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Unanimidad Nacional en el Rechazo al Impuestazo

Por Narrador - 5 de Septiembre, 2005, 3:42, Categoría: El Impuestazo

24 Horas y una decisión de gobierno presentada en sociedad por tres ministros (vicepresidente incluido) se queda en papel mojado, en la nada tras cosechar el rechazo unánime de los afectados con independencia de su ideología o partido al que pertenecen. Nuevo desastre del ‘Presidente Accidental’, nuevo ridículo sin precedentes en la España moderna. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Ejecutivo retirará su propuesta de financiación para paliar el déficit sanitario, adelantada el jueves por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, "si no gusta a los representantes de las comunidades autónomas". De la Vega retó al PP a "hacer otra oferta tan razonable y generosa" como la del Gobierno. Además, dijo que el Gobierno no ha cambiado su política de "no subir impuestos" y que el incremento sobre el alcohol y el tabaco produciría una "mejora de la salud de los ciudadanos con el consiguiente ahorro de las prestaciones sanitarias". EL MUNDO resalta que "el Gobierno ofrece retirar su plan sobre la Sanidad al día siguiente de presentarlo". Para LA RAZON, el Gobierno lanzó ayer "un aviso a navegantes", al recordar que si se rechaza su propuesta "no aportará mil millones a la sanidad". Como no podía ser de otra forma las palabras de la vicepresidenta son interpretadas en clave de amenaza por EL PAIS: "El Gobierno amenaza con retirar su oferta de financiación si ''no gusta a las autonomías". Por otra parte EL MUNDO informa que en el borrador sobre financiación sanitaria elaborado por Hacienda queda constancia de que el Estado sólo puede aportar dinero para paliar el problema sanitario en los Presupuestos de 2006 y 2007, porque después se teme un declive económico por un menor crecimiento de la economía mundial, una subida de tipos de interés y pro la pérdida de fondos de la UE.

El líder del PP, Mariano Rajoy, calificó la iniciativa gubernamental de "chapuza grotesca", que, en su opinión, "carece de rigor y seriedad". A su juicio, las arcas del Estado tienen suficiente recaudación, los mecanismos del modelo de financiación son suficientes para introducir correcciones y, por lo tanto, "no hay ninguna necesidad de subir impuestos" y de "volver a las viejas recetas" fracasadas. Al respecto, resaltó que una subida de los impuestos sobre los carburantes en plena subida del precio del crudo sólo serviría "para encarecer el transporte aún más y los precios de productos fundamentales". Mientras, Izquierda Unida consideró que la propuesta del Gobierno para la financiación de la sanidad es "insuficiente, parcial y cicatera" y reclamó un acuerdo de Estado sobre el servicio público de salud equivalente al Pacto de Toledo en materia de pensiones. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, anunció que pedirán que el Gobierno "doble al menos" su aportación y que ésta no se limite a dos años, sino que tenga continuidad presupuestaria. Llamazares advirtió de que "no se pueden tener ambiciones sociales con esfuerzos presupuestarios raquíticos", pero también recordó que la insuficiencia financiera de ahora es responsabilidad del anterior Gobierno.

Las comunidades gobernadas por el PSOE también expresaron, en mayor o menor medida, críticas a la propuesta del Gobierno. Según ABC estas críticas han dado "la puntilla al plan sanitario del Gobierno". El consejero de Economía de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, admitió ayer que el fondo que el Gobierno quiere aportar a las comunidades es "insuficiente". Griñán dijo que el Ejecutivo de Chaves planteará una fórmula alternativa para subsanar la deuda. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, dijo que la propuesta es susceptible de ser modificada y habrá que hacer un esfuerzo para mejorarla, sobre todo en cuanto a la aportación inicial prevista.

EL MUNDO

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL GOBIERNO OFRECE RETIRAR SU PLAN SOBRE LA SANIDAD AL DÍA SIGUIENTE DE PRESENTARLO

Fernando Garea

Fernández de la Vega afirma que no la presentarán si no les gusta a las comunidades autónomas. El desacuerdo sobre financiación amenaza la segunda Conferencia de Presidentes

MADRID.- Apenas 24 horas después de presentar oficialmente su propuesta para financiar el déficit sanitario autonómico con subidas de impuestos, el Gobierno se mostró ayer dispuesto a retirarla si no les gusta a las comunidades autónomas.

