de un «liderazgo ejecutivo fuerte» para prevenir comportamientos «ilícitos, poco éticos y corruptos».Uno de los grandes problemas, aclaró Volcker, fue el hecho de que no se estableció ningún sistema de auditoría, algo que ahora el Comité pone sobre la mesa como una de las medidas a tomar en el futuro.

EL PAIS

Jueves, 8 de septiembre de 2005

KOFI ANNAN ASUME SU RESPONSABILIDAD POR EL FRAUDE EN EL PLAN HUMANITARIO PARA IRAK

Sandro Pozzi

El secretario general de Naciones Unidas descarta dimitir pese a sentirse "avergonzado"

Nueva York - El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, entonó ayer el mea culpa ante el Consejo de Seguridad por las irregularidades y fallos de administrativos destapados en la gestión del programa humanitario Petróleo por Alimentos para Irak, aunque descartó dimitir. El documento presentado por el ex presidente de la Reserva Federal estadounidense Paul Volcker e integrado por 860 páginas en cinco volúmenes pide a la Asamblea General que refuerce la autoridad en el seno del organismo para poder recuperar su legitimidad tras el duro azote del escándalo.

Paul Volcker dejó claro que no existía una clara línea de mando a la hora de gestionar el programa humanitario, por eso habla de responsabilidad colectiva. El Consejo de Seguridad, como señala el documento, falló a la hora de definir unos parámetros prácticos claros, políticas y las responsabilidades que debían guiar la ejecución administrativa del régimen de ayuda al pueblo iraquí, el más ambicioso puesto en marcha por la ONU.

Por su parte, Naciones Unidas fue incapaz de establecer los controles para identificar y contrarrestar cualquier tipo de mala gestión o de corrupción en el seno de la organización. Esta falta de autoridad permitió, según Volcker, "una evasión de responsabilidades a todos los niveles". Es más, explica que el programa Petróleo por Alimentos carecía de la estructura, del personal y de la capacidad de planificación necesarias para ejecutar un sistema de ayuda que movilizó 100.000 millones de dólares.

"No estaba a la altura del reto", precisa, "lo que se vio agravado por comportamientos poco éticos y corruptos" dentro y fuera de la ONU. Por este motivo, Paul Volcker urgió a los miembros del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General a que acometan una profunda reforma del organismo, para recuperar su legitimidad, confianza y credibilidad. "No son simples aberraciones que deben pasarse por alto o resolverse con parches", remachó.

Por su parte, Kofi Annan dijo ante el Consejo de Seguridad sentirse "avergonzado" por estas revelaciones y aunque evitó dar respuestas prematuras al contenido del informe, aceptó las críticas que se lanzan contra su persona. "Como jefe administrativo debo asumir las responsabilidades por los fallos revelados, tanto en la ejecución del programa como en el funcionamiento del secretariado", afirmó Annan, quien subrayó que la reforma de la organización es "imperativa". Sin embargo, dejó clara su intención de seguir en el puesto: "No creo que nadie vaya a dimitir; seguiremos trabajando".

El hijo de Annan

Annan dejó claro además que las conclusiones del comité de investigación demuestran que no intervino o intentó influir en el concurso que permitió a la empresa de inspecciones suiza Cotecna hacerse con un contrato de la ONU. Su hijo, Kojo, trabajó para la compañía antes de ganar el concurso, lo que podía crear un caso de conflicto de interés.

Volcker precisó que "no hay evidencias lo suficientemente razonables" para culpar al secretario general de cualquier actuación irregular, aunque dejó claro que esto no le exonera. Annan, aunque dijo sentirse "satisfecho", aceptó de nuevo su responsabilidad por no ser "diligente" en este asunto. Pero el informe Volcker deja claro que la responsabilidad por las irregularidades y el fraude destapado en el programa debe ser compartida por todos.

En una reacción preliminar, el embajador de EE UU ante la ONU, John Bolton, dijo que identificar los fallos en la gestión del programa "era necesario", así como perseguir a los corruptos. Y añadió que las conclusiones del informe Volcker deben servir de "catalizador" para proceder a un cambio de gestión administrativa en la ONU. Su homólogo británico, Emyr Jones Parry, insistió en que deben corregirse los fallos y dijo que la cumbre de Jefes de Estado que se celebrará la semana próxima debe proceder a cambios reales para asegurar la "eficiencia, la responsabilidad y la transparencia" del organismo. Bolton insistió en que se necesita una reforma que permita prevenir otro escándalo similar. "El futuro de la ONU depende de ello", remachó.

El embajador francés, Jean-Marc de la Sabliere, se limitó a destacar la complejidad del programa y dijo que la responsabilidad debe ser colectiva. Kofi Annan concluyó diciendo de que no tiene ninguna duda de que la institución saldrá de esta crisis.

EL PAIS

Jueves, 8 de septiembre de 2005

"UN PACTO CON EL DIABLO"

Sandro Pozzi

Nueva York - "Las conclusiones no deben sorprender a nadie", dijo ayer el ex presidente de la Reserva Federal estadounidense, Paul Volcker, al presentar las suyas después de 18 meses de investigación del escándalo para la que contó con un presupuesto próximo a los 35 millones de dólares (28,1 millones de euros). El mandato que le dio el Consejo de Seguridad en abril de 2004 era claro: determinar el alcance de la mala gestión y de la corrupción dentro y fuera de las paredes de la ONU.

"Hemos encontrado las dos", precisó. La conclusión general es simple: la falta de autoridad y de vigilancia tanto por parte del Consejo de Seguridad como del Secretariado General permitieron que el régimen de Sadam Husein utilizara la generosidad de la comunidad internacional para reforzar su autoridad.

Esto permitió comportamientos ilícitos por parte de los contratistas que operaron bajo el programa humanitario y de algunos funcionarios de la ONU. El informe revela que el régimen de Sadam se benefició de hasta 10.200 millones de dólares entre 1997 y 2003, años durante los que estuvo operativo el programa. De ellos, 229 millones provenían de sobrecargos aplicados a las exportaciones de crudo, 8.400 millones al contrabando de petróleo y 1.560 millones a ingresos ilegales obtenidos por los envíos de alimentos, medicinas y otros suministros que recibía el régimen. Sadam se apropió de 2.600 millones antes de que entrara en vigor el programa humanitario.

"No hay que olvidar que Sadam Husein fue el principal culpable de la saga y que corrompió el programa en su beneficio personal", precisó el representante británico, Emyr Jones Parry, aunque reconoció que el "imperativo humanitario" obligó al Consejo de Seguridad y al Secretariado de la ONU a "alcanzar acuerdos poco satisfactorios" con el régimen para asegurarse de que la ayuda llegaba a la población iraquí, afectada por las consecuencias del embargo. Es lo que denominó Paul Volcker como "un pacto con el diablo".

En el marco del programa se movilizaron 64.000 millones de dólares en petróleo y 39.000 millones en alimentos. Pero el informe señala que la mayor parte del fraude se produjo fuera de la ONU, entre las 4.500 empresas privadas que recibieron contratos. Un detalle que puso en evidencia el propio Kofi Annan y sobre el que Paul Volcker presentará un informe en octubre.

ABC

Jueves, 8 de septiembre de 2005

ANNAN Y LA ONU, BAJO SOSPECHA POR EL PROGRAMA «PETRÓLEO POR ALIMENTOS»

P. Rodríguez

WASHINGTON. Dentro del informe sobre la fraudulenta timba en la que degeneró el programa «petróleo por alimentos», organizado por la ONU con el teórico objetivo de facilitar a Irak ayuda humanitaria, no faltan críticas tanto para el Consejo de Seguridad como para el secretario general, Kofi Annan, por lo que se considera demostrada negligencia a la ahora de administrar y controlar un montante de 70.000 millones de dólares plagado de irregularidades y sobornos internacionales.

La pesquisa independiente dirigida por Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal, ha caracterizado al programa como evidencia de la necesidad de profundas reformas en la Organización de Naciones Unidas, especialmente en lo que respecta a supervisión de sus actividades financieras. Según el informe, «contentarse con menos, permitir retraso y dilación, es una invitación al fallo, a la erosión adicional del respaldo público y el deshonor de los ideales sobre los que se ha construido la ONU».

Los vecinos de Irak, señalados

El informe destaca que vecinos de Irak -como Jordania, Turquía y Siria-violaron sistemáticamente las sanciones económicas de Naciones Unidas prestándose al contrabando de millones de barriles de petróleo en beneficio del régimen de Sadam Husein. Sin que se produjera una intervención decisiva de Estados Unidos al respecto. El documento, de unas mil páginas, también reprocha a miembros clave del Consejo de Seguridad, como Francia y Rusia, por abortar esfuerzos para reformar el fraudulento programa de «petróleo por alimentos».

A juicio de este dictamen, que ha costado 34 millones de dólares, el sistema de Naciones Unidas se ha visto «debilitado» por toda la corrupción y mala administración generada por este programa en vigor desde 1996 hasta la invasión liderada por Estados Unidos en el 2003. Gracias a estos manejos, el régimen de Sadam Husein obtuvo una financiación irregular de 17.000 millones de dólares. Según insiste el informe Volcker, el programa de «petróleo por alimentos» fue «un pacto con el diablo y el diablo tenía los medios para manipularlo en su beneficio».

El escándalo ha provocado en Estados Unidos varias intervenciones de la Justicia federal y pesquisas del Congreso federal. La Fiscalía de Nueva York ha procesado a dos ciudadanos rusos, un petrolero de Texas, un búlgaro y un «trader» de Londres. El director del programa, el chipriota Benon Sevan, ha sido acusado de aceptar millonarios sobornos. El informe Volcker también ha documentado una serie de manejos cuestionables por parte de Kojo Annan, hijo del secretario general de la ONU. Se le reprocha el haber abusado de privilegios diplomáticos de su padre en beneficio propio.

Aunque el informe hubiera sobrado para forzar la dimisión de Kofi Annan si fuera el responsable de una empresa privada en EE.UU. en la era post-Enron, éste se ha limitado a asumir responsabilidades de forma genérica. En una intervención ayer ante el Consejo de Seguridad, indicó que «el informe me critica personalmente y yo acepto esas críticas». Según el secretario general, las conclusiones resultan «profundamente embarazosas para todos nosotros». El próximo mes se espera la publicación de otro informe con las empresas privadas que se han beneficiado de esta multilateral corrupción.

LA RAZON

Jueves, 8 de septiembre de 2005

ANNAN ADMITE SU CULPA EN EL FRAUDE IRAQUÍ, PERO NO DIMITE

Pilar Domínguez

Sadam se embolsó 10.990 millones de dólares con la colaboración de dos funcionarios de la ONU

Nueva York- El secretario general de la ONU, Kofi Annan, se responsabilizó ayer de las irregularidades en la gestión del programa humanitario para Iraq e instó a los países miembros a reformar el organismo mundial. Annan participó en una reunión del Consejo de Seguridad, en la que Paul Volcker, presidente de la comisión independiente que investiga el caso de corrupción del programa Petróleo por Alimentos, presentó su último informe.

«Como máximo administrador de la ONU, asumo la responsabilidad de los fallos que se han revelado, tanto en la implementación del programa como en el funcionamiento del Secretariado», dijo Annan. Reconoció que el informe presentado por la comisión es «crítico con su persona», pero que aun así se reafirma en que no existen evidencias de que él hubiera interferido en el proceso de contratación de empresas bajo el programa humanitario para Iraq.

Conflicto de intereses. Annan estaba en el punto de mira de la investigación por un posible caso de «conflicto de intereses», debido a que la firma suiza Cotecna, en la que trabaja su hijo, Kojo, consiguió un contrato para suministrar servicios de inspección en el marco del programa Petróleo por Alimentos. «A principios de año, el comité concluyó que no tuve ninguna influencia o intenté influir en el proceso de contratación. Estoy satisfecho de que en este informe se haya reafirmado esta conclusión», declaró Annan. Sin embargo, se mostró «profundamente decepcionado» porque el documento culpe a un grupo pequeño de empleados de la ONU de haber cometido fraude en la gestión del programa, en referencia a las comisiones ilegales que cobraron algunos de ellos a cambio de conceder contratos multimillonarios a las empresas.

Además, según el informe, Sadam Husein encontró la vía para sacar al mercado petróleo de contrabando a través de sus países vecinos, lo que le reportó 10.990 millones de dólares. El régimen iraquí cobró también un sobreprecio a las empresas interesadas en comerciar legalmente con el petróleo iraquí, lo que le supuso otros ingresos de 1.800 millones de dólares. Por primera vez, los investigadores han desvelado la nacionalidad de las empresas favorecidas por Husein: francesas, chinas y rusas, precisamente los tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad que se opusieron a la invasión del país, en marzo de 2003.

Aun así, Annan subrayó que «la mayor corrupción dentro del programa se produjo entre las compañías privadas, manipuladas por el Gobierno» del presidente iraquí derrocado, Sadam Husein. Esto demuestra, a su juicio, que parte de la responsabilidad por la mala gestión del programa la tiene el Consejo de Seguridad, cuyo Comité 611 se encargó de supervisar la contratación de compañías bajo el régimen de sanciones impuestas a Iraq tras invadir Kuwait. «El informe revela que los problemas provienen de una demarcación poco clara de los papeles y responsabilidades del Consejo de Seguridad, el Comité 611 y el Secretariado», puntualizó.

Por ello, insistió en la necesidad de «aprender lecciones» del informe y tomar en serio las recomendaciones de Volcker, sobre todo en lo que se refiere a la necesidad de llevar a cabo reformas para supervisar la gestión administrativa y actuar cuando se detecten irregularidades. Entre las reformas, destacó la necesidad de crear una estructura de supervisión que sea independiente del Secretariado y de cualquier interferencia política de los Estados miembros. También recomendó dar una mayor autoridad y flexibilidad al secretario general para que pueda tomar decisiones a diario sobre la asignación de empleados y recursos, sin que tenga que aprobarlo antes la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. Efe

EL PAIS

Jueves, 8 de septiembre de 2005

LA ONU, DEBILITADA

Editorial

Las Naciones Unidas salen debilitadas del escándalo de corrupción del programa Petróleo por Alimentos, como bien señala el informe acusador elaborado a lo largo de un año de investigación por Paul Volcker, antiguo presidente de la Reserva Federal de EE UU. Éste ha señalado "serios casos de conducta ilícita, contraria a la ética y corrupta". Aunque ha dirigido el dedo acusador contra Kofi Annan como administrador jefe de la ONU, ha exonerado, sin embargo, al secretario general de inmoralidad. El propio Annan ha asumido su "responsabilidad", pero nadie le ha pedido la dimisión (su segundo mandato acaba a finales de 2006), pues también el Consejo de Seguridad tiene parte de culpa en el descontrol de esas cuentas gigantescas.

Annan pierde respetabilidad en unos momentos cruciales, cuando la semana próxima se va a celebrar la cumbre a la que asistirán más de 170 mandatarios para celebrar el 60º aniversario de la ONU, que tiene sobre la mesa una reforma en profundidad de la organización que puede quedar en papel mojado. El peligro es que se limite a la gestión interna y no aborde un proyecto más ambicioso para adaptar la institución, eje central para un multilateralismo eficaz del que recela la Administración de Bush, a los retos del siglo XXI.

El programa Petróleo por Alimentos estaba inspirado por fines humanitarios. Se trataba de permitir al Irak de Sadam Husein, bajo embargo internacional, vender una parte limitada de su petróleo para comprar alimentos y medicinas con los que aliviar el sufrimiento de la población. De 1996 a 2003, año en que terminó tras la ocupación militar norteamericana, el programa manejó 64.000 millones de dólares, pero se desviaron de forma corrupta unos 17.000 millones. Si se compara con el presupuesto anual de 10.000 millones de dólares de la ONU y todas sus agencias, es evidente que Naciones Unidas no estaba preparada para gestionar bien tales cantidades. Se creó un monstruo del que se aprovecharon muchos, desde Sadam hasta los que hicieron negocios con él, entre ellos, según parecen confirmar las investigaciones, el hijo de Annan cuando trabajó para una empresa petrolera. La mala fama del hijo agrava, por desgracia, la responsabilidad del padre.

Las carencias de Annan como administrador jefe son aún más lamentables ante el hecho de que es el primer secretario general emanado de la propia burocracia de la organización. Bien es verdad que en estos años Annan se ha convertido en una referencia diplomática y política antes que funcionarial. Y que, al cabo, Irak ha debilitado a la ONU: por este programa y por la ilegal invasión. Lo que ponen de relieve estos episodios es que reformar a fondo la institución es indispensable para la gobernanza mundial.

Retenes Forestales de Guadalajara Inician un Ayuno Voluntario

Por Narrador - 12 de Septiembre, 2005, 15:58, Categoría: Incendio en Guadalajara

Ante la vergüenza, ante el insulto a las victimas y sus familiares, que ha sido la llamada ‘Comisión de Investigación” del Incendio de Guadalajara, la conocida como ‘Farsa de Guadalajara”. En estas circunstancias los miembros de los retenes forestales de Guadalajara no han tenido otro remedio que iniciar ayer un ayuno voluntario de once días ante la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha para exigir responsabilidades tras el incendio que causó la muerte a once de sus compañeros. Por cierto no crean que hemos ‘silenciado’ el tratamiento de EL PAIS en esta materia, es que no existe, ni mención a esta cuestión en el diario ‘independiente de la mañana’.

EL MUNDO

Jueves, 8 de septiembre de 2005

HUELGA DE HAMBRE POR LAS CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN DEL INCENDIO

Olga R. Sanmartin (Enviada especial)

Los retenes de Guadalajara y los familiares de los fallecidos exigen «que se haga justicia»

GUADALAJARA.- Pintaron la frase «Pinares de Guadalajara: no entrar, peligro de muerte» en unas cartulinas amarillas, del mismo color que sus uniformes. Y eso que les dolía tener que hablar mal del monte. Pero los miembros de los retenes de esta provincia y los familiares de los 11 fallecidos en el incendio más trágico del verano han pasado a la acción, hartos de oírle decir a la Junta de Castilla-La Mancha que lo de Riba de Saelices fue un accidente inevitable.

Les ha costado hablar en público. Lo han hecho después de reunirse muchas veces y analizar en frío la situación. Y han esperado a que terminara la Comisión de Investigación de las Cortes regionales. Ayer, en la primera de las diversas actuaciones que llevarán a cabo, se concentraron ante la Delegación de Medio Ambiente de la Junta «para exigir que se haga justicia» y anunciar un «ayuno de duelo» -«Es una huelga de hambre, pero no lo pongas así, que suena muy dramático»- de 11 días para que «la Administración» (sin poner nombres) asuma sus responsabilidades por la mala gestión del siniestro.

«Queremos que esta gente reflexione, porque yo sigo trabajando en esto y a mí ahora me acojona ir a apagar un fuego», explicó David Nuevo, capataz del retén del Vado, portavoz de la Plataforma de Retenes de Guadalajara y Familiares de los Trabajadores Fallecidos en el Incendio del Alto Tajo y novio de Mercedes Vives, única mujer del grupo siniestrado.

