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9 de Septiembre, 2005

OPA Hostil sobre ENDESA desde Cataluña

Por Sin Pancarta - 9 de Septiembre, 2005, 18:18, Categoría: OPA Sobre ENDESA

Nuestra postura sobre la cuestión de la OPA de La Caixa (Gas Natural) sobre ENDESA se fundamenta en la cautela. Es obvio que este tema huele fatal. Apesta a operación del Tripartito con el apoyo del ‘Presidente Accidental’. Pero les queremos ahorrar centenares de páginas sobre esta cuestión que poco les iban a aclarar. Nosotros les daremos la información de las partes, facilitaremos un resumen de las noticias, editoriales y artículos de opinión sobre esta cuestión. Por supuesto toda información relevante será ofrecida sin demora.

¿Mi opinión personal? Esto va para meses, sino años, y aunque la operación de ‘acoso y derribo’ está bastante mejor montada que la que lanzaron sobre el BBVA dudo más que mucho que salga adelante. Hay muchos ‘peros’ y no todos tienen la solución en el Tripartito y su gran protector Montilla, siempre con el beneplácito de ZP.

Así que lo dicho, mucha calma, va para largo el tema y cuidadito a los accionistas de Repsol, Gas Natural e Iberdrola que podrían sufrir un castigo en las cotizaciones bursátiles de sus valores.

Un último apunte ¿Cómo estos señores de Iberdrola y Gas Natural ha pactado las eventuales desinversiones? Yo pensaba que estas de producirse tenían que ser mediante el sistema de pública subasta ¿Es ignorancia? ¿Desconocimiento? ¿O será que han pactado algo que no se puede pactar en teoría?

ENDESA

Martes, 6 de de septiembre de 2005

RESPUESTA A LA OPA DE GAS NATURAL

Departamento de Prensa

El Consejo de Administración de Endesa, en su sesión de hoy, ha analizado los términos de la oferta pública de adquisición de acciones presentada por Gas Natural y, a la vista de la información disponible, ha considerado conveniente, en atención al interés general, de sus accionistas y empleados y del mercado, formular por unanimidad una valoración preliminar de la operación en los siguientes términos:

1. La operación propuesta por Gas Natural se ha planteado de forma hostil y con absoluto desconocimiento por parte de Endesa.

2. El planteamiento y la estructura de la oferta introducen elementos de incertidumbre que impiden  conocer con precisión el valor real del precio ofrecido. En todo caso, una primera valoración determina que los términos económicos de la oferta son manifiestamente insuficientes y no reflejan en modo alguno el valor real de la Compañía.

3. De conformidad con la normativa aplicable y los precedentes existentes en el ámbito nacional y comunitario, la operación resulta difícilmente compatible con el régimen regulatorio y de competencia, existiendo en esta materia riesgos no previstos que podrían comportar perjuicios sustanciales a los accionistas de Endesa.

4. El planteamiento de la operación en un momento en el que está abierto un proceso de revisión y modificación de la regulación eléctrica en España resulta particularmente sorprendente y preocupante, máxime cuando las conclusiones preliminares de dicho proceso de reforma parecen ser diametralmente opuestas a la concentración pretendida.

5.  La participación del principal competidor de la Compañía en la operación en los términos planteados  presenta serias dudas desde el punto de vista de la protección de los derechos e intereses de los accionistas minoritarios, además de ser incompatible con los precedentes nacionales y comunitarios en materia de defensa de la competencia.

Esta valoración preliminar se entiende sin perjuicio del informe que habría de emitir el Consejo de Administración de Endesa, en caso de ser aprobada la operación propuesta por la CNMV tras la obtención de las demás autorizaciones administrativas pertinentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.3 del Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio, sobre Régimen de las Ofertas Públicas de Adquisición de Valores.

El Consejo ratifica su compromiso con el proyecto empresarial autónomo de la Compañía, que ya es uno de los cinco principales grupos eléctricos europeos, la primera eléctrica privada de Latinoamérica y líder en el mercado ibérico y que dispone de un Plan Estratégico sólido, adecuado y en marcha que asegura y confirma sus expectativas de crecimiento y rentabilidad.

En atención a las consideraciones anteriores, el Consejo adoptará todas las actuaciones que resulten compatibles con el ordenamiento vigente para la defensa de los intereses de la compañía  y de sus  accionistas.

GAS NATURAL

Lunes, 5 de de septiembre de 2005

GAS NATURAL SDG LANZA UNA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN (OPA) SOBRE EL 100% DEL CAPITAL DE ENDESA

Departamento de Prensa

· La oferta supone una valoración total de Endesa de 22.549 millones de euros, es decir, 21,30 euros por acción, con una prima para sus accionistas del 14,8%, respecto al precio de cierre del pasado viernes, y del 19,4% sobre el precio medio de Endesa en los últimos seis meses.

·  La oferta consiste en un intercambio de acciones y en un pago en metálico en una proporción del 65,5% y el 34,5%, respectivamente.

·  El nuevo grupo será la tercera utility del mundo y la primera compañía de gas y electricidad de España y Latinoamérica, con 16 millones de clientes en Europa y más de 30 millones en todo el mundo.

· Gas Natural SDG acuerda con Iberdrola la futura venta de determinados activos tras la adquisición de Endesa, supeditada al éxito del proceso y dentro del plan de desinversiones previsto en la operación.

· Estas operaciones permiten adelantar los objetivos estratégicos de las compañías, incrementar la competencia efectiva en el mercado energético español y acelerar el proceso de liberalización, con el consiguiente beneficio para accionistas y consumidores.

· Las inversiones previstas por el grupo resultante en el período 2006-2009 ascenderían a 17.000 millones de euros.

El Consejo de Administración de Gas Natural SDG, S.A. acordó hoy, por unanimidad, lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre el 100% del capital de la sociedad Endesa, S.A.

La operación se ha presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y se remitirá a las autoridades competentes, y consiste en un intercambio de acciones y en un pago en metálico, en una proporción del 65,5% y el 34,5%, respectivamente.

Considerando los precios de cierre a 2 de septiembre de 2005, la ecuación de canje y el pago en metálico equivalen a una valoración de Endesa de 21,30 euros por acción, lo que representa una prima del 14,8% respecto al precio de cierre de Endesa en la misma fecha, y una prima del 19,4% sobre el precio medio de Endesa en los últimos seis meses.

Los accionistas de Endesa que acepten la oferta recibirán como contraprestación 7,34 euros en efectivo y 0,569 acciones de nueva emisión de Gas Natural SDG, por cada acción de Endesa.

La financiación de la operación, en la parte correspondiente a la contraprestación en dinero, ha sido cubierta mediante contrato de préstamo y aval bancario de 7.806 millones de euros, en el que han participado Société Générale, UBS Investment Bank y La Caixa.

Acuerdo con Iberdrola

Las compañías Gas Natural SDG e Iberdrola firmaron hoy un acuerdo para la compraventa de determinados activos de la sociedad resultante de la operación de adquisición de Endesa por parte de la empresa gasista, supeditado al éxito del proceso.

Los activos sujetos a la venta incluyen instalaciones de generación de electricidad, en España y Europa; algunos sistemas de distribución eléctrica en territorio español; y determinadas áreas de distribución de gas que incluyen 1,25 millones de clientes en zonas geográficas de España donde Iberdrola desarrolla su actividad.

La transacción se realizará a precios de mercado, que serán determinados por diferentes bancos de inversión de reconocido prestigio.

Este acuerdo se enmarca en el plan de desinversión de activos eléctricos y gasistas que Gas Natural SDG tiene previsto presentar a las autoridades españolas respecto a la Oferta Pública de Adquisición de acciones de Endesa.

Detalles de la operación

Las nuevas acciones que Gas Natural SDG emita para atender la contraprestación de la oferta serán acciones ordinarias de Gas Natural SDG, que disfrutarán de los mismos derechos económicos y políticos que éstas, desde la fecha de inscripción registral del correspondiente aumento de capital. La parte correspondiente a la contraprestación en dinero ha sido garantizada mediante aval bancario presentado ante la CNMV.

La oferta está condicionada a que Gas Natural SDG alcance el 75% de las acciones que configuran el capital social de Endesa.

Asimismo, la oferta está sujeta a la condición de que la Junta General de Accionistas de Endesa adopte el acuerdo de modificar el artículo 32 de los estatutos de la sociedad, de forma que se suprima toda limitación o restricción en cuanto al número de votos ejercitables por los accionistas de Endesa; de los artículos 37 y 38, de forma que se supriman los requisitos de tipología y composición mayoritaria del Consejo de Administración; y del artículo 42 para que no se requiera condición alguna para ser designado miembro del Consejo de Administración de Endesa o Consejero Delegado, distintas de la no concurrencia de incompatibilidades establecidas en la Ley.

Un nuevo grupo energético, líder a nivel internacional

La nueva compañía será la tercera utility privada del mundo, por número de clientes, y la primera compañía de gas y electricidad de España y Latinoamérica, con 16 millones de clientes en Europa y más de 30 millones en todo el mundo.

El resultado de la operación propuesta por Gas Natural SDG responde a una clara lógica empresarial, ya que permitirá la creación de valor para los accionistas de ambas compañías y el cumplimiento anticipado de sus objetivos estratégicos.

El nuevo grupo será un líder global en los mercados energéticos de gas y de electricidad, que contará con un diversificado portfolio de activos, que constituye una plataforma ideal para aprovechar las oportunidades más atractivas de negocio en los mercados en los que las compañías ya están presentes.

En generación eléctrica, la suma de los activos de ambas compañías, y las desinversiones previstas, permitiría dotarla de un óptimo mix de generación.

Según el diseño de la operación, el nuevo grupo tendrá una sólida estructura financiera, que garantizará la inversión en los negocios regulados y en otros liberalizados de alto valor añadido, y le permitirá mantener sus compromisos de una creciente retribución al accionista.

Mayor competencia efectiva en el sector

Esta operación, junto con la posterior venta de activos, permitirá una sólida vertebración del sector energético español y contribuirá a la creación de una mayor competencia efectiva en estos mercados, por la solidez de sus principales agentes, y por disponer los mismos de un mix de generación equilibrado y competitivo.

Este proceso está en línea con otros movimientos similares que se están produciendo en Europa, y permitirá crear empresas integradas en la gestión de gas y electricidad y con fuerte compromiso de inversión con el objetivo de reforzar los niveles de calidad de servicio y seguridad de suministro para todos los consumidores.

Creación de valor y sinergias

La operación resultante deberá crear valor para los accionistas de la nueva compañía dada su posición competitiva y la lógica empresarial de la transacción. Se espera que la operación permitirá alcanzar sinergias relevantes que permiten un claro ahorro de costes, que según una estimación conservadora supondría hasta 350 millones de euros al año a partir de 2008.

De esta cantidad, aproximadamente la mitad de los ahorros potenciales se derivarán de la integración de plataformas comerciales, call centers, facturación y servicios comerciales y de marketing. Además, se espera una reducción en gastos corporativos y de administración de hasta 85 millones de euros, así como de hasta 90 millones por la integración de los sistemas de información.

Adicionalmente a los 350 millones estimados de sinergias, en el negocio de distribución existe potencial de ahorro en compras y subcontrataciones de servicios. El nuevo grupo tiene la intención de invertir estos ahorros, estimados en aproximadamente 75 millones de euros por año, en continuar mejorando la calidad del servicio regulado.

Oportunidades de crecimiento para el nuevo grupo

Las inversiones previstas por el grupo resultante en el período 2006-2009 ascenderán hasta 17.000 millones de euros, de los cuales, se espera destinar más del 60% a inversiones de generación y distribución en España, con especial énfasis en garantizar la calidad de servicio en el negocio regulado y en el aprovechamiento de oportunidades conjuntas de gas y electricidad.

En este sentido, el nuevo grupo se beneficiará de la posición destacada en el mercado de GNL, a través de la “joint venture” con Repsol YPF, que deberá permitir flexibilidad de suministro, optimización del transporte marítimo y un incremento del negocio de trading. Esto, junto con las centrales de ciclo combinado de Gas Natural (1.600 MW en operación y 1.200 MW adicionales a principios de 2006), permitirá optimizar el parque de generación, que se beneficiará de un mix de combustibles diversificado y de amplia experiencia en gestión de energía. Además se logra una destacada posición en energías renovables, en línea con el recientemente aprobado nuevo Plan de Energías Renovables.

El nuevo grupo nace con la vocación de mantener el liderazgo en el mercado español de la energía, mediante el adelanto de los objetivos estratégicos de Endesa en materia de ciclos combinados, con un suministro de gas natural flexible y competitivo.

De esta forma, el nuevo grupo será líder en potencia instalada en ciclos combinados. La previsión es que la compañía resultante tenga un total de 8.400 MW de potencia instalada a finales del año 2009.

En materia de energías renovables, el nuevo grupo prevé disponer de más de 4.000 MW de potencia instalada en 2009, lo que significaría doblar las cantidades de 2005.

Esta operación debe permitir conseguir un mix de generación óptimo y con una diversificación en la media del mercado español.

En Italia, la buena posición actual de Endesa y Gas Natural, en los mercados de gas y de generación de electricidad, será una plataforma óptima para aprovechar las nuevas oportunidades de crecimiento. Gas Natural SDG tiene previstas compras selectivas con el objetivo de alcanzar más de 700.000 clientes a finales de 2009. Por su parte, Endesa está desarrollando actualmente diferentes proyectos para incrementar su potencia en ciclos combinados. Además, ambas compañías tienen en curso diferentes proyectos de plantas de regasificación.

En Latinoamérica, Gas Natural SDG y Endesa son las compañías de referencia en los mercados de gas y electricidad de las principales capitales, lo que ofrece una excelente plataforma de crecimiento al nuevo grupo.

Organización territorial

El nuevo grupo tendrá su sede social en Barcelona y contará con sedes corporativas en Madrid y Barcelona.

La sociedad resultante tendrá cinco grandes áreas de negocio: Up y Midstream Gas, que incluirá el desarrollo de los proyectos integrados de GNL, la gestión del transporte marítimo y la operación del gasoducto Magreb-Europa; Gestión de Energía y Comercialización Mayorista; Generación Europa; Distribución y Comercialización Minorista Europa; y, por último, Latinoamérica.

Con el fin de acercar más la toma de decisiones a los mercados y a los clientes a los que se prestan los servicios, la nueva compañía tendrá una organización basada en una estructura societaria territorial.

De esta forma, el nuevo grupo mantendrá la estructura territorial de las sociedades de distribución de gas y, adicionalmente, se crearán dos sociedades distintas para la distribución de gas en Catalunya y Madrid.

En generación y distribución de electricidad se creará también una estructura societaria territorial, que incluirá tanto los activos como el personal que desarrolla, opera y los mantiene.

Así, se crearán:

FECSA-ENHER Distribución y FECSA-ENHER Generación

SEVILLANA Distribución y SEVILLANA Generación

ERZ Distribución y ERZ Generación

GESA Distribución y GESA Generación

UNELCO Distribución y UNELCO Generación

Recursos humanos

Esta organización territorial, así como el diseño de toda la operación, cuenta con todo el equipo de profesionales de Gas Natural SDG y de Endesa para conseguir los objetivos estratégicos del nuevo grupo, y para garantizar la adecuada gestión y prestación de los servicios a sus más de treinta millones de clientes.

GAS NATURAL

Lunes, 5 de de septiembre de 2005

GAS NATURAL ACUERDA CON IBERDROLA LA FUTURA VENTA DE ACTIVOS TRAS LA ADQUISICIÓN DE ENDESA

Departamento de Prensa

Este acuerdo está supeditado al éxito del proceso de Oferta Pública de Adquisición de Endesa, presentado hoy por Gas Natural SDG.

Las compañías Gas Natural SDG e Iberdrola firmaron hoy un acuerdo para la compraventa de determinados activos de la sociedad resultante de la operación de adquisición de Endesa por parte de la empresa gasista.

El compromiso de venta comprende activos de generación y distribución eléctrica en España, generación eléctrica en Europa (SNET en Francia y diversas centrales en Italia) y determinadas áreas de distribución de gas que incluyen 1,25 millones de clientes en zonas geográficas de España donde Iberdrola desarrolla su actividad.

La transacción considerada se realizará a precios de mercado que serán determinados por bancos de inversión de reconocido prestigio. Su volumen puede estimarse preliminarmente en un rango de entre 7.000 y 9.000 millones de euros.

Este acuerdo se enmarca en el plan de desinversión de activos eléctricos y gasistas que Gas Natural SDG tiene previsto presentar a las autoridades españolas respecto a la Oferta Pública de Adquisición de acciones de Endesa.

El acuerdo permite a Gas Natural SDG e Iberdrola alcanzar una estructura más equilibrada en los sectores de gas y electricidad. Además, ambas compañías consideran que la operación acelerará el proceso de reordenación y de liberalización del sector energético español e incrementará la competencia efectiva, con el consiguiente beneficio para los consumidores. Asimismo, favorecerá la competitividad de ambas compañías en los mercados internacionales, que tienden ya hacia la convergencia y globalización de los mercados de gas y electricidad, tal y como demuestran algunas operaciones en curso en Europa.

REPSOL YPF

Lunes, 5 de de septiembre de 2005

POSTURA DE REPSOL YPF ANTE LA OPERACIÓN DE GAS NATURAL SOBRE ENDESA 

Departamento de Prensa

La Comisión Delegada del Consejo de Administración de Repsol YPF, S.A., reunida en esta fecha, en relación con la comunicación presentada por Gas Natural SDG, S.A., en la que se anuncia la formulación de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) sobre el 100% del capital social de Endesa, S.A., manifiesta su apoyo a la operación acordada por el Consejo de Administración de Gas Natural SDG, S.A., en el día de hoy.

Al mismo tiempo, ante el nuevo marco que ha de resultar de la operación anunciada, y de forma coherente con lo anunciado en su Plan Estratégico 2005-2009 respecto de la transformación de su cartera de activos para favorecer posibles oportunidades de inversión, Repsol YPF, S.A. podría considerar la monetización de parte de su inversión en Gas Natural SDG, S.A., conservando durante varios años la totalidad de los derechos políticos y participando en la revalorización potencial de la totalidad de las acciones que actualmente posee, durante ese mismo periodo de tiempo, para permitir recoger la generación de valor que se producirá como consecuencia de la operación planteada por Gas Natural SDG, S.A.

Es, en todo caso, intención de Repsol YPF, teniendo en cuenta la relación industrial con Gas Natural SDG, S.A., mantener como inversión permanente una participación significativa en el Grupo resultante.

Asimismo, Repsol YPF manifiesta su voluntad de mantener, con las adaptaciones que, en su caso, fueren necesarias, el vigente acuerdo accionarial e industrial que tiene suscrito con la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (“la Caixa”) en relación con Gas Natural SDG, S.A. y de potenciar las actividades del acuerdo de actuación industrial que tiene suscrito con Gas Natural SDG, S.A. para desarrollar el negocio de gas natural licuado a través de la sociedad conjunta Repsol-Gas Natural LNG, S.L.

La OPA sobre ENDESA en la Prensa

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2005, 18:14, Categoría: OPA Sobre ENDESA

Como pueden ver diversidad absoluta en las interpretaciones de la OPA Hostil sobre ENDESA. Pero como hemos dicho calma, que este tema va meses y tendremos toda suerte de informaciones al respecto.

LOS TITULARES SOBRE LA OPA GAS NATURAL-ENDESA

Martes, 6 de de septiembre de 2005

El Mundo: “El Gobierno respalda el asalto de La Caixa al sector energético con la OPA de Gas Natural sobre Endesa”. “La maniobra enfrenta a Madrid con Cataluña y al PP con Montilla”.

El País: “Gas Natural lanza una OPA sobre Endesa por 22.000 millones” (Portada) “El Gobierno avanza que no interferirá en la oferta si recibe luz verde de los reguladores”

ABC: “La OPA hostil de Gas Natural a Endesa desplaza el control del sector energético a Cataluña”

La Razón: “Gas natural lanza una OPA sobre Endesa”

La Vanguardia: “Gas natural lanza una OPA hostil sobre Endesa”

El Periódico: “Gas natural lanza una OPA hostil para absorber Endesa”

LA INFORMACION

Martes, 6 de de septiembre de 2005

Gas Natural ha lanzado una oferta pública de acciones (OPA) sobre el 100% de la compañía eléctrica Endesa por un valor cercano a los 22.550 millones de euros, lo que supone ofrecer un precio de 21,3 euros por acción, según informó el grupo gasista a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La nueva compañía será la tercera empresa de servicios energéticos privada del mundo por número de clientes, y la primera de gas y electricidad de España y Latinoamérica. El consejo de administración de Endesa estudiará hoy la posición que adoptará respecto a la OPA, que ya ha calificado de "hostil". La oferta, condicionada a la aceptación de un 75% del capital de Endesa y a que ésta modifique sus estatutos para tener acceso a su consejo, supone un intercambio de acciones y un pago en metálico en una proporción del 65,5% y el 34,5%, respectivamente, y supone una prima para los accionistas de Endesa del 14,8% respecto al precio del cierre de la eléctrica el pasado viernes. El precio que pagará Gas Natural por la eléctrica es de 21,30 euros por acción, y los accionistas de Endesa que acepten la oferta recibirán como contraprestación 7,34 euros en efectivo y 0,569 acciones de la nueva emisión de Gas Natural por cada acción de Endesa.

La financiación de la operación ha sido cubierta mediante contrato de préstamo y aval bancario de 7.806 millones de euros, en el que han participado Societé Générale , UBS Investment Bank y La Caixa. El comunicado de la gasista informa que Gas Natural e Iberdrola han firmado un acuerdo para la compraventa de determinados activos de la sociedad resultante de la operación. Repsol YPF y La Caixa manifestaron su apoyo a la OPA lanzada por Gas Natural sobre Endesa. La caja dijo que se reserva el derecho de incrementar su actual participación en Gas Natural.

El secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, manifestó que la OPA pone "en riesgo el equilibrio competitivo de los mercados y los intereses de los consumidores". El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, negó ayer cualquier tipo de tinte político en la operación de compra de Endesa por parte de Gas Natural y defendió que se trata de una operación planteada en "términos económicos". En cualquier caso, Solbes insistió en que es pronto para opinar hasta que se conozcan los detalles si bien anunció que "sea cual sea el futuro, la compañía que nazca debe ser eficiente, mantener la competencia y proteger al consumidor".

Fuentes próximas al Ministerio de Industria consultadas por EL PAIS anunciaron que el Gobierno no pondrá impedimentos a la operación siempre que cuente con el visto bueno de los organismos reguladores y que no perjudique a los consumidores. Este diario informa que Gas Natural empezó a fraguar la oferta después de las elecciones del 14-M y que ha mantenido informados de sus planes al Gobierno y a la Generalitat, así como a empresas como Iberdrola. Para EL MUNDO "todos lo sabían menos los afectados".

El portavoz de Economía de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, dijo que se trata de una "decisión que responde a intereses empresariales y a estrategias de mercado".

LOS EDITORIALES

Martes, 6 de de septiembre de 2005

“OPA hostil del ‘Lobby’ catalán”, EL MUNDO. El diario indica que lo más inquietante de la operación ‘energética’ es la actitud del Gobierno central. En primer lugar, de Montilla, quien se comporta como el delegado del PSC en Madrid en lugar de cómo el ministro de Industria de todos los españoles. Pero también de Zapatero, que al parecer pretende compensar el posible fracaso de la reforma del Estatuto catalán, otorgando a Maragall el control del sector energético español. Lo cual es una extraordinaria irresponsabilidad, máxime cuando el Libro Blanco para la reforma eléctrica encargado por Gobierno advertía ya acerca de la gran concentración del mercado energético en nuestro país. Por tanto, concluye asegurando que se trata de una auténtica OPA hostil del lobby catalán vinculado al PSC sobre los intereses del conjunto de los españoles.

“Operación con Gobierno al fondo”, ABC. A raíz de la OPA lanzado por Gas Natural a Endesa, el diario asegura que el peso de la Caixa crece paralelo a la capacidad de influencia del Gobierno de Cataluña en las decisiones del Ejecutivo central, que tendrá que desplegar todas sus dotes de persuasión para convencer a los sectores económicos y político de que es ajeno a la operación. Insiste en que es notorio que el control del mapa energético se haya desplazado de manera sensible a Cataluña, centro neurálgico de grandes decisiones empresariales que, sin el apoyo del  Ejecutivo socialista, no se habría hecho.

“La hora de la política”, LA VANGUARDIA. Afirma que Maragall reconoció ayer que el dictamen del Consultivo tiene gran relevancia, pero no es vinculante. Es precisamente el presidente, al que le corresponde el impulso político, y al conjunto de líderes parlamentarios quienes deben culminar el proceso. El Parlament es soberano para definir su proyecto, pero caso de prosperar (el acuerdo entre CiU y PSC es clave), deberá ser tramitado como ley orgánica en el Congreso. Es la hora, por tanto, de la acción política, ya que las aspiraciones políticas se canalizan y expresan a través de los representantes democráticamente elegidos. El TC podría ser llamado un día a pronunciarse sobre el nuevo Estatuto.