Por el momento, el PP ha atacado con dureza la propuesta, socios del Gobierno de Zapatero, como los del tripartito catalán, la han rechazado sin matices, aliados, como IU y ERC, la han descalificado y hasta destacados barones socialistas, como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se opusieron ayer por «motivos ideológicos».

«La retiraremos, porque no se trata de torturarnos ni de torturar a nadie y si las comunidades no quisieran esta solución para el problema que padecen, el Gobierno no lo va a imponer y escucharemos las fórmulas que nos sugieran», aseguró ayer oficialmente la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según Fernández de la Vega, el déficit sanitario es un problema de las comunidades, puesto que se trata de una competencia transferida.

Pese a ello, el Gobierno central «está dispuesto a hacer un esfuerzo» con una «propuesta generosa» que incluye una aportación directa, subiendo impuestos como los del alcohol y el tabaco y permitiendo a las autonomías que suban los tributos de la electricidad, la matriculación y los carburantes.

«Escucharemos las fórmulas que nos sugieran», aseguró la número dos del Gobierno al ofrecer la retirada. Esta disposición del Ejecutivo a retirar el plan tiene, a partes iguales, algo de obviedad, de advertencia y de problema político de difícil apariencia y solución para el Gobierno.

Es obvia porque el Gobierno puede aprobar unilateralmente en los Presupuestos la subida de impuestos del tabaco y el alcohol, pero necesita el acuerdo con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles próximo para aumentar la capacidad normativa de las comunidades.

Fernández de la Vega no especificó si se conformaría con mayoría en ese órgano o si precisa la unanimidad. En principio, las comunidades del PSOE tienen mayoría, suponiendo que se logre el apoyo de todos.

Es una amenaza porque el Gobierno sabe que hay numerosas comunidades en una situación financiera insostenible por el déficit de sus sistemas sanitarios. Esa lista la encabezan Cataluña, Baleares, Valencia y Madrid. Son esas comunidades las que tienen prisa por lograr una solución y el Gobierno tiene en su mano el impulso de una solución que satisfaga al mayor número posible de comunidades.

No obstante, la situación actual supone un problema político inmediato para el Gobierno de Zapatero debido a que el presidente asumió el compromiso de aprobar una solución a la Sanidad en la segunda Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebrará el sábado 10 de septiembre y así consta en el orden del día como punto único. Si en esa Conferencia no hay acuerdo, el fracaso de la reunión protocolaria sería imputable a Zapatero, de la misma forma que el éxito de la primera se lo apuntó el presidente. En esa ocasión le valía la foto de los presidentes autonómicos, por primera vez en la historia constitucional, y ahora se precisa un acuerdo.

El problema político será también el de la incomodidad de algunos de sus socios parlamentarios afectados por el problema sanitario.

En esta situación, el Gobierno conserva su optimismo y lo basa en el hecho de que su propuesta es sólo un punto de partida para el debate, con margen suficiente para modificarla durante la negociación de la próxima semana.

La dureza de la crítica del PP quedó eclipsada ayer por la irrupción del extremeño Rodríguez Ibarra, sobre la base del aforismo que dice que los peores enemigos son los más próximos.

Ibarra aseguró que «si hubiera que aceptar este modelo en todos sus términos lo rechazamos», informa Efe.

El presidente extremeño aseguró que no utilizará la capacidad de subir impuestos y añadió que «ideológicamente» rechaza la subida impuestos para financiar el sistema de salud, «porque para un socialista la Sanidad es un bien tan importante que no debe depender de la capacidad recaudatoria de los territorios».En todo caso, Extremadura no es de las comunidades acuciadas por el déficit sanitario.

En Andalucía, donde gobierna el PSOE también, el consejero José Antonio Griñán cuestionó los puntos principales de la propuesta del Gobierno.

En Cataluña, Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales, aseguró que es «inadmisible» que «el Gobierno intente que las comunidades autónomas sufraguen todo el déficit sanitario a través de un incremento de impuestos».

En las críticas que le llovieron ayer a la propuesta del Gobierno se mezclaron el rechazo a la filosofía de la subida de impuestos, las objeciones a la cuantía de la aportación del Estado y una tercera sobre la forma en que se repartirán esos fondos.