David Nuevo comenzó ayer por la noche el ayuno y piensa permanecer hasta el próximo día 17 sentado en la puerta de la Delegación como forma de protesta. Ayer llevaba una camiseta que ponía: «No nos olvides. Santa María del Espino. XVII-VII-MMV». Antes de leer el comunicado, tuvo que coger aire: «Vuestra muerte no ha sido un accidente inevitable como algunos quieren hacernos creer (...), habéis perdido la vida porque otros, los que no se acercan al fuego ni respiran el humo desde sus despachos, hicieron mal su trabajo».

Sobre las conclusiones de la Comisión de Investigación, éstas fueron las palabras más suaves que se oyeron: «Patéticas», «indignantes», «una mentira», «una farsa», «para escurrir el bulto de mala manera»...Lo resumía otro cartel: «¿Comisión de Investigación? Ja, ja, ja».

Según el comunicado, «la Comisión no ha tratado de averiguar la verdad, sino de justificar las decisiones que se tomaron. Y lo hacen a través de complicadas fórmulas matemáticas sobre megajulios, centrales térmicas y montes que explotan a la velocidad del sonido». «Pero de eso nada», insistió el portavoz, todavía preguntándose por qué a su retén no le llamaron, con la falta que hacía, para extinguir el letal fuego.

Acciones legales

Más acciones: los familiares y algunos retenes van a iniciar un proceso judicial para que se depuren las supuestas negligencias cometidas por los técnicos. «Pedimos la verdad, que no nos dejen solos como les dejaron a ellos», decía María del Carmen de la Peña, viuda de Jesús Angel Jubrías. «Mienten, mienten, mienten», expresaba Vanessa Expósito, la novia de Jorge César Martínez.

David Nuevo enumeraba ayer las conclusiones no oficiales (aunque sí muy oídas) del incendio: falta de medios -«Guadalajara tiene sólo 17 retenes»-; falta de coordinación; falta de profesionalización...

También critican que la competencia de los incendios se haya transferido a la comunidad: «En cada una de las cinco provincias se funciona de una forma distinta, y en Guadalajara, peor que en ninguna. Nos exigen cosas diferentes que en Toledo y no hay protocolos unificados. Todo depende del coordinador que te toque ese día». Eso sí, «ahora cuidan que haya un espectacular despliegue de medios en cada incendio que se produce», ironizaba David Nuevo.

De todo esto habló durante más de una hora con el delegado provincial, Sergio David González, quien se quedó mudo cuando le preguntaron por qué, si todo se hizo bien, murieron 11 personas. «Ha habido buena voluntad, pero ninguna promesa», resumió el capataz.

Por cierto, que no les hizo ninguna gracia que estuviera por allí la portavoz del PP en la Comisión de Investigación, Ana Guarinos. «Más le vale que haya venido a apoyarnos a título individual», dijo David Nuevo. Pues no.

ABC

Jueves, 8 de septiembre de 2005

LOS RETENES DE GUADALAJARA INICIAN UN AYUNO PARA EXIGIR RESPONSABILIDADES

GUADALAJARA. Los miembros de los retenes forestales de Guadalajara iniciaron ayer un ayuno voluntario de once días ante la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha para exigir responsabilidades tras el incendio que causó la muerte a once de sus compañeros. Los trabajadores, apoyados por algunos familiares de las víctimas, leyeron un manifiesto en el que acusan a las distintas Administraciones de no haber «averiguado la verdad y de haberse dedicado sólo a justificar las decisiones que se tomaron en el momento de producirse el incendio».

LA RAZON

Jueves, 8 de septiembre de 2005

LOS RETENES DE GUADALAJARA INICIAN UN AYUNO PARA EXIGIR RESPONSABILIDADES

L. R. N.

Guadalajara - Los miembros de los retenes forestales de Guadalajara han decidido iniciar un ayuno rotativo de once días ante la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Castilla- La Mancha para exigir responsabilidades tras el incendio que causó la muerte de once compañeros y arrasó casi 13.000 hectáreas. Antes de cumplirse los dos meses de este incendio, los trabajadores, apoyados por algunos familiares de las víctimas, se reunieron ayer ante Delegación de Medio Ambiente para iniciar este ayuno en homenaje a los fallecidos y para exigir a las administraciones que «asuman sus responsabilidades por la mala gestión de los incendios forestales».

Uno de los miembros del retén del Vado (Guadalajara) y novio de Mercedes Vives, única mujer del retén siniestrado, David Nuevo, fue el encargado de leer un manifiesto en el que trabajadores y familiares expresan su queja por el abandono que sufrieron los fallecidos en el «infierno de olas negras» que ese día arrasó los pinares de la antigua comarca del Ducado. También piden al Poder Judicial que «saque a la luz» las circunstancias de las muerte de sus compañeros para que se haga Justicia. En el manifiesto, aseguran que en la comisión parlamentaria de investigación «no se ha tratado de averiguar la verdad, sino tan sólo de justificar las decisiones que se tomaron en el momento de producirse el incendio». Se quejaron además del abandono «a su suerte» que sufrieron los fallecidos «sin haber comido, sin medios aéreos y exhaustos por el trabajo de esa mañana en el monte».

Preguntas sin respuesta. Según el manifiesto, la Administración trata de justificar su actuación «a través de complicadas fórmulas matemáticas sobre megajulios, centrales térmicas y montes que explotan a la velocidad del sonido», algo que no convence ni a familiares ni miembros de los retenes de Guadalajara. Creen que aún quedan preguntas que nadie se atreve a contestar como el personal de retenes por cada hectárea de monte y también por qué si el fuego era «igual de imparable el lunes 18 de julio que el domingo 17 –cuando fallecieron las víctimas– cómo se multiplicaron por diez los efectivos en la lucha contra el fuego tras su muerte».

El Gobierno Niega que la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluya a Terroristas

Por Narrador - 12 de Septiembre, 2005, 15:49, Categoría: ¿Se Negocia con ETA?

Ahora, tras la información publicada por el diario LA RAZON, el Gobierno sostiene que habrá reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la prisión provisional, la detención y el régimen de incomunicación, pero que ésta no se aplicará a los presos por delitos de terrorismo, a pesar -según LA RAZON- del escrito que el Ejecutivo remitió al coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, interesándose por el tema. Mientras tanto Francia decide duplicar las penas por terrorismo.

Desde el PP, Ignacio Astarloa dijo que el PSOE, con este tipo de medidas, "cada día se aleja más del Pacto Antiterrorista". Esta reforma, en su opinión, provocaría un desmantelamiento "de la fortaleza del Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo".

LA RAZON

Jueves, 8 de septiembre de 2005

EL GOBIERNO DICE AHORA QUE LA REFORMA DE LA PRISIÓN PROVISIONAL Y LA DETENCIÓN NO AFECTARÁ A LOS ETARRAS

Moncloa lamenta que un «error de redacción» dé lugar a equívocos y sostiene que la incomunicación tendrá «más garantías jurídicas»

Cascada de reacciones al escrito del Gobierno que anunció una reforma para la prisión provisional, la incomunicación y la detención de imputados por terrrorismo. La mayoría, en contra. El Gobierno admite un error de redacción.

E. L. Palomera

Madrid- Habrá reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la prisión provisional, la detención y el régimen de incomunicación. Pero, ahora, sostiene el Gobierno que ésta no se aplicará a los presos por delitos de terrorismo, a pesar del escrito que el Ejecutivo remitió al coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, interesándose por el asunto y del que ayer informaba este periódico.

El texto en cuestión dice lo que dice (lo pueden leer en la reproducción que aparece en esta página): que se prepara una reforma global de las medidas cautelares en el proceso penal, que afectará a la «prisión provisional, la detención y el régimen de incomunicación» también de los imputados por terrorismo. Así es la literalidad del primer párrafo de la respuesta escrita que ha dado lugar a esta polémica.

Fuentes de Moncloa defendieron ayer que la reforma legal, en ningún caso pretende suavizar las condiciones de los presos etarras y los imputados por delitos de terrorismo, sino que busca reforzar las garantías judiciales en el sistema procesal. Los mismos interlocutores achacan a un error de redacción los términos en los que se formula el escrito porque de él, tal y como informaba ayer LA RAZÓN, se puede colegir «que los terroristas se beneficiarán también de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Adecuar la ley al CEDH. «El fallo ha estado –prosiguen fuentes de la Presidencia– en reproducir la pregunta del coordinador general de IU en la respuesta remitida desde el Ejecutivo al Congreso. Y cuando hablamos de terrorismo hay que extremar las precauciones y hablar lo suficientemente claro como para que no haya lugar a equívocos», subrayaron desde el Ministerio de la Presidencia.

El Gabinete de Zapatero rectifica, pues sobre lo escrito sobre el epígrafe oficial, y anuncia que no hay intención de cambiar la legislación terrorista en materia procesal ni penal, a pesar de que está en estudio una reforma de la centenaria LECRIM para adecuarla al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Fuentes gubernamentales explican que, en cuanto a la incomunicación en la detención tanto por delitos comunes como por terrorismo (artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) la reforma pretende no sólo acortar su duración (72 horas más, en su caso, 48 horas más), «sino introducir mayores garantías jurídicas». Por ejemplo, que el juez tenga que motivar la ampliación de las 48 horas siguientes a las 72 iniciales. También que los periodos de incomunicación sean grabados para evitar que se puedan realizar acusaciones de torturas o eliminar pruebas determinantes.

Hasta aquí la explicación que ayer dieron en Moncloa sobre la respuesta parlamentaria escrita que le llegó el martes a Llamazares después de una pregunta que trasladó al Ejecutivo el pasado 25 de abril de este año.

La versión del portavoz parlamentario del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue más allá de la del propio Gobierno, pues no reconoció en ningún momento estos extremos. Rubalcaba habló de una intepretación «no correcta» del texto, al tiempo que censuró que el escrito se hubiera contextualizado en un momento político determinado. Defendió que la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no supondrá cambios, ni en materia procesal ni penal del régimen de prisión preventiva para presos etarras.

Otras fuentes del Partido Socialista consultadas por este periódico achacan al Ministerio de Justicia la responsabilidad de haber trasladado una información especialmente sensible a un portavoz parlamentario en forma de respuesta escrita.

Pero las reacciones a la revisión de la LECRIM no sólo llegaron desde el Gobierno y el PSOE. Aunque en una dirección radicalmente contraria, se pronunciaron al respecto varios miembros de la Fundación de Víctimas, para quien cualquier reforma procesal o penal debe hacerse con el acuerdo del PP y en el seno del pacto antiterrorista. En los sindicatos policiales hubo opiniones para todos los gustos. Desde la del SUP para apoyar la reducción de la prisión provisional y la incomunicación para los acusados de terrorismo hasta la de la Confederación Española de Policía (CEP) para alertar de que si se suavizara la legislación se estaría dando «aire» a los terroristas.

El PNV y EA no tardaron en felicitarse por la revisión, pues acabará con la reforma del PP de 2003 por la que los «detenidos puede estar incomunicados hasta 13 días, algo que sólo existe en Guantánamo». Rafael Larreina, de EA, exigió a Rodríguez Zapatero que emprenda cuanto antes una reforma «ambiciosa, amplia y en profundidad» de la Ley.

Por otra parte, IU manifestó ayer su satisfacción por la intención del Gobierno, transmitida en una respuesta escrita a Gaspar Llamazares, de reformar la LECRIM, una norma «obsoleta del siglo XIX». Izquierda Unida reproduce la textualidad del escrito del Gobierno y entiende que el Ejecutivo se dispone a modificar no sólo la prisión provisional, la detención y el régimen de incomunicación de los imputados por terrorismo, como citaba Llamazares en su pregunta, sino la totalidad de las medidas cautelares en el proceso penal, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La intención de Moncloa está en consonancia con las indicaciones y las iniciativas realizadas por IU para abordar reformas de leyes, en algunos casos «predemocráticas como ésta, que supongan un cambio en la política criminal en su conjunto, en lo que afecta a todo tipo de presos».

Malestar y descontento. Éstas son las sensaciones que unánimemente han mostrado las asociaciones de víctimas del terrorismo ante la nueva pretensión del Gobierno de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sensaciones que corrobora José Alcaraz, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), quien confesó que «el Gobierno está jugando con fuego», puesto que «todo eso es una estrategia para que Batasuna esté legalizada en 2007». Alcaraz declaró que «ETA tiene prisa y a través del PNV está presionando al Gobierno para cumplir su libro de ruta». En su opinión, «al final quien se beneficia es ETA, que consigue por chantaje lo que no ha conseguido con los atentados» y que la bada terrorista «volverá con más fuerza para conseguir sus pretensiones». Con la misma opinión aunque más cauto se mostró Mikel Buesa, presidente del Foro Ermua, al afirmar que «la ley es plenamente constitucional y no hay justificación que pueda alabar este cambio», informa J. López

LA RAZON

Jueves, 8 de septiembre de 2005

EL PP CREE QUE ASÍ SE DEBILITA LA LUCHA ANTITERRORISTA

F. Velasco y J. A. Borque

Madrid / Vitoria- La pretensión del Gobierno de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que afectaría a los acusados por delitos de terrorismo se ha encontrado con la rotunda oposición del PP, a la vez que se exige al PSOE «que no se ponga en entredicho lo que ha sido el conjunto de medidas adoptadas de forma conjunta por los dos partidos para luchar contra el terrorismo».

El portavoz del PP en materia de Justicia e Interior, Ignacio Astarloa, defendió la legislación vigente en las cuestiones que el Ejecutivo pretende modificar. «El régimen que tenemos de incomunicación y prisión provisional para acusados de terrorismo es razonable, proporcional y se ha mostrado eficaz hasta ahora, y sólo han estado en contra los terroristas y aquellos que no habían apoyado ni una sola de las medidas que PSOE y PP habían pactado de forma conjunta para luchar contra ETA».

Por ello, Astarloa considera que el PSOE, con este tipo de iniciativas, «cada día se aleja más del Pacto Antiterrorista». Además, puso de manifiesto cómo se están produciendo determinadas circunstancias, como esta posible reforma, que, en su opinión, están provocando un desmantelamiento «de la fortaleza del Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo».

En ese mismo sentido se expresó también el secretario general de los populares vascos, Carmelo Barrio, quien aseguró que «los movimientos del Gobierno central en política antiterrorista han sido en retroceso, como demuestra la desarticulación del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, la desarticulación del acuerdo de no negociación con ETA o la legalización de hecho de Batasuna en el Parlamento vasco. Parece que ahora el Gobierno sigue buscando gestos para satisfacer a Batasuna».

El dirigente popular recordó que «cualquier paso para suavizar o dar comodidad a los terroristas supondrá un paso más para envalentonar al mundo de ETA-Batasuna. Será una mala noticia para los demócratas y una buena noticia para Otegi». La edil del PSE en Gecho, Gotzone Mora, también fue crítica y aseguró que esa iniciativa sería «un guiño a ETA por parte del Gobierno lo que supone el pago de un precio político que jamás será entendido por la ciudadanía democrática».

ABC

Jueves, 8 de septiembre de 2005

FRANCIA AGRAVA LAS PENAS POR TERRORISMO

J. P. Q.

PARÍS. El Gobierno francés se dispone a aumentar severamente las penas con las que se castigan los delitos terroristas, que podrían llegar a los treinta años de prisión en aquellos casos más graves.

De los 358 individuos internados en las cárceles francesas por delitos de «asociación de malhechores, en relación con un proyecto terrorista», 159 son miembros de ETA, 94 islamistas y 76 corsos.

Tradicionalmente, en territorio francés a los etarras se les ha castigado con 20 años de cárcel, que pudieran pasar a 30 en la nueva legislación. La cooperación logística con banda armada, que hasta ahora estaba pena habitualmente con 10 ó 15 años de cárcel pudiera incrementarse en otros 5 o 10. El conjunto de las penas destinadas a castigar la complicidad, participación o dirección de delitos terroristas sufrirá aumentos igualmente significativos.

El Gobierno está ultimando un proyecto de Ley que pudiera darse a conocer en octubre. Los delitos relacionados directamente con asesinatos serán particularmente castigados. La nueva legislación entrará en vigor muy rápidamente, tras un proceso legislativo de urgencia.

LA RAZON

Jueves, 8 de septiembre de 2005

FRANCIA DOBLARÁ LAS PENAS A LOS ETARRAS QUE DETENGA A PARTIR DE AHORA

Javier Gómez

París - Francia ha puesto sus barbas a remojar tras comprobar los atentados sufridos por sus vecinos, como el 11-M madrileño o el 7-J londinense. El Gobierno termina en estos días de bosquejar una reforma legal que prevé doblar las penas por los delitos relacionados con el terrorismo. Aunque la Justicia haya puesto al islamismo en su mirilla con este proyecto de ley, los principales perjudicados podrían ser las decenas de etarras juzgados cada año en el país vecino.

Cuando el texto que el primer ministro, Dominique de Villepin presentó ayer a los grupos parlamentarios vea la luz en las próximas semanas, aquellos delincuentes procesados por «asociación de malhechores con fines terroristas», cargo imputado a la mayoría de etarras que han sido juzgados en territorio galo, podrán ser castigados a 20 años de cárcel, frente a los 10 que la ley impone actualmente como máximo. Quienes puedan ser considerados como jefes de estos grupos pasarán de los 20 a los 30 años de reclusión criminal como tope.

Atentados. La condición para que los jueces puedan aplicar estos castigos es que las acciones de los procesados, aunque sean sólo de apoyo o cobertura a terroristas, esté directamente relacionada con la comisión de atentados contra la vida humana, según reveló ayer el diario «Le Monde». En ese caso, aunque no hayan cometido directamente delitos de sangre, podrían ser juzgados por Tribunales de lo Criminal. De los 358 encarcelados por terrorismo que están en las cárceles galas actualmente, 159 son etarras, 94 provienen de grupos islamistas y 76 de grupos independentistas corsos. Muchos de los miembros de ETA fueron detenidos por la confección de bombas, el almacenamiento o robo de explosivos y otras operaciones destinadas a la organización de atentados en España.

Francia ha incluido también el «instigar atentados» como un agravante susceptible de merecer la máxima pena, una medida específicamente destinada a reprimir a los predicadores islámicos que defienden el uso de la violencia. Este endurecimiento de la ley contra aquellos que colaboran o sirven de apoyo estratégico a los terroristas responde a la necesidad de adaptar la ley al terrorismo de los kamikazes.

ETA Comunica a Batasuna que Ve Abierta Vía de la Negociaición

Por Sin Pancarta - 12 de Septiembre, 2005, 7:45, Categoría: ¿Se Negocia con ETA?

Según informa ABC, la banda terrorista ETA ha ordenado a Batasuna que impulse el proceso político porque considera que ya están abiertos los cauces para una posterior negociación con el Gobierno en la que se deberían abordar la situación de los presos y el consiguiente abandono de las armas. En cumplimiento inmediato de esta consigna, la coalición abertzale ha convocado a 400 de sus dirigentes para celebrar una "asamblea nacional" el próximo sábado en la localidad navarra de Alsasua.

ETA quiere que las dos mesas, la de partidos y la que reúna a la banda y al Gobierno, vayan paralelas, ya que nunca se planteará un abandono de las armas hasta que no tenga garantizado que se asume la unidad territorial del País Vasco, Navarra y País Vasco francés y su derecho a la autodeterminación.

