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El Modelo Sanitario a Debate

Por Narrador - 7 de Septiembre, 2005, 7:08, Categoría: General

El impuestazo que ha sacado de su chistera el ‘Presidente Accidental’ puede que al final deje algo positivo. Por ejemplo una reflexión, con cierta seriedad, sobre el estado de la ‘Sanidad’ en España. Una cuestión que hay que abordar con seriedad y rigor por la cuenta que nos tiene, lejos de las ocurrencias como las disquisiciones sobre si fumar es de derechas o izquierdas.

EL MUNDO

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

UNA SOLUCIÓN INSUFICIENTE Y A CORTO PLAZO

Ana Pastor

¿Subir impuestos para financiar la Sanidad? NO

El «borrador de propuesta» de financiación de la Sanidad del Gobierno es insolidario, insuficiente, unilateral, cortoplacista, inflacionista y no resuelve las necesidades reales de nuestro sistema sanitario. Es una propuesta equivocada en la forma, no se puede presentar públicamente sin haberla enviado a las comunidades autónomas. Y también en el fondo no habían pasado ni 24 horas de hacerse pública la propuesta y ya se ha producido un rechazo unánime. Responsables autonómicos del PP y del PSOE, distintos sectores y profesionales la han calificado de insuficiente, partidista y de «torpeza económica».

Y por si faltara algo, el propio Gobierno, en boca de su vicepresidenta, da un quiebro y se lava las manos, cuando afirma que «si la propuesta no gusta, la retiramos» y añade que la Sanidad está transferida. Y yo le pregunto. ¿Es que ni ustedes mismos creen en su propuesta? Si el Gobierno quiere ayudar a mejorar nuestro sistema sanitario y su calidad ni puede mirar para otro lado ni echarles la culpa a otros. A mi juicio, debe profundizar en el modelo de solidaridad que prevé la ley de financiación vigente. Profundizar en el modelo de solidaridad es abordar las necesidades reales, es afrontar que somos casi cuatro millones más de españoles que acuden a los servicios sanitarios, es afrontar que nuestra población envejece, es afrontar la prestación de más y mejores tecnologías, es afrontar que los ciudadanos acudimos cada vez más a los servicios sanitarios no por gusto, sino para tener cada vez mejor salud.

Y para abordar las necesidades reales con rigor y profundizar en el modelo de solidaridad, ponen sobre la mesa la peor de las propuestas: insuficiente y cortoplacista porque, ¿cómo se puede justificar que no cubra ni de lejos los 1.000 euros por persona y año que, cuando menos, habría que destinar a la asistencia sanitaria de 3,7 millones de nuevos ciudadanos?

Es insolidaria, porque nos va a llevar a tener 17 sistemas sanitarios diferentes cuando su propuesta pretende que las comunidades presten los servicios más costosos y que más crecen en gasto y la Administración del Estado se beneficie de los mayores ingresos que se están generando por el consumo de esos casi cuatro millones de españoles. Es inflacionista porque la subida de impuestos va a afectar de forma muy negativa a la salud de nuestra economía: la creación de empleo, el encarecimiento del transporte, el recibo de la luz...

Su propuesta no profundiza en la solidaridad al incumplir el modelo vigente, que prevé dotar con recursos económicos suficientes el Fondo de Cohesión sanitario y el Fondo de Suficiencia, que son necesarios para cubrir las necesidades de los ciudadanos, y va a cargar sobre quienes menos tienen, más impuestos. Si persisten en esta propuesta, se habrá constatado que la Sanidad no es una prioridad para este Gobierno.

Y por último, en un asunto tan importante como éste, hay que buscar el acuerdo con todos, y cuando digo todos, me refiero a todos los que fuimos capaces de ponernos de acuerdo en el modelo que aún está vigente y que fue aprobado por unanimidad. La Sanidad es de todos y entre todos tenemos que ponernos de acuerdo para mejorarla.

