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Sólo Dos Decena de Parejas Homosexuales han Accedido al Matrimonio

Por Sin Pancarta - 7 de Septiembre, 2005, 22:20, Categoría: General

Había que aprobar la ley del "matrimonio homosexual". Era una necesidad imperiosa, una cuestión de justicia histórica. Más de un millón de personas pidieron en las calles la retirada de la ley, nadie les hizo el menor caso. Ha pasado el tiempo y ha habido una veintena de bodas gays, infinitamente menos de lo esperado. El número resulta ridículo, pero lo grave no es la cifra, lo grave es que como siempre hemos supuesto se ha legislado para menos de un centenar de personas contra el deseo mayoritario de millones de personas. Supongo que eso se llama "diálogo y talante".

LA RAZON

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

SÓLO UNA VEINTENA DE PAREJAS GAYS SE HA CASADO DESDE QUE LA LEY LO PERMITE

Rocío Ruiz

Tanto empeño del Gobierno en sacar adelante una reforma legal pionera en el mundo y, dos meses después de que se hayan abierto las puertas de la legalidad para las bodas gays, sólo una veintena de parejas ha contraído matrimonio.

Madrid- Hace 26 años ser homosexual tenía cárcel en España; hoy, que dos hombres y dos mujeres puedan casarse no sólo es una posibilidad real, sino un derecho reconocido en el Código Civil desde el pasado 3 de julio, que lleva aparejada la posibilidad de adoptar niños y coloca a nuestro país entre los pioneros en reconocimiento de derechos a parejas gays. Desde que se dio vía libre a las bodas entre personas del mismo sexo, unos han pasado de puntillas por los registros civiles sin ningún flash que inmortalizara el momento; otros lo han hecho con más prensa que invitados, pero lo cierto es que la lógica avalancha inicial que acompaña a una normativa que ha sido una demanda histórica de los colectivos homosexuales no se ha producido.

El Ministerio de Justicia sólo tiene contabilizados 7 matrimonios celebrados hasta el 31 de agosto pasado, unos datos que admite que son «incompletos» porque muchos juzgados no están informatizados y porque tampoco la Dirección General de Registros y Notariado lleva un cómputo al día de todos los enlaces que se han producido. Para obtener una cifra lo más aproximada a la realidad, este periódico ha contactado con los 430 registros civiles que hay en toda España de los cuales han facilitado datos 273.

Trámites en curso. La información obtenida en los registros pone de manifiesto que sólo 22 parejas han optado por darse el «sí quiero» en los dos primeros meses de entrada en vigor de la polémica norma hasta el 1 de septiembre. Esto significa que sólo dos de cada cien parejas homosexuales de las 10.474 que el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene censadas se han decidido a dar el paso. La proporción es aún más pequeña si la comparamos con la media de 35.000 parejas «heteros» que se han casado en el margen de dos meses que lleva en vigor la ley.

El dato engordará en los próximos meses, ya que los registros civiles tramitan los expedientes de otras 291 parejas homosexuales que aguardan turno para poder casarse.

El de Madrid, situado en la calle Pradillo 66, es el que cuenta con la lista de espera más larga: los expedientes de 150 parejas se encuentran en fase de tramitación y a la espera de que se les asigne fecha, según informaron a este periódico varios funcionarios. No obstante, ninguna de ellas podrá contraer matrimonio antes de octubre por la elevada demanda que tiene este registro. Aunque los colectivos de gays y lesbianas argumentaban cuando la ley del matrimonio homosexual se debatía en el Parlamento, que su aprobación beneficiaría a entre un 5 y un 10 por ciento de la población, los datos constatan que la respuesta social a la norma es «pobre» y que la reforma que ha abanderado el Gobierno socialista y que ha levantado ampollas entre los sectores más conservadores beneficiará en la práctica a muy pocos. Porque trabas para que la ley saliera adelante ha habido. Y muchas: la norma se topó con el veto del Senado, el rechazo del PP en el Congreso de los Diputados, los informes negativos del Consejo General del Poder Judicial, el del Consejo de Estado, el de la Real Academia de la Jurisprudencia, y el de más de un millón de personas que salieron a la calle a manifestarse en contra de la extensión de un derecho que significa un paso de gigante para gays y lesbianas. Por no hablar de la fuerte oposición de la Iglesia.