Dirigentes de Batasuna han informado al PNV la disposición de ETA a facilitar la constitución de una mesa de partidos, información que Ibarretxe habría trasladado ayer a Zapatero en la reunión celebrada en La Moncloa.

Evidentemente se confirma cada día con más rigor la existencia de esa negociación secreta, que no discreta entre el gobierno y una organización terrorista.

ABC

Jueves, 8 de septiembre de 2005

ETA TRANSMITE A BATASUNA QUE VE ABIERTO EL CAUCE DE LA NEGOCIACIÓN CON EL GOBIERNO

J. Pagola

Unos 400 dirigentes proetarras, alentados por la impunidad, darán comienzo en la localidad navarra al proceso «Bide Eginez», que no cuestionará «la lucha armada»

MADRID. ETA ha ordenado a Batasuna que impulse el proceso político -la mesa de partidos que debe tratar la autodeterminación-, al considerar que ya están abiertos los cauces para que se aborde el aspecto técnico de la negociación -el que debe sentar al Gobierno y a la banda terrorista para hablar de presos y abandono de las armas-. Las consignas de la organización van a ser analizadas por unos 400 dirigentes en el transcurso de una «asamble nacional» que la coalición ilegalizada pretende celebrar de forma clandestina este sábado en la localidad navarra de Alsasua.

La citada asamblea fue convocada después de que ETA transmitiera a Batasuna, a través del dirigente de LAB Rafael Díez Usabiaga, que observa que los cauces para abrir una negociación técnica con el Gobierno de Rodríguez Zapatero están abiertos. Según diversas fuentes consultadas por ABC, a esta deducción habría llegado la banda después de un intercambio de mensajes indirectos, ya que, hasta la fecha, no se habrían producido contactos directos entre representantes gubernamentales y de los etarras.

La banda pretende que las dos mesas -la de partidos y la que reúna a ETA y al Gobierno- vayan paralelas, ya que nunca se planteará un abandono de las armas hasta que no tenga garantizado que se asume la unidad territorial del País Vasco, Navarra y País Vasco francés y su derecho a la autodeterminación. De ahí que, una vez que considera que en cualquier momento se puede sentar a hablar con el Gobierno sobre presos y «desmilitarización», «meta ahora prisa a Batasuna» para que impulse el foro en el que se deba abordar la soberanía.

Según las fuentes consultadas, dirigentes de la coalición ilegalizada han informado a representantes del PNV de esta disposición táctica de ETA a facilitar la constitución de la mesa de partidos. De acuerdo con los mismos medios, el lendakari, Juan José Ibarretxe, habría trasladado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, esta información, en el transcurso de la reunión que mantuvieron ayer en el Palacio de la Moncloa.

El hecho de que Batasuna, pese a ser ilegal, convoque a unos 400 dirigentes a una «asamblea nacional» pone de manifiesto el clima de impunidad en el que se desenvuelve, que le permite celebrar actos públicos y organizar manifestaciones. Su decisión de convocarla en una localidad de Navarra evidencia, por otra parte, su intento de demostrar que, aunque ilegales, disponen de capacidad operativa para actuar incluso fuera del País Vasco. En este sentido, cabe subrayar que pese a que los proetarras pretenden que su «asamble nacional» sea clandestina, tienen previsto convocar después una rueda de prensa para dar, a priori, su versión sobre lo allí tratado, en un alarde de desafío a la legalidad. En esta comparecencia, además, los dirigentes de Batasuna pretenden hacer pública una nueva «oferta de diálogo político sin exclusiones», en la que exigirán la presencia en el proceso de la izquierda abertzale. La convocatoria se ha hecho a través de invitaciones entregadas personalmente a los elegidos como asistentes para evitar filtraciones.

Apariencia de debate interno

En esta «asamblea nacional», según los mismos medios, la coalición ilegalizada quiere definir su estrategia en el curso 2005-2006. Con su celebración, Batasuna intenta, asimismo, escenificar una situación de «normalidad» para elevar el ánimo de sus simpatizantes y dar comienzo al proceso denominado «Bide Eginez» (Haciendo Camino). Con este proceso trata de acometer la renovación interna de la coalición para impulsar sus estructuras y militancia de cara al hipotético proceso de negociación y a las elecciones municipales de 2007, a las que intentará concurrir.

El supuesto debate en ningún caso cuestiona la vigencia de la «lucha armada», más bien al contrario. Los dirigentes proetarras quieren evitar que se repitan los resultados negativos cosechados en el anterior proceso de 2001, denominado Batasuna, que debería haber supuesto una «acumulación de fuerzas» en torno al sector más ortodoxo. Sin embargo, los diferentes sectores suscitaron un fuerte debate sobre la vigencia de la actividad terrorista que desembocó en la escisión de la corriente Aralar y su constitución en nuevo partido, así como la desactivación de gran parte de la militancia radical.

El caso es que en el proceso «Bide Eginez», las tres ponencias han sido elaboradas por la propia «mesa nacional», sin dar opción a las posibles corrientes internas que pudieran subsistir. Ninguna de ellas cuestiona la «lucha armada», ya que los dirigentes han evitado que ni tan siquiera se discuta su vigencia.Así, se alude a que «todas las formas de lucha son válidas» y depende de la coyuntura la prioridad de unas sobre las otras.

La incorporación de un «duro»

Batasuna ha recuperado entre sus estrategas a Rufino Echeberría, tras salir de prisión. Este individuo, procesado en el «caso EKIN», está considerado como un «duro entre los duros». En su día se le consideró como el «comisario político» de ETA en Herri Batasuna a través del papel que desempeñaba en la depararecida Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS). Le acompañan, entre otros, Otegi, Barrena y Permach.

Nueva Cotina de Humo de Ibarra

Por Sin Pancarta - 12 de Septiembre, 2005, 7:27, Categoría: Ibarra

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Ibarra, aseguró ayer, en su discurso con motivo del acto institucional del Día de Extremadura, que transcurridos 27 años desde que se aprobó la Constitución "fue un error considerar antifascistas a los terroristas y leales con una concepción de España a los nacionalistas periféricos". En su opinión, mientras los terroristas "ocultaron su futuro criminal" aceptando la Ley de Amnistía, los otros aceptaron la Constitución "ocultando su instinto independentista". Para Ibarra el Congreso se ha convertido en la "Cámara de los intereses territoriales". Desde el PP, Javier Casado calificó la intervención de Ibarra como "el discurso del ajo nacionalista", mientras que el socialista Luciano Fernández lo consideró una llamada al esfuerzo colectivo para "dar un paso más".

¿Este señor no milita en el PSOE? ¿No gobierna en una Comunidad Autónoma con los votos del PSOE? ¿Ha dimitido y no nos hemos enterado? ¿No es su partido el que ha pactado todo con nacionalistas e independentistas? ¿A quién quiere engañar con su ‘desbarre’ habitual? No nos creemos nada, absolutamente nada de lo que diga este farsante, que mucho hablar y a la hora de la verdad, nada de nada. Si piensa (que no lo creo) como dice que se lo diga a su jefe, a ZP, claro y a la cara, y si no le consideran en su propuesta, pues abandona el partido. Entonces nos creeremos sus disparates. Mientras tanto: humo, bufonadas al sol y farsantería a raudales.

EL MUNDO

Jueves, 8 de septiembre de 2005

IBARRA COMPARA A LOS NACIONALISTAS CON ETA POR SU DESLEALTAD CON EL PACTO DE 1978

Manuel Sanchez

«Los asesinos ocultaron su instinto criminal, y el nacionalismo, su instinto de independencia» - «El Congreso de los Diputados se ha convertido en la Cámara «de los intereses territoriales»

MADRID.- En el discurso central de la celebración del Día de Extremadura (8 de septiembre), el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, volvió a hablar alto y claro, de forma contundente y hasta un tanto radical.

Si hace un año provocó la marea política interna en su partido con aquello de los «palmeros andaluces» -lo que en buena medida sirvió para abortar la operación interna que podría haber hecho coincidir los intereses del PSC con los del PSOE-A-, el dirigente extremeño volvió ayer sus fobias o fantasmas más habituales: el terrorismo y el nacionalismo, pero enmarcando ambos asuntos en la actualidad política.

Ibarra, en su discurso, denunció que 27 años después de ser aprobada la Constitución, «seguimos inmersos en un sinsentido territorial, consecuencia directa de la falta de lealtad de los menos con los más».

El dirigente extremeño reflexionó que lealtad hubo en la mayoría de los españoles, «cuando acordamos una amnistía que permitió volver a la libertad a quienes legítimamente lucharon contra la dictadura y a quienes lo hicieron desde la violencia o desde el terrorismo».

Y añadió: «También hubo lealtad cuando impulsamos un acuerdo que descentralizaba el Estado y reconocía, amparaba y protegía legal y políticamente la diversidad cierta de los distintos territorios que conforman España».

Pero, para Ibarra, esas lealtades con los terroristas y con los nacionalistas, no han sido correspondidas.

«De igual forma que los etarras aceptaron la amnistía de la democracia ocultando su futuro criminal y su deslealtad con los españoles, algunos dirigentes territoriales aceptaron la Constitución y la amplia descentralización política y administrativa, ocultando su futuro secesionista y su deslealtad con los españoles», afirma el presidente extremeño.

Por ello, Ibarra considera que ambos gestos fueron equivocados.

«Fue un error considerar antifascistas a los terroristas, y fue un error considerar leales con una nueva concepción de España a los nacionalistas periféricos. Ni unos ni otros expresaron con valentía su condición. Los asesinos ocultaron su instinto asesino, y los nacionalistas periféricos ocultaron su instinto independentista», añadió.

El discurso de Ibarra fue, en gran medida, un tanto melancólico, ya que dio a entender que ve pocas salidas a la actual situación, salvo la denuncia sistemática que se compromete a hacer. «Mientras siga en política activa combatiré lo que considero perjudicial para nuestro futuro como españoles. Cuando deje de estar en activo, también lo combatiré».

Y uno de los motivos del callejón sin salida actual, Ibarra lo achacó a la actual situación del Congreso de los Diputados.

«El Congreso», dijo el dirigente extremeño, «debe ser el sitio donde nuestros representantes sientan en su cabeza y en su corazón el peso de la representación del conjunto de la ciudadanía española. La Cámara de representación de la soberanía española se ha convertido, por causa de la deslealtad, en la Cámara de los intereses territoriales. Vivimos en un país donde el Congreso es el Senado, y donde el Senado no es nada», afirmó.

Ibarra, inmovilista

Como único aspecto de esperanza, Ibarra optó por la posición inmovilista -criticada por Zapatero en el último Comité Federal- de que todo continúe como está.

A este respecto, Rodríguez Ibarra afirmó: «España es un gran país. En 27 años de democracia constitucional los españoles hemos recorrido un camino que, los que lo ven, aún andan restregándose los ojos para salir de su asombro. Es una irresponsabilidad apartarse de esta senda por puros intereses electorales o por intereses secesionistas que tanto nos dañan y nos anquilosan».

Por ello, Ibarra insiste en que la Constitución de 1978, «además de un instrumento que garantiza la vida democrática de los españoles, fue un acuerdo leal para la convivencia en la diversidad y la descentralización», dijo.

Antes del discurso más político, Juan Carlos Rodríguez Ibarra reivindicó -en la entrega de Premios de Extremadura a la Creación 2005-, una mayor influencia de los creadores, de los artistas y literatos en la sociedad, una influencia similar a la que tenían los enciclopedistas franceses.

Rodríguez Ibarra se refirió especialmente a una de las premiadas, la cantante extremeña Bebe, nominada a cinco Grammys por su disco Pafuera Telarañas, al que se refirió el dirigente extremeño y, en concreto, a la canción Malas, de la que dijo: «Ha hecho más por combatir el maltrato hacia las mujeres que todas las leyes integrales». Y pareció un piropo.

EL PAIS

Jueves, 8 de septiembre de 2005

IBARRA COMPARA A NACIONALISTAS Y TERRORISTAS DE ETA POR SU DESLEALTAD

C. E. C.

Unos ocultaron su "instinto criminal" y otros su "instinto independentista"

Madrid - El presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aprovechó ayer un discurso institucional del día de su comunidad para lanzar un ataque contra los "nacionalismos periféricos", sin más concreción, a los que comparó con los terroristas de ETA. Mientras éstos, en 1977, al aceptar la Ley de Amnistía, "ocultaron su instinto criminal", los otros aceptaron la Constitución "ocultando su instinto independentista".

Ibarra se cuidó mucho en su discurso de ofrecer nombres o siglas de partidos concretos, pero lo cierto es que pocas horas después de que el presidente del Gobierno y líder de su partido, José Luis Rodríguez Zapatero, recibiera en La Moncloa al lehendakari, Juan José Ibarretxe, con quien negoció el apoyo a los Presupuestos, el extremeño señaló: "De igual forma que los etarras aceptaron la amnistía de la democracia ocultando su futuro criminal y su deslealtad con los españoles, algunos dirigentes territoriales aceptaron la Constitución y la amplia descentralización política y administrativa, ocultando su futuro secesionista y su deslealtad con los españoles".

Ibarra comenzó su reflexión con un recorrido histórico, para señalar que 27 años después de la aprobación de la Constitución, los españoles siguen "inmersos en un sinsentido territorial, consecuencia directa de la falta de lealtad de los menos con los más".

Para el presidente extremeño, la propia Constitución "fue un acuerdo leal para la convivencia en la diversidad y en la descentralización". "Lealtad hubo, y hay, en la mayoría de los españoles cuando acordamos una amnistía que permitió volver a la libertad a quienes legítimamente lucharon contra la dictadura y a quienes lo hicieron desde la violencia y desde el terrorismo [...]. Los terroristas aprovecharon nuestro sentido democrático para responder deslealmente, volviendo, desde la libertad concedida, al asesinato y a la masacre".

Su comparación entre etarras y nacionalistas siguió. "Fue un error considerar antifascistas a los terroristas y fue un error considerar leales con una nueva concepción de España a los nacionalistas periféricos. Ni unos ni otros expresaron con valentía su condición. Los asesinos ocultaron su instinto criminal y los nacionalistas periféricos ocultaron su instinto independentista".

Ibarra cree que el Congreso se ha convertido, por culpa de los nacionalistas, en la "Cámara de los intereses territoriales". Frente a eso, el líder extremeño señala que no puede "evitar imaginar" a España "sin terrorismo etarra y sin nacionalistas periféricos". De hecho concluyó su discurso planteando este sueño y mirando al público para preguntar: "¿Se imaginan?". Poco antes, Ibarra asumió las críticas que estas frases le reportarán: "Sé que con discursos como éste mi devenir político se cierra en el círculo extremeño. Mi conciencia siempre estuvo por encima de mis intereses".

ABC

Jueves, 8 de septiembre de 2005

IBARRA: «FUE UN ERROR CREER ANTIFASCISTAS A LOS TERRORISTAS Y LEALES A LOS NACIONALISTAS»

En un duro discurso por el día de la región, el presidente de Extremadura arremete contra «aquellos que aceptaron la Constitución ocultando su futuro secesionista»

MÉRIDA. El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, denunció anoche que veintisiete años después de contar con una Constitución, seguimos inmersos en un «sinsentido territorial, consecuencia directa de la falta de lealtad de los menos con los más». Ibarra, que se ha destacado por no escatimar críticas hacia las aspiraciones de los nacionalistas, arremetió, una vez más y de manera velada, contra el tripartito catalán que preside su compañero de partido Pasqual Maragall y que está poniendo en jaque al Gobierno de Zapatero con las ambiciones del nuevo Estatuto.

Aunque no muy alejado de su tono habitual, su discurso de ayer, pronunciado por el día de Extremadura, que se celebra hoy, fue especialmente contundente: «Fue un error considerar antifascistas a los terroristas y fue un error considerar leales con una nueva concepción de España a los nacionalistas periféricos. Ni unos ni otros expresaron con valentía su condición. Los asesinos ocultaron su instinto criminal y los nacionalistas, su instinto independentista».

«Lealtad hubo en la mayoría de los españoles cuando impulsamos un acuerdo que descentralizaba al Estado y reconocía, amparaba y protegía legal y políticamente la diversidad cierta de los distintos territorios que conforman España», no en quienes aceptaron la Constitución «ocultando su futuro secesionista», aseveró.

En este sentido, afirmó que el lugar de discusión política debe ser el Congreso, «el sitio donde nuestros políticos sientan en su cabeza y en su corazón» la representación de los españoles. Sin embargo, para Ibarra, el Parlamento se ha convertido, «por causa de la deslealtad, en la Cámara de los intereses territoriales. Vivimos en un país, donde el Congreso es el Senado y donde el Senado no es nada».

«Tremendo error»

También tuvo palabras para los etarras, a quienes tachó de «canallas», al considerar que con la amnistía concedida en la transición «los terroristas aprovecharon nuestro sentido democrático para responder deslealmente, volviendo, desde la libertad concedida, al asesinato y a la masacre. Fue un tremendo error».

Para cerrar su intervención, el presidente extremeño alabó la capacidad de los españoles para «hacer avanzar a nuestro país» en los últimos veintisiete años, «cualquiera que haya sido su gobierno», y calificó de «irresponsabilidad» apartarse de esa senda «por puros intereses electorales o por intereses secesionistas que tanto nos dañan y nos anquilosan».

Y no faltó un último aviso para los virtuales críticos: «Sé que esta manera de pensar y de expresarme respecto a mi país me supondrá la inquina de quienes no me perdonan mi concepción de España. Sé que con discursos como éste mi devenir político se cierra en el círculo extremeño». Ni tampoco una predicción optimista: «Nunca puedo evitar imaginar a mi país sin terrorismo etarra y sin nacionalistas periféricos. ¿Se lo imaginan?».

LA RAZON

Jueves, 8 de septiembre de 2005

IBARRA VUELVE A LA CARGA Y COMPARA A LOS NACIONALISTAS PERIFÉRICOS CON LOS TERRORISTAS

E. L. Palomera

Considera ambos un error, consecuencia de las concesiones que los demócratas hicieron en la Transición

Madrid - 7 de septiembre, día de Extremadura. El discurso del presidente autonómico incluye, por segundo año consecutivo, referencias y alusiones al ruedo nacional de la política, concretamente a los dos asuntos más polémicos de lo que va de legislatura: la política antiterrorista y el modelo territorial. Ni en lo uno no en lo otro parece muy de acuerdo Ibarra con lo que practica el Gobierno de Zapatero, pero sobre todo se lamenta de las concesiones que los demócratas hicieron en estos dos asuntos para llevar a buen puerto la Transición.

Y, como Juan Carlos Rodríguez Ibarra no tiene pelos en la lengua, apenas cuatro días después del Comité Federal del PSOE en el que hubo duras críticas al PSC y alguna que otra al Gobierno central por su dependencia de los nacionalistas, quiso entonar la canción que no tarareó en primera persona –aunque sí por boca de la delegación extremeña– ante el cónclave socialista.