“Gas Natural quiere Endesa”, EL PERIÓDICO DE CATALUÑA. Estima que “Ahora falta por ver la reacción de la caverna mesetaria, muy amiga de recelar de todo lo que suponga incrementar el peso económico y la capacidad decisoria de lo que tenga su centro de gravedad fuera de Madrid”.

ARTICULOS DE OPINION

Martes, 6 de de septiembre de 2005

“¿Trasfondo político?”, Miguel Ángel Noceda. EL PAÍS. Hace referencia a la OPA lanzada por Gas Natural a Endesa, una operación muy relevante económicamente. En el ámbito político, el Gobierno rechaza que haya estado detrás de la operación, mientras que el PP ha calificado la operación de ‘política’ ya que, según los populares, dicha operación buscaría desbancar al presidente de Endesa, nombrado por el PP en su momento. Además esta operación ha originado el recelo de Madrid hacia Cataluña porque la Comunidad madrileña había propiciado que Caja Madrid se convirtiera en el primer accionista de Endesa, con el objetivo de madrileñizar la empresa. Ahora, si sale adelante la fusión, la Caixa se puede convertir en un accionista muy importante.

“El tamaño importa, pero más aún quien lo posee”, Casimiro García Abadillo. EL MUNDO. Destaca que “Brufau sabe que para tener éxito en este tipo de asaltos es necesario el respaldo político. En su día, ya le informó con todo detalle al ministro Montilla de su plan para destituir a Alfonso Cortina de la presidencia de Repsol YPF. Y lo hizo, no en su despacho en el Ministerio de Industria, sino en la sede del PSC en Barcelona. Poco tacto. Montilla, Solbes, y por supuesto, Zapatero han dado luz verde a una propuesta que supone, de facto, darle a La Caixa el control del sector energético español. La cuestión relevante ahora no es si Manuel Pizarro, que se opone al plan, debe seguir en la presidencia de Endesa, sino si al país en su conjunto, a los ciudadanos, les conviene que se produzca una acumulación de poder tan grande en ese sector estratégico. Y, en segundo lugar, si esa capacidad de decisión debe tenerla una entidad cuyos ejecutivos no son designados por accionistas, sino por grupos e instituciones que tienen un indudable cariz político. A Brufau podría ocurrirle lo que a Sánchez Asiaín: Llevado de su idealismo y de la presión del Gobierno lanzó una OPA sobre Banesto que concluyó en un rotundo fracaso”.

“Máxima precisión en el tiro”, Ángel Laso D´Lom. ABC. Lanza una de las dudas tradicionales de la más reciente historia económica parecida a la del huevo y la gallina y que no es otra si “es antes el Gobierno y Montilla o los ejecutivos de La Caixa. Y cada vez parece más claro que ese trío de ases (Fornesa, Brufau y Fainé), por mucho que Montilla se empeñase en declarar que La Caixa, como el Real Madrid de antes “es un gran activo para España”, son los que convencen al ministro de sus intenciones”.

Encuentro en La Moncloa: La Ultima Tomadura de Pelo de ZP

Por Sin Pancarta - 9 de Septiembre, 2005, 18:07, Categoría: General

La cuestión me parece muy simple. La entrevista entre Zapatero y Rajoy en La Moncloa ha sido una tomadura de pelo integral. Una foto para el álbum presidencial y nada más. Por lo tanto no vamos a emplear demasiado tiempo ni esfuerzo en esta cuestión anecdótica o folclórica. Con una visión de conjunto es más que suficiente.

LOS TITULARES SOBRE REUNIÓN ZAPATERO-RAJOY

Martes, 6 de de septiembre de 2005

El Mundo: “Zapatero y Rajoy constatan su discrepancia absoluta sobre todos los asuntos de Estado”. Despiece: “Camps pide un esfuerzo real al Gobierno”.

El País: “Zapatero sube impuestos para pagar la sanidad” (ABRE NACIONAL), “Una solución para un tercio del problema”. “Zapatero y Rajoy reafirman su desacuerdo en los principales asuntos de Estado”

ABC: “Rajoy: todavía no sé para qué me han llamado” “ERC se felicita del fracaso de la reunión porque aísla más al PP”

La Razón: “Zapatero y Rajoy, cada día más alejados, mantienen un diálogo de sordos”

La Vanguardia: “Diálogo de sordos entre Zapatero y Rajoy”

El Periódico: “Zapatero ofrece a Rajoy datos privilegiados sobre el fin de ETA.

LA INFORMACION

Martes, 6 de de septiembre de 2005

Rodríguez Zapatero, y el presidente del PP, Mariano Rajoy, constataron ayer sus diferencias sobre los principales asuntos de Estado -terrorismo, reformas estatutarias o política exterior- en el encuentro que mantuvieron, por espacio de más de dos horas, en el Palacio de la Moncloa, el cuarto desde que el líder socialista accedió a la Presidencia del Gobierno.

Rajoy explicó tras la reunión que no había conseguido averiguar "para qué" había sido convocado, e indicó que sigue sin saber el criterio sobre "la España de hoy y del mañana" del presidente del Gobierno. "Es muy difícil viajar juntos si no sabemos adónde vamos", subrayó Rajoy, que, no obstante, expresó su disposición al diálogo, aunque matizó que éste debe incluir propuestas concretas.

Según la versión del gobierno, Zapatero ofreció a Rajoy un diálogo "permanente" en un marco "estable y regular" y planteó que a estas cuestiones se sumen también otras como la financiación de la sanidad y la educación. Según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, encargada de dar la versión del Ejecutivo del transcurso de la reunión, se trató de una oferta "muy concreta", ante la cual no hubo respuesta por parte del líder de la oposición. Tan concreta que nadie la conoce.

Por su parte, Rajoy ofreció a Zapatero retomar el Pacto Antiterrorista, que, subrayó, ha demostrado su eficacia en la lucha contra ETA. En su opinión, desde que el Gobierno "rompiera" el Pacto, ETA "ha asumido un protagonismo que no tenía". Por supuesto sin ningún éxito.

El presidente del Gobierno ofreció al líder de la oposición un marco estable de relación para evitar que las diferencias afecten a la relación institucional. La oferta plantea que sea la vicepresidenta quien represente al Gobierno en las sucesivas reuniones sobre los asuntos de Estado, excepto en el caso de la política antiterrorista, donde Zapatero ofreció a Rajoy que la interlocución sea directa entre ambos.

En política territorial, Zapatero pidió a Rajoy, según informó la vicepresidenta, una "implicación activa" para lograr el máximo consenso y le trasladó que le gustaría que el PP estuviera en el consenso para reformar el Estatuto de Cataluña. Para Rajoy, esta reforma es "inasumible", ya que, en su opinión, supone la "liquidación del Estado", por lo que pidió a Zapatero que "reflexione" sobre este tema.

Por lo que respecta a la financiación sanitaria, Rajoy sostuvo que la propuesta del Ejecutivo "no resuelve el problema, no diseña un nuevo modelo" y encima se suben los impuestos. Por su parte, De la vega afirmó que "el Gobierno está dispuesto a hacer un mayor esfuerzo" para solicitar el déficit sanitario.

En educación, la vicepresidenta anunció que convocará la próxima semana al PP "para intentar buscar una aproximación en las posiciones" sobre la reforma de la ley de educación que el Ejecutivo aprobó antes del verano y debe debatirse ahora en el Parlamento.

LOS EDITORIALES

Martes, 6 de de septiembre de 2005

“Ejercicio de paralelas”, EL PAÍS. Habla de las diferencias patentes entre Rajoy y Zapatero en los principales temas de Estado: lucha antiterrorista, reformas estatutarias y reformas educativas. Éste último tema es en el que ambos líderes se mostraron más dispuestos a establecer un marco de diálogo para alcanzar un consenso.

- “En la legislatura del talante no caben los grandes consensos”, EL MUNDO. Apunta que el rechazo de la oferta de Rajoy aleja a Zapatero del centro y le acerca a la excentricidad. Afirma que como presidente del Gobierno, y teniendo en cuenta las circunstancias en las que ganó las elecciones, debería haber asumido que su responsabilidad es la de velar por el interés general y avanzar en las grandes reformas por la vía del consenso. Al haber optado por el camino opuesto, debería considerar la convocatoria de unas elecciones anticipadas, para que aquellos votantes socialistas que creyeron que elegían a un partido moderado puedan pronunciarse sobre la nueva deriva de su proyecto.

- “El diálogo inservible de Zapatero”, ABC. El diario asegura que las posibilidades de pacto con el PP son prácticamente inexistentes en tanto el PSOE no decida un cambio de política y de socios. Ofrecer diálogo al PP, cuando el daño ya está hecho en política antiterrorista o a punto de consumarse en las reformas estatutarias, en la educación o en la financiación sanitaria es una manera de inutilizar unos recursos imprescindibles de la clase política para dar seguridad a la sociedad: la coherencia y la sinceridad. La política de tierra quemada que el Gobierno está practicando no sólo hace impracticable cualquier voluntad de cambio sino que acentúa la dependencia del Ejecutivo respecto a sus socios más extremistas. Ahora bien, la lealtad institucional de Rajoy al acudir a todos los llamamientos del jefe del Ejecutivo también sirve para poner de manifiesto la voluntariedad con que Zapatero persevera en la elección de socios políticos, principalmente Esquerra, a la que el PSC aceptó la condición de no pactar con el PP ni en Cataluña ni en Madrid.

- “Rajoy no cayó en la trampa”, LA RAZÓN. Afirma que Zapatero no pudo ofrecerle nada serio en la reunión de ayer a Rajoy porque lo tiene todo hipotecado: a ERC le debe la mayoría del Parlament y la del Congreso, por tanto del Estatuto ni hablar con el PP; la ley de Partidos y el Pacto antiterrorista están hipotecados a cómo vaya el juego con el PNV y Batasuna; la nueva ley educativa está hipotecada a los sectores más laicistas no sólo del PSOE sino también de IU, cuyos votos también necesita para ir tirando el Gobierno. Demasiadas hipotecas que si el líder socialista no va pagando puntualmente pueden acabar en desahucio.

“Un difícil diálogo”, LA VANGUARDIA. Poco se esperaba del encuentro, pero aún así "dio menos de lo esperado". Zapatero sabe que difícilmente avanzará en los dossiers educativo y sanitario sin la colaboración del PP, y aunque sabe que la economía le sonríe ahora "nunca puede fiarlo todo a esa carta".

“Cumbre formal”, EL CORREO. "El curso político arranca en medio de grandes disensos todavía en las grandes cuestiones de Estado, aunque con un inaugural proceso negociador en puertas -sobre la Educación- y con un clima que sugiere vagamente que podría establecerse un marco de diálogo, si no fluido, sí al menos apaciguador".

“Zapatero/Rajoy, diálogo de sordos” EXPANSION. Zapatero no debería prescindir del apoyo del PP para reconducir la vida política en el País Vasco y para evitar que el Estatuto catalán acabe haciendo saltar las costuras de la Constitución. En el caso de Rajoy, el electorado percibiría como un ejercicio de responsabilidad que, en aras del interés general, persevere en su oferta de grandes acuerdos de Estado, compatible con una oposición firme y rigurosa.

ARTICULOS DE OPINION

Martes, 6 de de septiembre de 2005

“Callejón con salida”, Miguel Ángel Aguilar. EL PAÍS. Tras la reunión mantenida entre Zapatero y Rajoy señala que para que el PP se convierta en alternativa al Gobierno, Rajoy tendría que salir del callejón sin salida en el que le han metido Acebes y Zaplana, entre otros. Según Aguilar la actitud tozuda de triunfalistas de la catástrofe basada en el pronóstico de la inmediata caducidad de Rajoy, se ha probado ya inservible.

 “Rajoy y Zapatero: Política de Estado”, Luis María Anson. LA RAZON. Incide en que “Zapatero y su entorno han distinguido a los populares con tanto odio resentido, con ánimo tan grande de venganza, que resulta difícil pensar que la entrevista de ayer producirá el acuerdo de Estado que España necesita. (...) Zapatero es un gobernante por accidente dispuesto a desmantelar el delicado tinglado de la Transición si cree que eso le conviene para lograr el propósito al que supedita todo: mayoría absoluta en las generales de 2008”.

 “El paripé”, Federico Jiménez Lozanitos. EL MUNDO. Opina que “Los encuentros de Zapatero con Rajoy se han convertido en una especie de homenaje al dadaísmo en un museo con goteras. Son una foto, sí, pero con un pie que reza: “Esto no es una foto”. ¿Qué es entonces? ¿Una burla a la democracia? Sin duda. ¿Mofa de los 10 millones de españoles que votan a la derecha? Evidentemente”.

Efecto Zapatero: Resucita la Kale Borroka

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2005, 17:57, Categoría: ETA

Ya ven por donde va la cosa. Proceso de Paz, resultado el terrorismo callejero comete más actuaciones en un solo mes de vacaciones como es Agosto que en todo el año 2004 y eso sin tener en cuenta que el anterior gobierno de Aznar este fenómeno había sido prácticamente erradicado de las calles del País Vasco. Aquí tenemos una nueva muestra del ‘Efecto Zapatero’, la vuelta de terrorismo a las calles.  

LA RAZON

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

LOS ACTOS DE KALE BORROKA SUPERARON EN AGOSTO A TODOS LOS DEL AÑO 2004

J. Arias Borque

El PCTV pide el apoyo del Parlamento vasco ante las actuaciones de Marlaska

Vitoria - La debilidad que el Ejecutivo Zapatero está demostrando a la hora de hacer cumplir la Ley de Partidos en el País Vasco y la respuesta de fortaleza y de órdago al Estado de Derecho que ha tomado el entorno de la organización terrorista ETA se está demostrando, una vez más, en el espectacular rebrote que está teniendo la kale borroka. Si LA RAZÓN denunciaba en su edición del pasado 23 de julio que los actos de terrorismo callejero registrados hasta esa fecha superaban ya a los registrados durante todo el año 2003 (150 casos), el final del verano nos trae otras cifras aún más aterradoras: los atentados y sabotajes organizados por los cachorros de ETA durante los últimos días de julio y el mes de agosto cifran ya los actos de terrorismo callejero en el año 2005 en 258, veintitrés más de los que se registraron durante todo el año 2004.

Unas cifras que también han ayudado a aumentar la polémica sentencia emitida a finales de junio por los magistrados de la Audiencia Nacional Carlos Ollero y Alfonso Guevara, según la cual la kale borroka no es terrorismo sino delincuencia común. Sólo en los meses de julio y agosto se registraron 120 actos de kale borroka, algo menos de la mitad de la registrada durante los seis primeros meses del año.

«Persecución». Si la sentencia de los jueces Ollero y Guevara ha inducido a aumentar los casos de terrorismo callejero, la de otro magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha metido el miedo en los cuerpos abertzales. Los portavoces del PCTV en el Parlamento vasco, Nekane Erauskin y Julián Martínez, calificaron ayer la citación del magistrado a los siete principales dirigentes de la formación por presunta colaboración con ETA, al considerarlos sucesores directos de Batasuna, como un hecho «muy grave» porque «pretende condicionar la vida política y, concretamente, la actividad del PCTV-EHAK». A juicio de los abertzales, se trata de «un capítulo más de la estrategia jurídico-política cuyo objetivo principal es mantener la espada de Damocles constantemente sobre la cabeza de todo aquel que se sienta de izquierdas y abertzale». Así, pidieron que se abandonen los «instrumentos del pasado» y reclamaron que se dé «una oportunidad en Euskal Herria al diálogo y la negociación» porque son los «caminos para resolver los conflictos políticos».

Además, según anunciaron, intentarán implicar a todos los grupos de la Cámara en el proceso que contra ellos ahora se inicia en la Audiencia Nacional, y lo harán presentando «una iniciativa parlamentaria emplazando al resto de grupos políticos para recavar su opinión, esperando que, de una vez por todas, las palabras se traduzcan en hechos concretos a favor de la paz y la democracia».

GARA

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

EZKER ABERTZALEA LLEVARÁ EL ACOSO AL PARLAMENTO

Ezker Abertzalea, grupo formado por las parlamentarias y el parlamentario elegidos en las listas de EHAK, anunció ayer que llevará a la Cámara de Gasteiz una iniciativa para que se pronuncie y pase «de las palabras a los hechos» en la denuncia del acoso al que la Audiencia Nacional está sometiendo a la izquierda abertzale.

Nekane Erauskin, Julián Martínez e Itziar Basterrika comparecieron en el Parlamento para «denunciar el acoso al que la Audiencia Nacional española está sometiendo a la izquierda abertzale» y anunciar que en breve presentarán una iniciativa parlamentaria emplazando el resto de grupos de la Cámara, para recabar su opinión al respecto, «esperando que de una vez por todas las palabras se traduzcan en hechos a favor de la paz y de la democracia».

La representación de Ezker Abertzalea salía así al paso del procesamiento dictado por el juez Fernando Grande-Marlaska contra varios dirigentes y miembros de EHAK, Batasuna y LAB, que deben comparecer en el tribunal especial mañana, el jueves y el próximo lunes.

Primero Nekane Erauskin en euskara y después Julián Martínez en castellano, iniciaron su comparecencia calificando de triste que el pasado mes de julio tuvieran que cerrar el curso político con una rueda de prensa sobre la persecución judicial contra EHAK y que tengan que abrir éste teniendo que abordar el mismo tema.

Recordaron que «cuando EHAK se presentó a las elecciones lo hizo con la intención de trabajar en el parlamento para dar respuesta a los problemas que tiene este pueblo en igualdad de condiciones al resto de partidos, pero vemos que no es así».

Consideraron «muy grave» la actuación de la Audiencia Nacional, porque pretende «condicionar la vida política y, concretamente, la actividad de EHAK. Se trata ­denunciaron­ de un capítulo más de su estratégica jurídico-política cuyo objetivo es mantener constantemente su ‘espada de Damocles’ sobre la cabeza de todo aquel que se sienta de izquierdas y abertzale, tratando como culpables a quienes no hacen más que trabajar por Euskal Herria».

Según destacaron, los procesamientos de la Audiencia Nacional «no hacen sino darnos un motivo más para pelear por la paz y la democracia, porque si por presentarse a unas elecciones representantes de una formación política son llamados a declarar, eso quiere decir que en Euskal Herria no existe ni democracia ni paz».

Por eso, Ezker Abertzalea emplazó a los representantes del Estado español, y concretamente a la Audiencia Nacional, a que «dejen a un lado las estratégicas jurídico-políticas, que son instrumentos del pasado y han demostrado que no sirven para conseguir ni la paz ni la democracia. Se ha demostrado, una y mil veces a lo largo de todo el mundo, que el diálogo y la negociación son los instrumentos para resolver los conflictos políticos. Démosles también una oportunidad en Euskal Herria».

Ezker Abertzalea no quiso ofrecer mayores precisiones sobre la iniciativa que está ultimando para presentar en la Cámara autonómica, aunque insistió en que todos sus extremos serán conocidos en breve.

«150.000 votantes nos dan toda la legitimidad»

Ezker Abertzalea declaró que EHAK se presentó a las elecciones «en un contexto de supresión de las libertades civiles y políticas», convirtiéndose en «abanderada de la paz y la democracia», obteniendo «un gran éxito» y «logrando que los que se habían quedado sin voz tuvieran un cauce de expresión». Y añadieron que la legitimidad que necesitan se la dan sus 150.000 votantes a los que «no fallaremos».

Alonso Justifica su Inacción

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2005, 17:52, Categoría: Al Qaeda

Ayer nos hacíamos eco de la fenomenal información publicada por ABC dando cuenta de cómo por la inacción y dejación de Alonso y su ministerio se había infiltrado un elevado números de radicales islámicos, presuntamente terroristas. Hoy el que fuera portavoz de Jueces para la Democracia (debe ser que el resto de la magistratura es para la dictadura), el nefasto Alonso nos explica su dejación de funciones afirmando que se trata de una «inmigración vacacional», y que todas las personas que pasan por la puerta sur de Europa son residentes legales de la UE que tienen derecho a moverse con libertad por el espacio Schengen. Una dotación para vigilar a 15.000 personas diarias, como denuncian los propios policías destinados en el servicio fronterizo, compuesta por un solo ordenador para detectar reclamados policiales y judiciales a lo largo de ocho filtros de coches (cuatro de entrada y cuatro de salida), y ni un solo medio luminiscente para verificar los documentos que se aportan. De ahí que sólo sea posible, según los agentes asignados a la puerta sur de Europa, la comprobación informática de antecedentes a no más de medio centenar ¿Cómo sabe Alonso que todos son ciudadanos legales? ¿No lo eran los autores de los atentados de Londres? Este es el gobierno que tenemos y padecemos.

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

ALONSO JUSTIFICA LA FALTA DE CONTROL EN ALGECIRAS EN QUE ES «INMIGRACIÓN VACACIONAL, NO TERRORISTA»

Virginia Ródenas

La Confederación Española de Policía (CEP) recuerda a Interior que terroristas del 11-M también eran «ciudadanos legales» de la UE que cruzaban esta frontera

MADRID. El titular de Interior, José Antonio Alonso, justificó ayer la falta de control en el puesto fronterizo de Algeciras, por donde sólo en la Operación Paso del Estrecho (OPE) cruzan 650.000 personas procedentes de Marruecos abordo de sus vehículos, afirmando que se trata de una «inmigración vacacional», y que todas las personas que pasan por la puerta sur de Europa son residentes legales de la UE que tienen derecho a moverse con libertad por el espacio Schengen. «Se trata -dijo el ministro- de una operación obligada que España encara de forma solidaria. Ha habido -añadió en Antena 3 TV, como respuesta a las informaciones publicadas en ABC - el control que tiene que haber». Una dotación para vigilar a 15.000 personas diarias, como denuncian los propios policías destinados en el servicio fronterizo, compuesta por un solo ordenador para detectar reclamados policiales y judiciales a lo largo de ocho filtros de coches (cuatro de entrada y cuatro de salida), y ni un solo medio luminiscente para verificar los documentos que se aportan. De ahí que sólo sea posible, según los agentes asignados a la puerta sur de Europa, la comprobación informática de antecedentes a no más de medio centenar.

Indignación policial

Ante esta situación, las declaraciones del máximo responsable de la Seguridad han levantado ampollas en la Policía. Ignacio López, secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), calificó de «escándalo» que «el ministro del Interior intente amparar bajo el eufemismo de «inmigración vacacional» la ausencia de control documental en los pasos fronterizos. ¿Cómo está el ministro en condiciones de saber que todas las personas que atraviesan la frontera son residentes legales de la UE si la propia Policía encargada de ese control no lo puede estar porque no lo puede comprobar? Es verdaderamente temerario por parte del ministro hacer una afirmación tan categórica cuando sabemos por declaraciones de detenidos en relación con el terrorismo islámico que estos individuos han estado utilizando la frontera de Algeciras. Además -explicó López-, pueden ser residentes legales y estar reclamados por Interpol, pero eso nunca lo sabremos en las actuales condiciones».

«Las personas que pasan un control fronterizo -manifestó el secretario general de CEP- responden a distintos tipos y si todo fuera tan dulce y solidario como nos quiere transmitir el ministro. ¿Por qué no se acaba con el paripé del control, se deja paso libre abiertamente, y entran todos? ¿Acaso implicados en el 11-M no eran ciudadanos legales en España? Es tremendo que el ministro deje entrever que como llegan a miles, lo mejor, para evitar conflictos, es dejarles entrar sin más y que esa es la «prueba del algodón» de que todo va bien. Si es tan eficaz, ¿por qué esa falta de control no se aplica en el aeropuerto internacional de Madrid-Barajas alegando también que estamos de vacaciones?».

«El ministro Alonso -concluyó el representante policial- nos defrauda una vez más porque a lo que no contesta es a la ausencia de medios y de personal en un punto clave de la frontera Schengen, donde los propios policías deben comprarse unas camisetas para tirarse al suelo a inspeccionar los bajos de los vehículos porque no tienen ni espejos. El ministro, sin duda, debería haberse callado y ponerse a trabajar».