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, dejó claro que el método será el mismo del sistema actual de financiación que contempla la población y su envejecimiento. Sin embargo, Ibarra pidió ayer que se incluya el de la dispersión de los habitantes de su comunidad.

Además de escuchar esas críticas, el Gobierno tuvo que enfrentarse a la incomodidad política de hacer frente al eslogan de «los socialistas suben los impuestos», esgrimido por el PP como bandera de oposición.

Por eso, la vicepresidenta primera se vio obligada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a asegurar que «el Gobierno mantiene su política de no subir los impuestos».

Consciente del coste político que asume Zapatero en solitario, Fernández de la Vega explicó que el Ejecutivo propone incrementar los impuestos del alcohol y el tabaco «en cuantías mínimas».La incomodidad del Gobierno es mayor si se tiene en cuenta que el coste político de la propuesta procede de un problema ajeno, o sea, de las comunidades.

Según dijo, la propuesta se limita a elevar 10 céntimos cada cajetilla de tabaco, en 30 el litro de whisky y un céntimo el de cerveza.

Aseguró que «se han elegido éstos porque la carga fiscal está muy por debajo de la del resto de los países europeos».

La vicepresidenta llegó, incluso, a argumentar con los efectos benéficos de la subida de impuestos que, en su opinión, podría tener «carácter disuasorio», «puede tener efectos positivos, ya que reducirá el consumo de tabaco y alcohol, mejora la salud de los ciudadanos y ahorra en gasto sanitario».

La zozobra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se produce en medio del debate sobre las reformas estatutarias y las críticas internas a algunos de los proyectos en marcha, que podrían tener reflejo en el Comité Federal del PSOE de hoy.

EL MUNDO

Sábado, 3 de septiembre de 2005

PP: «ES UNA CHAPUZA QUE NO HA AGUANTADO NI 24 HORAS»

Carmen Remirez De Ganuza

MADRID.- «La propuesta es tal chapuza que no ha aguantado una discusión de 24 horas». Así reaccionó ayer la secretaria ejecutiva del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ante la posibilidad de que el Gobierno eche atrás su nuevo modelo de financiación sanitaria tras las críticas de partidos y comunidades autónomas.

Para los populares, la mera mención de la retirada de la propuesta no sólo representa un fracaso político de partida del Gobierno socialista sino que, más aún, pone en cuestión la propia celebración de la Conferencia de Presidentes del sábado día 10.

Tanto desde el círculo de asesores de Rajoy, a su salida del cónclave de Segovia, como desde el comité de dirección del partido, los distintos integrantes de la cúpula del PP subrayaban ayer el hecho de que fue Zapatero quien se «empeñó» en reducir la agenda de dicha Conferencia al asunto de la financiación, a pesar de que los populares pidieron que se discutiera en su seno la reforma del modelo territorial.

Así, si la oposición frontal a la propuesta lanzada por el Ejecutivo hiciera ésta inviable el próximo miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, los populares tienen claro que la cita del sábado quedarían vacía de contenido y hasta podría ser suspendida.«Si no pasa el envite del Consejo», decía ayer a este diario Sáenz de Santamaría, «la Conferencia de Presidentes queda en entredicho. Es muy poco serio traer a los presidentes autonómicos para discutir una propuesta rechazada por todos».

Ninguna voz autorizada en el PP prevé en cualquier caso bloqueo alguno a la Conferencia. Rajoy se reunirá el lunes con los presidentes autonómicos del PP para fijar posición respecto de la propuesta del Gobierno, y el martes los secretarios ejecutivos Ana Pastor y Miguel Arias Cañete lo harán con los consejeros de Sanidad y Economía para concertar su estrategia. Pero, salvo sorpresas, la oposición del PP al nuevo modelo del Gobierno y a su prevista subida de impuestos no incluirá ni plantes ni contrapropuestas escritas.

«Recetas fracasadas»

El líder del PP, Mariano Rajoy, fue ayer el primero en calificar de «chapuza» y de «broma» la propuesta del Gobierno, al que reprochó venir a aplicar «viejas recetas» ya «fracasadas», como la subida de impuestos. Rajoy subrayó sobre todo el «disparate» de la subida del impuesto en la gasolina -que, dijo, ya grava el 53% del precio-, precisamente en el año en que más ha subido el crudo.