Las estadísticas confirman que España no es ajena a la tendencia que se registra en el resto de países europeos que cuentan con una legislación que autoriza casarse a gays y lesbianas. En Bélgica, sólo pasaron por los juzgados 139 parejas en los seis primeros meses de entrada en vigor de la norma, en 2003. Ahora debate la posibilidad de ampliar a los homosexuales el derecho de adopción de niños en medio de una tormenta de críticas. De hecho, para el próximo 10 de septiembre hay convocadas concentraciones de protesta no sólo en el país centroeuropeo, también en la embajada belga en España. Aunque la cifra es muy menguada, las provincias que han hasta ahora han computado más bodas son Barcelona y Huelva, con dos celebraciones respectivamente. Sin embargo, fue la madrileña localidad de Tres Cantos la que fue testigo del primer enlace gay de España que se celebró el 12 de julio entre Emilio Menéndez (español) y Carlos Baturín (psiquiatra estadounidense).

«Él me miró interesado, y yo no podía imaginar que un tío tan guapo se fijara en mí», dijo Emilio tras recibir una lluvia de arroz.

La primera de lesbianas. El pueblo barcelonés de Mollet de Vallès fue el que acogió la primera boda entre mujeres celebrada en España. Sebastiana («Tani») y Verónica se dieron el «sí quiero» cogidas de la mano y un beso después de que el juez las declarara «unidas en matrimonio» y de escuchar emocionadas la poesía de un familiar. Sebastiana y Verónica vivían juntas desde hacía años y hacía apenas cuatro meses que habían trasladado su domicilio a Mollet. Otras 300 parejas gays esperan turno para poder unirse en matrimonio en algún juzgado de España.

Con información de: L. Aguirre, B. Muñoz, I. Garzo, P. Pérez, R. Serrano, C. Maza,  C. S. Macías, R. Bonilla, C. Trujillo, D. Ruipérez, J. Planes y D. Ciudad

LA RAZON

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

CASI MEDIA DOCENA DE NOVIOS, PENDIENTES DE QUE SE PRONUNCIE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Rocío Ruiz

Madrid - Años de lucha del movimiento gay para que se legalice el matrimonio entre homosexuales en España y cuando por fin se aprueba la ley y deciden formalizar su relación en el juzgado el magistrado se niega a casarles y deja en suspenso la boda. Es lo que ha ocurrido a una pareja de Denia (Alicante) y a tres de Telde (Gran Canaria). Ambos jueces tienen dudas sobre la constitucionalidad de la reforma legal impulsada por el Gobierno de Zapatero y han dejado en manos del Tribunal Constitucional (TC) la decisión de que les permita objetar y no casar a quienes lo piden.

El Alto Tribunal no se ha pronunciado aún, pero esto no impide a la pareja culminar el trámite en otro juzgado, aunque para ello es necesario estar empadronado en la localidad donde se celebra el enlace. La juez del registro civil de Burgos dictó en agosto una providencia en contra de la celebración de otra boda, un trámite previo antes de presentar ante el TC una cuestión de inconstitucionalidad, lo mismo que han hecho sus colegas de Denia y Telde. Los tres ejemplos dejan patente las discrepancias entre los jueces para aplicar la ley. Algunos alcaldes también alegaron problemas de conciencia para celebrar estos casamientos, pero el Gobierno salio entonces al paso alegando que «sería un incumplimiento flagrante de la ley». El PP tuvo que frenar la «rebelión» de sus alcaldes. Quien no se quedó indiferente a la iniciativa de los magistrados fue la directora general de Registros y Notariado, Pilar Blanco, quien tachó de «deleznable» la postura de los jueces y los acusó de utilizar derechos «con fines ideológicos».

El Consejo General del Poder Judicial entró entonces en la polémica. Calificó de «gravísimas» las declaraciones de Blanco-Morales y exigió una rectificación, que no se produjo. La tensión se acrecentó aún más con la postura de la Iglesia, quien también se suma a la creencia de que la ley es anticonstitucional. El PP ya anunció que no descartaba presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley. Así que la pelota queda ahora en el tejado del presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo o 50 senadores o diputados, los únicos con capacidad jurídica para hacerlo. Gays y lesbianas están convencidos de que el PP no dará el paso; el Foro Español de la Familia cree, por el contrario, que sí abanderará el recurso. La cuenta atrás hasta que expire el plazo ya ha comenzado. Concluye el 30 de septiembre.

LA RAZON

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

EL GOBIERNO DIJO...

J. Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno

«¿Por qué las personas con una opción homosexual van a ser de segunda categoría? Insto al PP a que miren a la cara a los gays y les digan: vosotros sois españoles de segunda. Que se lo digan».