El PP, a través de su portavoz en la Comisión parlamentaria de Interior, Alicia Sánchez Camacho, anunció ayer que pedirá la comparecencia urgente de José Antonio Alonso «para que dé explicaciones convincentes sobre estas gravísimas deficiencias en el control de fronteras. Además. es una de una irresponsabilidad tremenda por su parte, una absoluta temeridad, decir que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están realizando una operación «de inmigración vacacional» y no terrorista como si eso no supusiera uno de los principales objetivos de la lucha contra el terrorismo así como el control de los antecedentes de los que entran en territorio español. Eso demuestra que no se está tomando la lucha contra el terrorismo en serio. Al PP y a los españoles no nos hacen falta palabras sino hechos, y estos están demostrando que ni hay medios, ni policías ni controles en puestos cruciales de nuestra frontera exterior. Desde luego, si esto está ocurriendo en un nivel tres o alerta máxima del plan de prevención y protección ante el terrorismo habría que saber qué ha hecho y hará el ministerio en otros momentos en que la alarma no sea la de máximo grado».

«Juegos semánticos»

Por su parte, Carles Campuzano, portavoz de CIU en la comisión de Inmigracion, subrayó ayer que «el ministro no puede caer en juegos semánticos hablando de «inmigración vacacional» cuando tenemos sobre la mesa cuestiones tan delicadas. Que cada año tantísimas personas crucen el Estrecho tiene repercusiones desde muchos puntos de vista y esto obliga a los gobiernos de España, Marruecos y la UE a poner los medios necesarios para que todo este trajín de personas y vehículos se haga de la mejor manera posible. Tratar de minimizar esto es una frivolidad porque eso es garantía de acabar teniendo sorpresas desagradables que el propio ministro no debe tener el menor interés en que se produzcan. Alonso, a la vista de la ausencia de control denunciada, no tienen ninguna capacidad para decir que todos esos ciudadanos marroquíes residen legalmente en la UE. Con sus medios, el Gobierno no puede determinar una cosa así. No es fácil el control, pero hay que hacerlo en el nuevo escenario de terrorismo internacional. Siempre ha habido OPE pero ahora más que nunca estamos obligados a ser lo más diligentes que podamos en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad que afectan al conjunto de la UE».

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

A PARTIR DEL DÍA 15, SÓLO QUEDARÁN TRES POLICÍAS PARA EL CONTROL DE 2.000 PERSONAS

V. R.

El chequeo de sesenta camiones, cerca de veinte autobuses y doscientos coches al día es desde ahora el nuevo reto para la desguarnecida frontera de Algeciras

MADRID. Una vez concluida la Operación Paso del Estrecho, que ha provocado que 650.000 personas a bordo de sus coches pasen sin mayores controles por la frontera de Algeciras, tal y como publicó este diario, policías destinados a esos filtros de inspección confiesan su impotencia ante la nueva misión que tienen por delante: la comprobación de camiones, autobuses y coches, lo que representa unas dos mil personas por turno, con la única herramienta de sus propias manos y la pericia de un ojo experimentado. Sin carro de espejos para inspeccionar los bajos de los vehículos, sin medios luminiscentes para examinar la veracidad de los documentos y con un único ordenador para comprobar antecedentes que deben compartir los vigilantes de ocho puestos, la tarea se presenta para casi todos como una acción imposible. Más aún cuando a partir del próximo día 15, a las doce del mediodía, la veintena de policías en prácticas destinados a la frontera abandone Algeciras camino de Ávila, donde obtendrán sus nuevos despachos. Entonces, el número de policías asignados a este trabajo no sobrepasará los tres por turno para una afluencia diaria de poco menos de 6.000 personas.

Un panorama que no por conocido es menos preocupante. La gravedad de esta situación fue denunciada por última vez el pasado 20 de abril cuando el secretario local de la Confederación Española de Policía (CEP) elevó al comisario de Algeciras un escrito en el que se le recordaba «cómo por activa y por pasiva se le han expuesto cuantas deficiencias y carencias en todos los órdenes (humanos y materiales) presenta la frontera exterior Shengen perteneciente a esta comisaría, sin que hasta el día de la fecha se haya visto por parte de esta jefatura el más mínimo interés en solventar dentro de sus posibilidades cuantos problemas concurren en esta. Recordándole -subraya- que individuos pertenecientes a grupos extremistas han pasado sin poder ser detectados por falta de recursos».

Como los polizones que aguardan ocultos en el puerto de Tánger esperando la mejor ocasión para viajar camuflados en vehículo ajeno, y de los que son sorprendidos hasta 30 al día. «Entonces, con la llegada de camiones la dificultad se multiplica. El policía en el filtro debe tirarse al suelo a inspeccionar al no tener espejo, y en esas no es raro que alguno salte la valla. Entonces, hay que salir corriendo y abandonar la cabina porque no tenemos vehículo, sólo una motocicleta que debe de andar estropeada porque hace días que no la veo», dijo a ABC un agente.

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

EL MINISTRO ANUNCIÓ QUE DESTINARÍA A LA OPERACIÓN MÁS AGENTES ANTITERRORISTAS

Aunque la Operación Paso del Estrecho tiene como primer objetivo facilitar el tránsito de cientos de miles de magrebíes hacia sus lugares de vacaciones y su posterior regreso a sus casas, pocas semanas después de su toma de posesión en 2004 el ministro del Interior, José Antonio Alonso, anunciaba en el Congreso que su Departamento destinaría a agentes especializados en la lucha antiterrorista a fin de detectar explosivos y proceder a la vigilancia de personas.

Añadió que el plan había sido reforzado con medidas adicionales como consecuencia de los atentados del 11 de marzo en Madrid.

Un año después, tras los ataques de Londres, el titular de Interior justifica la falta de vigilancia en el Estrecho con el argumento de que se trata de una «inmigración vacacional».

Bono Pide Ignorar al 'Pobre Viceministro'

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2005, 17:41, Categoría: Gran Oriente Medio

Ayer les contábamos la peculiar forma de entender la ayuda humanitaria del tal Bono y su gobierno. Hoy tenemos que ir más allá. Ante las críticas recibidas del propio ejecutivo iraquí, el populista que se inventó una agresión para forzar la detención de militantes del PP, ha calificado al responsable iraquí como ‘Pobre Viceministro’ al la vez que solicita ignorar sus declaraciones. Eso de democracia, eso es talante… Ya lo dice el refrán, por sus hechos les conoceréis. No se pierdan el tratamiento de EL PAIS a este tema, la realidad paralela o virtual.

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

BONO PIDE IGNORAR AL «POBRE VICEMINISTRO» QUE CRITICÓ LA EVACUACIÓN DE HERIDOS EN IRAK

El PP asegura que quedan dudas por resolver y dice que el «trato humanitario a personas que están sufriendo no puede estar animado por intereses políticos»

MADRID. Expeditivo y sin querer dejar ningún resquicio a la duda acerca de las buenas intenciones del Gobierno, José Bono salió ayer al paso de las acusaciones, rectificadas oficialmente, de «propagandista», vertidas por el número dos del departamento de Salud del Gabinete iraquí, en relación al traslado a España de un grupo de 16 heridos en la trágica avalancha de Bagdad de la pasada semana, en la que murieron alrededor de un millar de personas. El ministro de Defensa pidió que se crea más a los militares que a un «pobre viceministro, que dice una cosa y luego se disculpa porque estaba nervioso».

El viceministro en cuestión, Amar al-Safar, encendió la polémica el pasado domingo, cuando dijo que la evacuación humanitaria, solicitada por Irak, era un gesto «para que en España pareciera que se ayuda al pueblo iraquí». Posteriormente, el propio Al-Safar se encargó de enfriar los ánimos a través de una nota de disculpa, y señaló que había «perdido los nervios» al comprobar que el Hércules 130 fletado por las Fuerzas Aéreas no podía hacerse cargo del número de heridos previsto en un principio, unos treinta.

Después, según explicó el presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, también se supo que el equipo médico-militar español había tomado la decisión de dejar en tierra a aquellos heridos más graves, al considerar que, una vez diagnosticados, eran incapaces de sobrevivir al vuelo. Por todo ello, Bono sentenció ayer en declaraciones a Tele 5 que «estaba orgulloso» de la labor desempeñada por los soldados, y que el Ejército había cumplido con la misión encomendada.

El PP, sin embargo, todavía advierte muchas sombras en este episodio. El vocal de los populares en el Congreso, Manuel Atencia, cargó ayer las tintas contra el Ejecutivo y aseguró que el «trato humanitario a personas que están sufriendo no puede estar animado por intereses políticos o propagandísticos». Atencia señaló que esta actitud «caracteriza al Gobierno» y pidió que se «aclare lo sucedido».

Llegada a Torrejón de madrugada

Después de todos estos avatares previos, el Hércules aterrizó finalmente en la madrugada de ayer en la base aérea de Torrejón, en Madrid, con un total de 23 ciudadanos iraquíes, 16 heridos -siete niños y nueve adultos- y siete acompañantes.

A pie de pista, la ministra de Sanidad, Elena Salgado; la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín; el secretario general de Política de la Defensa, Francisco Torrente; y el embajador iraquí en España, Falal Hal Khudairi, recibieron al grupo de ciudadanos iraquíes, agradecieron al Ejército su trabajo e insisteron en quitarle hierro a las críticas previas llegadas desde Bagdad. También insistieron en que la selección de pasajeros se había basado «siempre en criterios médicos»

Entre los heridos hay un joven de 18 años con una bala alojada en la columna vertebral, un niño de nueve años con un tumor cerebral y otro de seis con una cardiopatía congénita. El resto del grupo presenta casos de fracturas y quemaduras de diversa índole.

Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron que estas 16 personas han quedado ingresadas en el Hospital militar Gómez Ulla de la capital, donde seguirán el tratamiento preceptivo.

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

UN HOSPITAL ESPAÑOL ACOGE A 16 HERIDOS IRAQUÍES, EN SU MAYORÍA VÍCTIMAS DE LA ESTAMPIDA DE BAGDAD

G. Fourmont

Madrid - Eran poco más de las cinco de la madrugada de ayer cuando el avión militar Hércules C-130 aterrizó en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). La ministra de Sanidad, Elena Salgado; la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, y el secretario general de Política de Defensa, Francisco Torrente, estaban en la pista para acoger a sus pasajeros: 16 iraquíes, siete de ellos niños, en su mayoría heridos en la estampida de Bagdad que el pasado miércoles causó la muerte de más de 900 personas. Tras un largo viaje de 10 horas, todos han ingresado en el hospital militar Gómez Ulla, en Madrid.

"Es un milagro". El padre Ángel, presidente de la ONG española Mensajeros de la Paz, aún no se explica cómo los 16 heridos pudieron llegar a España. El sacerdote, que también viajó en el Hércules, recuerda que "18 tanques protegían a las ambulancias hasta el aeropuerto de Bagdad". La salida del avión fue vigilada, además, por soldados españoles del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo.

La mayoría de los 16 iraquíes se encontraban, el 31 de agosto, en el puente Aima de Bagdad, sobre el río Tigris, cuando un rumor sobre la presencia de terroristas suicidas desató una estampida. Casi un millar de personas perdieron la vida. Al conocer la tragedia, el ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, se puso en contacto con su homólogo iraquí para ofrecerle ayuda médica. En Irak, desde la caída de Sadam Husein en 2003, Mensajeros de la Paz gestiona en el terreno la evacuación de los heridos. El Ministerio de Defensa fletó el avión.

El padre Ángel estaba a punto de "besar la tierra" cuando llegó a Torrejón. "Digo chapeau a los ministerios de Exteriores, Defensa y Sanidad" por su gestión, explica antes de insistir en que "España es el único país en ayudar a Irak por [las consecuencias de] la estampida". La ayuda española no fue, sin embargo, saludada por todos. El viceministro de Salud iraquí, Amar al Safar, creó una pequeña tensión diplomática al declarar el domingo que España no había querido atender a los más graves y que "el único objetivo de la misión es propaganda".

En el aeropuerto de Torrejón, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, dio ayer por zanjada la polémica al asegurar que los heridos habían sido elegidos según "criterios médicos". El padre Ángel explicó que era una "imprudencia" trasladar a los más graves. El embajador de Irak en España, Talal al Khudairi, se disculpó en nombre de su Gobierno.

No hay fecha de vuelta a Irak. Los 16 heridos han ingresado en el hospital Gómez Ulla hasta que "estén bien", en palabras del padre Ángel. El Ministerio de Sanidad está coordinando con todas las comunidades autónomas el posible traslado de los pacientes hacia otros hospitales. Los siete niños -uno de ellos tiene 18 años- están tutelados por Mensajeros de la Paz. Algunos no estaban en el puente Aima, sino que padecen enfermedades incurables en su país. Una niña sufre una cardiopatía congénita; otra, un politraumatismo facial. Es lo que más preocupa al padre Ángel: la situación actual en Irak. "No hay ni luz, ni agua, ni electricidad", dice, "y nadie nos ayuda", denuncia.

Lo cotidiano de Irak es también atentados y numerosos muertos. Dos soldados británicos perdieron la vida ayer en un ataque cerca de Zubaír, a unos 20 kilómetros de Basora, al sur del país, informa France Presse. Con estas dos muertes, el número de soldados británicos fallecidos en Irak asciende a 96. Además, al menos 11 iraquíes murieron, entre ellos 8 civiles, en un atentado con coche bomba cerca de la base militar de Hit, unos 170 kilómetros al oeste de Bagdad.

Batasuna Exige la Libertad de los Presos

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2005, 17:28, Categoría: ¿Se Negocia con ETA?

Pernando Barrena pidió hoy al Gobierno del PSOE que dé pasos ya para un diálogo con ETA sobre la puesta el libertad de los presos, resarcimiento de víctimas y un proceso de "desmilitarización multilateral". Es cierto, no se trata de ninguna broma propia del 28 de diciembre. Paralelamente EHAK asegura que "no fallará" a los votantes que le prestó Batasuna y el sindicato LAB convoca una marcha antes de que su líder declare ante el juez ¿No era que el PCTV no tenía nada que ver con Batasuna?

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

BATASUNA PIDE AL GOBIERNO QUE DIALOGUE YA CON ETA Y ABORDE LA LIBERTAD DE LOS PRESOS DE LA BANDA

El portavoz de Batasuna Pernando Barrena pidió hoy al Gobierno del PSOE que dé pasos ya para un diálogo con ETA sobre la puesta el libertad de los presos, resarcimiento de víctimas y un proceso de "desmilitarización multilateral". Además, aseguró que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero sabe que, "tarde o temprano", si tiene voluntad de lograr la pacificación, tendrá que proceder a la puesta en libertad de todos los reclusos de la banda armada. "Esto tiene fecha de caducidad", advirtió.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Barrena señaló que, de forma paralela al diálogo con ETA, el Gobierno de Zapatero debe mostrar su disposición a iniciar una vía de diálogo entre todos los agentes políticos vascos para abordar "un proceso de transición entre este escenario político y otro en el que finalmente la voluntad de los vascos sea respetada".

Asimismo, afirmó que la izquierda abertzale ya está "harta" de la postura del Ejecutivo central y quiere "hechos", y reprochó que "las contrapartidas" que está ofreciendo a los pasos dados por Batasuna para abordar un proceso de paz son "los procesamientos" y la aplicación de medidas de "cadena perpetua a los presos políticos".

"Ellos saben perfectamente, y nos consta que lo saben, que una solución en el sentido de puesta en libertad de todos los presos políticos vascos en un contexto de proceso de resolución, es algo que tarde o temprano se va tener que abordar si quieren que realmente salga", añadió.

Plazos

Tras mostrar sus dudas sobre que el PSOE esté "psicológicamente preparado" para abordar un proceso de paz, indicó que hay un espacio sin elecciones hasta mayo o junio de 2007 -fecha en la que se celebrarán las elecciones municipales y forales- para poder desarrollarlo. "Hay que intentar llegar a un estadio de acuerdo antes de que lleguen las elecciones de 2007", apuntó.

Pernando Barrena dijo que la izquierda abertzale se ha dado un periodo de cuatro meses, hasta finales de año, para poder evaluar definitivamente "si la situación política del país y los agentes políticos institucionales y gubernamentales están suficientemente maduros y si hay voluntad política real para poder encauzar un proceso de estas características".

"En estos cuatro meses es cuando hay que llevar a cabo este ejercicio de conversaciones sobre las conversaciones, como se denominaba en el proceso de paz irlandés, y evaluar y en su caso acordar, cómo se deben llevar a cabo esas conversaciones, en base a qué objetivos, con qué anclajes debe formarse esa mesa de partidos y con qué compromisos", indicó. No obstante, advirtió de que todo esto tiene "fecha de caducidad" como "el yogur".

Procesamientos

Barrena manifestó que "gran parte de los aparatos del Estado siguen todavía, de alguna manera, totalmente penetrados por elementos del PP, que están utilizándolos para que no pueda vislumbrarse en este país un nuevo tiempo político, y es muy evidente en algunos ámbitos especiales de la Judicatura y la Audiencia Nacional es un ejemplo de ello, o lo que representa la Guardia Civil y los Servicios de Inteligencia".

No obstante, apuntó que esto "le da la oportunidad al PSOE de hacer un discurso de 'no es lo que yo quiero', pero, a la vez, está aplicando unas medidas represivas que lo que hacen es poner más peso en su balanza a la hora de ejercitar medidas de presión en este clima político".

Tras no descartar que el juez Fernando Grande-Marlaska actúe en contra de la opinión del Gobierno, dijo que, en todo caso, los socialistas tienen "detrás de todo esto una responsabilidad política".

"La independencia del Poder Judicial en el Estado español es una quimera. El poder político utiliza al Judicial para sus intereses y realmente lo que no se puede entender es que el poder político no tenga control sobre el judicial a la hora de poner en marcha condiciones para hacer posible un proceso de paz y sí las tenga para otorgar beneficios penitenciarios a Galindo o a Vera", subrayó.

En este sentido, consideró que ello demuestra que, "cuando quieren, pueden", y apuntó que, "si quieren, también tienen que poder sentar condiciones para poner en marcha un proceso de paz".

Actitud de Zapatero

El dirigente abertzale señaló que, al margen del discurso de Zapatero, lo que Batasuna "está dilucidando en los prolegómenos es si va a haber juego o no, si va a haber partida o no va a haber".

"Mientras una de las partes que quiere jugar está dispuesta a sentarse en la mesa en cuanto se siga, la otra parece que quiere llegar a esa mesa después de haber pasado por el gimnasio político en repetidas ocasiones", indicó.

A su juicio, "eso es muy legítimo", pero precisó que la izquierda abertzale "está bastante harta de tener que valorar las posiciones dialécticas del Gobierno del PSOE o del señor Rodríguez Zapatero".

"Ese tiempo ya ha pasado. Nosotros no vamos a entrar a hacer valoraciones de lo que digan o dejen de decir, sino de lo que hagan o dejen de hacer", aseveró.

Pernando Barrena señaló que, pese a su discurso, Zapatero "sigue teniendo una obsesión permanente por reunirse con el PP para hablar, nos imaginamos que de nada bueno, y para hacerle ofertas de unidad de acción en algunos temas de cara al futuro, aunque sean rechazadas por el PP".

Para Barrena, ello demuestra que el PSOE, "y especialmente Rodríguez Zapatero, a pesar del discurso y de la dialéctica, todavía no están psicológicamente preparados para hacer una política realmente decidida que busque superar el conflicto político en el País Vasco".

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

EHAK ASEGURA QUE «NO FALLARÁ» A LOS VOTANTES QUE LE PRESTÓ BATASUNA

BILBAO. El Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) presentará en breve una iniciativa parlamentaria en la que emplazará al resto de grupos a que pasen «de las palabras a los hechos en favor de la paz y la democracia». Asimismo, pidió a la Audiencia Nacional que abandone «instrumentos del pasado» y reclamó que se dé «una oportunidad en Euskal Herria al diálogo y la negociación», porque son los únicos «caminos para resolver los conflictos políticos».

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento vasco de Vitoria, los parlamentarios de esta formación Nekane Erauskin -a la izquierda de la imagen, mirando al popular Carmelo Barrio- y Julián Martínez denunciaron la decisión de la Audiencia Nacional de imputar a siete dirigentes de EHAK POR su integración en ETA y criticaron el «acoso y persecución» que sufre la izquierda abertzale.

Asimismo, consideraron «muy grave» la decisión de la Audiencia Nacional porque «pretende condicionar la vida política y, concretamente, la actividad de EHAK». «Se trata de un capítulo más de su estrategia jurídico-política cuyo objetivo principal es mantener su espada de Damocles sobre todo aquel que se sienta de izquierdas y abertzale», indicaron. Y aseguraron que «no fallarán» a sus votantes, procedentes de Batasuna, porque «son ellos los que nos dan la legitimidad que necesitamos y nadie más».

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

EL SINDICATO LAB CONVOCA UNA MARCHA ANTES DE QUE SU LÍDER DECLARE ANTE EL JUEZ

M. Marín / I. C. Martínez

Díez Usabiaga está imputado por integración en banda armada

San Sebastián / Vitoria - El sindicato abertzale LAB ha convocado una manifestación "a favor de los derechos civiles y políticos" en San Sebastián para el próximo viernes, tres días antes de que su secretario general, Rafael Díez Usabiaga, declare en la Audiencia Nacional como imputado por un presunto delito de integración en banda armada. Díez Usabiaga compareció ayer en la capital guipúzcoana junto a miembros de la dirección de su central y reclamó al PSOE que tome "decisiones políticas de alcance" para avanzar en el proceso de paz.

Díez Usabiaga, uno de los nombres clave en el mundo de la izquierda abertzale, consideró que su imputación estaba dentro de "un guión posible". El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska "pretende dar proyección a esa estrategia de criminalización política" del independentismo radical, sentenció. "Quiere dar una vuelta de tuerca más a una estrategia vieja, caduca, que ha fracasado y que sólo ha servido para alimentar la noria de la confrontación".

Grande-Marlaska decidió en junio incorporar las investigaciones contra LAB dentro del sumario abierto por su antecesor en el juzgado, Baltasar Garzón, y conocido como el de las herriko tabernas, en el que se hayan procesadas unas 40 personas, la mayoría dirigentes de las ilegalizadas HB, EH y Batasuna. El juez investiga en ese sumario la presunta utilización de esos locales como vía para financiar a ETA.

El dirigente sindical sumó a sus críticas contra la judicatura otras contra el Gobierno. "No se puede decir, como [José Luis Rodríguez] Zapatero hablaba este fin de semana, que es hora de la paz en Euskadi", señaló en referencia a las palabras del presidente del Gobierno en el Comité Federal del PSOE, "y luego seguir manteniendo una estrategia de guerra, seguir manteniendo esta caza política hacia organizaciones y personas". La manifestación tendrá como lema Basta ya. A favor de los derechos civiles y políticos. LAB adelante.

"Decisiones de alcance"

Díez Usabiaga insistió en que el PSOE debe tomar "decisiones políticas de alcance" y todas las partes implicadas colaborar para establecer "un proceso de diálogo y negociación política que permita alcanzar un acuerdo nacional integral de solución del conflicto" basado en el respeto a la voluntad del pueblo vasco. Si no, resumió, "el proceso será frágil".

LAB se reunirá hoy con representantes de PNV, EA, Aralar, la ilegalizada Batasuna, así como con otros sindicatos, para analizar la situación tras la citación a su líder.

El juez Grande-Marlaska ha citado también a declarar entre mañana y el jueves a siete dirigentes de EHAK (siglas en euskera del Partido Comunista de las Tierras Vascas) como imputados en un delito de pertenencia o colaboración con banda armada.

Ayer mismo, el parlamentario de esta formación Julián Martínez leyó en la Cámara vasca un comunicado ante los medios en el que califica de "muy grave" esa decisión, porque pretende, "condicionar la actividad política de su grupo". Añadió que la imputación supone un ejemplo del "acoso y persecución" que sufre la izquierda abertzale y emplazó a la Audiencia Nacional a dejar de lado esta estrategia porque "no sirve", aseguró, para conseguir "la paz y la democracia".

En todo caso, apuntó, la citación de los siete responsables de EHAK, dos de ellos miembros del equipo de comunicación de Batasuna, supone "un motivo más para pelear" por ambas. El parlamentario anunció una iniciativa en la Cámara vasca, que no concretó, para emplazar al resto de grupos a pronunciarse sobre la actuación del juez y reclamarles que pasen "de las palabras a los hechos".

GARA

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

LAB EMPLAZA AL PSOE A QUE ACLARE SI APUESTA POR EL DIÁLOGO

«Somos conscientes de que las decisiones judiciales tienen un alimento y una complicidad política». Este convencimiento ha llevado a LAB a considerar, tras las últimas iniciativas del magistrado Fernando Grande-Marlaska, que el PSOE «no está haciendo lo que tiene que hacer» para «crear un clima que consolide voluntades y compromisos». Según manifestó Rafa Díez, «no se puede decir que es la hora de la paz en Euskadi y luego seguir manteniendo una estrategia de guerra, de presión en las cárceles y de caza política hacia organizaciones y personas». Es momento de definirse.

