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Se Suavizarán las Condiciones de Detención y Prisión de Terroristas

Por Narrador - 11 de Septiembre, 2005, 6:43, Categoría: ¿Se Negocia con ETA?

El Gobierno prepara, según informa LA RAZON, prepara la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal atemperará la prisión provisional y la incomunicación de los imputados. Imaginamos que es uno de esos ‘gestos’ que ha exigido la banda Batasuna. En honor a la verdad debemos informar que el gobierno y el PSOE han desmentido esta información.

LA RAZON

Miércoles, 7 de septiembre de 2005

EL GOBIERNO PREPARA UNA REFORMA LEGAL PARA SUAVIZAR LAS CONDICIONES DETENIDOS Y PRESOS POR TERRORISMO

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal atemperará la prisión provisional y la incomunicación de los imputados

Nuevo movimiento en la política antiterrorista. El Gobierno se propone mejorar las condiciones de la prisión provisional, la detención y el régimen de incomunicación de los imputados por terrorismo. Las medidas forman parte de una reforma global de la LECRIM

E. L. Palomera y J. M. Z.

Madrid- Batasuna quería gestos y ahí los tiene. El Gobierno se dispone a reformar la LECRIM (Ley de Enjuiciamiento Criminal) para modificar la prisión provisional, la detención y el régimen de incomunicación de los imputados por terrorismo. La iniciativa atiende una petición reiterada de IU al Gobierno de Zapatero desde que éste llegó a La Moncloa y que, sin embargo, había sido sistemáticamente rechazada por el Gabinete socialista con el argumento que debía ser acordada con el PP en el seno del pacto por las libertades y contra el terrorismo.

Pacto anti-ETA. Liberado ahora Zapatero, según parece del pacto anti-ETA, y emplazado por Batasuna a hacer algún gesto que favorezca el entendimiento en el mal llamado proceso de paz, el Gobierno se dispone a poner en marcha una reforma legislativa que aminore las «condiciones de la prisión provisional, la detención y el régimen de incomunicación de los imputados por terrorismo y todas las medidas cautelares a adoptar en el proceso penal, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo derechos Humanos».

Así consta en un escrito remitido por el Ministerio de Presidencia al registro del Congreso, al que ayer tuvo acceso este periódico, y en el que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero arremete contra la última reforma de la prisión provisional que hizo el PP en el año 2003. Dice de ella que no «constituye un buen entendimiento de un sistema procesal penal respetuoso con las garantías del imputado, en el que se debe exigir que la prisión provisional sea considerara como una medida cautelar subsidiaria y adecuada al principio de proporcionalidad».

El Gobierno actual tiene dudas sobre la protección de los derechos fundamentales de los acusados de terrorismo. De ahí que sostenga que tanto en el régimen de incomunicación, como en la detención y en la prisión provisional «haya que limitar no sólo el tiempo de duración, sino también las circunstancias y formas de la misma», conforme establece el artículo 8.1 del CEDH y el TC.

Sobre la incomunicación en la detención (art. 520 bis de la LECRIM), el Gobierno cree que hay que regularla con carácter excepcional, y limitar su duración, ya que no «tienen por qué prolongarse durante toda la medida cautelar (72 horas más, en su caso, 48 horas más) sino sólo mientras sea preciso a la investigación de la autoridad gubernativa». La decisión del Gobierno se conoce un día después de la entrevista de Zapatero con Mariano Rajoy en Moncloa, en la que no le comunicó su intención de poner en marcha esta polémica reforma. También, un día antes del encuentro del presidente del Gobierno con Juan José Ibarretxe en Moncloa.

Iniciativa etarra. Y precisamente cuando ayer Batasuna daba un nuevo paso en su estrategia de tratar de llevar la iniciativa y marcar los tiempos en el proceso de negociación que ha abierto el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Pese a tratarse de una organización ilegalizada, uno de sus portavoces, Pernando Barrena, anunció ayer que se daban un plazo «de cuatro meses para poder comprobar si hay voluntad política real» de negociación. En lo que resta de año «se tienen que llevar a cabo las conversaciones y evaluar o acordar cómo se deben llevar a cabo», añadió.