¿Su intención? Alertar de algunos de los riesgos que se avecinan. Primero, comparó a los nacionalismos periféricos con los terroristas, pues de ambos censuró su deslealtad a la Constitución y a la Transición que puso fin a la dictadura. Esa falta de lealtad «de los menos con los más» ha sumido a este país, después de 27 años de aprobada la Constitución, «en un sinsentido territorial».

El error de la amnistía. El barón más polémico del socialismo español recordó la «lealtad que hubo, y hay, en la mayoría de los españoles cuando acordamos una amnistía que permitió volver a la libertad a quienes legítimamente lucharon contra la dictadura y a quienes lo hicieron desde la violencia y desde el terrorismo». El error, según sus palabras, «fue creer que los segundos peleaban por los mismos objetivos que los primeros. No era así. Los terroristas aprovecharon nuestro sentido democrático para responder deslealmente, volviendo, desde la libertad concedida al asesinato y a la masacre».

Ponía el dedo en la pústula, precisamente, el día en que se conocía un polémico escrito del Gobierno en respuesta a una pregunta sobre derechos fundamentales de los acusados de terrorismo en régimen de incomunicación. Pero, también en un instante en el que cada vez son más intensos los rumores que apuntan a una supuesta revisión de la política penitenciaria para los presos de ETA.

Aquella amnistía, la de la Transición, fue para el presidente extremeño «un tremendo error. Pensábamos que con el fin de la dictadura se acababa el terrorismo etarra. Hoy, sabemos que no fue así. Fueron doblemente canallas. Canallas porque han seguido matando sin que avisaran de su sanguinaria intención cuando la democracia les abrió la puerta de la libertad. Y canallas porque nunca explicitaron que entre dictadura y democracia no veían diferencias para sus sanguinarios fines».

Idéntico reproche que a los terrorista hizo Ibarra a los nacionalismos, con quien la mayoría de los españoles fue leal cuando impulsó un acuerdo que descentralizaba el Estado y reconocía, amparaba y protegía legal y políticamente la diversidad cierta de los distintos territorios que conforman España. «Desde esa lealtad –subraya–, desde esa convicción, los españoles hemos sidos capaces de hacer avanzar a nuestro país como nunca lo había hecho», al margen del color de los gobiernos.

¿Cuál es la razón que asiste a algunos para pretender alterarlo todo de manera irresponsable?, se pregunta el presidente extremeño. Él mismo tiene la respuesta: «La deslealtad. Igual que los etarras aceptaron la amnistía de la democracia ocultando su futuro criminal y su deslealtad con lo españoles, algunos dirigentes territoriales aceptaron la Constitución y la amplia descentralización política y administrativa, ocultando su futuro secesionista y deslealtad con los españoles».

Conclusión: «Fue un error considerar antifascistas a los etarras y fue un error considerar leales con una nueva concepción de España a los nacionalistas periféricos. Ni unos ni otros expresaron con valentía su condición. Los asesinos ocultaron su instinto criminal y los nacionalistas periféricos ocultaron su instinto independentista».

Cámara de intereses territoriales. La realidad actual es que el Congreso de los Diputados se ha convertido, «por causa de la deslealtad» en la Cámara de los intereses territoriales y que «vivimos en un país donde el Congreso es el Senado y donde el Senado no es nada».

Juan Carlos Rodríguez Ibarra reparó en que sus palabras le supondrán la inquina de quienes no le perdonan su concepción de España y dijo ser consciente de que con discursos como el que ayer pronunció su devenir político se cierra en el círculo extremeño». Pero, sostiene que su conciencia siempre estuvo por encima de sus intereses y que seguirá combatiendo lo que cree perjudicial para los españoles: el terrorismo y los nacionalismos.

LA RAZON

Jueves, 8 de septiembre de 2005

«OCULTARON SU INSTINTO CRIMINAL Y SU INSTINTO INDEPENDENTISTA»

«Veintisiete años después de aprobar la Constitución, seguimos inmersos en un sinsentido territorial, consecuencia de la falta de lealtad de los menos con los más».

«Fue un error acordar una amnistía (...) Los terroristas aprovecharon nuestro sentido democrático para responder deslealmente, volviendo, desde la libertad concedida, al asesinato y la masacre».

«Fueron doblemente canallas porque han seguido matando sin avisar de su sanguinaria intención cuando la democracia les abrió la puerta a la libertad y porque no explicitaron que entre dictadura y democracia no veían diferencias para sus sanguinarios fines».

«¿Cuál es la razón que les asiste a algunos para pretender alterarlo todo de una manera irresponsable?»

«Igual que los etarras aceptaron la amnistía ocultando su futuro criminal, algunos dirigentes territoriales aceptaron la Constitución y la descentralización, ocultando su futuro secesionista y su deslealtad con los españoles».

«Fue un error considerar antifascistas a los terroristas y fue un error considerar leales a los nacionalistas periféricos».

«Los asesinos ocultaron su instinto criminal y los nacionalistas su instinto independentista»

«El Congreso se ha convertido en Cámara de intereses territoriales».

Grande-Marlaska Procesa a Varios Miembros del PCTV

Por Narrador - 12 de Septiembre, 2005, 7:16, Categoría: Partido Comunista de las Tierras Vascas

¿No era que no existía ninguna relación entre el PCTV y Batasuna-ETA? El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha impuesto una fianza de 100.000 euros a cada uno de los tres responsables del equipo de comunicación del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) a los que imputa ser miembros de ETA. Juan José Petrikorena, Peio Gálvez y Joseba Zinkunegi deberán realizar el pago de la fianza antes del próximo martes si quieren evitar la prisión. En el auto el juez apunta que el entramado ETA-Batasuna utilizó a EHAK para "soslayar el ciclo de ilegalización" y señala que Batasuna "instrumentalizó" a esta formación "dirigiendo y financiando, no sólo la campaña electoral, sino estableciendo directrices políticas".

El portavoz de Batasuna, Pernando Barrena, calificó de "desproporcionada y draconiana" la fianza impuesta por el juez, mientras que la formación Aralar mostró su solidaridad con los tres cargos de EHAK. Por el contrario, la Asociación de Víctimas del Terrorismo exigió al Gobierno la puesta en marcha de los "mecanismos oportunos" para promover la "inmediata" ilegalización de EHAK.

EL MUNDO

Jueves, 8 de septiembre de 2005

BATASUNA DIO «INSTRUCCIONES EXPRESAS» AL PCTV DE CÓMO ACTUAR EN LA INVESTIDURA DE IBARRETXE

Manuel Marraco

Así consta en un auto del juez Grande-Marlaska en el que exige a tres responsables de comunicación de las formaciones 'abertzales' 300.000 euros de fianza para no ingresar en prisión por pertenencia a ETA

MADRID.- «El responsable de comunicación de Batasuna impartía indicaciones expresas de cómo debía actuar la portavoz de EHAK [el Partido Comunista de las Tierras Vascas, en sus siglas en euskara] en Plenos tan importantes como el de la constitución de la Mesa del Parlamento Vasco y el de la investidura del lehendakari».

Así consta en un auto dictado ayer por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska en el que, tras tomarle declaración, exige a Juan José Petrikorena -el jefe de prensa de Batasuna- que deposite antes del lunes 100.000 euros de fianza. De lo contrario, ingresará en prisión por un presunto delito de pertenencia a una organización terrorista. La misma medida ha sido acordada para los también imputados Joseba Zinkunegi y Peio Gálvez, que se sucedieron en el servicio de prensa del PCTV y que recibían las instrucciones de Petrikorena.

A juicio del magistrado, los tres participaron activamente en la estrategia terrorista ideada para eludir, a través del PCTV, las consecuencias de la ilegalización de Batasuna. «Los discursos de EHAK, bien fueron preparados en su integridad, bien autorizados por Batasuna», añade el escrito.

Las comparecencias de ayer tienen su origen en la querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra el PCTV, al que considera sucesor de la ilegalizada Batasuna. En contra del criterio de la Fiscalía, el juez la admitió a trámite el pasado 12 de julio y citó a declarar a los tres miembros del equipo de comunicación de la formación. La medida de libertad provisional con fianza acordada por Grande-Marlaska se encuentra a medio camino entra lo solicitado por el letrado de la AVT, Emilio Murcia, -prisión provisional- y el fiscal Jesús Alonso -comparecencias semanales ante el juzgado-. Los tres rechazaron las imputaciones y se negaron a responder a las preguntas de la acusación hasta conocer la parte de la investigación que continúa secreta.

Mensajes de móvil

Buena parte del material incriminatorio reunido por el juez proviene de las intervenciones telefónicas realizadas sobre los tres imputados. El juez resalta que, aunque eran «discretos» en las conversaciones, no lo eran tanto al enviar mensajes de móvil, puesto que creían que no estaban controlados.

El juez también se basa en otros elementos incluidos en los informes de la Policía y la Guardia Civil que solicitó tras admitir la querella, entre ellos el empleo de las herriko tabernas -los locales de Batasuna- en la campaña del PCTV. Grande-Marlaska se apoya también en el contenido de los últimos zutabes, los boletines internos de ETA.

«Todo lo anterior», señala el juez, «implica razonablemente que el EHAK ha sido empleado por el entramado ETA-Batasuna con el fin de soslayar el denominado ciclo de ilegalización, dirigiendo y financiando no sólo la campaña electoral, sino igualmente estableciendo las directrices políticas en el desarrollo de la actividad parlamentaria materializada por el EHAK». «Buena prueba de lo cual», añade, «gravita en los principios recogidos en la propuesta de Anoeta, ideada por el entramado terrorista».

A las puertas de la Audiencia Nacional, el portavoz de Batasuna, Pernando Barrena, denunció que la decisión responde a una «persecución política», según informa Europa Press. «Estas medidas se adoptan teniendo en cuenta las ideas de estas personas, que son militantes de la izquierda abertzale», señaló.

Por su parte, la AVT exigió al Gobierno que ponga en marcha «los mecanismos oportunos» para promover la ilegalización del PCTV, puesto que la decisión del juez pone de manifiesto «la existencia de vínculos reales» entre la formación abertzale y «el entorno proetarra».

Dentro de la misma investigación, hoy están citados cuatro miembros fundadores del PCTV, imputados por un delito de colaboración con organización terrorista.

EL PAIS

Jueves, 8 de septiembre de 2005

EL JUEZ ENCARCELARÁ A TRES CARGOS DE EHAK SI NO PAGAN 300.000 EUROS ANTES DEL LUNES

José Yoldi

Batasuna: "Poniendo como ariete los aparatos del Estado es imposible un proceso de paz"

Madrid - El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska impuso ayer una fianza de 100.000 euros para eludir la prisión a cada uno de los tres responsables del equipo de comunicación del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK en sus siglas en euskera) a los que imputa ser miembros de la banda terrorista ETA. Se trata de Juan José Petrikorena, Peio Gálvez y Joseba Zinkunegi, vinculados en su momento al equipo de prensa de Batasuna y que en su comparecencia ante el magistrado aseguraron no tener nada que ver con la banda terrorista ni con las acusaciones de que son objeto.

El magistrado ha dado de plazo hasta las dos de la tarde del próximo lunes para que cada uno de los tres imputados deposite los 100.000 euros de fianza y de esa forma puedan continuar en libertad. En caso contrario, se decretaría su inmediato ingreso en prisión. Hasta esa fecha, Petrikorena, Gálvez y Zinkunegi deberán comparecer dos veces al día en la comisaría de la Ertzaintza más próxima a su domicilio. Si constituyesen la fianza, los imputados quedarían en libertad con la obligación de comparecer semanalmente ante la Ertzaintza. Además, les sería retirado el pasaporte y no podrían salir del territorio nacional sin autorización del juez.

Tras conocer la decisión de Grande-Marlaska, el portavoz de Batasuna, Pernando Barrena, afirmó: "Hay que decirle al señor [presidente José Luis] Rodríguez Zapatero, con toda claridad y toda rotundidad que es imposible poner en marcha un proceso de paz utilizando como ariete contra ese proceso de paz los aparatos del Estado como hoy ha ocurrido en esta Audiencia Nacional".

Grande-Marlaska admitió a trámite en julio pasado una querella presentada en mayo por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra los integrantes de la dirección de EHAK. La AVT entiende que los directivos de EHAK han colaborado o forman parte de ETA por "haber facilitado sus listas electorales a Batasuna en las últimas elecciones al Parlamento autonómico del País Vasco, asumiendo el programa electoral de la anterior".

El juez, en la admisión a trámite de la querella señalaba que EHAK, "con su comportamiento electoral", venía "a favorecer las pretensiones de la organización terrorista ETA, manifestadas por la misma, de instrumentalizar las instituciones democráticas en beneficio de sus fines ilícitos".

Los miembros del equipo de comunicación de EHAK Petrikorena, Gálvez y Zinkunegi comparecieron ante el juez durante casi cinco horas. Los tres negaron pertenecer a ETA, así como tener vinculación alguna con las acusaciones que pesan contra ellos.

El abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Emilio Murcia, solicitó el ingreso en prisión incondicional de los tres imputados.

El fiscal encargado del caso, Jesús Alonso, que en su momento se opuso a la admisión a trámite de la querella por entender que no apreciaba la existencia de delito, solicitó ayer sin embargo que los tres responsables de comunicación de la formación abertzale comparezcan semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio, que les sea retirado el pasaporte y que tengan que solicitar permiso al juez para salir del territorio nacional.

Alonso explicó que la fiscalía no ha cambiado de criterio y estima que, aunque no se aprecia la existencia de ningún delito tipificado, en las pruebas documentales incorporadas recientemente a la causa por el magistrado sí aparecen algunos elementos que deben ser investigados.El juez señala, en el auto dictado ayer, que "el complejo terrorista ETA se encuentra conformado principalmente por cuatro frentes: militar, político, cultural y obrero", y añade que Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna desde su constitución en 1979 hasta su ilegalización en marzo de 2003 "ha representado el frente político-institucional diseñado por ETA con el fin de dar carta de naturaleza a aquélla y hacer visible a la sociedad como la única posibilidad de excluir la violencia no era otra que obligar al Gobierno del Estado a sentarse y asumir sus pretensiones".

El juez recuerda que el entorno etarra ha articulado varios sistemas para estar presentes en diferentes procesos electorales a través de agrupaciones electorales o plataformas, presentando una lista "sucia" y otra "limpia".

La resolución recuerda que miembros destacados de Batasuna y de EHAK mantuvieron distintos contactos al objeto de que el último asumiera el papel de Batasuna. En concreto, el 30 de marzo de 2005 se reunieron en Bilbao, por parte de Batasuna Joseba Permach, el imputado Joseba Zinkunegi, perteneciente al área de comunicación de la organización ilegalizada, y un tercero, y de parte del PCTV-EHAK, su presidente Juan Carlos Ramos Sánchez.

Tras la ilegalización de la plataforma Aukera Guztiak, el 1 de abril pasado, se celebró una reunión entre representantes de Batasuna, Aralar, Aukera Guztiak y las cabezas de lista de PCTV-EHAK. "Las representantes de la última formación política, aun no constando que pertenecieran a la junta directiva o se hubiera debatido con la misma, aceptaron ceder formalmente sus listas a los postulados defendidos por Aukera Guztiak como heredera de Batasuna". Y ya, al anunciar la decisión, se señalaba que Joseba Zinkunegi, miembro de Batasuna y ex jefe de prensa de Aukera Guztiak, pasaba a ser jefe de prensa de la nueva formación. Tres días más tarde se comunicó que el nuevo jefe de prensa era Peio Gálvez, miembro del área de comunicación de Batasuna.

Para hoy está previsto que comparezcan ante el juez, imputados en un delito de colaboración con banda terrorista, los fundadores de EHAK que no son aforados, Juan Carlos y Javier Ramos Sánchez, Aritz Blázquez Díez y Juan Manuel Rodríguez Hernández.

[Por otra parte, Oskar Oviedo fue detenido en Elorrio (Vizcaya) tras no comparecer ante la Audiencia Nacional por su supuesta implicación en actos de violencia callejera].

EL PAIS

Jueves, 8 de septiembre de 2005

INDICIOS Y SOSPECHAS DE LA VINCULACIÓN CON BATASUNA

Los indicios de irregularidades de EHAK aportados por los sucesivos informes policiales a la Fiscalía General del Estado y que apuntarían a su conexión con Batasuna o con la propia ETA son los siguientes:

- Génesis. Mientras se ataban cabos para ilegalizar a Batasuna, en Euskadi alguien fraguaba un nuevo partido. Curiosamente, el 12 de agosto de 2002, el día en que la Fiscalía del Estado anunciaba la apertura de diligencias contra la formación de Otegi por enaltecer a ETA y la Abogacía del Estado concluía su informe para solicitar la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, los promotores de EHAK, solicitaban la inscripción en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior. La solicitud despierta recelos, y el departamento de Ángel Acebes informa al Gobierno de que ésta mostraba sospechosas similitudes con Batasuna. Sin embargo, en octubre la solicitud fue admitida. EAHK nunca ha condenado la violencia etarra.

- Financiación. El pasado 17 de abril, EHAK logró nueve escaños en la Cámara vasca. Según los informes policiales, la cuenta bancaria de la formación no registró movimientos durante la campaña electoral, pero sí incurrió en los gastos propios de cualquier partido. También indican que su financiación provenía de las herriko tabernas de la formación de Otegi, donde se instalaron huchas con las siglas de EHAK para recaudar fondos. Estos locales lograron burlar su cierre judicial y ya habían colaborado en la financiación de otras organizaciones que pretendía sustituir a la ilegalizada Batasuna.

- Apoyo electoral. En otro informe de los servicios de información de la policía, se indicaba que Batasuna "asumió en gran medida el peso de la campaña electoral de EHAK", en todos sus aspectos: organización, ejecución y financiación. Incluidas las apariciones públicas y en mítines de miembros de Batasuna junto a candidatos de EHAK y su petición directa del voto para la formación que concurría a las elecciones.

- Interventores. El análisis de los 4.333 apoderados o interventores de EHAK en las elecciones de abril destapó nuevas coincidencias con estructuras de la ilegalizada formación, e incluso, con la propia ETA. Según un informe de la Guardia Civil, 44 de esos representantes fueron condenados por terrorismo, 1.515 actuaron como apoderados con Euskal Herritarrok (heredera de Batasuna) en 2001, otros 189 ejercieron igual papel en otros comicios para Batasuna y 598 habían sido candidatos de la distintas submarcas de la formación abertzale ilegalizada. Dos de los imputados ahora por el juez son miembros de Batasuna: Juan José Petrikorena y Joseba Zinkunegi.

ABC

Jueves, 8 de septiembre de 2005

TRES IMPUTADOS DE EHAK TENDRÁN QUE PAGAR 300.000 EUROS PARA EVITAR LA CÁRCEL

Grande-Marlaska considera que ETA-Batasuna «utilizó» al Partido Comunista de las Tierras Vascas para «soslayar el ciclo de ilegalización»

MADRID. Los tres responsables del área de comunicación del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), imputados por un delito de integración en ETA, podrían ingresar en prisión si no hacen frente antes del martes al pago de una fianza de 300.000 euros -algo menos de 50 millones de pesetas-.