LAB considera que al PSOE le ha llegado el momento de definirse. La última ofensiva judicial emprendida por el juez Fernando Grande-Marlaska llevó ayer al sindicato abertzale a emplazar directamente al partido que gobierna en Madrid.

Rafa Díez, llamado a comparecer en la Audiencia Nacional el próximo lunes por «integración en banda armada», señaló, dirigiéndose al partido que lidera Rodríguez Zapatero, que «es la hora de decir qué queremos hacer. O todos jugamos juntos para sacar adelante el plan A, un proceso de diálogo y negociación política para superar el conflicto, o si no será difícil encarrilar las esperanzas de la ciudadanía».

Para el secretario general de LAB, es «incompatible ese plan A con un supuesto plan B que llene todo el camino de minas. No se puede decir que es la hora de la paz en Euskadi, no se puede hablar, como referencia importante, de que ETA lleva dos años sin un atentado mortal, y luego seguir manteniendo una estrategia de guerra, de presión en las cárceles y de caza política hacia organizaciones y personas». Por ello, añadió que el PSOE «no está haciendo lo que tiene que hacer» para «crear un clima que consolide voluntades y compromisos».

LAB considera que las últimas decisiones de Grande-Marlaska contra el propio sindicato y contra EHAK suponen «una nueva vuelta de tuerca en una estrategia que ha fracasado y que sólo ha servido para alimentar la noria de la confrontación».

«Animadores veraniegos»

Una actuación judicial que «ha tenido animadores» a lo largo del verano, entre los que Díez destacó al coordinador de la Ejecutiva del PSE, Rodolfo Ares. La acusación contra su máximo representante no ha cogido por sorpresa al sindicato, ya que «existe un interés judicial y político por cerrar el círculo de agresiones e ilegalizaciones». Por ello, estima que el cambio de Gobierno en Madrid no ha supuesto hasta la fecha cambio alguno con relación a EuskalHerria.

«Todos sabemos lo que hay en juego ­destacó Díez­. Es el momento de realizar reflexiones y de tomar decisiones de alcance político, si no queremos que se implementen otro tipo de dinámicas y que la esperanza que existe en la sociedad vasca sea algo que empiece a hacer aguas».

Rafa Díez manifestó que «ya basta de hablar tanto de la kale borroka, de ese bote de pintura, de ese contenedor y de esos cajeros», mientras que «da la impresión de que entra dentro del paisaje político el que centenares de cargos públicos estén sufriendo un apartheid, que los derechos de manifestación sean conculcados o que se desarrolle esta caza política sobre dos organizaciones legales».

Reclamó al PSOE que «ponga fin a la esquizofrenia» entre su discurso y su práctica, y subrayó que esa formación «sabe muy bien que en los últimos tiempos los pasos reales y los compromisos han llegado desde la izquierda abertzale».

Díez reseñó que «la sociedad quiere un acuerdo nacional e integrador», por lo que «no habrá proceso si no estamos todos dispuestos a aceptar que la ciudadanía vasca tiene la última palabra. Es el momento de dejar atrás la confrontación, el sufrimiento y la imposición. Pero todos los agentes han de poner de su parte».

El sindicato convoca una manifestación en Donostia

LAB ha convocado para el próximo viernes una manifestación que se celebrará bajo el lema «Aski da! Eskubide zibil eta politikoen alde, LAB aurrera». La marcha comenzará a las 12.00 desde el Boulevard de Donostia. Txutxi Ariznabarreta, responsable de Comunicación, recordó que el pasado mes de junio numerosos agentes políticos, sindicales y sociales ­con los que se reunirán hoy­ suscribieron un manifiesto en contra de este ataque judicial, y llamó a la ciudadanía a asistir a la movilización.

Impuestazo e Improvisación Constante

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2005, 17:18, Categoría: El Impuestazo

Los presidentes de las autonomías gobernadas por el PP pidieron ayer al Gobierno que "mejore la cuantía" de su oferta -1.000 millones en dos años- para paliar el déficit sanitario y "no obligue" a las comunidades a subir los impuestos, porque consideran que esta propuesta "no entra en el sistema de financiación autonómica vigente". Así se expresaron en conferencia de prensa el secretario general del PP, Ángel Acebes, y el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, tras la reunión que mantuvieron los dirigentes nacionales del partido y los jefes de los Ejecutivos autonómicos para fijar la posición que mantendrán en el debate sobre financiación sanitaria, que centrará la próxima Conferencia de Presidentes. Se le reclama al gobierno que cumpla la Ley y desarrolle una propuesta estable dentro del sistema de financiación vigente aprobado unánimemente por las comunidades autónomas. Al tiempo, expresaron su malestar por la forma en que el Gobierno ha presentado estas medidas, a través de los medios de comunicación.

Por su parte, las comunidades socialistas unificaron su posición el sábado (se supone que improvisando sobre la marcha), en el Consejo Territorial del PSOE, y apoyarán la propuesta del Gobierno, según informa EL PAIS. El secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Alfonso Perales, pidió al PP que haga una propuesta alternativa sobre financiación sanitaria en lugar de "amenazar" con no acudir a la Conferencia de Presidentes y "boicotear" cualquier posibilidad de acuerdo. El dirigente socialista dijo que todavía hay margen de acuerdo, ya que la propuesta "definitiva" del Gobierno será la que haga el día 10. Como siempre la ‘culpa es del PP’. En este sentido, LA RAZON señala que el Gobierno mejorará su oferta económica para lograr el consenso con la oposición. Pedro Solbes, recordó ayer que la propuesta de financiación sanitaria "no es intocable" y que está abierta a mejoras. Por supuesto ante el éxito de la medida nada mejor que modificarla en 24 horas, así funciona este gobierno, así muestra su ‘sólido’ proyecto de vertebración de España…

LOS TITULARES SOBRE FINANCIACIÓN SANITARIA

Martes, 6 de de septiembre de 2005

El Mundo: “Los ‘barones’ del PP dispuestos a negociar la financiación si no hay subida de impuestos”.

El País: “recursos insuficientes para la buena salud de las autonomías”. “Las autonomías del PP reclaman más dinero para sanidad sin subir impuestos”

La Razón: Los ‘barones’ del PP exigen más dinero para negociar”

La Vanguardia: “El Gobierno está dispuesto a ampliar su oferta en financiación sanitaria para lograr el pacto”

El Periódico: “El Gobierno cede y promete subir un poco la ayuda para sanidad”

EL MUNDO

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

LOS 'BARONES' DEL PP, DISPUESTOS A NEGOCIAR LA FINANCIACIÓN SI NO HAY SUBIDA DE IMPUESTOS

Carmen Remirez De Ganuza

Presentarán una contrapropuesta si, además, el Estado pone más dinero y no es provisional

MADRID.- Que el Estado mejore la cuantía de la aportación anunciada, que la medida se introduzca en el modelo vigente de modo que no sea un parche coyuntural y que no se obligue a subir los impuestos. Estas son las tres condiciones que los presidentes autonómicos del PP pusieron ayer al Gobierno para negociar la propuesta de financiación sanitaria que presentó el pasado jueves y que hoy por hoy les resulta «inaceptable».

«A partir de ahí, podemos hablar», declaró ayer Pedro Sanz, presidente de La Rioja y decano de los barones del PP, tras el almuerzo que mantuvieron con Mariano Rajoy y la plana mayor del partido en la sede de Madrid.

Sanz, que estuvo acompañado en rueda de prensa por el secretario general, Angel Acebes, coincidió con éste en transmitir un primer y doble mensaje de firmeza política al enfatizar la promesa de que «nosotros no vamos a subir los impuestos», y dirigir, después, una ácida crítica al Gobierno por las «formas» en la presentación de su propuesta de financiación.

«Estamos incómodos», dijo el portavoz de los presidentes autonómicos del PP, «porque la propuesta no se ha hecho de una forma adecuada, con lealtad. No entendemos que, desde el 28 de octubre del año pasado, en que se anunció una propuesta, hasta el jueves pasado, en que se presentó a los medios de comunicación, no hayamos tenido un documento encima de la mesa, lo cual es un signo de improvisación y de falta de respeto».

«Se quiere que haya poco debate. Vamos a toda prisa, a toda velocidad, sin más de 48 horas para plantear contrapropuestas», añadió Sanz en un tono más quejoso que enérgico. Si Acebes dejó claro tras la reunión que el PP va a exigir, primero, que se cumpla el modelo vigente, incluidos sus previstos mecanismos de corrección demográfica; segundo, que «no se suban los impuestos», y tercero, que «se garantice la igualdad de los ciudadanos, vivan donde vivan», Sanz puso el acento en la «esperanza» de que «el Gobierno rectifique» y «mueva ficha».

Como subrayó ayer Sanz al detallar sus tres condiciones para la negociación, «no hablamos de una propuesta, sino de un gesto extraordinario y muy pobre, cicatero en la cifra y para sólo dos años».

Y es que, horas después de que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, declarara que la propuesta del Gobierno «requiere un estudio en más profundidad», el portavoz de los barones del PP habló más de «contrapropuestas» que de «rechazo» global al plan.

De hecho, y aunque receló de que el Gobierno se guarde «algún nuevo as bajo la manga» -porque «nos hubiera gustado conocerlo desde el principio»-, confió en que corrija su propuesta de financiación y subrayó la necesidad de habilitar una tercera Conferencia de Presidentes, llegado el caso, para alcanzar un posible acuerdo entre todas las comunidades autónomas.

Sanz dejó caer en la rueda de prensa que algunos presidentes autonómicos del PP son más sensibles que otros al plan de financiación del Gobierno, pero ahuyentó los rumores de división interna descartando a priori la posibilidad de que Valencia o Baleares -valgan de ejemplo- se desmarquen con una aceptación unilateral de la propuesta definitiva del Gobierno.

«Los presidentes del PP no llevamos uniforme», proclamó, pero sí la «idea» de llevar una «posición unitaria, de partido» al Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles y a la Conferencia de Presidentes del sábado. Según dijo, no es una cuestión «ideológica», sino de «convicciones».

Y puestos a aunar criterios, antes de que los consejeros de Economía y de Sanidad autonómicos se reúnan hoy en la sede popular con los correspondientes secretarios ejecutivos, Miguel Arias Cañete y Ana Pastor, los presidentes aprobaron ayer un documento en el que plasmaban los tres grandes principios formulados por Acebes.

En dicho documento, los barones del PP «exigen al Gobierno que cumpla la Ley y desarrolle una propuesta estable dentro del sistema de financiación vigente aprobado unánimemente por las Comunidades Autónomas, usando sus propios mecanismos correctores para solventar las nuevas necesidades».

«Reiteran», en segundo lugar, «su rechazo a la propuesta del Gobierno de incrementar adicionalmente algunos impuestos que soportan los españoles para financiar la sanidad».

Pero es la palabra «diálogo» la que cierra el manifiesto de los populares que, en su último punto, «manifiestan su disposición a dialogar para encontrar entre todos una solución (...), persiguiendo alcanzar los niveles de calidad en la prestación sanitaria que los ciudadanos demandan. Será de este modo como podrá garantizarse la igualdad de todos los españoles, para que reciban los mismos servicios en cualquier lugar del territorio nacional en que se encuentren».

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

RECURSOS INSUFICIENTES PARA LA BUENA SALUD DE LAS AUTONOMÍAS

Representantes del Gobierno y de las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas se reunirán pasado mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en Madrid, para analizar la propuesta del Ejecutivo central para resolver el déficit sanitario. Un grupo de expertos ha analizado, por encargo del Ejecutivo, el gasto sanitario público en el periodo 1999-2003.

El estudio, coordinado por el Ministerio de Economía y Hacienda, ha sido elaborado por miembros del Ministerio de Sanidad, de los Gobiernos autónomos y de la Intervención General de la Administración del Estado, adscrita a Economía. Éste es un extracto del análisis realizado por los expertos:

- La situación. El gasto sanitario público aumentó un 8,6% anual en el periodo analizado y alcanzó los 42.591 millones en 2003. A partir de 2002, año en que culminan los traspasos a las comunidades autónomas, éstas gestionan el 90% de ese gasto, por lo que ellas "determinan la evolución global del sistema". El gasto en salud ha crecido más que la riqueza: pasó de representar el 5,5% del PIB y al 5,7%.

El gasto creció por encima de la media de Baleares, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Cantabria, Melilla, Cataluña y Aragón; y por debajo, el del País Vasco, Galicia, Navarra, Madrid y Ceuta.

- Endeudamiento. Las comunidades con la mayor deuda a finales de 2003 eran, por orden descendente, Canarias -su deuda representaba el 7,4% del gasto devengado en dicho ejercicio-, Comunidad Valenciana (7,3%), Baleares y Cataluña (6,5%), y Castilla y León (6,3%). La media era del 4,3%.

- Inversión en relación con la riqueza. El gasto en salud es de media un 5,2% del PIB pero las diferencias van del 8% de Extremadura sobre su PIB regional al 3,5% de la Comunidad de Madrid.

- Salarios y otras partidas. El capítulo que más se lleva es el de los salarios, seguido de las transferencias corrientes (fundamentalmente, las recetas médicas) y del gasto en consumo intermedio (la compra de material para centros sanitarios). Éste último es el que más creció. Los sueldos, en cambio, subieron por debajo de la media. Madrid y Baleares destacan, no obstante, por su elevado aumento, que convierte sus salarios en los más altos.

- Distribución del gasto. La asistencia hospitalaria supone más de la mitad del gasto sanitario público. Le sigue el farmacéutico, que es el que más ha crecido, sobre todo en la Comunidad Valenciana, Melilla y Canarias; en Andalucía y Aragón aumentó por debajo de la media. El tercer capítulo más costoso es la atención primaria.

- Motivos del aumento. Influyen varios factores: el demográfico (el aumento y el envejecimiento de la población), el factor precios y el denominado factor prestación real media por persona (que recoge el efecto de las variaciones tanto en la cantidad como en la calidad de los servicios sanitarios consumidos). Los expertos aseguran que la evolución demográfica explica un 21,4% de la tasa de incremento medio anual del periodo 1999-2003, mientras el factor precios supone el 46,1% y el de prestación real media, el 32,5%.

La población protegida en España ha aumentado una media del 1,62%; creció en todas las comunidades, excepto en Asturias, Extremadura y Castilla y León.

- Aumento de la población protegida. El aumento es casi generalizado pero se distribuye territorialmente de modo muy desigual. Tras Melilla, Baleares registra la tasa más elevada, seguida por Canarias, Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja y Cataluña. Todas estas, salvo Madrid, destacan porque aumentaron el gasto sanitario por encima de la media. Madrid, por el contrario, y pese a presentar aumentos de población muy destacados, incrementa su gasto en un 7,6% anual, cuando la media es del 9%.

- Gasto por persona. La media en 2003 era de 953 euros. Por encima están Navarra, Cantabria, Aragón, Asturias, Melilla, Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Ceuta, Canarias, La Rioja y Galicia. Cataluña y Murcia están en torno a la media y por debajo, quedan Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y Madrid. El informe destaca el caso de la Comunidad de Madrid, que en 1999 estaba ligeramente por encima de la media y en 2003 es la que menos gastó.

Los expertos afirman que "el análisis estadístico indica que no existe relación entre el gasto por persona y el PIB per cápita de las comunidades". Madrid es también la que menos gasta por persona protegida respecto a su PIB per cápita (3,8%) y Extremadura, la que más (8,6%). La media es del 6,03%.

- Gasto por persona si las comunidades tuvieran la misma estructura de población. Los expertos también han hecho cálculos basándose en esta hipótesis. La media sería en 2003 de 952 euros por persona. Melilla se situaría a la cabeza (1.337 euros) y a la cola, Castilla-La Mancha (894). Cuando se corrige la población por su estructura de edades, empeoran su posición Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra y La Rioja. Y la mejoran Ceuta, Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y Madrid. El resto, Melilla, País Vasco, Extremadura y Cataluña, mantienen su posición. El aumento del gasto de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura "no se justifica por la evolución de la población", según los analistas.

- Evolución del gasto farmacéutico. El gasto en medicamentos pasó de suponer el 27,71% en 1999 a representar el 30,13% en 2003. El gasto farmacéutico hospitalario aumenta a una tasa del 17,83%, que oscila entre el 7,3% de Castilla y León y el 27,88% de Cantabria. "La alta variabilidad puede indicar diferencias significativas en la gestión de las compras", afirman los expertos.

El gasto farmacéutico en recetas aumenta pese a las medidas adoptadas a finales de 2003 (introducción de genéricos e incentivación de su prescripción, rebaja de los precios, entre otras). "El impacto de estas medidas queda absorbido en valores relativos transcurrido un año desde su entrada en vigor", según el informe.

Éste explica que el incremento del gasto medio por receta se ha moderado: del 8,4% al 5% en el periodo analizado. Lo cual, según los expertos, refleja la política de precios del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Asturias y Galicia -ambas con una población mayor de 65 años superior a la media y un porcentaje de aportación del usuario inferior- tienen el mayor gasto por receta.

La tasa de genéricos dispensados pasa del 1,5% al 8,8%. Los porcentajes de dispensación más elevados se registran en 2003 en Madrid, Baleares, Cantabria, Melilla, Cataluña y Navarra.

El número de recetas facturadas aumenta del 1,4% al 6,8%. "La cantidad de recetas es el componente principal del crecimiento del gasto farmacéutico, y se ha debido fundamentalmente al aumento de la población protegida (especialmente pensionistas) y a las políticas de prevención. Paralelamente, existe un incremento paulatino en el porcentaje de recetas sin aportación (adquiridas por los pensionistas). Esto provoca que el porcentaje de aportación que corresponde abonar al usuario en el momento de la dispensación haya pasado del 7,4% en 1999 al 6,8% en 2003".

- Gasto en atención primaria. Las comunidades que gastan en este capítulo "más de lo esperado" son Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, País Vasco, Navarra y Aragón. Las que dedican "menos de lo esperado" son Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana y Canarias. Precisa el estudio que el número de médicos de familia de atención primaria por 100.000 habitantes en Castilla y León y Castilla-La Mancha es muy superior a la media. Los ratios más bajos están en Murcia, Cataluña y Cantabria.

- Gasto en atención especializada. Las consultas externas han crecido a un 2,3% anual, 0,65 puntos por encima de la población protegida. Destaca especialmente el aumento en Extremadura. La atención especializada aumenta más rápidamente que la población en Extremadura, Navarra, La Rioja, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Aragón; y crece menos que la población en Ceuta, País Vasco, Andalucía, Murcia, Baleares, Madrid, Canarias y Melilla.

- Evolución de la estancia media. La cirugía mayor ambulatoria crece al 16,5% anual. "Baleares, Cataluña, País Vasco y La Rioja destacan porque, pese a la mayor complejidad de los pacientes atendidos (en términos de consumo de recursos), presentan una estancia media ajustada, que indica un mejor funcionamiento respecto del estándar". Por el contrario, Andalucía, Canarias y Extremadura "muestran desviaciones negativas".

- Urgencias. Aumentan algo más que la población, un 4,49%, sobre todo en Navarra. En Andalucía, Cataluña, Murcia, Cantabria, Ceuta y Melilla existe una proporción de urgencias superior a la población protegida.

- Gasto y resultados.

El estudio sostiene que "no se constata que exista relación entre el gasto sanitario público y los distintos indicadores utilizados, basados en mortalidad y satisfacción de los usuarios".

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

LAS AUTONOMÍAS DEL PP RECLAMAN MÁS DINERO PARA SANIDAD SIN SUBIR IMPUESTOS

P. Marcos y L. R. Aizpeolea

Las comunidades socialistas apoyan la propuesta del Gobierno

Madrid - Los presidentes de las autonomías gobernadas por el PP se reunieron ayer con su líder, Mariano Rajoy, para confirmar que todos mantendrán la misma posición ante la oferta del Gobierno para incrementar la financiación sanitaria. Tras la reunión, el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, y el número dos del PP, Ángel Acebes, subrayaron el rechazo rotundo de las autonomías de ese partido a que se suban los impuestos para pagar el déficit sanitario. Por su parte, las autonomías socialistas unificaron su posición el sábado, en el Consejo Territorial del PSOE, y apoyarán la propuesta del Gobierno de Zapatero.

Las autonomías del PP, según anunció Acebes, pedirán el miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el sábado en la Conferencia de Presidentes "que no exista subida de impuestos" y "que se cumpla la normativa vigente, el modelo que está aprobado, porque ese modelo prevé las adaptaciones y rectificaciones, por ejemplo, ante los fuertes incrementos de población".

Los presidentes autonómicos de los populares acordaron un documento conjunto que resume su posición en este asunto. En él "expresan su malestar por la forma en que el Gobierno ha presentado estas medidas, a través de los medios de comunicación, con absoluto desprecio a sus destinatarios naturales, las comunidades autónomas". El Gobierno remitió a todos los ejecutivos autonómicos su propuesta el mismo día que la presentó públicamente. Además, el PP acusa al Ejecutivo de "improvisación y falta de madurez" por presentar su propuesta, afirman, con el único objetivo de hacer "propaganda de la Conferencia de Presidentes".

Los presidentes autonómicos del PP mantienen en ese documento que la propuesta del Ejecutivo "implica la renuncia del Gobierno al desarrollo del modelo de financiación vigente aprobada por todas las comunidades y a usar los mecanismos correctores en él previstos, incluido el Fondo de Cohesión Sanitaria, sustituyéndolo por un parche transitorio y oportunista para tratar de contentar a sus socios parlamentarios".

Aseguran que las tensiones por el gasto sanitario obedecen a "motivos estructurales" y, sobre todo, al aumento de la población por la inmigración, por lo que "no se justifica que la aportación del Estado se limite a dos años y no sea consolidable". Los presidentes del PP mantienen que el aumento de población debido a la inmigración produce "incrementos de recaudación en los impuestos, de los que se beneficia fundamentalmente el Estado", y aumentos de gastos en Sanidad y Educación, fundamentalmente, que corren a cuenta de las autonomías. En el mismo documento, rechazan que el déficit sanitario se financie con aumento de impuestos por considerar que "es inflacionista e injusto".

Tras la reunión, Acebes y Sanz fueron preguntados por el anuncio de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega de ampliar la aportación que la Administración central haría dentro de la negociación prevista para esta semana. Pedro Sanz replicó que él no sabe si el Gobierno oculta "algún as debajo de la manga", y mantuvo que a los presidentes del PP les hubiera gustado conocer la posición del Gobierno "de primeras" y haber sido directamente informados. El presidente riojano resumió la posición con la que contestarán en una frase con tres condiciones: "Pedimos que se mejore sustancialmente la cuantía que aportará la Administración central, que se introduzca dentro del sistema -para que no sea sólo por dos años-, y que no nos obliguen a pagar los impuestos". Si las tres se cumplen, concluyó, "podremos hablar".

El secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Alfonso Perales, en declaraciones a Efe, invitó al PP a hacer una propuesta alternativa sobre financiación sanitaria en lugar de "amenazar" con no acudir a la Conferencia de Presidentes y "boicotear" cualquier posibilidad de acuerdo.

Las comunidades autónomas, gobernadas por el PSOE -Galicia, Asturias, Aragón, Cataluña, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cantabria, en coalición con el PRC- anunciaron, el sábado, en la reunión del Consejo Territorial del PSOE, su apoyo a la propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según el acuerdo, leído por el presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, Manuel Chaves, las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas consideran la oferta del Gobierno sobre financiación sanitaria "positiva, equilibrada y refleja que el Ejecutivo no está dispuesto a escurrir el bulto en un problema que afecta al bienestar de los ciudadanos".

Zapatero, que informó a las comunidades socialistas sobre el modelo de financiación sanitaria, adelantó que tenía "un margen para aumentar la aportación del Gobierno" que, inicialmente, es de 1.000 millones de euros y que lo haría público en la reunión de la Conferencia de Presidentes del próximo sábado. Aclaró que la propuesta de subida de impuestos -alcohol, gasolina, electricidad- no se imponía a las comunidades autónomas, sino que, simplemente, se les daba la posibilidad de hacerlo.

También les recordó que la propuesta del Gobierno se ajusta al modelo de financiación sanitaria aprobado por el Ejecutivo del PP en 2001 y que, desde que se terminaron de traspasar las competencias de sanidad del Estado a las comunidades autónomas ese mismo año, el Gobierno no tiene por qué intervenir en ello. Pero ha decidido intervenir porque es "un problema que afecta al bienestar de los españoles", según precisó.