«El cambio en la letra de la ley acarrea un cambio inmenso en la vida de miles de compatriotas»

«La ley es un paso en el camino de la libertad y construye un país más decente, porque no humilla a sus miembros»

«La aprobación de esta ley responde al estricto cumplimiento de un compromiso electoral».

  

M. T. Fernández de la Vega, Vicepresidenta primera del Gobierno

«El Gobierno no flaqueará ante la polémica artificial suscitada. No nos van a parar ahí. Vamos a seguir porque es un compromiso que responde a una convicción y a un acto de justicia»

«El propósito del Gobierno es extender los derechos civiles a todos; queremos eliminar las discriminaciones que frenan la realización de las personas. El matrimonio es un derecho sin distinción, no es un privilegio»

Sobre la oposición de la Iglesia: «Pueden hacer las manifestaciones que consideren oportunas, pero ello no altera las competencias del Gobierno»

  

J. Fernando López Aguilar, Ministro de Justicia

«Cumple con el compromiso del Gobierno recogido en su programa electoral y tiene un respaldo mayoritario de la sociedad, que está dispuesta a aceptar con tolerancia esas formas de convivencia»

Sobre la adopción: «Los homosexuales tienen el mismo derecho que los demás a adoptar sin que nadie les pregunte por su orientación sexual y se les discrimine en función de su convivencia»

«Tenemos un compromiso con la ciudadanía para promover iniciativas que amplíen el margen del igualdad y libertad»

LA RAZON

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

EL BLUFF DE LAS BODAS GAYS

Editorial

El Gobierno impuso ya hace dos meses a la inmensa mayoría de la ciudadanía los matrimonios homosexuales entre otros motivos porque existía una demanda y una exigencia sociales que habían sido desoídas durante demasiados años. Se argumentó entonces que el colectivo de gays y lesbianas de este país habían pasado un auténtico infierno por no poder regularizar su relación con una boda y que razones de justicia obligaban a atender ese clamor entre un colectivo olvidado. El tópico asegura que el tiempo da y quita razones, y las semanas que han transcurrido con la ley ya vigente han servido para cuestionar, casi desmentir, la versión oficial del Gobierno socialista. Porque, lejos de colapsarse los juzgados y los ayuntamientos para beneficiarse de la nueva legislación, el número de los matrimonios consumados entre los homosexuales y el de los expedientes en curso resulta casi ridículo y demuestra el descriptible entusiasmo en torno a una Ley que supuestamente se justificó en su día por motivos de reclamo social. Según los datos que hoy aporta LA RAZÓN en exclusiva, tras contactar con los 430 registros civiles que hay en toda España, sólo 22 parejas se han casado en los dos primeros meses de entrada en vigor de la polémica norma, lo que supone únicamente dos de cada cien parejas homosexuales de las 10.474 que el Instituto Nacional de Estadística tiene censadas. Si la cifra se compara con la media de 35.000 parejas de heterosexuales que contrajeron matrimonio en ese mismo plazo, el contraste es suficientemente sintomático. Pero, además, los registros civiles sólo tramitan expedientes de otras 291 parejas gays que esperan su turno.

Por tanto, ni existía clamor entre el colectivo de homosexuales ni el Gobierno actuó empujado por razones exclusivamente de justicia social, sino que impuso desde la prepotencia una norma demagógica y oportunista, guiada sólo por un interés partidista, que atacaba a una institución como el matrimonio y que violentaba al núcleo mismo de nuestra sociedad como es la familia, además de agredir a la moral colectiva de una mayoría de los españoles.

Hoy debemos recordar que para atender tan nimia demanda, el PSOE pasó por encima no sólo de una mayoritaria contestación social, que incluía a relevantes socialistas, sino de numerosos informes en contra de la Ley, como los del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, que alertaban sobre la posible inconstitucionalidad de una norma que conculcaba la definición de matrimonio que recoge nuestra Carta Magna, y que ya ha sido motivo de recurso al TC por dos jueces que han suspendido distintos matrimonios.

Las parejas homosexuales deben alcanzar todos los derechos que acarrea una unión de carácter conyugal, pero sin que se convierta en una agresión al concepto de familia. El problema es que el Gobierno abordó con ligereza y demagogia un asunto que requería seriedad para que ningún derecho se viera mermado. Creó una seria polémica y abrió una profunda herida social de forma innecesaria cuando, como se ha visto, el matrimonio era un asunto secundario para los homosexuales.