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Interpretando la Inconstitucionalidad del Nuevo Estatuto Catalán

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2005, 16:32, Categoría: Estatuto Catalán

La ‘jaula de grillos’ en que se ha convertido la política con el Estatuto se refleja en los editoriales de la prensa. Por ejemplo miren las razones que da el DEIA (PNV) para obviar la inconstitucionalidad del texto propuesto…

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

LETRA GRANDE, LETRA PEQUEÑA

Editorial

Las filtraciones se han confirmado y el Consejo Consultivo catalán ha dictaminado que 19 de los artículos de la reforma estatutaria del tripartito son inconstitucionales y otros 39 podrían serlo. Sobre este dictamen se ha descargado demasiada responsabilidad, como si fuera el veredicto final sobre el proyecto estatutario. Por eso es necesario recordar que la última palabra, en Cataluña y en el resto de España, es del Tribunal Constitucional y que lo dicho por el Consultivo no salva, aunque le diera el visto bueno, la constitucionalidad de la declaración de Cataluña como nación, cuestión nuclear del debate. Así que valórese el dictamen en su justa medida, porque si los árboles no dejan ver el bosque, y alguien cree que la labor de depuración del proyecto estatutario correspondía al Consultivo, se equivoca gravemente y distorsiona peligrosamente el paisaje. Bien está subrayar los 19 preceptos inconstitucionales, pero no se olvide que la piedra angular de la reforma del Estatut es ese artículo primero donde aparece el término nación, que sí cuenta ya con el visto bueno del Consejo Consultivo. Separemos la letra grande de la letra pequeña.

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

BUEN CONSEJO

Editorial

El Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña emitió ayer su dictamen sobre el proyecto de nuevo Estatuto de autonomía, en el que analiza la constitucionalidad del texto básico y también de las enmiendas de los distintos grupos. Es un documento de alto interés, por su contenido y porque lo emite un organismo de reconocido prestigio y que, dada su composición estrictamente catalana, no podrá ser acusado de estar al servicio de otras administraciones. Encargado de velar por la constitucionalidad de los proyectos legislativos autonómicos, el Consejo suministra una cura de humildad a los ponentes que se dejaron llevar por el maximalismo y la subasta nacionalista.

Aprecia inconstitucionalidad en 19 artículos del proyecto, algunos muy sustanciales, y en algunas enmiendas de gran calado de signo soberanista, y dudas sobre otros 39 artículos. Desecha la utilización de los "derechos históricos" como instrumento para blindar competencias autonómicas, aun reconociendo su papel como factor que contribuye a fundamentar la autonomía. Rechaza la fórmula de financiación inspirada en el concierto vasco propuesta en la enmienda de CiU y matiza el esquema general de la fórmula planteada por el tripartito. Valida el sistema de blindaje de competencias del texto, basado en su división detallista en submaterias para protegerlas de una eventual invasión de la Administración central, pero pone en entredicho algunas de ellas. En suma, el Consultivo ha aplicado el cepillo del realismo.

Algunas voces, especialmente desde la oposición convergente, han cuestionado el valor del dictamen en un inútil intento de ponerse la venda antes de la herida. Pero son muchas las razones que aconsejan no minusvalorar la opinión del Consultivo. Por tradición: se le ha seguido en casi todas las ocasiones desde su existencia; con mayor razón en la más decisiva. Por lealtad institucional: sería alevoso apreciarlo cuando avala las propias posiciones y desacreditarlo cuando las desautoriza. Por seriedad democrática: porque deslegitimar algunas votaciones basándose en su ajustada mayoría equivale a renegar del principio democrático (imperio de las mayorías, respeto a las minorías), que es norma de este tipo de instituciones independientes de nombramiento parlamentario.

Y finalmente, por pragmatismo y por sentido del ridículo, porque si se echaran en saco roto sus recomendaciones, ellas mismas constituirían la base en el siguiente trámite del Congreso de los Diputados para la recusación de los artículos originariamente impugnados ya desde Cataluña. Quien pese a todo persista en la senda de proponer normas anticonstitucionales, o equiparables enmiendas sorpresivas de última hora, será ahora el principal culpable del fracaso del nuevo Estatuto. Es, pues, hora de responsabilidad, de sensatez, de retorno al consenso y de estricto respeto al marco constitucional.