Ana Pastor es secretaria de Política Social y Bienestar del PP

EL MUNDO

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

GARANTIZAR LA SANIDAD PÚBLICA GRATUITA

Inmaculada Rodriguez-Piñero

¿Subir impuestos para financiar la Sanidad? SI

Esta no es la solución propuesta por el Gobierno. El Gobierno lo que propone es, primero, aportar 1.000 millones de euros en dos años para que las comunidades puedan mejorar sus servicios sanitarios. En segundo lugar, el Ejecutivo plantea, si hay acuerdo entre las distintas instituciones, subir unos pocos céntimos la cajetilla de tabaco y el alcohol para desincentivar su consumo y, a la vez, contribuir a la financiación de la Sanidad. En tercer lugar se pretende dotar a las comunidades de mayor capacidad normativa tributaria, sin obligar a que suban sus impuestos, para que responsablemente adopten las mejores decisiones en beneficio de los ciudadanos.

El Gobierno ha puesto sobre la mesa esta propuesta porque quiere garantizar, ahora y en el futuro, la Sanidad pública universal y gratuita. Los ciudadanos valoran y aprecian nuestro sistema público de salud. Aunque la gestión sanitaria es competencia de las comunidades, los socialistas queremos asegurar su sostenibilidad, garantizando la suficiencia financiera, mejorando la eficacia en el gasto y la eficiencia en la gestión. Debemos recordar que el sistema de financiación autonómica fue aprobado, por unanimidad, en 2001 durante el gobierno del PP con vocación de permanencia. Apenas cuatro años después nos encontramos con un modelo que proporciona recursos insuficientes debido al incremento de la población protegida, el envejecimiento y el aumento del gasto por habitante.

El Gobierno anterior fue incapaz de resolver los problemas de la sanidad pública cuya solución ahora exige. El PP sigue sin aportar soluciones y haciendo demagogia fácil acusando al Ejecutivo de incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos. Pues bien, este Gobierno no sólo no va a subir los impuestos, sino que, tal y como anunció ayer José Luis Rodríguez Zapatero, va a presentar un nuevo modelo de IRPF que reducirá el impuesto sobre la renta a los trabajadores y a las clases medias. Los socialistas no queremos renunciar a nuestra política social ni al rigor presupuestario. Los españoles desean una Sanidad pública de calidad y para lograrlo necesitamos más recursos que deberemos obtener reduciendo el gasto o generando nuevos ingresos. Los que se escandalizan ahora, fueron los mismos que propusieron esta vía con la imposición del céntimo sanitario. No se pueden plantear las soluciones a corto plazo exclusivamente en términos de mejoras en la gestión, puesto que requieren tiempo para que se dejen sentir sus efectos. Las necesidades de financiación no pueden esperar más. Los problemas difíciles -y este lo es- exigen a todas las administraciones que actúen con responsabilidad, realizando un esfuerzo coordinado y conjunto. El PP, que conoce bien este problema por su reciente etapa en el gobierno, tiene una oportunidad magnífica para demostrar a los ciudadanos que la apuesta de preocuparse por sus problemas va en serio. Si su estrategia de oposición pasa por utilizar a las comunidades autónomas donde gobiernan para boicotear los planes del gobierno, mal favor le estarán haciendo a los ciudadanos. El único objetivo que persigue el Gobierno es solucionar un problema que afecta muy directamente a los ciudadanos. Si todas las fuerzas políticas trabajamos en esta dirección los ciudadanos nos lo agradecerán. Es hora de abandonar la perezosa actitud de recurrir al cinismo. Es hora de demostrar con hechos que la mejor oposición es la que es capaz de cooperar sin temor a perder la identidad de un proyecto político diferenciado. Nosotros, desde luego, seguiremos tendiendo la mano.

Inmaculada Rodríguez-Piñero es secretaria federal de Política Económica y Empleo del PSOE

ABC

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

GASTO YO, PAGA OTRO

Álvaro Delgado-Gal

El Gobierno quiere que las autonomías contribuyan a enjugar el déficit sanitario. ¿Cómo? Permitiéndoles que graven el consumo de la luz, la gasolina, el tabaco y el alcohol. Nadie con dos dedos de frente negará la conveniencia de que los gobiernos autónomos se sumen a las labores de recaudación. Pero la fórmula que se ha escogido es mala, y la probabilidad de que prospere políticamente, escasa. Vayamos por partes.