El auto, de seis páginas, dictado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska asegura que el entramado ETA-Batasuna utilizó a EHAK para «soslayar el ciclo de ilegalización». Grande-Marlaska dice además que Batasuna «instrumentalizó» a esta formación «dirigiendo y financiando, no sólo la campaña electoral, sino estableciendo directrices políticas».

En su resolución, el juez deja finalmente en libertad bajo fianza de 100.000 euros a cada uno de los tres acusados, concediéndoles un plazo de cinco días, hasta el próximo 12 de septiembre, para que puedan hacer efectivo el pago de las fianzas y evitar así la cárcel.

Los inculpados por el juez, Juan José Petrikorena (ex jefe de prensa de la ilegalizada Batasuna), Pello Gálvez y Joseba Cincuneti, negaron su vinculación con ETA en su declaración de ayer ante Grande-Marlaska -que se alargó por espacio de cuatro horas-, y no quisieron contestar a ninguna del centenar de preguntas formuladas por el abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Emilio Murcia, y el fiscal adscrito al caso, Jesús Alonso.

Como resultado, el letrado de la AVT pidió prisión incondicional para los responsables de EHAK, mientras que el fiscal, siguiendo el criterio de la Fiscalía General del Estado, que se opuso a la admisión a trámite de la querella presentada por la AVT al considerar a esta formación sucesor de Batasuna, solicitó comparecencias semanales, la retirada del pasaporte y la obligación de comunicar un domicilio al Juzgado Central de Instrucción 5.

Cambio de criterio

Fuentes próximas a la Fiscalía justificaron esta petición asegurando que en la causa todavía no existe un delito concreto, pero sí elementos que hay que investigar, por lo que el fiscal debe colaborar con las pesquisas abiertas por el juez, informa Europa Press.

Hoy continuarán las declaraciones con la comparecencia en la Audiencia Nacional de los fundadores de EHAK, Juan Carlos Ramos, Aritz Blázquez, Javier Ramos y Juan Manuel Rodríguez, a los que se les imputa con delito de colaboración con ETA.

LA RAZON

Jueves, 8 de septiembre de 2005

EL JUEZ AFIRMA QUE EL «ENTRAMADO ETA-BATASUNA» USÓ AL PCTV Y LE DICTÓ CONSIGNAS POR «SMS» EN LA CÁMARA

F. Velasco

Madrid- «El EHAK –Partido Comunista de las Tierras Vascas– ha sido utilizado por el entramado ETA-Batasuna con el fin de soslayar o poner fin al denominado “ciclo de ilegalización”, dirigiendo y financiando, no sólo la campaña electoral, sino igualmente estableciendo las directrices políticas en el desarrollo de la actividad parlamentaria materializada por el EHAK». Esta es una de las principales conclusiones del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska en la resolución en la que impone 100.000 euros de fianza a Joseba Zinkunegi, Peio Xabier Gálvez y Juan José Petrikonera, responsables de comunicación del PCTV. Cada uno de ellos deberá depositar esa fianza antes del próximo martes para evitar su ingreso en prisión.

El control político del Partido Comunista de las Tierras Vascas por parte de la legalizada Batasuna se constató de forma palmaria, según recoge el magistrado, en la actuación de sus diputados una vez constituido el nuevo Parlamento Vasco. Así, en la formación de la Mesa del Parlamento e investidura del lendakari, los discursos de sus diputados «bien fueron preparados en su integridad, bien fueron autorizados por Batasuna».

Elección del lendakari. Buena prueba de ello, añade el juez, es el contenido de «los mensajes plurales “sms” intervenidos entre Juan José Petrikorena y Peio Xabier Gálvez –jefe de prensa del PCTV y responsable de comunicación de Batasuna, respectivamente–, destacando cómo incluso se controlaban y consentían por Batasuna las comparecencias de los cargos electos del PCTV, así como sus contenidos».

Esas comunicaciones intervenidas entre Petrikorena y Xabier Gálvez han puesto de relieve, en relación con lo anterior, cómo el primero de ellos, como responsable de comunicación de Batasuna, impartía incluso «indicaciones expresas de cómo debía actuar la portavoz del EHAK en plenos tan importantes como el de constitución de la Mesa del Parlamento Vasco y el de investidura» del lendakari.

Por otro lado, el magistrado desgrana la «estrategia» de Batasuna una vez que se ilegalizó la plataforma Aukera Guztiak. Así, el pasado 30 de marzo, días antes de que el TC confirmara la ilegalización de la citada plataforma, miembros destacados de Batasuna y del PCTV mantuvieron distintos contactos para que esa última formación, si el Alto Tribunal confirmaba la decisión del Supremo –como así fue–, «asumiera el papel de Batasuna, así como las directrices diseñadas por ETA, concluyendo con el denominado “ciclo de ilegalización”».

Una vez que el TC confirmó la ilegalización de Aukera Guztiak, se produjo una reunión entre representantes de Batasuna, la citada plataforma, Aralar y las cabezas de lista del PCTV. Al finalizar ese encuentro, las dirigentes del PCTV «aceptaron ceder formalmente sus listas a los postulados defendidos por Aukera Guzkiak como heredera de Batasuna».

Por otro lado, el magistrado pone de relieve cómo el propio proceso de formación del Partido Comunista de las Tierras Vascas hacía que este partido fuera «susceptible de ser instrumentalizado» por Batasuna, sobre todo una vez que la banda terrorista ETA decidió acabar con la «tregua».

Los tres acusados, para los que el abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Emilio Murcia, pidió prisión provisional y el fiscal la adopción de determinadas medidas cautelares, se negaron a declarar ante el magistrado. Para hoy están citados cuatro de los miembros fundadores del PCTV, a los que el magistrado imputad un delito de colaboración con banda armada.

La Version Batasuna del Proceso

Por Narrador - 12 de Septiembre, 2005, 7:09, Categoría: Partido Comunista de las Tierras Vascas

Les ofrecemos la versión etarra batasuna del proceso contra el PCTV por su presunta integración en ETA. De paso les respondo a la pregunta que muchos se hacen referida a las razones por las cuales ofrecemos las versiones cercanas a al banda criminal. Aquí creemos en la libertad, no en la libertdad para cometer delito, para realizar crímenes variados. Creemos en al libertad de conocimiento, consideramos que saber que opina la otra parte ayuda a entender el problema y nos permite descubrir, con nitidez, a qué nos enfrentamos. Esconder la cabeza cual avestruz nunca es la solución. La realidad existe y cuanto más informados estemos mucho mejor. Por estas razones ofrecemos y ofreceremos las versiones de todas las partes y todas las opiniones de los temas abordados.

GARA

Jueves, 8 de septiembre de 2005

EL JUEZ RELACIONA A EHAK CON ETA E IMPONE FIANZAS A TRES IMPUTADOS

Juan Joxe Petrikorena, Joseba Zinkunegi y Peio Gálvez deberán abonar antes del lunes sendas fianzas de 100.000 euros para evitar ir a prisión, después de que el juez Fernando Grande-Marlaska les haya imputado un «delito de pertenencia a banda armada». El magistrado español asegura en su auto que EHAK ha sido «instrumentalizada» por Batasuna, y la AVT ya ha solicitado al Gobierno español su «ilegalización inmediata». Pernando Barrena advitió a Zapatero que «poner en marcha un proceso de paz es imposible si una vez tras otra se utilizan los aparatos del Estado en su contra».

MADRID - El juez instructor del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional española, Fernando Grande-Marlaska, dictó ayer orden de prisión por «un delito de integración en banda armada» contra Juan Joxe Petrikorena, Joseba Zinkunegi y Peio Gálvez, que sólo podrán evitar esta medida depositando sendas fianzas de 100.000 euros.

Además, deberán comparecer dos veces al día en las dependencias de la Ertzaintza más cercanas a su domicilio hasta que depositen esta cantidad. A partir de ese momento, tendrán que acudir semanalmente. Los tres disponen hasta el próximo lunes para hacer efectiva la fianza, que deberán depositar en metálico y sin posibilidad de presentar avales.

En su auto, el magistrado español estira la teoría de «todo es ETA» patentada por el juez Garzón y atribuye a la organización armada la creación de EHAK y de Aukera Guztiak para «garantizar su presencia en el Parlamento». De esta forma, abre la posibilidad de iniciar actuaciones judiciales contra este partido legal. Es la primera vez que un juez vincula a ETA con EHAK.

De hecho, la AVT solicitó ayer mismo al Gobierno español la puesta en marcha de «los mecanismos oportunos» para promover la «inmediata ilegalización» de EHAK. Precisamente, fue esta organización quien puso en marcha este sumario con una denuncia.

Pernando Barrena, que acudió a Madrid para acompañar a los tres militantes abertzales, denunció con dureza la decisión del juez y tildó sus medidas de «totalmente draconianas y desproporcionadas, incluso atendiendo a la naturaleza del delito que les imputa».

«La misma receta de Aznar»

Un delito que, según manifestó el mahaikide a GARA, «no es tal, sino que se trata de una persecución pura y dura de ideas políticas con el objetivo de terminar con la izquierda abertzale». Barrena destacó, asimismo, que «es evidente que el hecho de que se incida en que la fianza tenga que depositarse en metálico, y que no puedan presentarse avales, busca hacer el mayor daño posible».

El portavoz independentista insistió en que lo sucedido ayer es una muestra de la «persecución de ideas que supone la Ley de Partidos», y subrayó la «responsabilidad política que se deriva de la aplicación de esa Ley de Partidos». A su parecer, además, «la decisión es todavía más grave cuando estamos en un contexto político en el que se está hablando de un eventual proceso de paz».

Frente a ello, «estamos viendo que el Estado utiliza todos los medios a su alcance para seguir aplicando exactamente la misma receta que aplicó José María Aznar y el Gobierno del PP durante ocho años», denunció Barrena.

Ante esta situación, el dirigente abertzale lanzó un mensaje «de manera tajante» al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el sentido de que «poner en marcha un proceso de paz es un reto imposible si una vez tras otra se utilizan los aparatos del Estado como ariete en su contra».

En cualquier caso, Barrena señaló que «la izquierda abertzale hace un año decidió claramente que era momento de abordar un camino hacia la paz» y recalcó que esa decisión «tiene el debe y el haber de la izquierda abertzale y, por lo tanto, no está condicionada por decisiones, incluso de carácter represivo, que puedan adoptar terceros, ya sean el Gobierno español, el presidente Rodríguez Zapatero o los aparatos del Estado».

Contra el criterio del fiscal

Petrikorena, Zinkunegi y Gálvez entraron a las dependencias de la Audiencia Nacional a las 9.30 de la mañana, y su comparecencia ante Grande-Marlaska se prolongó por espacio de cuatro horas, a pesar de que los tres militantes abertzales se negaron a contestar a las preguntas ­cerca de un centenar­ que les formularon el abogado de la AVT y el fiscal Jesús Alonso, así como el propio magistrado.

Alonso, quien se había opuesto a la admisión de la querella presentada por la AVT, solicitó al juez comparecencias semanales de los imputados, así como la retirada del pasaporte y la obligación de comunicar un domicilio al Juzgado Central de Instrucción número 5, mientras que el representante de la AVT, Emilio Murcia, reclamó prisión incondicional para los tres.

El juez, finalmente, se acercó más a la petición de la AVT que a la del Ministerio Fiscal, ordenando prisión para los imputados. No sucedió lo mismo hace tres meses y medio, cuando tomó declaración a Arnaldo Otegi.

Entonces, el fiscal pidió prisión incondicional para el mahaikide, mientras que el representante de la AVT, entonces Pedro Cerracín, solicitó una fianza de 300.000 euros. Esta posición no debió gustar a la AVT, ya que Cerracín fue relevado apenas unas semanas después.

Petrikorena, Zinkunegi y Gálvez, responsables de comunicación de Batasuna y EHAK, abandonaron la Audiencia Nacional a última hora de la tarde. En Zumarraga, 106 vecinos realizaron una cadena humana de apoyo, sobre todo a su vecino Gálvez. Aralar se ha solidarizado también.

Hoy declaran ante el juez los otros cuatro imputados

Tras la comparecencia de Petrikorena, Zinkunegi y Gálvez, otros cuatro imputados deberán acudir hoy a la Audiencia Nacional. Se trata de Juan Carlos Ramos, Aritz Blázquez, Javier Ramos y Juan Manuel Rodríguez, a quienes Grande-Marlaska señala como «miembros fundacionales» de Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista e imputa un delito de «colaboración con banda armada» por «haber facilitado sus listas electorales a Batasuna, asumiendo su programa electoral». Estos cuatro ciudadanos vascos han sido citados a primera hora de la mañana, y al igual que ayer, se prevé que la toma de declaración se prolongue por espacio de varias horas.

GARA

Jueves, 8 de septiembre de 2005

LA POLICÍA HABRÍA ESPIADO LLAMADAS Y SMS

El auto del juez Grande-Marlaska afirma que EHAK «ha sido utilizada por el entramado ETA-Batasuna con el fin de soslayar o poner fin al ‘ciclo de ilegalización’». En su opinión, Batasuna «instrumentalizó» a EHAK «dirigiendo y financiando, no sólo la campaña electoral, sino igualmente estableciendo las directrices políticas en el desarrollo de la activi- dad parlamentaria materializada por EHAK».

El magistrado español señala, como indicio de esa supuesta «instrumentalización», el hecho de que «existieron peticiones expresas de voto» para EHAK por parte de Batasuna antes de apoyarla formalmente, «lo que indica que la estrategia estaba fijada antes del uno de abril».

Tras hacer un repaso de la doctrina impulsada desde hace años por el juez Baltasar Garzón, Grande-Marlaska deja entrever que se ha producido un amplio espionaje sobre todas las actividades de la formación que obtuvo nueve parlamentarios en Gasteiz. Menciona, de hecho, la realización de reuniones, las llamadas telefónicas entre imputados e incluso el intercambio de mensajes SMS.

GARA

Jueves, 8 de septiembre de 2005

EL PODER DE UN JUEZ DE INSTRUCCIÓN

Editorial

El sustituto de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha establecido ya la premisa de que EHAK es ETA, lo que en lo personal deriva en graves consecuencias para los tres ciudadanos que comparecieron ayer ante él y probablemente también para las cuatro que lo hagan hoy, y que en lo político siembra de negros nubarrones el horizonte. Siguiendo la fabulación histórica que su antecesor convirtió en doctrina jurídica de que el desdoblamiento de ETA en los años setenta conlleva que hoy dirige todas las distintas organizaciones que actualmente se encuadran en la izquierda abertzale, Grande Marlaska, guiado por la mano de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ha abierto el camino a la próxima adopción de medidas contra EHAK que bien pudieran derivar en su suspensión de actividades. Volveríamos a encontrarnos así con que un juez de instrucción, sin necesidad de probar todavía ninguna de sus graves acusaciones, se impondría a la voluntad popular, en este caso a las más de 150.000 personas que votaron a EHAK y a esa mayoría social que encuesta tras encuesta viene pronunciándose abiertamente en contra de medidas de este tipo contra formaciones políticas.

Es preciso, además, llamar la atención sobre el desmedido afán que el juez Grande Marlaska pone en castigar con extrema dureza a los independentistas vascos que lleva ante sí. Al margen de otras consideraciones políticas y jurídicas, resulta del todo improcedente procesar por integración en una organización armada a aquellos a quienes se les imputa dirigir el área comunicativa de EHAK e imponerles fianzas de 100.000 euros (16,6 millones de pesetas). Más aún si se tiene en cuenta que la Fiscalía había solicitado que se les retuviera el pasaporte y comparecieran semanalmente ante la Ertzaintza, lo que ya es mucho castigo por el simple hecho de defender unas ideas políticas.

Grande Marlaska parece haberse convertido en el ariete judicial de la estrategia del PP y sus tentáculos y va a poner en una difícil disyuntiva al Gobierno español, que insistía hasta la fecha en que no había motivos para ilegalizar a EHAK. En la mano de José Luis Rodríguez Zapatero está el aclarar si quien marca el rumbo en el problema de Estado más grave que tiene España es el presidente de su Ejecutivo o un juez de instrucción. O, tal vez, acabar demostrando que juez y presidente son dos caras de la misma moneda, lo que enconaría el conflicto durante décadas. Rodríguez Zapatero tiene la palabra y los hechos.

Sevilla Miente sobre el Encuentro en Moncloa

Por Sin Pancarta - 12 de Septiembre, 2005, 6:58, Categoría: General

Se ha producido el encuentro entre el ‘Presidente Accidental’ e Ibarretxe. Poco sabemos de los temas tratamos, pero si estamos en disposición de afirmar algo: Lo que nos han contado no es cierto, o al menos no lo es en su totalidad. Este gobierno debe creerse que somos imbéciles, que se nos engaña con facilidad. No es así y no creemos nada de lo que ha dicho el Ministro Sevilla. Le damos la versión resumida de la información porque no nos la creemos. Bien triste resulta que un portavoz del gobierno carezca de credibilidad.

LOS TITULARES

El Mundo: “Zapatero despeja con Ibarretxe el camino para que el PNV pueda apoyar los Presupuestos”.

El País: “Zapatero e Ibarretxe condicionan la mesa de partidos al fin de la violencia de ETA”

ABC: “Ibarretxe arranca de Zapatero el acuerdo sobre el cupo y dinero para la Ertzaintza

La Razón: “Total rechazo al cambio por Ley de las condiciones de los presos etarras” ”Zapatero e Ibarretxe abren la puerta a un acuerdo sobre el cupo”

La Vanguardia: “Zapatero e Ibarretxe aproximan posiciones sobre un proceso de paz en el País Vasco”

Expansión: "Moncloa pagará las exigencias del PNV a cambio de su apoyo a los Presupuestos"

LA INFORMACION

Según la versión del ejecutivo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo ayer un encuentro en La Moncloa por espacio de más de dos horas con el lehendakari, Juan José Ibarretxe. En la reunión se abordaron, entre otros asuntos, la normalización política del País Vasco y se ultimaron importantes acuerdos sobre el Cupo, los gastos ocasionados por la catástrofe del Prestige y la financiación de la ampliación de la Ertzaintza, además de la predisposición del PNV para apoyar los Presupuestos Generales del Estado.

Sobre la reunión el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, dijo que en los próximos días será posible cerrar un acuerdo sobre el conflicto del Cupo. Sevilla apuntó que, una vez que en la Conferencia de Presidentes del sábado se conozca el reparto para sanidad que corresponderá a las comunidades autónomas, el Ejecutivo vasco podrá deducir un parte del Cupo.

Por otro lado, Sevilla desveló que el jefe del Ejecutivo vasco había expresado a Zapatero su "predisposición" a que el PNV apoye en el Congreso y en el Senado los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, la reunión también sirvió para ultimar un acuerdo sobre el pago por las consecuencias del hundimiento del Prestige y la financiación de la ampliación de la Ertzaintza.

Por último, Sevilla manifestó la "identidad de puntos de vista" entre Zapatero e Ibarretxe sobre la necesidad del fin de la violencia como condición "inexcusable" para abrir un proceso de paz y normalización en el País Vasco. En la nota del Gobierno vasco se expresa la voluntad de iniciar un "diálogo sincero y discreto" con todos los partidos vascos para "generar las condiciones suficientes que permitan la puesta en marcha de un instrumento de diálogo que haga posible conseguir acuerdos que conduzcan a la normalización política".