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

EL PSOE PIDE ACEPTAR LA NUEVA FINANCIACIÓN SANITARIA PERO SIN SUBIR «AHORA» IMPUESTOS

Sonia Barrado

Según el PSOE, si hacen falta más recursos, se puede «dejar de privatizar servicios y retomar el Impuesto de Sucesiones para las grandes fortunas»

LOGROÑO. «Mala, rácana y ridícula». Así calificó ayer el secretario general del PP de La Rioja, Carlos Cuevas, la propuesta del Ejecutivo de Zapatero para financiar la sanidad. Los populares riojanos, contrarios a la subida de impuestos, consideran que ejercer una mayor presión fiscal sobre los ciudadanos es «la receta fácil de los Gobiernos incapaces». El PP exige al Gobierno central nuevas fórmulas alejadas del aumento de los tributos, que para Cuevas «es lo único que sabe hacer el PSOE». Lo que hace la propuesta, según los populares, es «transferir la responsabilidad a las Comunidades, que tendrán que pagar el 75 por ciento».

«Que sea inteligente»

Por el contrario, el secretario general del PSOE riojano, Francisco Martínez-Aldama, reclamó al presidente autónomo, Pedro Sanz, que sea «inteligente» y acepte la propuesta del Gobierno, ya que, aseguró, «no obliga» a una subida de impuestos y «traerá más recursos a las Comunidades que los que se recibían con el PP». En este sentido, pidió a Sanz que «ahora» no aumente los impuestos de las gasolinas y la electricidad, «porque, si hacen falta más recursos, se pueden explorar otras dos vías adicionales: dejar de privatizar servicios, que encarecen la sanidad; y que se retome el Impuesto de Sucesiones para las grandes fortunas, para herencias por encima de los 100 millones de euros». Aldama criticó al presidente riojano «porque hasta ahora sólo se le oye la crítica y el «no», pero no la alternativa». «Tiene que elegir entre usar este tema de forma partidista para confrontar con Zapatero, lo que es malo para La Rioja, o beneficiarse de medidas para reducir gastos y aumentar ingresos para hacer frente a nuestras necesidades», concluyó.

LA RAZON

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

LOS «BARONES» DEL PP EXIGEN MÁS DINERO PARA NEGOCIAR

C. Morodo

Se conjuran para mantener una posición común y rechazar la subida de impuestos

Madrid - Mariano Rajoy no quiere dejar ningún cabo suelto ante el trascendental debate sobre la financiación sanitaria que se iniciará mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que tendrá su continuación en la II Conferencia de Presidentes del sábado. La dirección popular es consciente de que la propuesta de subida de impuestos puede ser una afilada arma de desgaste del Ejecutivo si se maneja con inteligencia y su mayor preocupación es evitar disonancias internas bajo el atrayente maná que para las comunidades supone la posibilidad de manejar más dinero. Por eso, el jefe de la oposición se aplicó ayer con denuedo, acompañado de sus dos «guardias de corps», Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, en unir a sus «barones» y ahuyentar el fantasma de la última reunión de la Conferencia de Presidentes, cuando todo el trabajo preparatorio previo se vino abajo por un malentendido con Manuel Fraga y con el navarro Miguel Sanz.

Informe sobre Zapatero. Génova fue sede del cónclave, con almuerzo incluido, de todos los presidentes, que pudieron escuchar además de primera mano un informe sobre el contenido de la entrevista que acababa de celebrarse en La Moncloa. El alto nivel de los asistentes obligó a que la agenda política general fuera elemento de debate, pero la atención principal giró acerca del espinoso asunto del déficit sanitario, en el que autonomías como Valencia o Baleares tienen que conjugar sus necesidades económicas con la disciplina de partido.

Cada presidente expuso abiertamente su posición con varios turnos además de intervención y, por último, se consensuó un documento en el que se deja abierta la puerta a la negociación pero sobre la base de tres condiciones: exigencia de que se cumpla el actual sistema de financiación, aprobado unánimemente por todas las comunidades, lo que implica que se usen sus propios mecanismos correctores (fondo de cohesión, población) para solventar las nuevas necesidades económicas; rechazo a la propuesta de incrementar adicionalmente algunos impuestos; y disposición a dialogar para encontrar una solución dentro del modelo actualmente vigente y respetando la solidaridad interterritorial.

En el juego previo que implica toda negociación de este tipo, el PP, curtido además en torear este toro tras su etapa de gobierno, decidió anticiparse estratégicamente al «as» que intuye que se guarda en la mano el Ejecutivo socialista para acallar el descontento inicial suscitado por su propuesta: incrementar la partida de 1.000 millones en dos años para paliar el agujero sanitario. Acebes y el presidente riojano, Pedro Sanz, (erigido en portavoz de todos los «barones») levantaron la voz con la petición de que se «mejore» esa cuantía, «claramente insuficiente» para atender, ni siquiera a corto plazo, la incidencia sobre el gasto sanitario del incremento neto de población experimentado desde 1999, que se cifra en más de 3.700.000 nuevos residentes.

Según el análisis popular, ese incremento de población está produciendo, de un lado, incrementos de recaudación de todos los impuestos, de los que se beneficia claramente el Estado; y de otro, un incremento del gasto en las comunidades por mayores prestaciones de servicios públicos. La solución de Zapatero eleva la presión fiscal y es «claramente inflacionaria», además de afectar «muy negativamente a la competitividad de la economía española y a la creación de empleo».

En resumen, en palabras de Acebes y del presidente riojano, se trata de una simple «chapuza» provocada por las «presiones» ejercidas por el tripartito catalán.

LA RAZON

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

HOY, ÚLTIMA REUNIÓN TÉCNICA PREPARATORIA

El Partido Popular ha convocado hoy en Madrid a todos sus consejeros de Hacienda para atar los últimos flecos ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana. Ana Pastor, Soraya Sáenz de Santamaría y Miguel Arias Cañete presidirán esta reunión interna de trabajo, continuación de la que ayer celebraron los presidentes autonómicos con Mariano Rajoy. El criterio de «población» y la exigencia al Gobierno de que atienda ese fenómeno y no transfiera su responsabilidad a las autonomías será piedra angular de la postura que defenderán los populares en el Consejo de Política Fiscal. Así, el presidente valenciano, Francisco Camps, alega en su favor que su comunidad ha pasado de los 3,9 millones de habitantes que tenía en 1999, año base del sistema actual de financiación, a 4,6 millones, lo que «exige» una respuesta por parte del Gobierno central, tal y como establece la ley vigente.

El equipo de Esperanza Aguirre también tiene bien elaborada la réplica a la propuesta del Ejecutivo: los 160 millones que ofrece para la financiación sanitaria son una «trampa», ya que lo que el Estado debe a Madrid –en donde, según sus cuentas, hay «750.000 madrileños sin financiación» por el crecimiento de la población– son 1.800 millones.

LA RAZON

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

EL GOBIERNO MEJORARÁ SU OFERTA ECONÓMICA PARA LOGRAR EL CONSENSO CON LA OPOSICIÓN

Inmaculada G. de Molina

Madrid - El Gobierno está dispuesto a mejorar su oferta económica sobre financiación de la sanidad pública, con el fin de conseguir el consenso con todas las comunidades del PP. Es decir, pondrá encima de la mesa una cuantía adicional, aún por desvelar, a los 1.000 millones de euros (167.000 millones de las antiguas pesetas) anunciados el jueves de la semana pasada por el vicepresidente económico del Ejecutivo, Pedro Solbes.

Sin embargo, los populares tendrán que esperar a la Conferencia de Presidentes, que se reunirá por segunda vez este sábado en el Senado, para conocer hasta dónde está dispuesto el Ejecutivo a llegar en aras a ese consenso. Así lo aseguró ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, al término del encuentro que mantuvieron José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Aunque rehusó puntualizar el margen de maniobra presupuestario del Ejecutivo para la negociación, sí aclaró que el as gubernamental no se refiere a medidas de contención del gasto en sanidad. De la Vega descartó también que este aumento de financiación extra suponga un incremento de impuestos adicional a los ya anunciados para el alcohol del 10% y para el tabaco del 5%. La propuesta del Gobierno incluye también la posibilidad de que las autonomías multipliquen por dos el céntimo sanitario (impuesto de la gasolina) y que suban el de la luz hasta el 41%.

El Ejecutivo prefiere esperar a la Conferencia de Presidentes para cuantificar su nueva oferta. Para la vicepresidenta primera, será en esta Cumbre más fácil arrancar un acuerdo político que en la reunión de mañana del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en cuyo seno deberá ser refrendado el pacto que alcancen los presidentes autonómicos.

Con esta mejora de la propuesta, el Gobierno realiza «un mayor esfuerzo» en materia sanitaria, pese a ser competencia de las autonomías. «El Ejecutivo se está forzando por buscar soluciones a un tema que es de máxima preocupación de los ciudadanos», dijo.

Acto seguido, restó importancia a la oposición del PP a la propuesta del Gobierno, que, recordó, no modifica el actual modelo de financiación sanitario, que data de 2001, al contrario de lo que asegura el presidente del PP.

Según De la Vega, la propuesta formulada por el Ejecutivo tiene dos virtualidades. Por un lado, ha logrado abrir un debate y hay un diagnóstico de las necesidades futuras del sistema público de sanidad. Por otro, este plan de choque supondrá una aportación de recursos financieros a la sanidad. Por eso, confió en que la Conferencia de Presidentes concluya el sábado con un acuerdo. En estos momentos, la deuda contabilizada y no pagada por las autonomías asciende a 5.300 millones de euros (casi un billón de las antiguas pesetas).

El Nuevo Estuto Catalán Definitivamente Inconstitucional

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2005, 16:59, Categoría: Estatuto Catalán

El dictamen del Consejo Consultivo sobre la reforma del Estatuto ha detectado 19 preceptos que no se ajustan a la Constitución y duda de la constitucionalidad de otros 39, así como rechaza por inconstitucionales las 16 enmiendas de CiU referentes a la financiación autonómica. Maragall pidió ayer "respeto" para el texto y avisó del riesgo de ignorar el dictamen porque dijo hay que "evitar" la presentación de un recurso de inconstitucionalidad al Estatuto. No se preocupen que en un par de días cambiará de opinión.

En este mismo sentido Montilla, alertó de que "hacer caso omiso" e "ignorar" el dictamen del Consultivo es "no tener interés" en aprobar un nuevo texto. También el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, hizo un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que acepten el dictamen y lo utilicen como "guía" para ajustar la reforma a la Constitución. El consejero de Economía, Antoni Castells, reconoció ayer que el Gobierno catalán "no puede ir a Madrid con una propuesta que el propio Consejo Consultivo considera inconstitucional", y se mostró partidario de "introducir" retoques que no alteren ni la filosofía ni la esencia del modelo. Teatro y más teatro, como si no conocieran la inconstitucionalidad de antemano.

Ángel Acebes, apuntó que el pronunciamiento del Consultivo viene a dar la razón al PP en su valoración de un texto que "no hay por donde cogerlo" y que "propone la secesión de una parte de España". Asimismo, el presidente del PP catalán, Josep Piqué, exigió a Maragall que abandone la idea de reformar el Estatuto, porque el Consultivo ha dejado al texto actual "herido de muerte". Pura lógica.

Carod-Rovira, subrayó que el dictamen "no tiene fuerza de obligar", e hizo un llamamiento a los partidos catalanes a modificar la Constitución, porque si lo que pide el Estatuto "topa" con la Carta Magna, "hay que cambiarla". Finalmente Artur Mas, advirtió de que su formación seguirá defendiendo las mismas posiciones en cuanto al sistema de financiación y la invocación de los derechos históricos para blindar competencias. Mas anunció que, en aquellos preceptos del Estatuto que hayan sido considerados inconstitucionales por una ajustada mayoría -cuatro miembros del Consultivo contra tres-, como en el caso de la financiación y los derechos históricos, CiU escogerá el criterio que le parezca "mejor para el país".

Ua en el colmo del surrealismo hemos sabido que el Barça está estudiando una fórmula para pronunciarse a favor del Estatuto durante el partido de Liga que el próximo domingo enfrentará al equipo azulgrana contra el Mallorca, en coincidencia con la Diada del 11 de septiembre, tras una petición expresa del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. El Barça argumenta que ya apoyó la aprobación de los textos de 1932 y 1979. Ver para creer…

LOS TITULARES SOBRE EL ESTATUTO CATALÁN

Martes, 6 de de septiembre de 2005

El Mundo: “CiU y ERC abogan por obviar el dictamen del Consultiu que secunda las tesis del PSC”.

El País: “La Generalitat asume el dictamen del Consultivo” “Acebes asegura que el Estatuto busca la secesión de Cataluña”

ABC: “El Consultivo impugna el núcleo del nuevo Estatuto pero acepta el término nación”

La Razón: “El Organismo Jurídico de la Generalitat tumba los principales pilares de la reforma estatutaria”

La Vanguardia: “PSC acepta el dictamen pero se abre a negociar y ERC sigue firme con los derechos históricos”

El Periódico: “CiU bloquea el Estatut al no admitir el dictamen del Consell Consultiu”

EL MUNDO

Martes, 6 de de septiembre de 2005

CIU Y ERC ABOGAN POR OBVIAR EL DICTAMEN DEL CONSULTIU QUE SECUNDA LAS TESIS DEL PSC

Leonor Mayor

Carod apuesta por cambiar la Constitución si ésta choca con el contenido del nuevo Estatut

BARCELONA.- Debería haber zanjado las discusiones sobre el contenido del Estatut, pero el dictamen que emitió ayer el Consell Consultiu -detectando 19 artículos inconstitucionales y expresando dudas sobre la constitucionalidad de otros 39- ha servido para todo lo contrario, pues ha evidenciado la existencia de dos bloques cada vez más diferenciados entre los partidos catalanes.

PSC e ICV están encantados con el informe, que no hace más que suscribir las tesis que los socialistas han mantenido durante los últimos meses de la negociación estatutaria. CiU y, en menor medida, ERC se sienten defraudados ante un dictamen que ha tumbado la mayoría de sus pretensiones y se plantean obviar las conclusiones del órgano encargado de velar por que las leyes de la Generalitat se ajusten a la Constitución.

Los nacionalistas se agarran como un clavo ardiendo al hecho de que el informe no es vinculante. Y es que el Consultiu ha considerado inconstitucionales sus dos propuestas estrella: el blindaje de las competencias a través de los derechos históricos de Cataluña y la introducción en esta comunidad de un sistema de financiación similar a los conciertos vasco y navarro.

El líder de CiU, Artur Mas, aseguró tras conocer el contenido del dictamen que el Consell Consultiu sólo emite «opiniones» y «no sentencias de obligado cumplimiento».

El dictamen del Consell Consultiu ha salido adelante con los votos a favor de cuatro consejeros: los dos nombrados por el PSC, el de ICV y el del PP. En las cuestiones más controvertidas ha contado con la oposición de los dos miembros de CiU y del de ERC, que han emitido sus correspondientes votos particulares.

Para Mas, los votos de los tres consejeros de CiU y ERC reflejan «la mayoría absoluta en la actual composición del Parlament» y, por tanto, en su opinión, el dictamen no puede ser definitivo, ya que «está dividido y partido por la mitad».

El presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, extrajo conclusiones similares y afirmó que el informe «no tiene fuerza para obligar, pues hace dictámenes y no sentencias». Como Mas, Carod destacó que «existe un empate técnico», pero fue más allá que el líder de la oposición al exigir una modificación de la Constitución.

«Si lo que se pide en el Estatut colisiona con la Constitución, hay que cambiarla», defendió Carod. Y añadió que «es evidente que lo que está desfasado es la Constitución y no Cataluña».

Las conclusiones de Mas y Carod chocan frontalmente con las del primer secretario de los socialistas catalanes, José Montilla, y las del máximo dirigente de ICV, Joan Saura.

Montilla, quien ve muy claro que el Parlament no puede enviar a Madrid un texto que no se ajuste a la Constitución, argumentó que es muy difícil que las Cortes aprueben el Estatut si éste no sigue las indicaciones del Consultiu, y subrayó que «no se puede ignorar» el contenido del dictamen.

Saura, que también es conseller de Relaciones Institucionales, se mostró satisfecho por el hecho de que el órgano de consulta sólo haya detectado 19 artículos inconstitucionales y afirmó que «siete u ocho de estos puntos son únicamente cuestión de modificar alguna palabra». En su opinión, «el 95% de las recomendaciones del Consultiu están en fase de superación».

A pesar de la evidente división en dos bloques de la política catalana, Saura apuntó la posibilidad de limar asperezas y se mostró convencido de que en los próximos días se alcanzará un acuerdo que permitirá aprobar un texto consensuado en Cataluña para mandarlo a Madrid.

El conseller recordó que el Consultiu considera inconstitucional que con los derechos históricos se blinden las competencias, es decir, que se evite que las leyes de bases estatales se apliquen en Cataluña. No obstante, destacó que el Consultiu sí ve ajustado a la Constitución el blindaje a través de la definición de las competencias de la Generalitat como exclusivas y «excluyentes».

En un primer momento, CiU defendió a capa y espada la introducción del término «excluyentes» y montó en cólera cuando fue suprimido de la redacción final a instancia del PSC. Ahora, con el reconocimiento de la constitucionalidad de esta fórmula, se abre la puerta para el acuerdo.

Mucho más complicado será lograr un pacto sobre financiación. El tripartito considera que CiU debe dar carpetazo a su propuesta tras el varapalo que le ha dado el Consultiu. Mas se reunirá mañana con Maragall para hacerle saber su postura y tratar de desencallar el asunto.

EL MUNDO

Martes, 6 de de septiembre de 2005

LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL CONSELL CONSULTIU

Sí a la reforma de leyes orgánicas, pero con matices

¿Puede el Estatut modificar leyes orgánicas estatales? Esta ha sido una de las cuestiones más controvertidas de la negociación estatutaria. El proyecto de ley aprobado en julio prevé que, a través del Estatut, se cambien cinco de estas normas. El Consell Consultiu entiende que el Estatut «no debería ser el instrumento constitucionalmente adecuado para reformar leyes orgánicas», pues «no tendría sentido alguno privar al Estado de su potestad para dictar leyes orgánicas». Pero la cosa tiene arreglo. El órgano de consulta entiende que sí cabe la posibilidad de «acompañar a la propuesta de Estatut la correspondiente proposición de ley orgánica, para que sea tramitada simultáneamente y esté en condiciones de ser promulgada al mismo tiempo que el Estatut». Si se usa esta técnica, el Consultiu da el visto bueno a que se reformen las leyes del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Régimen electoral General y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Historia no blinda las competencias

Considera el Consultiu que los derechos históricos de Cataluña deben reconocerse, como los de otras comunidades, y secunda por tanto el artículo 5 de la propuesta de reforma, que establece: «El autogobierno de Cataluña se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán, que este Estatut incorpora y actualiza».Lo que ya no ve con tan buenos ojos es el uso que CiU y ERC quieren hacer de estos derechos históricos a través de la disposición adicional primera. Este precepto quiere evitar cualquier injerencia de la ley estatal en las competencias de financiación, la organización de las administraciones, el derecho civil, la lengua, la educación, la seguridad jurídica y la cultura. El Consultiu lo considera inconstitucional, pues, a su juicio, la interpretación de la Constitución «no permite incluir a Cataluña como integrante de los territorios forales que disponen de un régimen foral de derecho público».

Cataluña es una nación en un Estado plurinacional

Cataluña tiene derecho a llamarse «nación». El Consultiu argumenta que este concepto es «polisémico» y recuerda que «ha tenido diversas acepciones». En su opinión, la idea de nación no se ha identificado siempre con la de Estado, «sino que se ha definido desde las vertientes cultural, sociológica y también jurídica». Con esta argumentación, los miembros del Consell Consultiu -compuesto por Joaquín Tornos, Pere Jover (PSC), Jaume Camps, Agustí Bassols (CiU), Jaume Vernet (ERC), Joaquim Borrell (PP) y Marc Carrillo (ICV)- consideran que «hay nociones de nación que no son contradictorias».Y, aunque reconocen que esta interpretación «no es la única posible», concluyen que «el sentido que emplea el Estatut es distinto del que la Constitución predica de la Nación española, porque, en caso contrario no sería posible hablar de una nación de naciones o de un Estado plurinacional».

El concierto financiero no es exportable

Ni la de CiU ni la del tripartito. El Consell Consultiu afirma que ninguna de las propuestas de reforma del sistema de financiación autonómica lanzadas desde Cataluña es del todo constitucional. Pero es el plan de los nacionalistas el que se lleva la peor parte. El Consultiu cree que Cataluña no tiene derecho a disfrutar del concierto de «los territorios forales de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra», pues «no es titular de derechos históricos que permitan establecer un régimen diferenciado». También ve inconstitucional el intento de CiU de «negar competencia normativa estatal» o «imponer una agencia tributaria propia no coordinada».Tampoco se ajusta a la Constitución el plan del tripartito en su intento de «fijar el porcentaje de participación que corresponde al Estado» en los impuestos. Además, la propuesta del Govern es inconstitucional en su intento de concretar el principio de solidaridad, concluye el dictamen.

La educación pública puede ser laica

El de la educación es otro de los grandes debates de la reforma estatutaria. El tripartito quiere introducir la laicidad de la escuela pública catalana. Para CiU, tradicional defensor del modelo de escuela religiosa concertada, esta pretensión es inaceptable. Los nacionalistas pidieron al Consultiu que dictaminase sobre esta cuestión, que ha sido uno de sus caballos de batalla. Tras analizar el artículo 16.3 de la Constitución, el órgano de consulta considera que los poderes públicos tienen el compromiso de «garantizar a los padres que sus hijos, si así lo desean los progenitores, reciban formación religiosa». No obstante, el Consultiu no secunda la tesis de CiU, pues concluye que «la enseñanza pública laica no es incompatible con la formación religiosa que, si procede, han de recibir los alumnos», ya que «tanto la enseñanza laica como la formación religiosa de los alumnos son compatibles».

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

LA GENERALITAT ASUME EL DICTAMEN DEL CONSULTIVO

Enric Company

Barcelona - El Gobierno de la Generalitat asumió ayer el dictamen del Consejo Consultivo sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, a pesar de que su aplicación obligará a introducir numerosas correcciones en el proyecto. En nombre del Gobierno, el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, hizo un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que acepten el dictamen y lo utilicen como "guía" para ajustar la reforma a la Constitución y alcanzar acuerdos en los aspectos particularmente conflictivos desde el punto de vista político, como la financiación y los derechos históricos.

Muy distinta fue la reacción de la oposición. Los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU) destacaron que algunos de los principales puntos del dictamen han sido aprobados con una ajustada mayoría de cuatro votos contra tres, lo que a su juicio debe ser interpretado como un empate. Su líder, Artur Mas, anunció que, por ejemplo, CiU seguirá defendiendo su propuesta de financiación de la Generalitat mediante un sistema de concierto económico, a pesar de que el Consejo Consultivo lo ha considerado inconstitucional.

Ya antes de que se conociera el dictamen, por la mañana, el presidente Pasqual Maragall tuvo que reclamar respeto y consideración hacia el máximo órgano de asesoramiento jurídico de la Generalitat, en vistas del tono adoptado por los dirigentes de CiU, que tendían a relativizar el dictamen.

El líder de Esquerra Republicana (ERC), Josep Lluís Carod, destacó, como Maragall, el "valor moral" de los dictámenes del Consejo Consultivo. Pero, en un nuevo gesto de ambigüedad, sostuvo, como Artur Mas, que los partidos catalanes no pueden renunciar a sus posiciones sólo porque no se ajusten a la Constitución. "Si las necesidades de Cataluña exigen cambiar la Constitución y algunas leyes orgánicas, tendremos que adecuar la Constitución y las leyes", dijo.

"Lean con calma"

Lo que hay sobre la mesa, sin embargo, es que la adecuación del proyecto del nuevo Estatuto catalán a la Constitución obligará a introducir modificaciones en el título de la financiación de la Generalitat, a suprimir la vinculación entre derechos históricos y competencias de la Generalitat, y a remitir reformas tan importantes como las relativas a la Justicia a la aprobación por las Cortes de las correspondientes leyes orgánicas.

Otra de las modificaciones muy importantes que el dictamen obligará a introducir es la relativa al traspaso a la Generalitat de la gestión de competencias del Estado, mediante el artículo 150.2 de la Constitución. El Consejo Consultivo dice que el Estatuto no puede predeterminar, como hace el proyecto de reforma, que este traspaso se haga a través de una ley orgánica. Pues "es al Estado, a través de las Cortes Generales, a quien corresponde decidir qué tipo de ley, y por tanto las condiciones, que le habilitan" para hacerlo, dice.

El dictamen fue entregado ayer al Parlamento catalán, un mes después de que fuera solicitado. Concluye que 19 artículos del proyecto son inconstitucionales y otros 39 son constitucionales sólo si se les da una muy precisa interpretación o se modifican de determinada forma. El proyecto de reforma consta de 218 artículos.

Al entregar el dictamen al vicepresidente del Parlamento, Higini Clotas, el presidente del Consejo Consultivo, Joaquim Tornos, recomendó a los grupos parlamentarios que "lean con calma" sus argumentaciones y las "atiendan", porque así se garantiza que la propuesta de reforma pueda tener "mayor solidez jurídica" cuando se debata en la Comisión Constitucional del Congreso.