Para Rajoy, llevar a la Conferencia de Presidentes el tema de la financiación sanitaria es un «error» y una prueba más de la política «mediática» e improvisada de Rodríguez Zapatero.

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL GOBIERNO AMENAZA CON RETIRAR SU OFERTA DE FINANCIACIÓN SI "NO GUSTA A LAS AUTONOMÍAS"

Luis R. Aizpeolea

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Ejecutivo retirará su propuesta de financiación complementaria para paliar el déficit sanitario, adelantada el jueves por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, "si no gusta a los representantes de las comunidades autónomas", pues "no se trata de torturar a nadie". Fernández de la Vega retó al primer partido de la oposición, el PP, a "hacer otra oferta tan razonable y generosa, además de corresponsable, como la del Gobierno", que prevé una aportación directa de 1.000 millones de euros en los dos próximos años y la subida de los impuestos del alcohol y el tabaco para trasladar a las autonomías otros 125 millones de euros anuales.

La amenaza de la vicepresidenta la formuló a tan sólo cinco días de que la iniciativa gubernamental se debata con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y a ocho días de la celebración de la Conferencia de Presidentes convocada por Zapatero para el día 10 en el Senado.

La propuesta supone una subida directa de impuestos estatales (10% en el alcohol y poco más de 5% en el tabaco), y permite a las autonomías duplicar la capacidad para gravar la venta minorista de hidrocarburos (de 2,4 céntimos de euro a 4,8 céntimos) y posibilitar un recargo de hasta dos puntos en el impuesto sobre la electricidad. Todas estas medidas supondría una aportación extra al sistema sanitario de 2.465 millones de euros en el primer año si las autonomías suben sus impuestos.

El Ejecutivo decidió pasar ayer a la ofensiva, ante la reacción crítica del PP a su propuesta. La vicepresidenta primera aclaró que la sanidad es competencia de las comunidades y, por tanto, también lo son sus deudas, con lo que "el Gobierno no está obligado a poner ni una sola peseta" en el sistema sanitario, "algo que sabe el PP".

Eximido de intervenir

El sistema de financiación vigente, acordado en 2001 por el Gabinete del PP y las comunidades autónomas, exime al Gobierno central de intervenir, pese al grave déficit sanitario, según recordó la vicepresidenta primera.

Los mecanismos correctores que prevé la Ley de financiación sanitaria de 2001 no pueden aplicarse a la situación actual de la sanidad, pese a haberse producido un sensible aumento de la población.

Dichos mecanismos correctores sólo son aplicables cuando la población protegida en una comunidad aumenta entre un año y el siguiente más de un 3% respecto a la media nacional, lo que, en esta ocasión, no se ha dado en ninguna comunidad, precisó Fernández De la Vega.

Asimismo, tampoco ha habido consenso entre las comunidades autónomas para redistribuir los recursos entre las que han tenido un aumento moderado o nulo y las que han registrado incrementos más importantes.

Pese a que el Gobierno no está obligado por la ley de 2001 -promulgada por el Ejecutivo del PP, según insistió, la vicepresidenta primera- a intervenir para paliar el déficit sanitario de las comunidades autónomas, recordó su disposición a ayudarlas "para garantizar la viabilidad del sistema sanitario, su calidad y la igualdad de todos los españoles".

Por ello, De la Vega manifestó su "sorpresa" por las declaraciones críticas con la propuesta del Gobierno del presidente del PP, Mariano Rajoy, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, "si se tiene en cuenta que se inscriben en el actual marco de financiación sanitaria, aprobado por el Ejecutivo del PP en 2001".

Sin imposiciones

También aclaró que el Ejecutivo "no va a imponer a nadie" el modelo de financiación sanitaria que ha propuesto y que está abierto a "escuchar otras propuestas y debatirlas". En ese momento, la vicepresidenta primera precisó que, "si la propuesta no gusta a los representantes de las comunidades autónomas, será retirada".

Fue una consideración política la de la vicepresidenta primera porque el Gobierno central si quiere puede aprobar su propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles próximo al disponer de mayoría suficiente de votos. Hay que tener en cuenta que el Ejecutivo central dispone de la mitad de los votos en ese órgano y las comunidades autónomas -que están divididas sobre la propuesta- la otra mitad. No obstante, Fernández De la Vega confía aún en que "haya un acuerdo con todas las partes" pues "lo importante no es como empieza un debate sino como acaba".