Ibarretxe no compareció ante los medios de comunicación, si bien el Gobierno vasco emitió un comunicado (que le ofrecemos en su integridad) en el que asegura que el lehendakari recordó a Zapatero que "están pendientes de cumplirse los compromisos adquiridos por él en materia de Cupo, Prestige y Ertzaintza". EL CORREO insiste que mientras Zapatero da por hecho el acuerdo, Ibarrexte lo pone en cuestión.

LOS EDITORIALES

“Estado de la cuestión”, EL PAÍS. Señala que el acercamiento entre Zapatero e Ibarretxe se debe a que el presidente del Gobierno (y sobre todo Solbes) quiere ampliar sus apoyos parlamentarios para la eventualidad de una ruptura con Esquerra, de cara a los Presupuestos 2006. Pero el PNV apoyará o no los Presupuestos en función de las inversiones del Estado. Del mismo modo Ibarretxe busca el apoyo del PSOE para los presupuestos vascos. Los socialistas han mostrado una disposición favorable pero condicionada a que el tripartito renuncie a buscar a la vez el apoyo de EHAK. Para que esa perspectiva avanzase sería necesario que el lehendakari corrigiera su hoja de ruta. Que renunciase a incluir a Batasuna entre sus interlocutores mientras los de Otegi no exijan la retirada de ETA o rompan con ella. Ésa es la actitud consecuente con la resolución aprobada en el Congreso y que votó el partido de Ibarretxe.

“Zapatero cambia transferencias por votos del PNV al presupuesto”, EL MUNDO. El diario apunta que el encuentro entre Zapatero e Ibarretxe se caracterizó tanto por la inconcreción de las ofertas como por la demostración de que, o se trató de un auténtico diálogo de sordos, o alguna de las partes o dice en público lo que sugiere en privado, sobre todo por lo que se refiere a la mesa de partidos que pretende crear Ibarretxe. Además, el Gobierno a través del ministro Sevilla comunicó que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no afectará para nada a los presos etarras, del mismo modo que el Gobierno no contempla el traslado de éstos a las cárceles del País Vasco.

“Con Ibarretxe, sí”, ABC. Dice que el número de los discrepantes con la idea de la España plurinacional aumenta dentro del PSOE, porque ven en esa denominación oportunista y falaz una puesta en práctica de la desigualdad entre ciudadanos y de la insolidaridad entre regiones. No es Rajoy con quien Zapatero quiere alcanzar acuerdos sobre España y el terrorismo, sino con los nacionalistas.

“Ibarretxe en La Moncloa”, LA RAZÓN. Afirma que entre las dos opciones que se le han ofrecido a Zapatero esta semana en las entrevistas con Rajoy e Ibarretxe, el presidente ha optado por buscar las coincidencias con un lehendakari que comparte mesa con una formación ilegal, y considerada terrorista por la Unión Europea, y que define al País Vasco como una nación no subordinada a España. La falta de transparencia de los resultados del encuentro de ayer y la política casi clandestina de los contactos en el País Vasco aumentan, además, la preocupación por la actuación de un Ejecutivo débil y desorientado, que prometió transparencia y ofrece opacidad.

“Zapatero e Ibarretxe”, LA VANGUARDIA. Los acuerdos alcanzados en la reunión de ayer entre Zapatero e Ibarretxe benefician a ambos porque podrán contar con nuevos apoyos parlamentarios, algo que gobernando en minoría les permitirá un mayor margen de maniobra respecto a sus socios tradicionales. En cambio, más complejos resultan los pasos que deben darse para seguir explorando una vía que acabe con el terrorismo de ETA. Parece difícil que el PSOE acepte públicamente una ronda de entrevistas en las que participe la formación de Otegi sin que, previamente, el entorno etarra dé pasos más rotundos que confirmen su supuesta voluntad de renunciar a la violencia.

“Estéril discreción”, EL CORREO. La entrevista ofreció "un resultado confuso", hasta el punto que "las propias valoraciones sobre el desarrollo de la reunión fueron divergentes: al optimismo contenido del ministro Sevilla le sucedió el laconismo de la nota del Gobierno vasco". Por otro lado, ni el Gobierno de Zapatero ni el Ejecutivo de Ibarretxe pueden continuar escudándose en la discreción frente a mensajes como los emitidos en los últimos días por miembros de la izquierda abertzale "sin incurrir en la irresponsabilidad de abandonar a la opinión pública en el laberíntico enredo que procuran los mensajes del terrorismo y el eco que estos logran en amplios sectores del nacionalismo vasco".

Version Oficial del Gobierno Vasco

Por El Observador - 12 de Septiembre, 2005, 6:50, Categoría: General

Como se ha apuntado el Gobierno Vasco se limitó a emitir un Comunicado de Prensa mientras el Presidente Vasco prefería no hacer declaraciones en aras de su autosolicitada ‘discreción’. Otro lo definimos como engaño y opacidad. No les ofrecemos la versión del gobierno porque no existe. Hay declaraciones referidas de Sevilla pero nada oficial, nada por escrito. Hasta este punto hemos llegado.

Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 7 de setiembre del 2005

EL LEHENDAKARI OFRECE A ZAPATERO DIÁLOGO SINCERO Y DISCRETO PARA BUSCAR SOLUCIONES 

Nota de Prensa

El Lehendakari Juan José Ibarretxe y el Presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se han reunido esta tarde en La Moncloa en un clima de normalidad en las relaciones políticas e institucionales.

Ibarretxe ha expuesto al Presidente Zapatero que no hay recetas mágicas para la consecución de la paz y la búsqueda de acuerdos en materia de normalización política. La búsqueda de soluciones pasa por abrir un proceso de diálogo sincero entre todos los agentes políticos e institucionales.

En este sentido el Lehendakari ha ofrecido al Presidente Zapatero diálogo sincero y discreto para buscar soluciones a los problemas políticos que tenemos planteados.

Y también le ha transmitido su voluntad de iniciar un proceso de diálogo, igualmente sincero y discreto, con todos los partidos políticos vascos, con el fin de generar las condiciones suficientes que permitan la puesta en marcha de un instrumento de diálogo que haga posible conseguir acuerdos que nos conduzcan a la normalización política y poder abrir, por tanto, una fase de diálogo resolutivo en el que - en ausencia de violencia y sin exclusiones - todos los proyectos políticos puedan ser presentados y, en su caso, materializados, siempre desde el respeto a la voluntad de los ciudadanos vascos expresada libre y democráticamente.

El Lehendakari no es partidario de realizar conclusiones precipitadas sobre una reunión que, tal y como se manifestó en mayo pasado, forma parte de otras muchas más que, tanto de forma pública como privada, deberán producirse en el futuro.

Un primer paso al que deberán seguir otros muchos.

Además, el Lehendakari ha recordado al Presidente Zapatero que están pendientes de cumplirse los compromisos por él adquiridos en materia de Cupo, Prestige y Ertzaintza.

Desde el País Vasco la Reunión se Cuenta en forma Diferente

Por Narrador - 12 de Septiembre, 2005, 6:45, Categoría: General

En el País Vasco las versiones sobre la reunión mantenida en Moncloa es un tanto diferente a la que nos ha contado el Gobierno, concretamente Jordi Sevilla que fue el encargado de dar la versión (increíble por cierto) del ejecutivo. Les ofrecemos las tres versiones vascas.

EL CORREO

Jueves, 8 de septiembre de 2005

ZAPATERO DA POR HECHO UN ACUERDO SOBRE EL CUPO QUE IBARRETXE PONE EN CUESTIÓN

Lourdes Pérez

El lehendakari reitera su apuesta por el diálogo con todos los partidos, incluida Batasuna, y Sevilla ciñe la normalización al final de ETA

MADRID - La cuarta reunión celebrada en poco más de un año en el palacio de La Moncloa por el presidente del Gobierno y el lehendakari acabó con una impresión común de que la cita ha servido para avanzar en el diálogo institucional, pero con dos versiones públicas de contenido y tono divergentes, sobre todo en lo que se refiere a los tres puntos de fricción pendientes de resolver: el conflicto del Cupo, el pago de las facturas por los gastos ocasionados por la catástrofe del 'Prestige' y la financiación de la ampliación de la Ertzaintza. Al término de las dos horas de entrevista, el Ejecutivo socialista dio por zanjados los dos últimos contenciosos y anunció un desenlace inminente -«en los próximos días»- a la discrepancia sobre el Cupo. Una interpretación optimista que su interlocutor puso en cuestión, a la espera de las explicaciones que ofrezca hoy a mediodía en un acto oficial en San Sebastián la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia.

El resultado del encuentro tuvo una escenificación particular: Zapatero delegó esa tarea en el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que hizo un hueco en el Consejo de Política Fiscal para comparecer en el complejo presidencial antes de regresar a su reunión casi a la carrera; mientras, el lehendakari optó por difundir un comunicado de un folio de extensión, centrado casi en exclusiva en la paz y la normalización, y cuyo último párrafo enfría las expectativas de acuerdo que había alentado minutos antes Sevilla. En él, Ibarretxe se reafirma en su posición previa y le recuerda a su anfitrión que «están pendientes de cumplirse los compromisos por él adquiridos en materia de Cupo, 'Prestige' y Ertzaintza».

El entorno del presidente vasco se ciñó al contenido de la nota, aunque sí reconoció que no dará por bueno un pacto hasta que no se ejecute y comparó la situación, gráficamente, con lo que sucede cuando a alguien le «dicen constantemente 'te quiero', pero nunca llegan a pedirle en matrimonio». A lo largo de la conversación, Ibarretxe escuchó de labios de Zapatero su voluntad de terminar de resolver los contenciosos heredados del anterior Gobierno del PP y que han ido enquistándose a pesar del principio de solución que alcanzaron ambos mandatarios hace un año en una charla telefónica. De cerrarse, éste supondría su primer acuerdo de calado, más allá del restablecimiento de las relaciones institucionales. El Ejecutivo vasco cifra en unos 50 millones de euros el conflicto del Cupo, en alrededor de 60 la deuda por el 'Prestige' y en otros 27 la financiación de la Policía autónoma.

Distinta versión

La versión de Ibarretxe se alejó de la ofrecida por Jordi Sevilla. El ministro arrancó repasando los asuntos que habían estado encima de la mesa y anunció el «desbloqueo» en las tres discrepancias; es más, dio por cerrado el acuerdo sobre el 'Prestige' y la Ertzaintza y adelantó una «solución» en «los próximos días» sobre el Cupo, que vinculó al debate sobre la financiación sanitaria que abordarán todos los presidentes autonómicos, incluido el lehendakari, este sábado en el Senado. Aunque Euskadi disfruta de un régimen específico, de negociación bilateral, el Ejecutivo de Vitoria ya ha advertido de que pedirá el porcentaje que cree que le corresponde -el 6,24%- si el Gobierno socialista habilita una partida extraordinaria para financiar el déficit de la Sanidad.

La interpretación sobre si el País Vasco tiene derecho o no a ser compensado en el supuesto de que se modifique el modelo de financiación constituye, precisamente, el meollo de la discrepancia que separa a ambas administraciones en el conflicto del Cupo. Así lo constató Sevilla, quien señaló a este periódico que el Gobierno está buscando una salida que no implique tener que declarar «lesiva» la decisión administrativa adoptada en su día por el Ejecutivo del PP, de la que arranca el contencioso. No concretó qué fórmula se daría al acuerdo, que se escenificaría, dijo, en la Comisión Mixta de Concierto.

El ministro también anunció una próxima reunión con la vicelehendakari para abordar las competencias pendientes, aunque ya avisó de que mientras en algunos casos será «fácil» transferirlas, en otros no habrá entendimiento posible; este último es el caso de Prisiones, exigencia recurrente del Ejecutivo vasco. Junto a ello, dejó claro que el Gobierno de Zapatero atisba una posibilidad de que el PNV acabe avalando los Presupuestos Generales del Estado. Sevilla valoró «la predisposición bastante clara» de los jeltzales de explorar un acuerdo y, aunque remarcó que son «cosa aparte», sí dijo ver una disposición en paralelo del PSE a propiciar un entendimiento sobre las Cuentas de Euskadi. Zapatero e Ibarretxe hablaron del aumento en la dotación para infraestructuras en Euskadi, uno de los puntales de la negociación para el PNV. Sevilla no especificó en qué podría traducirse esa exigencia, pero sí confió en que el proyecto del Gobierno central «dará respuesta a las necesidades más perentorias del País Vasco».

Conclusiones precipitadas

Todas estas cuestiones no encontraron espacio en el comunicado de Ibarretxe, que recomendó no efectuar «conclusiones precipitadas» de la reunión. El lehendakari volvió a ofrecer a su interlocutor «diálogo sincero y discreto» en favor de la paz y la normalización, aunque con la advertencia de que no existen «recetas mágicas» para conseguir ambos objetivos. Sólo cabe, insistió, promover el diálogo con todos los partidos, al tiempo que confirmó a Zapatero su intención de celebrar su anunciada ronda para intentar constituir una mesa de resolución, previa «ausencia de violencia y sin exclusiones.

Aunque el PSE atenderá la llamada del lehendakari, descartan a Batasuna como interlocutor al estar ilegalizada y siguen considerando «condición inexcusable» que ETA deje las armas. Así lo sentenció Sevilla, que acotó la normalización a que la violencia acabe y se dijo convencido de que lo entienden también de esa forma «el lehendakari, el presidente y todos los vascos».

DEIA

Jueves, 8 de septiembre de 2005

ZAPATERO VUELVE A PROMETER ACUERDOS SOBRE CUPO, ERTZAINTZA Y "PRESTIGE"

Joseba Arruti

El encuentro que mantuvieron durante la tarde de ayer en el palacio de La Moncloa el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el lehendakari, Juan José Ibarretxe, se saldó con un nuevo compromiso por parte del primero para desbloquear de manera inmediata la financiación para la ampliación de la Ertzaintza y el pago de los gastos derivados del hundimiento del "Prestige". Se trata del pago de los gastos por la limpieza del fuel del buque hundido en aguas gallegas y de la ampliación de la Policía vasca en 500 agentes, que está acordada entre los responsables de Interior pero que adolece de un pacto sobre su financiación que depende de las respectivas Haciendas.

Además, se anunció que en los próximos días se solventará la polémica del Cupo, «heredada» del PP, ya que, en palabras del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, tiene que ver con la resolución del problema de financiación de la Sanidad que se abordará en la Conferencia de Presidentes Autonómicos del sábado. El conflicto generado entre los Ejecutivos central y vasco por 52 millones de euros ha durado más de dos años. Fue en mayo de 2003 cuando se iniciaron los descuentos y los 32 millones de euros que estaban en discusión aumentaron con el tiempo, hasta llegar a los 52,9 millones en disputa.

Rodríguez Zapatero ya se comprometió el año pasado a resolver todos estos asuntos a cambio de un apoyo del PNV que resultaba imprescindible en el Senado para aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria. El presidente del Gobierno conversó telefónicamente con el lehendakari Ibarretxe minutos antes de producirse la votación en la Cámara Alta y le aseguró que las tres cuestiones objeto de discusión se resolverían en base a los criterios de la parte vasca. El incumplimiento posterior había llevado al PNV a comunicar a los socialistas que la resolución satisfactoria de estos problemas era una condición indispensable para poder negociar los Presupuestos del Estado del año que viene. El propio lehendakari recordó durante la reunión a Zapatero que no se había llevado a cabo lo acordado por ambos un año antes.

«Diálogo sincero y discreto»

A lo largo de su encuentro, ambos mandatarios hablaron también sobre el proceso de normalización política y pacificación en Euskadi y, en este sentido, Juan José Ibarretxe transmitió a su interlocutor que la búsqueda de soluciones pasa por abrir un proceso de «diálogo sincero» entre todos los agentes políticos e institucionales. Así, le ofreció un «diálogo sincero y discreto» para buscar avances hacia la definitiva resolución del conflicto existente en Euskadi.

En concreto, Ibarretxe expuso al presidente que «no hay recetas mágicas para la consecución de la paz y la búsqueda de acuerdos en materia de normalización política». Por eso, le dio cuenta de su voluntad para iniciar un proceso de diálogo con todos los partidos vascos, con el fin de generar las condiciones que permitan poner en marcha un instrumento de diálogo que haga posible conseguir acuerdos «que nos conduzcan a la normalización política» y permitan abrir, por tanto, «una fase de diálogo resolutivo en el que -en ausencia de violencia y sin exclusiones- todos los proyectos políticos puedan ser presentados y, en su caso, materializados, siempre desde el respeto a la voluntad de los ciudadanos vascos expresada libre y democráticamente».

En un comunicado hecho público por Lehendakaritza, se hizo referencia a que Ibarretxe no es partidario de sacar «conclusiones precipitadas sobre una reunión que, tal y como se manifestó en mayo pasado, -en el anterior encuentro ente ambos-, forma parte de otras muchas más, que, tanto de forma pública como privada, deberán producirse en el futuro. Un primer paso al que deberán seguir otros», concluyó el texto.

Ibarretxe también realizó una petición formal para lograr distintas transferencias a la Comunidad Autónoma Vasca, entre las que se incluye la de Prisiones, aunque en la posterior rueda de prensa del ministro de Administraciones Públicas para dar cuenta de lo tratado en la entrevista, Jordi Sevilla ya aseguró que el traspaso de dicha competencia es de las «muy complicadas» de realizar, por las mismas razones que no se ha podido efectuar en los últimos 20 años con distintos Gobiernos.

Sevilla afirmó que Ibarretxe y Zapatero no habían abordado en su encuentro el asunto de la política penitenciaria del Ejecutivo socialista y, por tanto, no se trató la reclamación del Gobierno vasco del acercamiento de presos de ETA. En cuanto a las transferencias pendientes, Sevilla indicó que tiene previsto reunirse próximamente con la vicelehendakari Idoia Zenarrutzabeitia para ver cómo se pone en marcha el proceso de análisis conjunto, avanzando que de las pedidas hay un grupo que resultará relativamente fácil de traspasar, otro de peticiones muy complicadas y otras sobre las que seguramente no habrá posibilidad de acuerdo «como no ha podido ser en los últimos 20 años».

Interrogado sobre si se iba a trasladar el contenido de la reunión de ayer a Mariano Rajoy, el ministro dijo que lo desconocía pero que lo sabría «en las próximas horas». Precisamente, el PP exigió a ambos dirigentes que «los temas de que hablen y los acuerdos a los que lleguen» avancen «en el cumplimiento de la ley» y no «en la invención de caminos».

DEIA

Jueves, 8 de septiembre de 2005

EL GOBIERNO ESPAÑOL CREE QUE «LO ÚNICO ANORMAL» EN EUSKADI ES LA VIOLENCIA

José Luis B. Benayas

Sevilla aseguró que en la reunión no se trató la puesta en marcha de la mesa de partidos 

Madrid - Ibarretxe y Zapatero hablaron en su reunión sobre el nuevo marco jurídico-político en Euskadi y las posibilidades de pacificación y, a este respecto, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, quiso ser muy precavido pero afirmó que ambos mandatarios «comparten la necesidad de que desaparezcan el terrorismo y la violencia para el proceso de normalización». De hecho, «lo único anormal es la violencia», apuntó.