DEIA

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

REFERENTES CONTAMINADOS 

Editorial

El Consejo Consultivo de Catalunya se pronunció definitivamente sobre el borrador de Estatut y el contenido de su dictamen confirmó muchas de las filtraciones o especulaciones conocidas en días pasados. Confirmó, entre otras cosas, la consideración de inconstitucionales de 19 de los preceptos establecidos en la propuesta de Estatut aunque asumió como constitucional la consideración de Catalunya como nación. Pero, sobre todo, el dictamen confirmó que la carencia de referentes estables y no contaminados políticamente en las instituciones que deberían aportar perspectivas técnicas o jurídicas resulta palmaria. Es un inconveniente añadido para el ciudadano en la medida en que no puede determinar un criterio sobre el que tamizar el debate político toda vez que quienes tienen la responsabilidad de aportárselo carecen del perfil independiente que dé credibilidad a sus posicionamientos.

En el caso del Comité Consultivo catalán, el hecho objetivo es que los elementos más sujetos a debate desde el cruce de las perspectivas políticas no han hecho sino reflejar las mismas. Así, la supuesta inconstitucionalidad de varios preceptos ha sido determinada por el voto favorable de los cuatro consejeros propuestos por el PSC, PP e ICV, mientras que ha contado en el voto contrario de los tres propuestos por CiU y ERC. Tal ha sido el caso de la alusión a los derechos históricos de Catalunya, uno de los nudos gordianos de la redacción del borrador de Estatut. La situación no es nueva en la medida en que reproduce experiencias anteriores de mayor calado incluso dado que, al fin y al cabo, el Consejo catalán sólo tiene carácter consultivo aunque su decisión vaya a alimentar sin duda el discurso contra la reivindicación de las nacionalidades históricas del Estado haciendo abstracción de la realidad de su verdadera naturaleza. En términos de gravedad, mayor es la trascendencia de instituciones cuya composición refleja en la misma medida y sus decisiones reproducen del mismo modo la divergencia idéntica en función de la naturaleza política de su padrinazgo. Tal es el caso del Consejo General del Poder Judicial, incapaz de superar la división de mayorías y minorías de origen político. Una situación que en el caso catalán va a servir para hacer tabla rasa de la verdadera profundidad del debate sobre el borrador de Estatut y limitará el mismo al titular de su presunta inconstitucionalidad. Discursos nacidos de referentes contaminados cuyo modelo se reproduce lamentablemente también en las altas magistraturas judiciales del Estado.

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

LA ABERRACIÓN DEMOCRÁTICA DE CAROD-ROVIRA

Luis Ignacio Parada

A menos que pensemos que los políticos crean instituciones, entidades y organismos deliberadamente inútiles, con fines decorativos o destinados secretamente a respaldar sus decisiones mediante la prudente disposición de que sus opiniones no son vinculantes, habremos de convenir que el Consejo Consultivo catalán tiene derecho a decir lo que piensa de la reforma del Estatuto. Es cierto que su nombramiento es político. Y podría parecer que al ser nombrados por el presidente de la Generalidad, dos de ellos por el Consejo Ejecutivo y los otros cinco por mayoría de tres quintas partes de los diputados del Parlamento de Cataluña, podrían tener la tentación de tratar con cierta amabilidad las propuestas de quienes los nombran. Pero afortunadamente no ha sido así.

El Consejo Consultivo de la Generalidad ha detectado diecinueve preceptos inconstitucionales en el borrador del nuevo Estatuto y tiene serias dudas de la constitucionalidad de otros 39. Poco democrático es decir, como ha hecho Carod-Rovira, que hay cuestiones, como la invocación de los derechos históricos de Cataluña para blindar competencias, en las que el Consultivo está dividido por cuatro votos contra tres. Pero eso no significa en modo alguno, según dice, que exista un empate técnico, porque el criterio del Consejo no depende de una sola persona: depende de siete. Lo malo no es que ese disparate, esa aberración democrática sea tanto como invalidar cualquier votación que no sea ganada por mayoría absoluta, algo que hubiera impedido la presencia de su partido en el Gobierno catalán: lo malo es que da por sentado que el criterio político de ERC y el suyo propio sobre la constitucionalidad está por encima del de un organismo compuesto de juristas expertos, dos de ellos elegidos a propuesta del PSC, uno por el PP, otro por ICV, uno más por CiU y un último por ERC. Que un informe no sea vinculante no quiere decir que no sea jurídicamente objetivo y, sobre todo, inequívocamente democrático.