Pese a las correcciones que habrá que introducir, Saura acogió el dictamen como "una positiva valoración global y detallada" del proyecto de reforma. En una primera valoración de urgencia, el consejero de Relaciones Institucionales se congratuló de que el Consultivo haya dicho que "los principales bloques que componen la reforma son constitucionales". Y respecto a los correctivos impuestos, afirmó su plena disposición a atenderlos y negociar fórmulas alternativas: "Siempre hemos dicho que iríamos hasta el límite de la Constitución, y en algunos aspectos hemos quedado en la parte de fuera. Pero creo que el 90% o 95% de las objeciones son de fácil superación".

El consejero sostuvo que el Consultivo ha "avalado la columna central del proyecto, el esqueleto que lo sustenta". Enumeró rápidamente algunos de los puntos que han suscitado no poca polémica en los últimos meses y que el Consejo Consultivo ha dictaminado como constitucionales, como la definición de Cataluña como nación, la inclusión en el Estatuto de un título sobre derechos ciudadanos, el sistema de blindaje de las competencias de la Generalitat y la reforma de la Justicia.

La pretensión de Saura es que este dictamen sea a partir de ahora "una guía para superar los desacuerdos y hacer posibles los acuerdos" en algunos puntos particularmente conflictivos, como el de la financiación y el de los derechos históricos, en los que se ha polarizado las posiciones.

Sobre la financiación de la Generalitat el dictamen determina que el Estatuto no puede fijar un tope al porcentaje que Cataluña ha de aportar al Estado de la recaudación de los impuestos cedidos. El proyecto había fijado un tope del 50%. Éste era uno de los puntos de la reforma que había provocado rechazo incluso fuera de Cataluña.

El dictamen obliga también a dejar claro que la Generalitat comparte con el Estado la capacidad normativa sobre los impuestos cedidos, contra lo que se dice en el proyecto de reforma. El Consultivo obliga también a aclarar la relación entre las agencias tributarias del Estado y la autonómica.

Saura aseguró que estas modificaciones "no invalidan el modelo de financiación" defendido por los tres partidos del Gobierno catalán, que ahora podrá ser plenamente ajustado a la Constitución. En cambio, añadió, el Consejo Consultivo sí ha considerado inconstitucional "la globalidad del modelo de financiación preconizado por CiU".

Situación distinta es la que se da en lo relativo a los derechos históricos. El Consultivo ha avalado el artículo cinco del proyecto, que dice que el autogobierno de Cataluña se basa en sus derechos históricos. Pero ha concluido que es inconstitucional la vinculación de los derechos históricos y las competencias concretas de la Generalitat (financiación, organización de la Generalitat, derecho civil, régimen lingüístico, cultura, seguridad pública) que se pretendía introducir en una disposición adicional del proyecto.

Periodo para negociaciones

Los desacuerdos sobre financiación y derechos históricos son las dos cuestiones que habían impedido alcanzar la mayoría de dos tercios del Parlamento catalán.

Ahora se abren dos semanas de negociaciones entre los grupos parlamentarios para buscar puntos de coincidencia. Este periodo se iniciará con la ronda de entrevistas convocada por el presidente Pasqual Maragall con los líderes de los cinco grupos parlamentarios catalanes. La primera se celebra mañana, con el líder de CiU, Artur Mas. El plazo para la presentación de las enmiendas para ajustar el proyecto a las correcciones del Consejo Consultivo finaliza el día 19. La Mesa del Parlamento ha reservado la semana del 26 al 30 para la celebración del pleno del Parlamento dedicado exclusivamente a aprobar el proyecto y remitirlo al Congreso de los Diputados.

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

CIU RECHAZA ATENDER LAS RECOMENDACIONES DEL CONSEJO PORQUE "NO ES UN TRIBUNAL"

Miquel Noguer

El ministro José Montilla considera que la postura de los nacionalistas "no es de patriotas"

Barcelona - Ante un dictamen del Consejo Consultivo poco favorable a los intereses nacionalistas, Convergència i Unió se mantuvo ayer inflexible en su defensa de que el nuevo Estatuto catalán incluya un sistema de financiación de concierto económico y una referencia a los derechos históricos para blindar las competencias de la Generalitat. El líder de CiU, Artur Mas, justificó el caso omiso de la federación nacionalista al Consejo Consultivo porque el organismo de la Generalitat "no es un tribunal". Para el primer secretario del PSC, José Montilla, la postura de CiU deslegitima al Consultivo, algo que, en su opinión, "no es de patriotas".

De poco sirvió el llamamiento que hizo ayer el presidente del Consejo Consultivo, Joaquín Tornos, para que los partidos "atiendan" las recomendaciones de este organismo en el tramo final de la negociación estatutaria. Artur Mas, que ya la semana pasada descartó adoptar las recomendaciones del Consejo Consultivo si éstas se desviaban de la línea defendida por CiU, se aferró ayer a las discrepancias entre los consejeros integrantes de este organismo para seguir defendiendo sus tesis.

Tras recordar que tres de los siete consejeros del consultivo (los elegidos a propuesta de CiU y ERC) sí defienden la constitucionalidad de la apelación a los derechos históricos y del concierto económico, Artur Mas afirmó que, más que una "sentencia", el consultivo ha emitido "dos opiniones". Así las cosas y a pesar del rechazo global del Consultivo a las tesis de CiU en estos dos aspectos, Mas aseguró que su partido mantendrá la actual línea de negociación, "que es la buena".

ERC y el carácter vinculante

Ante estas argumentaciones de CiU, el primer secretario del PSC, José Montilla, no dudó a la hora de hurgar en donde más daño hace a los nacionalistas. "Deslegitimar al Consejo Consultivo y a las instituciones de la Generalitat no es de patriotas", aseguró el también ministro de Industria al término de la reunión de la Ejecutiva del PSC. Montilla defendió la labor del Consultivo y aseguró que "ignorar" el dictamen es "no tener interés" en aprobar el Estatuto.

Pero no sólo CiU estuvo en el punto de mira de Montilla. También Esquerra Republicana, socio del PSC en el Gobierno pero alineada con CiU en su defensa del concierto económico y de los derechos históricos, recibió las críticas del primer secretario del PSC. Montilla recordó a ERC que entre sus propuestas estatutarias figuraba una para que los dictámenes del Consultivo tuvieran carácter vinculante. Finalmente, el artículo 73.4 sobre funciones del Consultivo afirma: "Los dictámenes del Consejo Consultivo tienen carácter vinculante en relación a los proyectos de ley y las proposiciones de ley del Parlamento que desarrollen o afecten derechos reconodidos por este estatuto". Apelando a la "coherencia y a la responsabilidad", Montilla pidió a los republicanos que acaten el dictamen del Consultivo.

Consciente de que el dictamen del Consultivo supone un serio tijeretazo a las aspiraciones estatutarias de ERC, el líder de esta formación, Josep Lluís Carod Rovira, apostó por una solución de no poco calado: si el Estatuto no cabe en la Constitución, lo que se debe hacer es "poner al día" la Carta Magna. En este sentido, el líder republicano recordó que su partido trabaja en una propuesta de reforma de la Constitución "en clave federal y plurinacional".

El tercer socio del tripartito, Iniciativa per Catalunya Verds, sí defendió el dictamen del Consultivo y afirmó que los juristas de este organismo han "avalado" las cuestiones "fundamentales" del texto. Aunque desde el ángulo opuesto, también el líder del PP de Cataluña, Josep Piqué, valoró positivamente el trabajo del Consultivo pero pidió al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, la "retirada" del proyecto de reforma del Estatuto catalán.

Por otra parte, el Barcelona está estudiando una fórmula para pronunciarse a favor del nuevo Estatuto durante el partido del próximo domingo contra el Mallorca, que coincidirá con la Diada del 11 de septiembre, después de una petición expresa de Maragall al club azulgrana, informa Efe.

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

EL GOBIERNO CATALÁN MODIFICARÁ SU PROPUESTA DE FINANCIACIÓN PARA INCLUIR LOS RETOQUES

Claudi Pérez 

El Consultivo juzga inconstitucional el modelo de CiU y matiza tres aspectos al del tripartito

Barcelona - El modelo de financiación de CiU es inconstitucional, mientras que la propuesta del tripartito presenta menos problemas: rebasa los límites de la Constitución en tres artículos, que obligarán a realizar modificaciones, según se deriva del dictamen del Consejo Consultivo. El consejero de Economía del Ejecutivo autónomo, Antoni Castells, reconoció ayer que el Gobierno catalán "no puede ir a Madrid con una propuesta que el propio Consejo Consultivo considera inconstitucional", y se mostró partidario de "introducir retoques que no alteran ni la filosofía ni la esencia del modelo".

La propuesta del tripartito rebasa los límites de la Constitución en lo relativo a la capacidad normativa y la responsabilidad fiscal, la agencia tributaria catalana y la cesión al Gobierno central de un máximo del 50% de los impuestos compartidos -IRPF, IVA, especiales y el impuestos de sociedades- recaudados por la Generalitat.

En definitiva, el dictamen recomienda un cambio en la redacción del artículo que elimine la partícula "la" relativa a la capacidad normativa, de manera que no sea exclusiva del Ejecutivo autónomo. Propone eliminar el porcentaje máximo de cesión de la recaudación de impuestos, una cifra que "no corresponde establecer" en el Estatuto, según el dictamen. Y, finalmente, aboga también por una agencia tributaria catalana relacionada con la estatal por la vía del consorcio y no de la coordinación. La propuesta del tripartito hablaba de una agencia "coordinada o consorciada" con la estatal.

El dictamen es mucho más duro con las 16 enmiendas presentadas por CiU sobre financiación. La mitad de las enmiendas rebasan los límites que marca la Constitución, además de la apelación a los derechos históricos, recogida en una disposición adicional, que buscaba establecer un régimen singular de financiación como el que disfrutan el País Vasco y Navarra. El presidente de CiU, Artur Mas, aseguró ayer que la coalición nacionalista mantendrá su postura actual en relación al sistema de financiación, a pesar del varapalo del Consultivo

El líder nacionalista sostuvo que en lo relativo a la financiación y a los derechos históricos, el consultivo ha aparecido "partido en dos mitades", en relación a los votos contrarios de los consejeros nombrados por CiU y ERC.

El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, aseguró que si CiU mantiene su propuesta de financiación es que "no quiere que se apruebe el Estatuto", por lo que conminó a Artur Mas a negociar el modelo del tripartito. Castells, por su parte, explicó que el dictamen deja claro que el modelo propuesto por CiU "es inconstitucional". Las modificaciones que introducirá el tripartito "suponen la oportunidad de negociar con CiU y de que este partido se sume al texto que respalda la mayoría".

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

ACEBES ASEGURA QUE EL ESTATUTO BUSCA LA "SECESIÓN" DE CATALUÑA

Barcelona - El secretario general del PP, Ángel Acebes, aseguró ayer que el pronunciamiento del Consejo Consultivo de Cataluña "viene a dar la razón al PP" en su valoración de un texto que, según Acebes, "no hay por donde cogerlo" y que "propone la secesión de una parte de España".

El secretario general del PP afirmó que el informe del Consejo Consultivo, que detecta 19 causas de inconstitucionalidad en el proyecto de reforma de Estatuto de Cataluña, deja a los dirigentes de su partido "más intranquilos" y además les da "la razón". Añadió que para el PP las causas de inconstitucionalidad del texto son "más de cuarenta".

En la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvieron en Madrid los dirigentes del PP y los presidentes autonómicos de este partido para preparar la Conferencia de Presidentes autonómicos del próximo sábado, Acebes apuntó además que las reformas estatutarias deberían abordarse en esa cumbre, que en principio se centrará en las fórmulas para enjugar el déficit de la sanidad pública.

En su opinión, la reforma de los estatutos es un tema que debería abordarse en la Conferencia de Presidentes del día 10 y consideró que el hecho de que no sea así demuestra que lo que pretende el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con esa cita es "la foto", "que es lo que es desde el primer día" ese foro.

Sostuvo que ante la asistencia de Juan José Ibarretxe y Pasqual Maragall a la Conferencia sería "lógico y razonable" hablar de las reformas estatutarias que ambos pretenden para sus comunidades.

Blanco llama al consenso

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, reiteró ayer por su parte que el los dirigentes de su partido quieren y van a dar "un impulso al Estado autonómico" y para ello, lo harán "en cooperación con el resto de las fuerzas políticas", "dentro de la Constitución y con un amplio consenso".

Blanco indicó, en declaraciones a la Cadena SER, que el Estatuto de Cataluña debe enmarcarse dentro de la Carta Magna y apostó por que habrá acuerdo final de la clase política en Cataluña: "Creo que va a ser posible el acuerdo y el entendimiento", auguró.

Sobre las críticas de algunos socialistas catalanes que reclamaron a Blanco silencio ante el debate del Estatuto, el número dos de los socialistas restó importancia a las mismas y sentenció que "el conjunto del partido socialista estaba de acuerdo" en que había que reformar el marco estatutario. En este punto, Blanco quiso dejar muy claro que no hay diferencias importantes entre el PSOE y el PSC. "Todos apostamos por actualizar el modelo autonómico", dijo.

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

LOS DERECHOS HISTÓRICOS NO PUEDEN AMPARAR COMPETENCIAS

El Consultivo aplaude el listado de derechos y deberes ciudadanos

Barcelona - El Consejo Consultivo de la Generalitat ha resuelto que 19 artículos del proyecto de Estatuto aprobado por la comisión del parlamento catalán no son constitucionales. Otros 39 presentan dudas de interpretación, aunque la mayoría del Consultivo que suscribe el dictamen propone redactados alternativos para solventarlas.

- Derechos históricos. El proyecto de Estatuto, aprobado en comisión el 29 de julio, incluía una disposición adicional por la cual se atribuían a la Generalitat competencias en un total de ocho materias invocando la actualización de los derechos históricos de Cataluña. El apartado, aprobado con los votos de la mayoría de Convergència i Unió y Esquerra Republicana, se amparaba en la disposición adicional primera de la Constitución.

El Consultivo cree inconstitucional que la Generalitat pueda reclamar competencias invocando los derechos históricos pues el propio "proceso constituyente de 1978" y reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional han dejado claro "de manera incontestable" que sólo las tres provincias vascas y Navarra tienen la consideración de territorio foral. Además el informe, recuerda que "los derechos históricos de las comunidades forales no pueden considerarse como un título autónomo del que puedan deducirse específicas competencias no incorporadas a los estatutos". El informe precisa que la apelación a los derechos históricos del actual Estatuto de Aragón "resulta ineficaz en términos competenciales".

A favor de la revocación del artículo votaron los consejeros propuestos por el PSC, PP e Iniciativa per Catalunya, mientras que los de CiU y ERC presentaron votos particulares en contra. La disposición reclamaba para la Generalitat competencias en materia de financiación, organización de la administración pública, organización territorial y régimen local, derecho civil, lengua, educación, cultura y seguridad jurídica.

En cambio, el Consultivo no plantea ninguna duda constitucional respecto al artículo 5 que dicta: "El autogobierno de Cataluña se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán que este Estatuto incorpora y actualiza".

Los consejeros avalan también la definición de Cataluña como nación que la consideran "compatible" con el uso constitucional de este término para referirse a España. Los juristas entienden que tanto en el debate constituyente como en la doctrina judicial posterior los conceptos de nación y nacionalidad son "idénticos e intercambiables". No obstante precisan que el uso que se haga del término "nación" en el Estatuto debe ser diferente del de la Constitución, sin precisar cuál ha de ser.

- Derechos y deberes. La polémica carta de derechos y deberes ciudadanos, apadrinada por las tres formaciones del tripartito, no sólo ha recibido el beneplácito del Consultivo sino que sus integrantes la aplauden. "Es una operación que por sí misma no solamente es válida sino merecedora de elogios, porque todo lo que signifique ampliar y profundizar la protección de los derechos de las personas así ha de ser considerado". Los consejeros recuerdan que otros entes subestatales como los estados de Estados Unidos, länder alemanes o cantones suizos disponen de declaraciones propias de derechos. El Consultivo bendice la casi totalidad de este capítulo y sólo emite serias reservas respecto al carácter exclusivo competencial del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) y sobre la "neutralidad" de los medios de comunicación.

El dictamen rechaza que al Síndic de Greuges le corresponda con carácter "exclusivo" las "funciones de protección y defensa de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución" pues la Constitución otorga esta función al Defensor del Pueblo.

El Consultivo también rechaza, por inconstitucional, el artículo 50.1: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para garantizar el derecho a la información y a recibir de los medios de comunicación una información veraz, neutral (...)". El dictamen propone suprimir el adjetivo neutral, pues su inclusión supone una "intervención sobre la información" por parte de los poderes públicos.

En cambio, el Consejo Consultivo declara adecuados a la Constitución la laicidad de la enseñanza pública -contra el criterio de CiU que presentó una enmienda-; el derecho a voto de los extranjeros y que la Generalitat será la administración ordinaria del Estado en Cataluña. Los consejeros plantean otra redacción del artículo que faculta a los ciudadanos a dirigirse por escrito en catalán a toda la administración estatal.

- Competencias. El grueso de los artículos que el Consejo Consultivo declara inconstitucionales total o parcialmente se refieren a las competencias que se atribuye la Generalitat en el texto estatutario. De manera genérica, los juristas recuerdan que el organismo que limita las competencias de las autonomías son las Cortes a través de las leyes estatales y que los parlamentos autónomos son los que han de concretar su aplicación respetando el espíritu de aquellas leyes a través de la elaboración de reglamentos y normativas.

Entre los artículos declarados inconstitucionales figura el 113.3.a, que declara la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de contratación pública en lo que se refiere a la organización y las competencias de las administraciones públicas catalanas y las reglas de ejecución, modificación y ejecución de los contratos.

El Consultivo considera que tampoco son constitucionales los apartados b y d del artículo 155.1 por los que se declara la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de régimen local. En concreto, los dos apartados referidos atribuyen a la administración autonómica la capacidad para determinar las competencias y las potestades de los municipios y los entes locales, así como para determinar también sus órganos de Gobierno. El dictamen recuerda que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la necesidad de respetar el principio de autonomía local.

Otra de las competencias que se declara inconstitucional por el Consejo Consultivo es la referida a la enseñanza no universitaria, recogida en el artículo 125 del nuevo Estatuto. El dictamen entiende que no se puede considerar una competencia exclusiva de la Generalitat, ya que el Estado "puede establecer normas de carácter básico o pertenecientes a la materia reservada a ley orgánica".

También se declara inconstitucional el apartado 147.3, en el que se atribuye a la Generalitat la competencia para fijar los contingentes de inmigrantes con destino a Cataluña. El dictamen precisa que el texto no establece un sistema de relación bilateral con el Estado, ni prevé que esa competencia se ejercerá previo acuerdo entre ambas administraciones.

Otro de los artículos que se declara inconstitucional es el apartado 2 del artículo 152, en el que se fija la competencia compartida en la promoción y defensa de la competencia "en el ejercicio de las actividades económicas que se cumplan mayoritariamente en Cataluña". El dictamen entiende que el criterio a aplicar ha de ser el del mercado y no el del lugar en el que las empresas ejercen sus actividades. Por eso, los juristas entienden que la Generalitat deberá actuar cuando las prácticas colusorias o el abuso de la posición dominante puedan alterar la libre competencia del mercado en Cataluña, con independencia del lugar donde estas empresas tengan su domicilio.

El artículo 157.2 establece que "corresponde a la Generalitat, en todo aquello relativo a la sanidad y la salud pública que no se refiere el apartado 1, la competencia compartida, de acuerdo con los principios de legislación básica estatal sobre sanidad". El Consultivo entiende que ese redactado es inconstitucional, porque la Constitución atribuye al Estado las competencias sobre "la base y la coordinación general".

El artículo 163.2, letra d del proyecto atribuye a la Generalitat "el régimen de tenencia y uso de armas, municiones y explosivos, su adquisición con destino a los cuerpos policiales de Cataluña y la expedición de las licencias correspondientes". El dictamen considera que la primera parte del artículo "incide plenamente en la competencia exclusiva del Estado".

De la misma manera, se declara inconstitucional el artículo 132.3, en el que también se atribuye a la Generalitat la gestión de un puerto o aeropuerto situado en Cataluña. El Consultivo explica que este artículo pretende "imponer la transferencia" de la gestión de los puertos y los aeropuertos a la Generalitat y que está fuera de toda duda que "en materia de obras públicas de interés general, corresponde al Estado la competencia exclusiva y, por tanto, también la gestión". En este sentido, el dictamen recuerda que el propio texto estatutario recoge en su disposición adicional tercera que esta competencia sólo podrá ser ejercida por el Estado.

El punto 10 del apartado 132 también se considera inconstitucional porque establece como obligatorio el acuerdo previo con la Generalitat de cualquier ampliación o modificación del régimen económico y financiero de la red viaria catalana, "con independencia de su titularidad". El informe de los juristas recuerda que la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de carreteras que no se encuentren íntegramente en el territorio de una sola autonomía, por lo que esa coletilla final del artículo no hace otra cosa que condicionar "de manera determinante" el ejercicio de esa competencia.

En otro apartado del dictamen del Consejo Consultivo también se declara inconstitucional el apartado tercero del artículo 145, que regula las actuaciones de fomento cultural o de inversión en bienes y equipamientos culturales situados en Cataluña. Los juristas explican que "de nuevo se condiciona de forma determinante el ejercicio de una competencia estatal, atendiendo que se exige el acuerdo previo de la comisión bilateral para que el Estado pueda ejercer una competencia suya de carácter exclusivo en materia de cultura".

Otra de las competencias exclusivas que se atribuye a la Generalitat y que el Consejo Consultivo también declara inconstitucional es el artículo 161.2, referido a la delimitación, planificación y gestión de los espacios naturales y hábitats protegidos "situados total o parcialmente en Cataluña". El dictamen explica, que, como en otros casos, esa coletilla "introduce un elemento de confusión", ya que podría entenderse que se está extendiendo la competencia de la Generalitat fuera de Cataluña.

- Financiación. De los diez artículos que integran el capítulo de la financiación, el Consultivo declara inconstitucional dos, pero uno de ellos sólo presenta problemas de redacción. Los consejeros rechazan que la Generalitat pueda fijar un porcentaje máximo -50%- de los impuestos que cederá al Estado, pues esta decisión "si bien puede ser razonable, no corresponde establecerla en el Estatuto" sino que deberá fijarse "de acuerdo con los criterios generales establecidos en la LOFCA". En este sentido, el Consultivo avala la capacidad normativa de esta ley, contrariamente a lo que pretendía Convergència i Unió al defender que el sistema de financiación catalán saliera de la LOFCA.

Respecto a que la Generalitat tenga "la capacidad normativa y la responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña", el Consultivo únicamente propone suprimir el artículo la que figura en la frase para adecuarlo a la Constitución. La redacción, por tanto, quedaría así: "La Generalitat tiene capacidad normativa y responsabilidad fiscal".

El dictamen avala que la Agencia Tributaria de Cataluña tenga la responsabilidad de la gestión, recaudación, liquidación y la inspección de los impuestos propios y cedidos y la competencia de la Generalitat para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales.

- Leyes orgánicas. "El Estatuto de Autonomía no es el instrumento adecuado para modificar leyes orgánicas u ordinarias de competencia estatal, en la medida que esta regulación las convierte en indisponibles para las Cortes Generales y limita de forma clara el ejercicio de la potestad legislativa". Con esta afirmación, el Consultivo rechaza que el Estatuto pueda obligar a las Cortes, tal como figura en la disposición adicional novena, a reformar leyes orgánicas u ordinarias.

Para solventar problemas de inconstitucionalidad, el Consultivo propone dos soluciones. La primera sería añadir la siguiente redacción: "La eficacia de los preceptos de este Estatuto se producirá una vez hayan sido modificadas, de acuerdo con el contenido previsto en estos, las leyes orgánicas y ordinarias siguientes". La segunda opción pasaría porque la reforma de las leyes se hiciera a través de una resolución del Parlamento catalán.

Las leyes afectadas, según la redacción del nuevo Estatuto, serían las leyes orgánicas del Poder Judicial; Tribunal Constitucional, Régimen Electoral General y de referendos y las ordinarias del Ministerio Fiscal y la de organización y funcionamiento de la administración general del Estado.

Pero el Consultivo no cuestiona, por ejemplo respecto a la reforma del sistema judicial, las nuevas competencias que el Estatuto otorga a la Generalitat, pero las condiciona a la correspondiente modificación de la ley orgánica. Así, el Consultivo considera constitucional que la Generalitat nombre a jueces y fiscales o que Cataluña disponga de un Consejo General del Poder Judicial, pero no la creación de una sala de garantías estatutarias.