Sevilla aseguró que ni el lehendakari ni el presidente español abordaron la posibilidad de una mesa de diálogo entre todas las formaciones políticas de Euskadi. Preguntado por las últimas declaraciones de dirigentes de Batasuna, haciendo referencia a la «caducidad» del proceso de paz, el ministro manifestó que «el Gobierno no está condicionado por lo que dice un dirigente de una formación ilegal».

En palabras de Sevilla, la reunión fue «cordial» y, en su cuarto encuentro a lo largo de la legislatura, ambos líderes hablaron sobre financiación sanitaria, pacificación en Euskadi, y sobre algunos de los conflictos que mantienen administración central y vasca. Además, el Gobierno pretende, por medio de contactos como el de ayer, aumentar su posición de mayoría de cara a los Presupuestos Generales del Estado. A este respecto, el ministro Sevilla afirmó que, «al menos, no tenemos un no a priori», admitiendo así que existe «una predisposición por parte del Grupo Vasco de llegar a un acuerdo». Aún así, el titular de Administraciones Públicas aceptó que las cosas «no están hechas» todavía, y que todo dependerá de lo que finalmente figure en los Presupuestos.

GARA

Jueves, 8 de septiembre de 2005

MONCLOA Y LEHENDAKARITZA OFRECEN DOS VISIONES DISTINTAS DEL MISMO ENCUENTRO

Después de dos horas y cuarto de reunión en La Moncloa entre el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el lehendakari Juan José Ibarretxe, ambos ejecutivos emitieron dos visiones distintas de lo hablado. Madrid ofreció la imagen de un encuentro técnico centrado en la resolución de asuntos pendientes entre ambas administraciones, mientras que la nota de Lehendakaritza destaca cuestiones referidas a paz y normalización.

Madrid y Lakua dieron pocas explicaciones sobre lo tratado por José Luis Rodríguez Zapatero y Juan José Ibarretxe en su reunión de ayer, y las pocas que dieron resultan divergentes. Al término del encuentro, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, compareció en La Moncloa ante los periodistas para tratar de fijar como titular de la cita una próxima resolución de los conflictos sobre el Cupo, el pago de los gastos originados por el hundimiento del Prestige y la financiación del incremento de la plantilla de la Ertzaintza. Minutos después, Lehendakaritza hacía pública una nota en la que dedicaba veintiún líneas a hablar de cuestiones relacionadas con la paz y la normalización, y las dos últimas a asegurar que el lehendakari recordó al presidente español que «están pendientes de cumplirse los compromisos por él adquiridos en materia de Cupo, Prestige y Ertzaintza».

Juan José Ibarretxe llegó a La Moncloa a la hora prevista, las 16.30. Y tras los saludos y fotos de rigor se encerró con José Luis Rodríguez Zapatero hasta las 18.45. De lo hablado realmente entre ellos poco se sabe. Lo que sí quedó patente es que ambos gobiernos quisieron ofrecer una imagen muy distinta de la reunión, de sus motivaciones y de sus consecuencias.

En sintonía con lo que ya había venido filtrándose desde el Ejecutivo español y de lo que él mismo había declarado por la mañana en una emisora de radio, el ministro Jordi Sevilla centró el encuentro en asegurar que en los próximos días podrá anunciarse un acuerdo con Lakua en torno a los 52 millones de euros en disputa en el Cupo y otros sobre los gastos del Prestige y la Ertzaintza.

Ni presos, ni mesa

Después de esto derivó hacia el hecho de que el PNV no rechazara a priori los Presupuestos Generales del Estado, lo que deja campo abierto a la negociación, y también comentó que se había abordado la cuestión de las transferencias pendientes, sobre lo que próximamente se reunirá con la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia.

En torno al proceso de paz y de normalización política, Jordi Sevilla destacó que entre Zapatero e Ibarretxe «hay una identidad de puntos de vista sobre la necesidad del fin de la violencia de ETA», a lo que añadió que «la normalización exige el final de ETA porque lo único anormal que hay en el País Vasco es su violencia». A preguntas de los periodistas respondió que «no se ha tratado nada relacionado con la política penitenciaria», ni se habló de mesas de partidos. También se quitó de encima un pregunta sobre palabras del dirigente de Batasuna Pernando Barrena asegurando que el Gobierno no responde a partidos ilegalizados.

La versión del encuentro que ofreció Lehendakaritza a través de una nota después de oídas las explicaciones de Jordi Sevilla resulta bien distinta. Su titular destaca que «el lehendakari ofrece a Zapatero diálogo sincero y discreto para buscar soluciones», y el texto se centra en esta materia. Sobre los supuestos acuerdos alcanzados, lo único que señala es que Ibarretxe le recordó a Zapatero que están por cumplir los compromisos que éste adquirió hace ya un año en una conversación telefónica.

En cuanto a la búsqueda de la paz, el comunicado señala que el lehendakari expuso al presidente que «no hay recetas mágicas» para su consecución y que «la búsqueda de soluciones pasa por abrir un proceso de diálogo sincero entre todos los agentes políticos e institucionales», que es lo que Ibarretxe ofreció a Zapatero.

«El lehendakari ­señala textualmente la nota­ no es partidario de realizar conclusiones precipitadas sobre una reunión que, tal y como se manifestó en mayo pasado, forma parte de otras muchas que, tanto de forma pública como privada, deberán producirse en el futuro. Un primer paso al que deberán seguir otros muchos».

Contradicción flagrante sobre la mesa de partidos

En lo que existe una contradicción abierta entre lo dicho por Jordi Sevilla y Lehendakaritza es en lo relativo a si se habló o no de la mesa de partidos. El ministro dijo textualmente que «no se ha hablado de una mesa de partidos». La nota de Lakua afirma que el lehendakari transmitió a Zapatero «su voluntad de iniciar un proceso de diálogo con todos los partidos políticos vascos» que pueda dar lugar a «un instrumento de diálogo que haga posible conseguir acuerdos que nos conduzcan a la normalización política» y a una fase de diálogo resolutivo en el que todos los proyectos puedan ser presentados y materializados.

Visiones Vascas del Encuentro de ZP con Ibarretxe

Por Narrador - 12 de Septiembre, 2005, 6:39, Categoría: General

La prensa vasca, más de partido que en ningún lugar de España, señala la diferencia de versiones entre las partes que se han entrevistado. Así mismo EL CORREO cuestiona la opacidad que reina en este encuentro.

EL CORREO

Jueves, 8 de septiembre de 2005

ESTÉRIL DISCRECIÓN

Editorial

La entrevista que ayer mantuvieron el presidente Rodríguez Zapatero y el lehendakari Ibarretxe ofreció un resultado confuso. Hasta el punto de que las propias valoraciones sobre el desarrollo de la reunión fueron divergentes: al optimismo contenido del ministro Sevilla le sucedió el laconismo de la nota del Gobierno vasco. La inexplicable incomparencia pública del lehendakari en La Moncloa -atendiendo a una especie de íntimo juramento de discreción- contribuyó sin duda a lo que es probable que frustrara las intenciones del propio Ibarretxe.

El lehendakari había situado su cita con el presidente de Gobierno en el frontispicio de la ronda de conversaciones que hoy mismo le reunirá con Patxi López. Una forma de legitimar institucionalmente y al más alto nivel la iniciativa de procurar una mesa de partidos que incluya a Batasuna en la exploración preliminar. Pero también un modo de recuperar protagonismo político a un nivel análogo al de Rodríguez Zapatero ante el eventual inicio de un 'proceso de paz'. Es precisamente ahí donde reside el problema. La comunicación y el entendimiento entre el Ejecutivo de Vitoria y el de Madrid en materia de pacificación resultan imprescindibles para que se alcance cuanto antes y para siempre el final del terrorismo. Pero ello depende de la orientación que adopte esa sintonía y de que tal coincidencia no mantenga reservas que desaten futuras divergencias y mucho menos que favorezcan la exoneración de los propios terroristas.

Las palabras de Pernando Barrena, emplazando a Rodríguez Zapatero a emprender el camino de la paz con la advertencia de que su oferta tiene fecha de caducidad, refleja hasta qué punto la izquierda abertzale -y detrás de ella ETA- se halla en las antípodas de los postulados democráticos. La paz que evite pudorosamente la derrota política y operativa de ETA se convertirá, indefectiblemente, en una victoria de la banda terrorista, aunque sea parcial. La prolongada ausencia de atentados mortales ha llevado a la izquierda abertzale a la falaz pretensión de erigirse en promotora de la paz emplazando a las fuerzas democráticas y a las instituciones a que demuestren «con hechos» su compromiso con tal fin. Se trata, una vez más, de devolver a la sociedad el emplazamiento que ésta viene reiterando para que ETA abandone el terrorismo y desaparezca. Y se trata de una cruel burla del matonismo etarra que, así, llega a la desfachatez de perpetuar la coacción terrorista en nombre de la paz.

Ni el Gobierno de Rodríguez Zapatero ni el Ejecutivo presidido por Ibarretxe pueden continuar escudándose en la discreción frente a mensajes como los que distintos portavoces de la izquierda abertzale han emitido estos días sin incurrir en la irresponsabilidad de abandonar a la opinión pública en el laberíntico enredo que procuran los mensajes del terrorismo y el eco que estos logran en amplios sectores del nacionalismo vasco. Pero lo que el extraño resultado de la reunión de ayer evidenció es que no tienen credibilidad para hablar de normalización con mayúsculas quienes se muestran incapaces de superar desavenencias que -como la del Cupo- deberían haberse superado hace tiempo.

DEIA

Jueves, 8 de septiembre de 2005

DESEANDO QUE HAYA MÁS 

Editorial

De la esperada reunión en Moncloa entre el lehendakari Ibarretxe y el presidente Rodríguez Zapatero salieron ayer dos interpretaciones diferentes pero no necesariamente contradictorias, aunque lo suficientemente asépticas en materia de pacificación como para albergar la esperanza de que el contenido de la misma haya dado de sí más de lo escenificado. En boca del ministro Jordi Sevilla, lo significativo del encuentro fueron los acuerdos sobre la financiación de la ampliación de la Ertzaintza y el pago del impacto medioambiental del "Prestige" en las costas vascas, así como un inminente cierre de la crisis sobre el Cupo. Elementos todos ellos que constituirían un ejercicio de normalidad institucional y motivo de satisfacción. Si no fuera porque son compromisos arrastrados de un año atrás, cuando el presidente español los asumió cuando precisaba del respaldo abertzale en el Senado para no cosechar una derrota presupuestaria. El hecho de que el contenido de la declaración del ministro fuera anticipado en la mañana de ayer a través de una emisora de radio tampoco aporta la seriedad precisa de la que cabría dotarle. En el fondo del mensaje subyace la conciencia del Ejecutivo español de que debe cerrar esos contenciosos como paso previo para comenzar a negociar sus próximos presupuestos, que precisan del apoyo del PNV en la misma medida.

En materia de pacificación, la discreción exhibida por ambas partes constituye un elemento generador de expectativas, aunque según se deduce de la valoración oficial de Lehendakaritza, era éste el elemento fundamental del encuentro para Ibarretxe. El de la conveniencia de un diálogo sin exclusiones, respetuoso y de mano tendida tanto a la totalidad de las fuerzas políticas como al propio Zapatero en las iniciativas que deba adoptar en favor de la paz. En correspondencia, más allá de un cierto distanciamiento y generalidades, la valoración de La Moncloa parece confirmar que ha empezado el tiempo de la discreción. Es preciso que también sea el de las iniciativas.

GARA

Jueves, 8 de septiembre de 2005

CORTINA DE HUMO SOBRE LO HABLADO EN LA MONCLOA

Opinión

O las idas y venidas del ministro Jordi Sevilla entre la Moncloa, donde se reunían Zapatero e Ibarretxe, y el Ministerio de Economía, donde se daba cita a la misma hora el Consejo de Política Fiscal y Financiera, le llevaron a mezclar encuentros, o por parte del Gobierno español existía un interés expreso de desviar la atención sobre lo tratado entre el presidente y el lehendakari. Las discrepancias sobre el Cupo, el pago de las consecuencias de la tragedia del Prestige o la financiación de la ampliación de la Ertzaintza son cuestiones técnicas, largamente discutidas en los foros pertinentes, que no deben ocupar más que un par de minutos en una reunión de estas características. Por otra parte, el lehendakari ha dicho a todo aquel que ha querido escucharle que su obsesión en esta legislatura es la consecución de la paz y de la normalización política, y que cuestiones como las referidas quedan en manos de Idoia Zenarrutzabeitia. Lo complejo, por lo tanto, es adivinar por qué el Gobierno español no quería que estas cuestiones aparecieran como el eje central del encuentro. Si lo hace por tratar de restar protagonismo al lehendakari en esta materia o porque prefiere que la situación de fondo de Euskal Herria no se sitúe en estos momentos en el centro del escenario político. En todo caso, si lo que ambos presidentes pretendían era trasladar seriedad, no lo consiguieron.

EL CORREO

Jueves, 8 de septiembre de 2005

LA GRAN COARTADA

Kepa Aulesti

El anunciado silencio con el que el lehendakari Ibarretxe se despidió ayer de La Moncloa representa -como tantas otras menciones a la discreción como supuesta virtud suprema de un verdadero proceso de paz- una táctica para alimentar el enigma. Hasta la nada se vuelve algo gracias al enigma. Y el silencio un clamor de voces aseverando que esto marcha y que tiene que marchar en silencio. Pero en realidad son los propios apologetas de la discreción los que se muestran más indiscretos. Cuando alimentan el enigma, porque no hay nada más estruendoso, más propicio a las falsas expectativas, que hacerse el enigmático. O cuando definen, discretamente, las discretas claves del proceso, porque son éstas las que jalonan el camino de la discordia.

Hace unos días Arnaldo Otegi advertía de que el proceso de resolución se haría imposible «si sólo una parte actúa con responsabilidad». Que la izquierda abertzale se atribuya tan honrosa disposición es una colosal demostración de cinismo. A estas alturas bastaría con que no hiciesen nada, nada de nada, para que la inmensa mayoría de la sociedad se diera por satisfecha. Pero lo que los adalides de la discreción tratan de sugerir mediante el enigma es que están haciendo de todo; y que si no hacen más es porque no gozan de un clima de suficiente discreción. Así es como la discreción se convierte en la gran coartada para evitar enfrentarse a preguntas sencillas pero incómodas: qué, cuándo, con quién y cómo.

Los reunidos ayer comparten una de las formas más indiscretas que puede concebirse en la función pública: la identificación del ejercicio de la responsabilidad institucional con las peculiaridades personales de quien la ostenta. Si añadimos la discreción al talante dialogante puede llegar un día en el que nadie se entere de nada de lo que pasa. Incluso puede acabar pasando que no pase nada. Sería la paradoja de aquellos que tanto se empeñan en mostrar su ferviente deseo de que ocurran cosas, una tras otra y sin parar. Sin embargo, puede que también ésta sea una actitud fingida. Puede que en estos momentos hasta los reunidos ayer prefieran soportar un período de calma razonablemente prolongado, para que los cambios vengan dados sin empeñarse en ellos. Al fin y al cabo la discreción es también una buena coartada para esperar que sea el otro -los otros- quien se mueva.

Caja Madrid, Máximo Accionista de ENDESA, Se Opone a la OPA de Gas Natural

Por Narrador - 12 de Septiembre, 2005, 6:32, Categoría: OPA Sobre ENDESA

Caja Madrid, máximo accionista de ENDESA con casi un 10% de la eléctrica, ha entrado en la OPA con una oposición frontal a la OPA Hostil del Gas Natural. ENDESA también empieza a mover sus peones en esta historia. La cuestión como les indicamos va para largo.

LOS TITULARES

El Mundo: “Caja Madrid pilotará una contraofensiva para frenar la oferta de compra de Gas Natural sobre Endesa”.

El País: “Endesa pide que sea Bruselas la que decida sobre la OPA de Gas Natural” “Gas Natural busca el respaldo de los fondos, que controlan el 65% de la eléctrica”

ABC: La Caixa eleva su oferta a Caja Madrid para que colabore en la OPA sobre Endesa”.

La Razón: “Caja Madrid apoya a Endesa y anuncia que no negociará con la Caixa

La Vanguardia:La OPA de Gas Natural sobre Endesa desata la guerra entre las eléctricas”.

LA INFORMACION

Caja Madrid expresó en un comunicado ayer su respaldo "total" a la postura de Endesa en su rechazo a la OPA lanzada por Gas Natural. Además, Caja Madrid niega que haya mantenido contactos bilaterales con La Caixa sobre este asunto, ni que tenga previsto hacerlo en el futuro, según refleja LA RAZON. Al respecto, EXPANSIÓN dice que "no hay negociación posible" y que la entidad madrileña "no quiere escuchar los cantos de sirena de La Caixa". Precisamente, ABC destaca que La Caixa mantiene abiertas todas las puertas para empezar una negociación con Caja Madrid, e intentar llegar a un acuerdo con la entidad madrileña, propietaria del 9% de Endesa, para que se incorpore de alguna forma a la operación planteada por Gas Natural. Según este diario, La Caixa aceptaría incluso que Caja Madrid entrara en otra compañía de su grupo industrial. No obstante, ABC apunta que la entidad catalana "no tiene prisa y cuenta con aliados como el Gobierno, a través del titular de Industria, José Montilla. EL MUNDO apunta que La Caixa habría ofrecido a Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, ser vicepresidente del gigante resultante de la unión entre la empresa gasista y la eléctrica. Sin embargo, este diario señala que Caja Madrid ha optado por liderar "la resistencia de Endesa contra la OPA hostil" de Gas Natural. Fuentes de la entidad madrileña, citadas por EL MUNDO, habrían indicado que tienen previsto "pilotar una contra ofensiva" para que la firma energética no acabe en manos de la caja catalana. Al respecto, la institución que preside Miguel Blesa habría recibido ofertas de bancos extranjeros para asesorarla en una posible contraopa. Miguel Blesa tuvo ocasión ayer de encontrarse con el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, en un almuerzo organizado por la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), que se celebró en la sede de la entidad madrileña en las Torres Kio. Fuentes de la entidad catalana, citadas por LA GACETA desvincularon el contacto con las informaciones publicadas sobre un posible ofrecimiento a Caja Madrid sobre la operación en curso.

Entretanto, Endesa iniciará mañana en Londres, según informa CINCO DIAS, una ronda de negociaciones para intentar recabar el apoyo de los fondos de inversión propietarios de más de un 50% de su capital y evitar que Gas Natural alcance su objetivo de hacerse con el 75% del capital a través de la OPA hostil lanzada el lunes. El grupo gasista hará lo propio a través de contactos con inversores institucionales en las principales plazas financieras del mundo. Simultáneamente, Endesa ha contratado los servicios de cuatro bancos de inversión para defenderse, informa ABC. Se trata de JP Morgan, Deutsche Bank, Citigroup y Lehman Brothers. La posición de dominio que tomaría Gas Natural es la principal baza argumental de la defensa.