Las transferencias en Sanidad han provocado una situación esquizofrénica. Las CC.AA. realizan el gasto. No contribuyen, sin embargo, a financiarlo con impuestos propios, pese a contar con instrumentos fiscales destinados a ese fin. El resultado ha sido un crecimiento preocupante de la deuda sanitaria, impulsado por el propio proceso democrático. Ni el ciudadano desea pagar lo que valen los servicios que recibe, ni los equipos de gobierno regionales quieren desempeñar el papel ingrato de sacamantecas.

Se junta el hambre con las ganas de comer, y el pasivo sube que da gusto. El único modo de cortar el círculo vicioso es traer a unos y otros a la realidad. El ciudadano debe percibir que lo que consume cuesta dinero; y el político debe arrostrar el desgaste que implica poner precio a lo que ofrece. Satisfechas estas condiciones, el proceso democrático se invierte y genera responsabilidad. El votante, sobre el papel, derribará al político demagógico que, después de haber jugado a ser papá Noel, presenta unas cuentas que dejan sin aliento. Por desgracia, ni el céntimo sanitario, ni recargo alguno sobre consumos no relacionados explícitamente con la Sanidad, son adecuados para alimentar esta dinámica terapéutica. El céntimo, o equivalentes, se pagará sin que nadie acierte a conocer por qué. Y la gente no apreciará el hecho que urge poner de relieve: que los recursos escasos no salen gratis.

La objeción, obviamente, es extensible al recargo que sobre el consumo de alcohol -suben los impuestos el 10 por ciento- y del tabaco -5 por ciento-, ha acordado el Gobierno a nivel nacional. En resumen: se pretende hacer frente al problema buscando atajos y arbitrismos mucho menos eficaces que un impuesto sanitario específico. Los gobiernos autónomos, uno de los orígenes de la dificultad, se han resistido hasta ahora a aceptar la solución más racional, al tiempo que más comprometedora para sus intereses.

Hemos hablado de estrategias orientadas a contener la deuda. En un país de vocación federal, y España lo es, lo natural sería ir más allá, y autorizar a las regiones para que, aportando fondos oriundos, ofrezcan prestaciones superiores a los mínimos garantizados por el Estado central. ¿Se intentará algo en ese sentido? Yo creo que no.

La causa reside en que es casi imposible, en materia sanitaria, ponerse de acuerdo sobre lo que es un mínimo. La salud se asocia con derechos básicos, y los derechos básicos no admiten un más y un menos. Las comunidades pobres se verían ante el dilema siguiente: o renunciar a determinados servicios, o igualarse a las ricas extrayendo recursos equivalentes de sus contribuyentes respectivos. Lo último obligaría a los contribuyentes menos ricos, obviamente, a realizar un esfuerzo fiscal mayor. Oiríamos decir que mantenerse con vida sale más caro al sur que al norte del Tajo, o en Galicia que en Cataluña. Y se armaría un guirigay del demonio.

Pero hemos echado a volar la fantasía. Es de temer que no salgan adelante siquiera, salvo sorpresas, las chapuceras medidas de reducción del déficit excogitadas por el Gobierno. El PP ha protestado ya contra la medida, pese a que él propuso otras análogas cuando estaba en el poder. Un caso claro de incoherencia, simétrica de la de los socialistas, enemigos de esa misma política cuando eran oposición. No hace falta, sin embargo, remitirse al PP para rebajar expectativas. El escenario en que las medidas habrán de ser aprobadas es peculiarmente difícil: la Conferencia de Presidentes. A la Conferencia acudirán los jefes autonómicos, en representación hipostática de los electorados a quienes deben el cargo. ¿Conciben ustedes a Ibarra anunciando a sus paisanos, de vuelta a Extremadura, que ha llegado la hora de asumir una parte de la factura sanitaria?

Es posible que Ibarra, o cualquier otro, aceptase acuerdos sellados con sigilo, bajo la cobertura de argumentos técnicos y, por lo mismo, inaudibles para el votante. Pero ir a la Conferencia es como pasearse por la plaza mayor del pueblo. Lo que se determine en la Conferencia será visto, y registrado, por miles de ojos. Lo más probable es que los jefes autonómicos rehúsen aflojar la mosca, sin impedimentos ni estorbos por parte de Zapatero, el más empeñado de todos en proyectar una imagen de concordia y feliz armonía entre los territorios. Los autonómicos seguirán acumulando deuda, si Dios no lo remedia.