- Otros. El dictamen también considera inconstitucional que la propuesta de nombramiento del presidente de la Generalitat sea ratificada por el presidente del Parlamento catalán, tras el nombramiento por parte del Rey, como se prevé en el artículo 65.4 del proyecto de Estatuto catalán. En síntesis, el Consejo Consultivo entiende que la Constitución establece que los actos del Rey sólo serán ratificados por el presidente del Gobierno, los ministros o el presidente del Congreso. "El estatuto de autonomía no puede, aunque sea en el ejercicio de su amplísima potestad de autoorganización de sus instituciones, oponerse a una concreta y precisa previsión constitucional".

Asimismo, el Consejo Consultivo declara inconstitucional el artículo 217.1.b del Estatuto, referido precisamente a su reforma. Los argumentos de los juristas es que ese redactado atribuye a las Cortes una simple función ratificadora de la reforma que acuerden dos terceras partes del Parlamento catalán cuando afecte a los capítulos de derechos y deberes e instituciones.

El artículo 187 establece que Cataluña será una circunscripción electoral para las elecciones al Parlamento Europeo y el Consejo Consultivo también lo declara inconstitucional. El dictamen considera que se trata también de una materia reservada al legislador estatal y que, además, esta cuestión no puede decidirse únicamente por España. Los juristas entienden que el redactado declarado inconstitucional "impone un mandato taxativo", al afirmar que "la ley orgánica electoral ha de concretar esta determinación".

- Interpretativos. El dictamen se refiere también a otros 39 artículos del proyecto para advertir cómo deben interpretarse para que puedan considerarse constitucionales. En este sentido, los juristas sugieren la supresión de algunas frases, su modificación por otras, o el sentido en el que debería aplicarse el articulado, principalmente a la hora de ejercer las competencias que se atribuyen a la Generalitat.

El Consejo Consultivo considera constitucional que los ciudadanos puedan dirigirse por escrito en catalán a todos los organismos de la administración del Estado, tal y como prevé el artículo 32.5 del proyecto de Estatuto. No obstante, los juristas precisan que la constitucionalidad está condicionada a que ese artículo se remita a las leyes lingüísticas vigentes. También se declaran constitucionales los artículos 79.1 y 86.3, que prevén que las veguerías sustituyan a las provincias como entidades locales y forma de organización territorial.

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

RECHAZADAS POR INCONSTITUCIONALES LAS 16 ENMIENDAS DE CIU REFERENTES A LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Convergencia i Unió es la formación política que ha visto rechazadas mayor número de enmiendas -un total de 18-, de las que 16 corresponden a su propuesta alternativa de financiación. En total, el Consultivo ha rechazado 22 de los textos alternativos a la reforma que les fueron sometidos a consideración.

- Derechos históricos. El Consejo Consultivo declara inconstitucional la enmienda del Partit dels Socialistes en el controvertido asunto de los derechos históricos. Los socialistas hacen referencia en su texto alternativo a los mencionados derechos únicamente al derecho civil catalán y a la lengua, citando la disposición adicional primera de la Constitución. El Consultivo juzga que la adicional primera de la Constitución "sólo se proyecta sobre la foralidad relativa a las instituciones de derecho público de las actuales comunidades autónomas del País Vasco y de Navarra. La lengua y el derecho civil ya disfrutan de garantía constitucional".

- Ordenación territorial. Respecto a la ordenación territorial, el Consejo Consultivo considera constitucional la creación de veguerías, como equivalentes a provincias. No obstante, el organismo jurídico ha rechazo una enmienda de Esquerra Republicana por entender que "trata de imponer a la Administración del Estado la obligación de adecuar la ordenación territorial de su Administración periférica al nuevo modelo".

- Administración local. El Consultivo estima constitucionales sendas enmiendas presentadas por PP y PSC. El organismo jurídico considera que los entes locales no pueden depender de la interpretación autonómica sobre competencias y organización de sus órganos de gobierno, por entender que la doctrina del Tribunal Constitucional ha reservado esa competencia al Estado.

- Educación. El Consultivo considera inconstitucional una enmienda de Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA) que establece como competencia exclusiva la ordenación de las enseñanzas no universitarias, la planificación de las enseñanzas y la creación y regulación de una función pública docente no universitaria.

- Unión Europea. Se rechaza por inconstitucional una enmienda de Convergència i Unió que propugna "carácter vinculante" a la decisión de la Generalitat hacia el Estado sobre la distribución de fondos europeos. La misma suerte ha corrido otra enmienda, también de la federación nacionalista, que pretendía dar carácter vinculante para el Estado a la decisión de la Generalitat cuando se trate de asuntos concernientes a las competencias exclusivas de la comunidad autónoma.

- Financiación autonómica. Las 16 enmiendas que constituyen el corpus convergente de financiación autonómica han sido rechazadas por el Consultivo. "Son inconstitucionales en la medida en que niegan la competencia a la normativa estatal para fijar los principios de la Hacienda general, junto con la intervención de la LOFCA y la potestad de coordinación estatal, impone una agencia tributaria propia no coordinada, impone un modelo de relación exclusivamente bilateral mediante la figura del concierto y crea figuras no previstas en la Constitución, como, por ejemplo, la ley paccionada", asegura el Consultivo.

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

LOS VOCALES DE CIU, ERC Y PP COPAN LOS VOTOS PARTICULARES

Barcelona - Los siete miembros del Consejo Consultivo no han logrado tomar decisiones por unanimidad en la mayor parte de consultas sobre los aspectos más polémicos del nuevo Estatuto. Los dos integrantes del organismo a propuesta de CiU (Jaume Camps y Agustí Bassols) han votado junto a Jaume Vernet, elegido a propuesta de ERC, aspectos como la constitucionalidad de la apelación a los derechos históricos.

También apoyan con desigual convicción la inclusión en el Estatuto de un sistema de financiación basado en el concierto.

Sin embargo, estos tres juristas no lograron imponer sus tesis al quedar en minoría frente a los dos miembros propuestos por el Gobierno (Joaquim Tornos y Marc Carrillo) y los propuestos por el PSC (Pere Jover) y por el PP (Joaquim Borrell).

Los miembros del Consultivo propuestos por CiU, ERC y PP han optado por presentar votos particulares en aquellos puntos en que no han logrado suficiente apoyo para sus tesis.

De estos votos particulares destacan los presentados por Agustí Bassols y Jaume Camps, en los que defienden las tesis de Convergència i Unió sobre competencias y consideran exageradas las inconstitucionalidades detectadas en este punto por el resto de ponentes. Defienden, por ejemplo, la legalidad de la propuesta para que la Generalitat pueda legislar en materia de inmigración. Bassols y Camps creen que la posible inconstitucionalidad de estos aspectos se salva a través de la comisión bilateral Estado-Generalitat.

Joaquim Borrell, elegido a propuesta del PP, afirma, en cambio, que la asunción de las nuevas competencias por parte de la Generalitat previstas en el proyecto estatutario supone una "reforma encubierta de la Constitución". Alerta, también, de que la aprobación del Estatuto con el actual redactado implicaría "la modificación de leyes estatales, la reestructuración de sus instituciones y el condicionamiento de algunas competencias". Borrell también ha emitido un voto particular para dejar claro que la definición de Cataluña como "nación" puede tener "efectos jurídicos" no permitidos.

La laicidad de la enseñanza pública que defiende el tripartito y que provoca el rechazo total de CiU también ha sido objeto de un voto particular por parte de Agustí Bassols. En opinión de este jurista, la definición de España como estado aconfesional no comporta la realidad de signo opuesto, un estado laico. Sobre la reforma inducida por el Estatuto de leyes orgánicas, rechazada por el Consultivo, vocales a propuesta de CiU y ERC afirman que el Estatuto, como ley paccionada de rango orgánico especial, puede dejar sin aplicación en Cataluña determinadas leyes orgánicas.

El Nuevo Estuto Catalán Definitivamente Inconstitucional: ABC y LA RAZON

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2005, 16:58, Categoría: Estatuto Catalán

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

EL CONSULTIVO IMPUGNA EL NÚCLEO DEL NUEVO ESTATUTO, PERO ACEPTA EL TÉRMINO «NACIÓN»

Iva Anguera

CiU y ERC insisten en la reivindicación de los derechos históricos pese al dictamen en contra y el tripartito considera avalado su modelo de financiación

BARCELONA. El dictamen del Consejo Consultivo hecho público ayer considera inconstitucionales una veintena de artículos del proyecto de reforma estatutaria aprobado por el Parlamento catalán en julio, entre los que se encuentran dos elementos fundamentales: la apelación a los derechos históricos y el nuevo modelo de financiación, tanto el propuesto por CiU como el del tripartito. Pero avala la definición de Cataluña como nación en el Título Preliminar del nuevo Estatuto. Así las cosas, el informe sólo ha servido de momento para mantener intacto el enfrentamiento entre el PSC, CiU y ERC. Tanto es así, que el presidente del organismo, Joaquim Tornos, recordó, tras entregar el texto al Parlamento autonómico, que «sólo hay un dictamen del Consultivo, el aprobado por la mayoría», respondiendo así a las críticas de CiU, y pidió a los partidos que tengan en cuenta unas recomendaciones pensadas «para reforzar el Estatuto».

Tras hacerse público el dictamen, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, advertía de los riesgos de hacer oídos sordos al dictamen, mientras el consejero jefe, el republicano Josep Bargalló (ERC), apuntaba que «el Consultivo no es infalible». El presidente catalán pidió a los partidos que sigan las recomendaciones del Consultivo, al que otorgó gran «valor moral», para evitar la presentación de futuros recursos de inconstitucionalidad. En una entrevista a Com Ràdio, Maragall recordó, sin embargo, que el dictamen «no es una sentencia», pero aseguró otorgarle «una relevancia muy grande».

Deslegitimar la institución

Más contundente se mostró el número tres del Gobierno catalán, Joan Saura (ICV), quien se preguntó «para qué pidieron la consulta, que no era preceptiva, los partidos que ahora rechazan el dictamen». El consejero ecosocialista sólo se refirió explícitamente a CiU en este sentido, aunque la recriminación es igualmente aplicable a sus socios de Esquerra. Saura acusó a los nacionalistas de intentar «deslegitimar la institución» y se mostró satisfecho por un dictamen que en su opinión «ratifica globalmente el Estatuto».

Así, destacó que el texto del Consultivo considera constitucionales capítulos «esenciales» que habían sido cuestionados por el comité de expertos del Gobierno como el capítulo de derechos y deberes, la descripción de las competencias y el «blindaje» de las competencias exclusivas, el capítulo del poder judicial y el modelo de financiación pactado por el tripartito, que, según Saura, «aprueba globalmente», aunque rechaza el límite del 50%.

En esta línea, aseguró que presentar en el Congreso una propuesta que el Consultivo catalán considera inconstitucional «es tanto como apostar porque el Estatuto no se apruebe» y abogó porque el dictamen sea «la guía para facilitar el acuerdo entre los partidos y superar las diferencias».

Saura hizo estas afirmaciones después de que el líder de CiU, Artur Mas, que ha visto rechazadas tanto la enmienda sobre los derechos históricos como el modelo de financiación nacionalista, rechazara el dictamen. A su juicio, el Consultivo «ha emitido dos opiniones» y los tres consejeros que apoyan las posturas de CiU -dos de ellos designados por la federación nacionalista y el otro por ERC- «representan a la mayoría» del Parlamento.

Así, Mas anunció que en aquellos preceptos que hayan sido considerados inconstitucionales por una mayoría ajustada CiU escogerá el criterio que le parezca «mejor para el país», lo que es tanto como decir que hará caso omiso del dictamen. En esta línea, el número dos de Unió, Josep Maria Pelegrí, acusó al PSC de haber «viciado todo el proceso desde el principio» para explicar su rechazo.

El líder del PP catalán, Josep Piqué, exigió a Maragall que abandone la reforma del Estatuto porque el Consultivo ha dejado el texto «herido de muerte», convencido de que el dictamen «equivale a una enmienda a la totalidad» del texto aprobado en julio.

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

CAROD RESPONDE QUE «SI HAY TOPES, LO QUE HAY QUE CAMBIAR ES LA CONSTITUCIÓN»

El líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, advirtió ayer de que el dictamen del Consejo Consultivo sobre el Estatuto «no tiene fuerza para obligar» y pidió a los partidos catalanes que apuesten por una reforma de la Constitución, porque si lo que pide el Estatuto «topa» con la Carta Magna, «hay que cambiarla». Carod, quien precisó que no se pronunciará sobre las conclusiones del informe hasta analizarlo de forma detallada, aprovechó el rechazo del Consultivo catalán a sus propuestas para abogar de nuevo por la reforma constitucional. Además dejó claro que «el Consultivo no tiene fuerza para obligar, como sí tiene el Tribunal Constitucional. Hace dictámenes, no sentencias». Así, aseguró que «no queremos infravalorar el papel del Consultivo sobre nuestras propias posiciones. Seguro que habrá criterios del Consultivo que harán modificar alguna de nuestras posiciones», pero subrayó que hay cuestiones, como la invocación de los derechos históricos de Cataluña para blindar competencias, en las que el Consultivo está dividido por cuatro votos contra tres.

En estos casos, consideró que «existe un empate técnico» ya que el criterio a favor o en contra de invocar los derechos históricos «depende de una persona», por lo que el criterio político de ERC está por encima. Subrayó que «el gobierno de Cataluña debería plantearse» que si lo que necesita Cataluña «no cabe en la Constitución, es evidente que lo que está desfasado es la Constitución, y no Cataluña».

LA RAZON

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

EL ORGANISMO JURÍDICO DE LA GENERALITAT TUMBA LOS PRINCIPALES PILARES DE LA REFORMA ESTATUTARIA

- El Consejo Consultivo juzga inconstitucionales los derechos históricos como fórmula de blindar competencias, el eje de la financiación y la exclusividad en inmigración, educación y régimen local - Admite la definición de Cataluña como nación

Tate Santaeulària

19 artículos que vulneran la Carta Magna, 17 enmiendas y 39 preceptos inconstitucionales del proyecto de ley de la reforma estatutaria de Cataluña. Éste es el demoledor veredicto de los «jueces» del Estatut catalán.

Barcelona - Habemus dictamen. Tras un mes de arduo trabajo, el presidente del Consejo Consultivo, Joaquim Tornos entregó ayer a manos del vicepresidente del Parlament, Higini Clotas el esperado informe del Consejo Consultivo sobre la constitucionalidad del Estatut. La opinión del organismo de la Generalitat resultó demoledora puesto que ha considerado como inconstitucionales 19 artículos del redactado, y pone en duda hasta 39 preceptos del proyecto de ley y 17 de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Si bien es cierto, que el órgano jurídico no siempre tilda de inconstitucional todo el artículo, ya que en muchas ocasiones se limita a señalar un frase o un apartado que no se ciñe a la Carta Magna. Además, todos, salvo el vocal propuesto por el PP aducen que la definición de nación podría ser constitucional.

Curiosamente, el Consultivo lima algunas de las asperezas que han suscitado gran controversia en el debate político catalán más importante de los últimos 25 años. Así pues, señala como inconstitucional la intención del Estatut de blindar competencias mediante la invocación de derechos históricos. Artículo que se incluyó a último momento a instancias de CiU y ERC en la comisión primera del Parlament. Sin embargo, sí cree constitucional la alusión de estos derechos contemplada en el artículo 5 del proyecto estatutario de Cataluña.

El órgano jurídico, compuesto por siete vocales, también expresa sus dudas en dos cuestiones importantes de la propuesta de financiación autonómica suscrita por Gobierno tripartito catalán. Se trata del artículo 198 y 200 que regulan la capacidad normativa de todos los impuestos de la Generalitat y el hecho de establecer un límite del 50 por ciento de cesión de los mismos al Estado, respectivamente. En definitiva, la capacidad normativa y la cuota de solidaridad al Estado. Concretamente, el Consultivo establece como inconstitucional las expresiones: La Generalitat tiene «la capacidad normativa y la responsabilidad fiscal» –art. 198– y «este porcentaje no tiene que ser en ningún caso superior al 50 por ciento» –art. 200–. Además, el Consultivo advierte que vulnera la Carta Magna «la circunscripción electoral–de Cataluña– para el Parlamento europeo». Y, finalmente, en el ámbito competencial emite juicios de inconstitucionalidad en aquellas competencias estatales que se declaren exclusivas, tales como la educación que actualmente es plena. Objeta, asimismo, las competencias en inmigración y en ámbito de régimen local –art.155–.

Tampoco cuenta con el beneplácito del Consultivo, los retoques en el nombramiento del presidente de la Generalitat. El proyecto de reforma establecía que la contrafirma la ejecutase el presidente del Parlament en vez del presidente del Gobierno como se establece actualmente. Unos cambios juzgados de inconstitucionales por el Consultivo.

Pese a todo, el presidente del Consejo Consultivo, Joaquim Tornos, en los pasillos del Parlament, quiso dejar claro que el organismo se ha basado en una lectura autonómica de la Carta Magna y rogó a las distintas formaciones del arco parlamentario catalán que sigan las recomendaciones de los ya denominados como «jueces» del Estatut catalán. Tornos hizo estas consideraciones no tanto por el debate que se avecina en la Cámara catalana sino por el que se prevé, si todo sale según lo previsto, en la Comisión Constitucional del Congreso que preside Alfonso Guerra.

Cuatro contra tres. Además, como era de prever la mayoría que se ha impuesto en el Consejo Consultivo ha sido la del cuatro contra tres. Es decir que cuatro vocales que integran el organismo han decantado la balanza frente a los otros tres. Se tratan de los consejeros propuestos por el PSC (Joaquim Tornos, Pere Jover), ICV (Marc Carrillo) y PP (Joaquim Borrell) frente a los juristas de las formaciones nacionalistas, CiU (Agustí Bassols, Jaume Camps) y ERC (Jaume Vernet). De hecho, dos de estos tres últimos, Vernet (ERC) y Camps (CiU) suscriben un voto particular mediante el cual impugnan la totalidad del dictamen. También el miembro del PP, Borrell emite un voto particular en el que disiente de la mayoría del informe, como en el concepto de nación en el que una amplia mayoría está de acuerdo en que es constitucional. Hay cinco votos particulares más de los vocales en por concreciones.

LA RAZON

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

LOS 19 ARTÍCULOS QUE VULNERAN LA CARTA MAGNA PARA LA MAYORÍA DE LOS VOCALES DEL CONSULTIVO

L. R. B.

Cuatro de los siete vocales que integran el Consejo Consultivo, homólogo del Consejo de Estado, han juzgado inconstitucionales 19 de los artículos del proyecto de reforma del Estatut de Cataluña. Dichos artículos son:

Los medios de comunicación social (art. 50.1).

Elección, nombramiento, estatuto personal, cese y competencias (art.65.4). La propuesta del nombramiento del presidente de la Generalitat es contrafirmada por el presidente o presidenta del Parlament.

Funciones o relaciones con otras instituciones análogas (art. 75.1)

El régimen jurídico, el procedimiento, la contratación y la responsabilidad en las administraciones públicas catalanas. (art. 113.3)

Educación. (art. 125) Corresponde a la Generalitat, en materia de enseñanza no universitaria la competencia exclusiva.

Infraestructuras de transporte y de comunicaciones. (Art. 132.3, 132.10). Corresponde a la Generalitat su gestión de un puerto o aeropuerto situado en Cataluña y en red viaria con independencia a su titularidad.

Cultura (Art.145.3) .

Inmigración (Art.147.3) Control en los flujos migratorios y codecisiones en inmigración.

Promoción y defensa de la competencia (Art.152.2)

Régimen local (Art.155.1) Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en régimen local

Sanidad (Art.157.2) Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva sobre el régimen estatutario y la formación del personal que presta servicios en el sistema sanitario público.

Medio ambiente (Art.161.2)

Seguridad pública (Art.163.2) Competencia exclusiva en materia de seguridad ciudadana .

Circunscripción electoral (Art.187) El territorio de Cataluña es una circunscripción electoral para las elecciones europeas.

Autonomía y competencias financieras (Art.198.2) Cataluña tiene capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos los impuestos estatales recaudados.

Participación en los impuestos cedidos (Art.200) La cesión no tiene que ser en ningún caso superior al 50 por ciento.

La reforma de los títulos que no afectan a las relaciones con el Estado (Art.217.1)

Las disposiciones adiciones primera y novena. La primera hace referencia a los derechos históricos y la novena a la modificación de leyes para la efectividad plena del Estatut.

LA RAZON

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

LA DECISIÓN DIVIDE AÚN MÁS A LOS PARTIDOS

L. R. S.

CiU y ERC apuestan por desoír el dictamen, mientras que PSC, ICV y PP reclaman ceñirse al juicio

Barcelona - La opinión del Consejo Consultivo sobre el proyecto de reforma estatutaria ofreció ayer versiones para todos los gustos. La duda se centra ahora en si los partidos políticos catalanes seguirán al pie de la letra las recomendaciones del organismo de la Generalitat o, por el contrario primará el acuerdo político entre las fuerzas políticas. CiU y ERC quieren desoír el dictamen mientras que el resto apuestan por seguir sus opiniones.

La cascada de reacciones la abrió ayer el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall al asegurar que le da «una relevancia muy grande» al dictamen del Consejo Consultivo sobre el nuevo Estatut, aunque remarcó que su «valor» es «moral y no legal», puesto que no dicho dictamente no es vinculante. Maragall destacó lo «difícil» que resulta para Artur Mas (CiU) la negociación dado que «cuando uno está en la oposición tiene la impresión de que se asocia la aprobación del Estatut a la gestión del gobierno y al presidente que hay», algo que dijo que trataría de combatir en su encuentro con el dirigente nacionalista el miércoles.

No obstante, el primer secretario del PSC y ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Montilla, afirmó que no es de «patriotas» deslegitimar el dictamen, porque aunque no es vinculante es «relevante» y «no podemos ignorar lo que dice». Montilla señaló que «difícilmente nos respetarán fuera de Cataluña si los partidos políticos no defienden las instituciones catalanas». «No se puede tener respeto al dictamen sólo cuando te dan la razón», añadió el socialista.

Marco legal. Desde los bancos de ERC, su líder Josep Lluís Carod-Rovira apostó por modificar la Constitución y las Leyes Orgánicas necesarias si el dictamen del Consejo Consultivo, que aseguró no conocer oficialmente, determina que algunos puntos de la propuesta de nuevo Estatut no se ajustan al actual marco legal, al tiempo que se manifestó «optimista» sobre un posible acuerdo entre los partidos catalanes.

Su correlegionario y «conseller primer» de la Generalitat, Josep Bargalló, afirmó que el juicio del Consultivo «no es vinculante ni infalible» e instó a los partidos políticos a «seguir negociando, teniendo en cuenta la opinión» de este organismo pero recordando también «que no es infalible».

Entretanto, el presidente de CiU, Artur Mas, reiteró que su formación seguirá manteniendo su postura actual en la negociación del nuevo Estatut en cuanto al sistema de financiación y la reivindicación de los derechos históricos para «blindar» las competencias, a pesar de lo que diga el Consultivo, que los considera inconstitucionales.

Por su parte, el líder del PP, Josep Piqué, advirtió a Maragall y al primer secretario del PSC, José Montilla, que si ignoran el Consultivo, serán «cómplices de una ruptura del pacto constitucional». Finalmente, desde las filas ecosocialistas, Jaume Bosch advertido que desoír el dictamen debilitaría la posición de Cataluña ante la negociación en Madrid.

>«Yo doy una relevancia muy grande» al dictamen del Consejo Consultivo, aunque sí es cierto que su valor es «moral y no legal»

>Advirtió a Montilla y Maragall de que si ignoran el dictamen serán «cómplices de una ruptura del pacto constitucional»

>«No podemos ignorar lo que dice el Consultivo. Difícilmente nos respetarán fuera de Cataluña si no respetamos nuestras instituciones» seguró que el órgano jurídico «no es un tribunal, no dicta sentencias» y recordó que en otras ocasiones se han desoído

> «Hay que modificar la Constitución y las Leyes Orgánicas si se determina que algunos puntos no se ajustan a la Carta Magna»

>Alertó que desoír el dictamen del Consejo Consultivo debilitaría la posición de Cataluña ante la negociación en Madrid

LA RAZON

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

UN NUEVO PERÍODO DE DOS SEMANAS PARA NEGOCIAR LAS ENMIENDAS AL ESTATUT

T. S.

Barcelona - El dictamen del Consejo Consultivo fue tramitado ayer cuando entró en la Cámara catalana sobre la 13.00 del mediodía. Hoy, las conclusiones del organismo de la Generalitat serán publicadas en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC) y se abre así un nuevo periodo de enmiendas con el fin de corregir las inconstitucionalidades detectadas por el organismo jurídico catalán.