El dirigente independentista pidió a José Luis Rodríguez Zapatero que abra una vía de diálogo con ETA «para resolver la situación de los presos políticos, el resarcimiento a las víctimas y la desmilitarización multilateral». «Saben perfectamente, y nos consta que lo saben, que una solución en el sentido de puesta en libertad de todos los presos políticos vascos en un contexto de proceso de resolución, es algo que tarde o temprano se va tener que abordar si quieren que realmente salga», agregó.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Barrena advirtió al presidente del Gobierno que debe «dar pasos» y que están «más que hartos» de «declaraciones muy esperanzadoras, enfoques y talantes nuevos». «Queremos hechos», «esto tiene fecha de caducidad, como el yogur», subrayó. Señaló que, pese a su discurso, Zapatero «sigue teniendo una obsesión permanente por reunirse con el PP para hablar, nos imaginamos que de nada bueno», y mostró ciertas dudas sobre la capacidad del jefe del Ejecutivo para la negociación ya que, según dijo, el PSOE y, «especialmente Zapatero», no está «psicológicamente preparado» para hacer una política definida que busque «superar el conflicto».

LA RAZON

Miércoles, 7 de septiembre de 2005

ETA ACUSA LOS GOLPES DE LA AUDIENCIA

ETA-Batasuna evidenció ayer hasta qué punto una de las cosas que más daño le hace es la acción de la Justicia. Las citaciones para hoy de individuos relacionados con la candidatura del Partido Comunista de las Tierras Vascas y, sobre todo, la de Rafael Díez Usabiaga, uno de los pricipales cabecillas del entorno proetarra, para el próximo lunes, ha soliviantado a este mundo. Desde que se empezó a hablar de negociación, una de las exigencias de la banda ha sido que la Audiencia Nacional deje de actuar contra su entramado. Barrena señaló que «la independencia del Poder Judicial en el Estado español es una quimera. El poder político utiliza al judicial para sus intereses y realmente lo que no se puede entender es que el poder político no tenga control sobre el judicial a la hora de poner en marcha condiciones para hacer posible un proceso de paz y sí lo tenga para dar beneficios a Vera».

EL MUNDO

Miércoles, 7 de septiembre de 2005

EL EJECUTIVO PREVÉ REDUCIR EL TIEMPO DE INCOMUNICACIÓN A LOS TERRORISTAS

Agustin Yanel

MADRID.- El Gobierno tiene la intención de acometer una reforma «global y modernizadora» de la ya centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal. En ella prevé que, para garantizar los derechos de los acusados de terrorismo mientras estén incomunicados, se limitará esa incomunicación únicamente al tiempo necesario para la investigación por parte de la policía.

Ahora, una persona detenida bajo la acusación de terrorismo puede estar 72 horas incomunicada en dependencias policiales, e incluso otras 48 horas más si lo autoriza el juez. El Gobierno considera que esa situación no tiene que prologarse en todos los casos durante esos tres o cinco días y que debe ser una medida «excepcional».

Izquierda Unida ha pedido reiteradamente al PSOE que modifique esas normas. En mayo, Gaspar Llamazares preguntó al Gobierno qué previsiones tenía y ahora ha recibido la respuesta, que ha satisfecho en IU.

En la contestación, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el Gobierno anuncia su intención de presentar esa reforma, que incluirá cambios no sólo de la prisión provisional y de la detención, o del régimen de incomunicación de los acusados de terrorismo, sino de todas las medidas cautelares que se puedan adoptar en un proceso penal.

El Gobierno considera que, al acordar la incomunicación de un detenido o de alguien que esté en prisión provisional, hay que garantizar «el debido respeto de los derechos del imputado» y tener en cuenta que se trata de una medida que debe ser «subsidiaria» a otras y «excepcional». Por eso prevé limitar no sólo el tiempo de incomunicación, sino también la manera en que se lleva a la práctica.

Críticas al PP

La última reforma de la prisión provisional fue aprobada en 2003, cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta. El Gobierno critica esa modificación, en su respuesta a IU-ICV, porque «no constituye un buen entendimiento de un sistema procesal penal respetuoso con las garantías del imputado, en el que se debe exigir que la prisión provisional sea considerada como una medida cautelar subsidiaria y adecuada al principio de proporcionalidad».

Hace un año, el relator para la tortura del Comité derechos Humanos de Naciones Unidas, Theo van Boven, hizo un informe demoledor con la incomunicación de los detenidos por terrorismo en España, porque consideró que permitía los malos tratos, aunque éstos no son «una práctica regular».