LA RAZON

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

DÉFICIT CERO Y TABACO

Jesús Martín

Hace justamente un año escribí: «Si fumar perjudica seriamente su salud y la de los que están a su alrededor, puede matar, obstruye las arterias y provoca cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, puede dañar el esperma y reduce la fertilidad, provoca el envejecimiento de la piel e impotencia y puede ser causa de una muerte lenta y dolorosa ¿por qué no lo prohiben?».

Trataba de entender las razones de mantener en el mercado un producto que sólo con mirarlo nos hace firmes candidatos a acabar como carne de crematorio en el un cortísimo plazo de tiempo. Al final tuve que recurrir a los Presupuestos Generales del Estado para comprender las razones de la legalidad de su consumo: los impuestos que soporta el tabaco equivalen al 5,5% de los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Un 72% del precio final que paga el consumidor por una cajetilla de cigarrillos son impuestos. No hay un solo producto que esté tan gravado en todo el mundo como el tabaco.

En España, algo más de la tercera parte de la población fuma. Y supongo que estará encantada con la propuesta de utilizar la fiscalidad del tabaco, el alcohol, los carburantes y la electricidad para paliar los desmanes presupuestarios de las autonomías. La vida sigue igual: la mejor forma de redimir los errores de gestión de unos pocos es que todos paguen, como si de una derrama se tratara, sus consecuencias.

Ha sido siempre igual. Hunosa es el resultado de una «nacionalización» de una minería que resultó inviable al sector privado. Se creó en 1968 y desde entonces no conoce el significado de la palabra beneficios salvo que sus gestores hayan tenido la paciencia de consultar un diccionario.

Y como mientras haya quien te dé, cuerpo no lo pases mal, que decía mi padre, ahora, para cuadrar las cuentas de las autonomías, a alguien se le ha ocurrido –no sé si con malévola intención– concederles licencia para aumentar la carga fiscal de los vicios en lugar, por ejemplo, de cerrar las televisiones autonómicas.

Desde la modestia de estas líneas sugiero a las autoridades sanitarias españolas que pongan también en las cajetillas, con idéntica profusión tipográfica, «Fumar puede contribuir a equilibrar las cuentas públicas».

LA RAZON

Domingo, 4 de de septiembre de 2005 

SANIDAD: NO MÁS IMPUESTOS

Lorenzo B. de Quirós

La decisión del Gobierno de subir los impuestos indirectos para financiar el déficit sanitario es un error que tendrá además consecuencias económicas negativas. Como es habitual, los socialistas recurren a alzas impositivas para resolver los problemas financieros creados por la decisión de las autonomías de gastar más de lo que ingresan. Para más inri, esa medida es una solución insuficiente, porque no sirve para corregir el desequilibrio de las cuentas sanitarias, cifrado en unos 7.500 millones de euros, y no resuelve la cuestión de fondo, esto es, la tendencia creciente del gasto público en salud. En este contexto, el agujero sanitario seguirá creciendo porque su origen es estructural.

Por otra parte, el incremento de los impuestos indirectos añade presiones inflacionistas a la economía española agravando uno de los principales desequilibrios macroeconómicos del país. El peso en el IPC de los bienes gravados por la subida de los tributos especiales es muy importante. Desde esta óptica, el aumento del nivel general de precios, provocado por la subida impositiva, alimentará una espiral precios-salarios que elevará no sólo los costes salariales sino también el gasto del Estado ligado a la inflación como es el caso de las pensiones. En otras palabras, los costos de incrementar la imposición indirecta son superiores a los beneficios que reporta. Ésta es una lógica elemental que el equipo Solbes parece haber ignorado.

Desde el punto de vista de la equidad, la iniciativa gubernamental es injusta porque reduce la renta real de las familias. Como no se ha visto acompañada de una reducción de la fiscalidad directa, la elevación de la presión tributaria total derivada de la decisión del gabinete Zapatero implica que los individuos dispondrán de menos dinero para comprar bienes y servicios. Esto significa que el consumo privado puede verse afectado de manera negativa, lo que quizá desee el Gobierno para moderar el exceso de demanda de la economía. En este caso, el aumento de los impuestos indirectos no se traduciría en más recaudación para las arcas públicas.

La escasez de recursos para financiar los programas sanitarios es un problema crónico.