Por su parte, Gas Natural ha comenzado a remitir cartas a las asociaciones de consumidores, así como a las instituciones de consumo de todas las autonomías para explicarles las bondades de la operación. Asimismo, Gas Natural ha mantenido contactos con los dirigentes sindicales para explicarles que la oferta no afectará al empleo. En este sentido, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, reconoció ayer que la empresa energética le había asegurado que "no habrá despidos de trabajadores". Méndez consideró que la operación de Gas Natural "abre expectativas interesantes" para el sector.

Entretanto, Endesa pretende que sea Bruselas la que decida sobre la OPA de Gas Natural, destaca EL PAIS. La Comisión Europea tendría que analizar la oferta pública de adquisición dependiendo de la cifra de negocio de ambas empresas y de dónde se efectúan las dos terceras partes de ésta, explicaron a EFE fuentes comunitarias. El Ejecutivo comunitario tiene que analizar las operaciones entre empresas cuyo volumen de negocio total mundial ascienda a más de 5.000 millones de euros y si dicha cifra, para cada una de ellas, en el Espacio Económico Europeo es superior a 250 millones de euros.

Por otro lado, la empresa que dirige Manuel Pizarro decidió ayer romper relaciones con la patronal Unesa por la participación de su principal competidor, Iberdrola, en la operación. El resto de las eléctricas, Fenosa, Cantábrico y Viesgo, mostraron su preocupación por el efecto de la OPA. Fenosa expresó ayer su confianza en que el Tribunal de la Competencia evite "posiciones de poder de mercado" en el gas y la electricidad.

El Gobierno no se opondrá a la OPA de Gas Natural sobre Endesa si se garantiza la competencia en el sector energético. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, manifestó ayer que el Ejecutivo podría "estar a favor" de la OPA de Gas Natural siempre que el sistema resultante de la operación sea "más eficiente y respete la competencia" en el sector y añadió que "sino es así, no lo estará". Solbes afirmó que se trata de una operación puramente económica, que será analizada por el Gobierno con criterios económicos y en términos de eficiencia de mercado y competencia. Asimismo, indicó que "nadie tiene duda de las razones económicas de la OPA", con independencia de que pueda gustar o no. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, resaltó que tras el lanzamiento de la OPA son los accionistas de Endesa quienes tienen que responder y, posteriormente, tocaría pronunciarse a la CNE y al Tribunal de Defensa de la Competencia y, "si se llega hasta ese nivel", el Gobierno deberá decidir "poniendo condiciones que garanticen los derechos de los usuarios".

Por su parte, el ex presidente del Gobierno José María Aznar tachó ayer, desde Buenos Aires, de "operación política" y "grave error económico" la oferta pública lanzada por Gas Natural para adquirir Endesa. El portavoz económico del PP, Miguel Arias Cañete, indicó que vería con buenos ojos una contraopa de un grupo europeo. "Si me dijeran que hay otra operación, incluso estando detrás de ella una empresa extranjera que en términos de eficiencia y mercado es mucho mejor, le diría que es una buena idea", añadió.

El director general de La Caixa, Isidre Fainé, mantuvo ayer un encuentro con el presidente del PP, Mariano Rajoy, para allanar el camino de la OPA, según informa EFE. Fuentes del PP ni confirmaron ni desmintieron que la reunión tuviera lugar, mientras que fuentes financieras, citadas por esta agencia de noticias, explicaron que durante el encuentro Fainé trató de rebajar la tensión política creada por esta operación.

LOS EDITORIALES

“La oferta amistosa de Fainé debió hacerse antes”, El Mundo. Afirma que “Caja Madrid ha tomado la decisión correcta al liderar la resistencia de la OPA de Gas Natural sobre Endesa, que presenta todo tipo de inconvenientes. La empresa fusionada tendría más músculo para competir en el mercado europeo, pero los consumidores españoles, en cambio, se verían perjudicados por la reducción del número de operadores. Es cierto que este obstáculo podría salvarse mediante la venta de activos. (...) El problema es que la sensata propuesta de Fainé llega a destiempo, cuando la pistola de la OPA hostil ya ha sido desenfundada. Blesa ha querido dejar claro que no va a negociar bajo presión, aunque los términos de la oferta de La Caixa pudieran ser muy tentadores. Lo más desafortunado ha sido la forma en que ha actuado Gas Natural. Ha conseguido que la operación adquiera claras connotaciones políticas. Que sea percibida como una maniobra del tripartito para someter el sector energético español a su control. No ha informado a la oposición sobre sus intenciones y tampoco se ha tomado el trabajo de construir el consenso necesario. Con esos mimbres, será muy difícil tejer un acuerdo que convierta la OPA en una operación amistosa, pero nada es imposible”.

“Medio de una OPA hostil, ABC. Señala que “La capacidad de resistencia de Endesa ante la opa hostil de Gas Natural se sustenta, en buena parte, sobre los hombros de Caja Madrid, su primer accionista. Compleja situación en la que los entresijos económicos de una operación trazada con tiralíneas y avalada por el Gobierno socialista colocan a la caja de ahorros madrileña en mitad de un peligroso cruce de caminos donde hay que mirar a la izquierda y a la derecha para saber quién tiene preferencia. Por ahora Caja Madrid juega sus bazas y despliega una prudente estrategia que consiste en ver y oír, antes de mover pieza en un escenario donde se impone, como primera providencia, la cautela empresarial. Es tiempo de mensajes encriptados y no de enseñar las cartas ante una partida que se prevé larga y tensa. Tiempo habrá”.

“La regulación energética”, LA RAZÓN. EL gran debate de la regulación energética reside en determinar si la apertura y liberalización del mercado permite el impulso de nuevas unidades de negocio más fuertes y capaces de atacar los mercados internacionales, pero también más peligrosas para el desarrollo de la libre competencia en el mercado doméstico. La situación del mercado energético español, abocado a un nuevo paradigma como consecuencia de la crisis del petróleo, exige una rápida toma de decisión del Ministerio de Industria. La regulación del mercado eléctrico, con o sin Libro Blanco, es una asignatura pendiente que la OPA de Gas Natural sobre Endesa ha desvelado en toda su crudeza.

“Opa y eficiencia, La Vanguardia. Insiste y mantiene que “comentarios como los surgidos los últimos días, incluido el que presuponía temerariamente el control de determinadas entidades financieras por parte de algunas administraciones autonómicas, deberían dar paso en los próximos días a reflexiones más solventes y sosegadas”.

ARTICULOS DE OPINION

“La patria del capital”, Josep Ramoneda. EL PAÍS. El debate sobre la politización de la OPA lanzada por Gas Natural sobre Endesa tiene dos partes. La primera es que la derecha da por supuesto que la operación se hace con la colaboración y asentimiento de los gobiernos catalán y español, a lo que el autor responde que lo que él cree es que La Caixa ha aprovechado una oportunidad. La segunda de la objeción política es la conquista de poder por parte de Cataluña. La OPA como maniobra del lobby del tripartito. En ese sentido, argumenta que la operación es el camino del compromiso de Cataluña con España, porque si se considera inaceptable que unas empresas catalanas sean decisivas en un sector estratégico, se está negando a Cataluña su reconocimiento como parte de España y esto, para el autor, es lo grave del espectáculo que está dando el PP.

 “La OPA”, Vicente L. Navarro de Luján. EL MUNDO. Señala que si se lleva a cabo la operación el 78% de la industria eléctrica nacional estará en manos de centros de decisión catalanes y vascos. Lo cual no tendría la más mínima importancia, si no se diera el caso de que precisamente son dos territorios en los que en no pocos de sus dirigentes se da una irrefenable tendencia centrífuga y secesionista respecto al resto de España. Si esta operación llegara a su fin y, como parece previsible, el domicilio de Endesa se trasladara a Barcelona, nos encontraríamos con que, en el supuesto de que el tripartito catalán lograra sus objetivos en política fiscal en la reforma estatutaria, la ingente cantidad de dinero que tributara esta empresa en el futuro por diversos conceptos impositivos acabaría en las arcas de la Hacienda catalana. Lo que produce pasmo es que, ante esta operación de singular importancia para el futuro del sector estratégico nacional como es la energía, una vez más el Gobierno cierre los ojos y transija por pura debilidad ante lo que constituye el más grave episodio de desvertebración de la economía nacional.

“Provincianos perspicaces”, Miguel Ángel Martín. ABC. Para el autor que se produzca la concentración en el sector energético no tiene porque significar mejoras en las principales partidas de coste. Ni los combustibles, ni los financieros ni la masa salarial tienen por qué disminuir, salvo prejubilaciones en masa y traslado de costes a la SS. El gas para los ciclos combinados no será más barato, ni la comercialización conjunta de los productos finales tiene por qué obtener alguna sinergia. En todo caso, la dimensión no es un factor de competitividad determinante, si hay menos protagonistas en el sector, es difícil confiar en que haya una mayor competencia que presione los costes a la baja. Eso sí, ser más grande es hacer más difícil el bocado de otros peces, tener más poder, más clientelismo, más influencia, más resistencia a la caída por el anclaje de un ingente cash flow y por el temor colectivo al derrumbe. Concluye asegurando que la operación se acabará haciendo y que resultará imposible ocultar quiénes serán los tripartidos ganadores.

“Acoso Político a Endesa”, Luis María Anson. LA RAZON. Opina que “Montilla, en la penumbra, maneja los hilos con esta idea nodriza: “Todo el poder para la Caixa”. (...) Asusta tanta concentración de poder. (...) Hay varias causas que han generado la OPA pero la principal es la operación política que subyace y la alarma creciente de la ciudadanía por un Zapatero genuflexo ante Carod Rovira y el tripartito”.

El PP Exige 1.800 Millones Anuales para Financiar la Sanidad Sin Subir Impuestos

Por Narrador - 12 de Septiembre, 2005, 6:24, Categoría: El Impuestazo

El Partido Popular ha presentado su propuesta de financiación solicitando 1.800 millones anuales para financiar la Sanidad sin subir impuestos. Ver veremos…

LOS TITULARES

El Mundo: “El PP exige al Gobierno que cuadruplique su oferta de financiación sanitaria y la consolide”

El País: “El PP exige al Gobierno 1.800 millones anuales para financiar la sanidad” “Las autonomías del PP defendieron ante el Gobierno de Aznar todo lo que ahora rechazan”

La Razón: “El PP pide 1.800 millones anuales para Sanidad” “Expertos dicen que ni los 5.000 millones del Gobierno aseguran la financiación sanitaria”

La Vanguardia: “Castells propone al Gobierno que doble su aportación directa para financiar la sanidad”

LA INFORMACION

El Gobierno y los representantes de las comunidades autónomas se reunieron ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para estudiar la nueva propuesta para financiar la sanidad. Así las cosas, las autonomías gobernadas por el PP presentaron una oferta que incluye una aportación del Estado de 1.800 millones de euros anuales a la vez que rechazaron cualquier subida de impuestos. Asimismo, piden que la cantidad evolucione y se reparta entre las comunidades con los mismos criterios que se recogen en el modelo actual. Los populares consideran que la oferta del Gobierno hace "caso omiso" a los requerimientos constitucionales de cohesión, solidaridad, garantía y cobertura suficiente de un servicio básico, así como la responsabilidad que el Estado tiene en este campo.

Las comunidades gobernadas por el PSOE también pidieron una mejora de la propuesta del Ejecutivo, que fue calificada por el consejero catalán, Antonio Castells, como "un paso adelante, pero insuficiente". En su opinión, la propuesta del Gobierno recoge sólo "medidas de emergencia".

El ministro de Economía, Pedro Solbes, aseguró anoche que el Gobierno podría hacer un "esfuerzo adicional" en la aportación presupuestaria directa que inicialmente ha planteado a las comunidades para contribuir a paliar el déficit sanitario, si bien precisó que dicha mejora no alcanzará lo demandado por Cataluña. Solbes consideró posible que se alcance un acuerdo en la Conferencia de Presidentes del sábado y anunció que el Gobierno creará un fondo para asegurar que en los próximos años los recursos crezcan al ritmo del PIB.

Maragall Acuerda con Mas Ignorar la Inconstitucionalidad del Estatuto

Por Narrador - 12 de Septiembre, 2005, 6:07, Categoría: Estatuto Catalán

En la delirante entrega diaria de la reforma del estatuto encontramos un acuerdo entre Maragall y Mas para obviar la inconstitucionalidad del texto. La historia continúa y no hay que darle más vueltas.

LOS TITULARES

El País: “Maragall y Mas perfilan un principio de acuerdo sobre el ‘blindaje’ de la financiación”, “La propuesta de CIU supone un modelo financiero para Cataluña que ninguna ley estatal pueda recortar”

El Mundo: “La reunión de Maragall con Mas allana el camino hacia el acuerdo estatutario” “La plantilla del Barcelona CF se desentiende de la reivindicación política y no lo llevará la pancarta”

ABC: “Maragall y Artur Mas rompen el bloqueo y acercan posturas en la Reforma del Estatut”

La Razón: “Maragall y Mas sacan de la UCI al nuevo Estatut”

La Vanguardia: “Maragall y Mas ceden para buscar una salida al Estatut”

El Periódico: “Maragall y Mas abren una vía para desbloquear el Estatut”.

LA INFORMACION

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el líder de CiU, Artur Mas, consiguieron ayer desbloquear las negociaciones sobre el futuro Estatuto catalán. En la reunión de ayer ambos líderes alcanzar un principio de acuerdo para introducir en el proyecto una fórmula de "blindaje" de la financiación de la Generalitat, y, a cambio, CiU se comprometió a "incorporar" en su modelo de financiación "algunos elementos" de la propuesta del tripartito. "El presidente de la Generalitat acepta el concepto de blindaje de nuestro modelo de financiación. Una vez definido dentro del Estatuto, lo que diga en él se sitúa por encima de cualquier otra ley estatal que hable de financiación", dijo Mas. Maragall y Mas también acordaron aceptar el término excluyentes para definir las competencias propias de la Generalitat. El presidente catalán apreció un "punto de inflexión" en la negociación con CiU, si bien aún lo ve "difícil", según fuentes consultadas por EFE. Maragall pidió a Mas que atienda al dictamen del Consejo Consultivo y "todas sus recomendaciones", ante lo que el líder de CiU se comprometió a buscar soluciones.

En otro orden de cosas, el FC Barcelona lucirá una pancarta con el lema Volem un nou Estatut (Queremos un nuevo Estatuto) sobre el césped del Camp Nou el domingo antes del partido ante el RCD Mallorca.

LOS EDITORIALES

“Pasqual y cierra Cataluña”, El Mundo. Dice que “El presidente de la Generalitat, en su desesperado intento por sacar la reforma del Estatuto catalán del callejón sin salida en el que se encuentra, se comprometió ayer ante Artur Mas a blindar las competencias e incluso el sistema de financiación del nuevo estatuto “ante cualquier ley estatal”. O sea, que Maragall pretende que las competencias arrancadas por Cataluña al Estado autonómico y el sistema de financiación sean intocables pase lo que pase. En definitiva, quiere que el Estatuto catalán sea una norma supraconstitucional y que Cataluña tenga un sistema político al margen del resto de las comunidades, donde el Estado no tenga derecho a intervenir. Este compromiso de Maragall a cambio de que CiU flexibilice su posición es increíble después de que el dictamen del Consejo Consultivo estableciera que la apelación a los derechos catalanes como método de blindaje de competencias es contrario a la Constitución. Es evidente que el Gobierno socialista no puede aceptar la propuesta de su teórico compañero de filas. No sólo por inconstitucional, sino también por insolidaria con el resto de las comunidades. O bien el presidente catalán no tiene muy claro de lo que está hablando, o bien está tan desesperado que ha decidido huir hacia adelante porque ya lo ve todo perdido”.

“Barça y Estatut”, ABC. Señala que “Si, al final, la plantilla del Barça dice que “nones” a los intentos de Laporta de llevar a cabo este fin de semana un acto de apoyo al Estatut catalán en el Camp Nou, el presidente blaugrana habrá quedado otra vez en calzoncillos. Oleguer, que no oculta sus preferencias políticas, fue el más explícito al señalar que “son temas que no nos incumben y cada uno tiene sus ideas”. Sería chusco (háganse a la idea): Ronaldinho, Edmilson, Silvinho, Belleti, Motta, Eto´o, Deco, Giuly, Messi, Maxi, Larsson, Rijkaard, Van Bommel, Van Bornckhorst. ¿Y van...? Todos en apoyo del Estatut.... universal”.

“Más que una cumbre”, LA VANGUARDIA. Señala que sería un fracaso para Cataluña que la reforma estatutaria abriera una división en la clase política entre constitucionalistas y no constitucionalistas, pero también lo sería que la fractura se estableciera entre nacionalistas y no nacionalistas. El conjunto de las fuerzas parlamentarias catalanas se declara sobre el papel catalanista, y en la tradición del catalanismo político está el saber encontrar el común denominador en las grandes cuestiones del país. Se trata de una necesidad política que es además una exigencia aritmética del propio proceso de reforma. CiU y PSC están llamadas a protagonizar un pacto que actúe de catalizador del consenso con los otros partidos o  serán las más penalizadas si la ciudadanía observa una actitud cicatera.

"Giro positivo en el Estatut", EL PERIÓDICO. Afirma que "la entrevista de Maragall y Mas tal vez ha sido el paso decisivo cara a un posible acuerdo final", y añade que "era difícil de creer que los líderes partidistas no fuesen conscientes del coste político que deberá pagar quien, tras casi dos años de debate, frustre el nuevo Estatut y las mejoras que ya garantiza para los ciudadanos catalanes".

ARTICULOS DE OPINION

“Palabras, contextos y realidad”, José María Ruiz Soroa. EL PAÍS. Ante el debate generado sobre el término nación por las  reformas estatutarias el autor sugiere excluir de los textos normativos el nombre de nación o derivados, tanto por estar densamente impregnados de organicismo naturalista como por su fuerte carga potencial de efectos lesivos para los derechos de las personas. Es un término que acaba moldeando la convivencia, y casi nunca para bien. Habla de excluirlo en serio, para todos, también para España. Indica que ya es hora que tengamos una Constitución que proclame desde su primer precepto que la unión de los ciudadanos que la forman se fundamenta en su voluntad y no en una previa comunidad orgánica.

“Política contra la nación”, Ignacio Sánchez Cámara. ABC. Recuerda que los Estatutos no son asuntos privativos de las regiones y nacionalidades, sino que forman parte del ordenamiento jurídico español, derivado de la soberanía nacional que reside en el pueblo español. Si las instituciones regionales pueden elaborar nuevos Estatutos de Autonomía es porque así lo permite la Constitución y dentro de los límites que ella establece. El poder del tripartito deriva de la Constitución y de la soberanía nacional, no de una inexistente ciudadanía catalana. Lo mismo cabe decir del resto de los gobiernos autonómicos. Cree que hay cono un infantilismo que impera en la vida política, más preocupada por las palabras y los gestos que por la solución de los problemas de los ciudadanos.