Este periodo de enmiendas concluirá el próximo día 19 a las 14.00 horas, según explicó ayer el vicepresidente del Parlament, Higini Clotas (PSC). 24 horas después, concretamente el 20 de septiembre, el Parlament convocará junta de portavoces y Mesa del Parlament para decidir si las correcciones o nuevas enmiendas deben discutirse en comisión primera, como hizo el día 29 de julio, o en la misma sesión plenaria en el Parlament.

Fuentes parlamentarias, aseguraron al respecto que el proyecto de ley estatutario irá a comisión o pleno según el volumen o el debate que entrañen las enmiendas que se presenten en este trámite. No obstante, también apuntaron, las mismas fuentes, que una comisión primera a estas alturas de la reforma estatutaria sería del todo inoperante.

Con todo, las fuentes parlamentarias, concluyen que si hay voluntad de acuerdo entre las distintas formaciones políticas lo lógico sería que se recuperase la ponencia estatutaria para debatir las enmiendas que puedan surgir en estos días a tenor del dictamen del Consejo Consultivo.

El último trámite será el debate y votación en el pleno del Parlament, para lo que la cámara ya ha reservado la última semana de septiembre (del 26 al 30) para su celebración, que sería el primero del periodo de sesiones.

En esta sesión plenaria se deberá realizar una votación global sobre la totalidad del la proposición de ley, la cual requiere, para ser aprobada, del voto favorable de dos terceras partes de la cámara, es decir, de un mínimo de 90 de los 135 diputados.

Si el nuevo Estatut de Cataluña sale adelante, el presidente del Parlament el independentista, Ernest Benach, lo deberá entregar al presidente del Congreso de los Diputados con la finalidad de iniciar la tramitación en la s Cortes Generales.

Interpretando la Inconstitucionalidad del Nuevo Estatuto Catalán

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2005, 16:32, Categoría: Estatuto Catalán

La ‘jaula de grillos’ en que se ha convertido la política con el Estatuto se refleja en los editoriales de la prensa. Por ejemplo miren las razones que da el DEIA (PNV) para obviar la inconstitucionalidad del texto propuesto…

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

LETRA GRANDE, LETRA PEQUEÑA

Editorial

Las filtraciones se han confirmado y el Consejo Consultivo catalán ha dictaminado que 19 de los artículos de la reforma estatutaria del tripartito son inconstitucionales y otros 39 podrían serlo. Sobre este dictamen se ha descargado demasiada responsabilidad, como si fuera el veredicto final sobre el proyecto estatutario. Por eso es necesario recordar que la última palabra, en Cataluña y en el resto de España, es del Tribunal Constitucional y que lo dicho por el Consultivo no salva, aunque le diera el visto bueno, la constitucionalidad de la declaración de Cataluña como nación, cuestión nuclear del debate. Así que valórese el dictamen en su justa medida, porque si los árboles no dejan ver el bosque, y alguien cree que la labor de depuración del proyecto estatutario correspondía al Consultivo, se equivoca gravemente y distorsiona peligrosamente el paisaje. Bien está subrayar los 19 preceptos inconstitucionales, pero no se olvide que la piedra angular de la reforma del Estatut es ese artículo primero donde aparece el término nación, que sí cuenta ya con el visto bueno del Consejo Consultivo. Separemos la letra grande de la letra pequeña.

EL PAIS

Martes, 6 de de septiembre de 2005

BUEN CONSEJO

Editorial

El Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña emitió ayer su dictamen sobre el proyecto de nuevo Estatuto de autonomía, en el que analiza la constitucionalidad del texto básico y también de las enmiendas de los distintos grupos. Es un documento de alto interés, por su contenido y porque lo emite un organismo de reconocido prestigio y que, dada su composición estrictamente catalana, no podrá ser acusado de estar al servicio de otras administraciones. Encargado de velar por la constitucionalidad de los proyectos legislativos autonómicos, el Consejo suministra una cura de humildad a los ponentes que se dejaron llevar por el maximalismo y la subasta nacionalista.

Aprecia inconstitucionalidad en 19 artículos del proyecto, algunos muy sustanciales, y en algunas enmiendas de gran calado de signo soberanista, y dudas sobre otros 39 artículos. Desecha la utilización de los "derechos históricos" como instrumento para blindar competencias autonómicas, aun reconociendo su papel como factor que contribuye a fundamentar la autonomía. Rechaza la fórmula de financiación inspirada en el concierto vasco propuesta en la enmienda de CiU y matiza el esquema general de la fórmula planteada por el tripartito. Valida el sistema de blindaje de competencias del texto, basado en su división detallista en submaterias para protegerlas de una eventual invasión de la Administración central, pero pone en entredicho algunas de ellas. En suma, el Consultivo ha aplicado el cepillo del realismo.

Algunas voces, especialmente desde la oposición convergente, han cuestionado el valor del dictamen en un inútil intento de ponerse la venda antes de la herida. Pero son muchas las razones que aconsejan no minusvalorar la opinión del Consultivo. Por tradición: se le ha seguido en casi todas las ocasiones desde su existencia; con mayor razón en la más decisiva. Por lealtad institucional: sería alevoso apreciarlo cuando avala las propias posiciones y desacreditarlo cuando las desautoriza. Por seriedad democrática: porque deslegitimar algunas votaciones basándose en su ajustada mayoría equivale a renegar del principio democrático (imperio de las mayorías, respeto a las minorías), que es norma de este tipo de instituciones independientes de nombramiento parlamentario.

Y finalmente, por pragmatismo y por sentido del ridículo, porque si se echaran en saco roto sus recomendaciones, ellas mismas constituirían la base en el siguiente trámite del Congreso de los Diputados para la recusación de los artículos originariamente impugnados ya desde Cataluña. Quien pese a todo persista en la senda de proponer normas anticonstitucionales, o equiparables enmiendas sorpresivas de última hora, será ahora el principal culpable del fracaso del nuevo Estatuto. Es, pues, hora de responsabilidad, de sensatez, de retorno al consenso y de estricto respeto al marco constitucional.

DEIA

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

REFERENTES CONTAMINADOS 

Editorial

El Consejo Consultivo de Catalunya se pronunció definitivamente sobre el borrador de Estatut y el contenido de su dictamen confirmó muchas de las filtraciones o especulaciones conocidas en días pasados. Confirmó, entre otras cosas, la consideración de inconstitucionales de 19 de los preceptos establecidos en la propuesta de Estatut aunque asumió como constitucional la consideración de Catalunya como nación. Pero, sobre todo, el dictamen confirmó que la carencia de referentes estables y no contaminados políticamente en las instituciones que deberían aportar perspectivas técnicas o jurídicas resulta palmaria. Es un inconveniente añadido para el ciudadano en la medida en que no puede determinar un criterio sobre el que tamizar el debate político toda vez que quienes tienen la responsabilidad de aportárselo carecen del perfil independiente que dé credibilidad a sus posicionamientos.

En el caso del Comité Consultivo catalán, el hecho objetivo es que los elementos más sujetos a debate desde el cruce de las perspectivas políticas no han hecho sino reflejar las mismas. Así, la supuesta inconstitucionalidad de varios preceptos ha sido determinada por el voto favorable de los cuatro consejeros propuestos por el PSC, PP e ICV, mientras que ha contado en el voto contrario de los tres propuestos por CiU y ERC. Tal ha sido el caso de la alusión a los derechos históricos de Catalunya, uno de los nudos gordianos de la redacción del borrador de Estatut. La situación no es nueva en la medida en que reproduce experiencias anteriores de mayor calado incluso dado que, al fin y al cabo, el Consejo catalán sólo tiene carácter consultivo aunque su decisión vaya a alimentar sin duda el discurso contra la reivindicación de las nacionalidades históricas del Estado haciendo abstracción de la realidad de su verdadera naturaleza. En términos de gravedad, mayor es la trascendencia de instituciones cuya composición refleja en la misma medida y sus decisiones reproducen del mismo modo la divergencia idéntica en función de la naturaleza política de su padrinazgo. Tal es el caso del Consejo General del Poder Judicial, incapaz de superar la división de mayorías y minorías de origen político. Una situación que en el caso catalán va a servir para hacer tabla rasa de la verdadera profundidad del debate sobre el borrador de Estatut y limitará el mismo al titular de su presunta inconstitucionalidad. Discursos nacidos de referentes contaminados cuyo modelo se reproduce lamentablemente también en las altas magistraturas judiciales del Estado.

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

LA ABERRACIÓN DEMOCRÁTICA DE CAROD-ROVIRA

Luis Ignacio Parada

A menos que pensemos que los políticos crean instituciones, entidades y organismos deliberadamente inútiles, con fines decorativos o destinados secretamente a respaldar sus decisiones mediante la prudente disposición de que sus opiniones no son vinculantes, habremos de convenir que el Consejo Consultivo catalán tiene derecho a decir lo que piensa de la reforma del Estatuto. Es cierto que su nombramiento es político. Y podría parecer que al ser nombrados por el presidente de la Generalidad, dos de ellos por el Consejo Ejecutivo y los otros cinco por mayoría de tres quintas partes de los diputados del Parlamento de Cataluña, podrían tener la tentación de tratar con cierta amabilidad las propuestas de quienes los nombran. Pero afortunadamente no ha sido así.

El Consejo Consultivo de la Generalidad ha detectado diecinueve preceptos inconstitucionales en el borrador del nuevo Estatuto y tiene serias dudas de la constitucionalidad de otros 39. Poco democrático es decir, como ha hecho Carod-Rovira, que hay cuestiones, como la invocación de los derechos históricos de Cataluña para blindar competencias, en las que el Consultivo está dividido por cuatro votos contra tres. Pero eso no significa en modo alguno, según dice, que exista un empate técnico, porque el criterio del Consejo no depende de una sola persona: depende de siete. Lo malo no es que ese disparate, esa aberración democrática sea tanto como invalidar cualquier votación que no sea ganada por mayoría absoluta, algo que hubiera impedido la presencia de su partido en el Gobierno catalán: lo malo es que da por sentado que el criterio político de ERC y el suyo propio sobre la constitucionalidad está por encima del de un organismo compuesto de juristas expertos, dos de ellos elegidos a propuesta del PSC, uno por el PP, otro por ICV, uno más por CiU y un último por ERC. Que un informe no sea vinculante no quiere decir que no sea jurídicamente objetivo y, sobre todo, inequívocamente democrático.

Barreda Pretende Acallar los Afectados del Incendio con Millones de Euros

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2005, 16:03, Categoría: Incendio en Guadalajara

Tras no asumir responsabilidad alguna en la Tragedia de Guadalajara, tras una Comisión de Investigación que sólo puede calificarse como auténtica farsa, el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende ahora silenciar a los afectados mediante el pago de sumas multimillonarias. Más de 133 millones de euros ha anunciado Barreda como inversión en la zona del incendio. Suena a operación de imagen pero en cualquier caso no podemos aceptar dinero a cambio de no saber lo que realmente sucedió, a cambio de no conocer porqué murieron 11 personas en medio de la inacción más vergonzante de las autoridades responsables.

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

BARREDA DESTINA 133,5 MILLONES A LA ZONA DEL INCENDIO DE GUADALAJARA

Mercedes Vega

La mayoría socialista aprobó en las Cortes el dictamen de la Comisión de Investigación que habla de que se actuó correctamente y de que se trató de un fatal accidente

TOLEDO. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunció ayer inversiones por valor de 133,5 millones de euros para revitalizar la zona del norte de Guadalajara -unas 13.000 hectáreas- afectada por el incendio del pasado mes de julio y en el que murieron 11 personas.

Un Plan de Restauración Medioambiental, la creación de un Centro Nacional de Investigación y Gestión del Fuego y de una empresa pública de Gestión Medioambiental, la remodelación de la Consejería de Medio Ambiente, mejoras en las carreteras, un nuevo Centro de Interpretación del Parque Natural del Alto Tajo y la construcción de una planta de generación eléctrica a partir de biomasa son las medidas que se llevarán a cabo con carácter de urgencia, apuntó el presidente Barreda. En ellas se invertirán los 133,5 millones de euros, una cifra en la que no se incluye la apertura de un Parador Nacional de Turismo en el señorío de Molina ni las actuaciones en telecomunicaciones, sanidad o educación previstas por el Ejecutivo de Castilla-La Mancha.

Reunión con alcaldes

Barreda, que hoy se reunirá de nuevo con los alcaldes de la comarca afectada por el incendio pues participarán en el diseño de los planes de recuperación, matizó que el esfuerzo económico es «muy importante» y «una apuesta de futuro que no tiene precedentes».

Barreda propondrá al Gobierno de España, sobre la base del Departamento de la Universidad de Castilla-La Mancha, la creación de un Centro Nacional de Investigación y Gestión de Fuego. Además el departamento regional de Medio Ambiente sufrirá una reorientación: se denominará también de Desarrollo Rural, relacionándola más con el desarrollo sostenible y tendrá más competencias y recursos.

Por otro lado, este mes comenzará a aplicarse el Plan de Restauración Medioambiental y se llevará a cabo una consolidación vegetal y mejora de infraestructuras, tratamientos selvícolas y arreglo de caminos y cortafuegos, entre otras medidas. En lo que respecta a carreteras, el Ejecutivo castellano-manchego gastará 18 millones de euros para mejorar la red autonómica de esta comarca, además de suscribir un convenio con el Ministerio de Administraciones Públicas y la Diputación de Guadalajara para arreglar las carreteras provinciales.

Antes de dar a conocer estos planes, José María Barreda habló de la utilidad de la Comisión de Investigación y del esclarecimiento de los hechos con sus conclusiones. «Las recomendaciones son útiles y me comprometo a seguir cada una de ellas», subrayó.

Barreda advirtió, muy rotundo, al Grupo Popular que no aceptará que se insinúe que el Gobierno regional fue responsable de la muerte de los 11 trabajadores, porque de eso «no estamos satisfechos», apuntó.

Por su parte, la diputada del PP encargada de debatir el dictamen, Ana Guarinos, reiteró que la Comisión de Investigación ha sido una «pantomima» y el PSOE la ha utilizado, afirmó, «para justificar su mala actuación, han hecho de la búsqueda de la verdad la mentira».

1.200 preguntas del PP

Según Guarinos, el objetivo del Gobierno era «autoprotegerse de la verdad y engañar a los ciudadanos» y recordó que sólo han comparecido «los que ustedes han querido». Aportó como dato que el número de preguntas realizadas en la comisión fueron 220 el PSOE frente a las 1.200 del PP, o que la respuestas más numerosas han sido «no sabe/no contesta». Reprochó también al presidente su «desaparición» hasta ayer desde que compareciera en julio para hablar sobre el incendio o que no haya comparecido en la comisión.

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

GUARINOS: «SON PROYECTOS ANUNCIADOS HACE 20 AÑOS»

M. J. Muñoz

TOLEDO. La diputada del PP, Ana Guarinos, declaró a ABC que las propuestas del presidente regional ya se hicieron en el año 2000, cuando se dio luz verde a la Ley del Parque Natural del Alto Tajo, y se aprobaron 30.000 millones de pesetas para este parque natural y «no sabemos en qué lo han invertido porque algunas carreteras, como la de Peralejos, siguen igual». En concreto dijo que «son carreteras que estaban presupuestadas desde hace muchos años y todavía no se han ejecutado. Entonces, yo me pregunto, ¿tiene que haber una desgracia para que realmente se den cuenta de las necesidades que tiene aquella zona?». Respecto al refuerzo del desarrollo rural, la diputada popular dice que «las inversiones anunciadas tienen que ir añadidas a una política de desarrollo rural que la Junta de Comunidades no ha realizado en 20 años. Cuando uno se da una vuelta por el parque nacional del Alto Tajo, por las carreteras de la zona, se ven como están las infraestructuras y los servicios y de eso no podemos culpar a nadie que no sea la Junta de Comunidades, que tiene las competencias desde hace 20 años». Guarinos no es partidaria de crear una consejería específica de desarrollo rural porque «éste ya está implícito en todas las consejerías. No es como el medio ambiente, que necesita una consejería específica». De las propuestas realizadas ayer en el Parlamento por Barreda se limita a decir que le gustaría verlas realizadas y se pregunta: «¿Por qué no se han hecho antes?». «Que ahora vengan de salvadores de la causa no me vale, porque ellos han sido los que han propiciado esta situación». Guarinos concluye que Barreda «hoy se ha subido a la tribuna sabiendo que tenía todo el tiempo del mundo para hablar, pero no ha tenido la valentía de someterse a una comisión de investigación donde realmente se le puede preguntar y él tiene la obligación de responder».

LA RAZON

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

BARREDA PRESENTA UN PLAN DE 133 MILLONES PARA LOS PUEBLOS ARRASADOS POR EL INCENDIO

Javier López

Madrid - Con el dictamen de la comisión que investigó las causas del trágico incendio de Guadalajara aprobado ayer, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunció su plan para reconstruir la zona afectada por el incendio que calcinó casi 13.000 hectáreas y se cobró la vida de 11 personas. Barreda celebró la resolución del dictamen, del que dijo que servirá para «el futuro» ante catástrofes de esta magnitud. Con este plan se presentará en su reunión de hoy con los alcaldes de los pueblos afectados, ante los que se comprometerá a prestar una especial atención para superar el trágico suceso.

El presupuesto estimado para la iniciativa que José María Barreda tiene sobre la mesa será de 133,5 millones de euros, aunque esta cantidad sólo contempla las medidas a tomar con carácter de urgencia y los planes de recuperación medioambiental, de carreteras y de desarrollo.

Siete medidas indispensables. Con el fin de regenerar social, económica y medioambientalmente la zona de La Riba de Saélices, el presidente de Castilla-La Mancha anunció ayer siete grandes medidas. El nuevo plan será dividido en tres fases, donde primero se delimitarán las necesidades más urgentes. En la primera parte se procederá a un acotamiento para el pastoreo, valorar la pérdida de las rentas de los afectados, retirar la madera quemada y distintos trabajos en el Parque Natural. La segunda parte se centrará en el seguimiento «cuantitativo y cualitativo» de las tierras regeneradas, mientras que para el final se reserva la mejora de las infraestructuras, de las carreteras y de los cortafuegos, entre otras actuaciones.

Entre las medidas más importantes destaca también la creación de un Plan de Restauración Medioambiental para la zona arrasada, así como una mejora de las carreteras de esta comarca de Guadalajara con un presupuesto de 18 millones. Con la intención de recuperar el turismo, Barreda construirá un Centro de Interpretación del Parque Natural, aunque también está previsto levantar el Centro Nacional de Investigación y Gestión del Fuego. Barreda también señaló que Fomento agilizará la reparación de la carretera N-211 entre Alcolea del Pinar y Molina de Aragón, hasta Monreal del Campo, con una inversión de 75 millones.

ZP No Quiere Escuchar las Divisiones del PSOE en el Senado

Por Narrador - 9 de Septiembre, 2005, 15:54, Categoría: General

Nuevo aplazamiento del Debate de las Autonomías en lo que parece una operación política un tanto torpe. En plena división en el seno del PSOE por cuestiones como la reforma del estatuto catalán o la financiación sanitaria y el impuestazo, ZP y su gobierno prefieren evitarse el trago de escuchar en el Senado todo tipo de discrepancias internas y externas. Un detalle más: la noticia solo la recoge ABC

ABC

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

EL GOBIERNO APLAZA SIN FECHA EL DEBATE DE AUTONOMÍAS POR LA CERCANÍA DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

El Debate sobre el Estado de las Autonomías, previsto en el Senado para la semana del 19 al 23 de septiembre, ha sido aplazado sin concretar una nueva fecha, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias y confirmó posteriormente el portavoz de la Mesa de la Cámara, Isidre Molas.

La cercanía de la Conferencia de Presidentes del próximo sábado y la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2006 han sido, según explicó, las principales causas de este aplazamiento.

El anuncio de esta suspensión lo realizó hoy el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Alberto Caamaño, en la primera reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara Alta en este periodo de sesiones, justificando el aplazamiento del Debate, cuya fecha se fijó en junio, al retraso de la Conferencia de Presidentes, inicialmente prevista para julio.

Según Molas, Caamaño pidió a los portavoces el aplazamiento al creer "conveniente" que existiera una mayor distancia temporal entre ambas reuniones, aparte de esgrimir otros argumentos como la presentación de los Presupuestos del Estado el próximo día 23 o la asistencia del presidente del Gobierno a la Asamblea General de la ONU los próximos días 15 y 16. No obstante, el representante del Ejecutivo expresó su "firme voluntad" de celebrar el Debate en el periodo de sesiones recién iniciado.

Concretamente, el Ejecutivo baraja la semana del 25 de noviembre o del 9 de noviembre, dos fechas que la Junta de Portavoces debatirá en su reunión del próximo martes, y respaldará o no en función de la agencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la de los presidentes autonómicos, que ya habían recibido la comunicación para la celebración del Debate dentro de dos semanas.

El Debate del Estado de las Autonomías lleva sin celebrarse desde marzo de 1997, en la primera legislatura de José María Aznar, y su convocatoria para este año es un compromiso adquirido entre el presidente del Gobierno y el de la Cámara Alta, Javier Rojo.

Debate habilitado desde junio

En las últimas reuniones de la Junta de Portavoces, antes de vacaciones de verano, se habilitó la semana del 19 al 23 de septiembre para llevarlo a cabo y su metodología buscaba ser similar al Debate del Estado de la Nación, que se realiza en el Congreso de los Diputados.

Así, en junio, la Mesa del Senado no solo abordó la habilitación de la Cámara para el Debate sino también la posibilidad de que las propuestas de resolución del mismo se debatieran y votaran en el pleno posterior a su celebración. Con ello, se permitiría que los grupos dispusieran de más tiempo para estudiar, pactar y analizar sus iniciativas, de forma que los tiempos del debate, que podría alargarse hasta tres días, estuvieran menos comprimidos.

El órgano de gobierno de la Cámara esbozó así una primera fase de lo que sería la ordenación interna del debate, que se convoca en el marco de la Comisión General de Comunidades Autónomas, manteniendo el criterio del último que se celebró, pero proponiendo que la aprobación de resoluciones se haga en el pleno en la semana siguiente.

Molas dejó claro entonces que no existía ninguna propuesta escrita y definitiva al respecto, y que sería en la Mesa y Junta de Portavoces de septiembre cuando se precisara más el esquema inicial previo. Recordó que los tiempos en el Debate de Autonomías (que incluye intervenciones y réplicas del presidente del Gobierno, presidentes autonómicos y grupos parlamentarios) son tratados con "condescendencia y generosidad" y que puede llegar a alargarse hasta tres días.

La Agenda de Aznar

Por Sin Pancarta - 9 de Septiembre, 2005, 15:46, Categoría: Aznar

Mientras España y su Gobierno sufren un auténtico aislamiento internacional el Presidente Aznar mantiene una agenda de trabajo de altísimo perfil con reuniones constantes con los más destacados líderes mundiales. Estos días y coincidiendo con la presentación de su último libro en América Latina se reunirá con Néstor Kirchner (con quien nunca ha mantenido una fluida relación) y Álvaro Uribe, El ‘Presidente Accidental’ debería aprender algo.

LA RAZON

Martes, 6 de de septiembre de 2005 

KIRCHNER Y URIBE RECIBIRÁN A AZNAR EN LA PRESENTACIÓN DE SU LIBRO POR SURAMÉRICA

J. L.

Madrid - El ex presidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha iniciado una gira por Suramérica para presentar su libro «Retratos y perfiles: de Fraga a Bush», en la cual tiene previsto visitar Argentina y Colombia, donde compartirá mesa con los presidentes de ambos países. La agenda en Argentina comienza hoy en su capital, Buenos Aires, cuando a las 9:30 desayune con el presidente Néstor Kirchner. Avanzado el día, José María Aznar presentará su libro en el Hotel Alvear a las 19:30, en el cual se oficiará una mesa redonda con periodistas locales.

Colombia será el segundo país incluido en la gira, donde su presidente, Álvaro Uribe, acompañará al presidente de la Fundación FAES a las 19:30 en el acto de presentación que tendrá lugar en el hotel Metropolitan Club de Bogotá. Esto será el jueves, aunque el ex presidente del Gobierno prolongará su estancia en el continente americano hasta el domingo. Sin embargo, éstos no serán los únicos países que Aznar recorrerá con su publicación, pues en octubre visitará también México aunque aún no se ha fijado si el presidente de este país, Vicente Fox, le acompañará en alguno de los actos que publicitarán sus escritos.

Este libro ya fue presentado en Madrid en abril y contó con el apoyo de la plana mayor del Partido Popular y personalidades de la vida social y cultural española. Aznar pretende así repetir el éxito de su primera aventura literaria, titulada «Ocho años de Gobierno, una visión personal de España», de la que ha vendido 130.000 ejemplares.