La vicepresidenta primera insistió en que el Gobierno "no ha cambiado su política de no subir impuestos". Restó importancia a la subida anunciada de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, que recoge la propuesta del Gobierno central, porque "su carga fiscal está lejos de la del resto de los países de la Unión Europea" y porque "mediante su gravamen se producirá una reducción de su consumo y, por ello, una mejora, también, de la salud de los ciudadanos con el consiguiente ahorro de las prestaciones sanitarias".

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

RAJOY EXIGE A ZAPATERO QUE NO LLEVE SU PLAN A LA CUMBRE DE PRESIDENTES

Carlos E. Cué

"Es una chapuza, una broma grotesca", señala el líder del PP

El PP había amenazado en los últimos días con bloquear la Conferencia de Presidentes convocada el próximo día 10 en el Senado, y desde ayer se sabe que ni siquiera acepta el único punto del orden del día. El líder de este partido, Mariano Rajoy, después de criticar con dureza la propuesta del Gobierno para mejorar la financiación de la sanidad, único punto a discutir en la Conferencia de Presidentes, la tachó de "chapuza" y "broma grotesca", y exigió a Zapatero que saque este asunto de la agenda del día 10.

"Convocar una conferencia de todos los presidentes autonómicos de España para discutir una propuesta que debe ser negociada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es un error, es poco serio", sentenció el líder del PP, que el lunes reunirá a todos los presidentes autonómicos del PP -nueve contando con Ceuta y Melilla- para armar un bloque compacto de oposición a la iniciativa del Gobierno. Si lo lograra, el fracaso de la Conferencia estaría al alcance de su mano.

Rajoy pide por tanto a Zapatero que cambie por completo la idea que tiene preparada para la conferencia, y le ofrece una alternativa. "Los presidentes deberían debatir, por ejemplo, de las reformas de los estatutos, de qué pasa en Cataluña, y cómo afecta eso al resto de las comunidades. Si no, la Conferencia de Presidentes se transforma en una foto sin sentido, porque la financiación debe ser discutida en otro órgano", sentenció Rajoy.

Tras proponer este nuevo temario para la reunión del 10 -a la que él no está convocado-, inmediatamente recordó que tampoco existe ningún punto de acuerdo con el PSOE en lo que se refiere a la reforma estatutaria. Rajoy insiste en que Zapatero abre procesos y no sabe adónde llevan. Le ha sucedido lo mismo, sostiene, con la propuesta de la financiación sanitaria que con el estatuto catalán. Dos años después de que comenzara el debate para elaborar este último, según el líder del PP, "sólo hay inestabilidad, tensiones dentro del PSOE y un Estatuto, votado por ellos, del que dicen que tiene 21 cuestiones inconstitucionales. Yo sólo digo que esto no le importa a nadie, que no hay ninguna urgencia, podemos aparcarlo y los ciudadanos lo agradecerán".

Para el problema de la financiación sanitaria, Rajoy no propone que se aparque la solución, pero sostiene que el actual sistema ya contempla cómo corregir el desequilibrio producido por el aumento de la población. Sin embargo, la ley que aprobó el PP sólo dice que el Gobierno se reunirá con la comunidad afectada para ver cómo se compensa ese aumento de población, pero sin aclarar cantidades ni fórmulas. Rajoy dice que es "disparatado" aumentar el impuesto de la gasolina en este momento, y asegura que en ningún caso apoyarán la subida de estas tasas "o del recibo de la luz". Además insiste en que este tipo de presión fiscal, especialmente sobre la cerveza, por ejemplo, tiene un fuerte impacto inflacionista.

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

ERC TILDA DE RIDÍCULA LA APORTACIÓN DEL GOBIERNO Y RECHAZA SUBIR LOS IMPUESTOS

Miguel Olivares, Luis Barbero y Andreu Manresa

La Comunidad Valenciana se opone a la propuesta del Ejecutivo y Andalucía le pone pegas

Esquerra Republicana (ERC), integrante del tripartito catalán y socio parlamentario del PSOE, tildó ayer de "ridícula" la aportación gubernamental (1.000 millones en dos años) para resolver el problema de la financiación sanitaria. El parlamentario y portavoz de ERC sobre sanidad, Uriel Bertran, rechazó que la Generalitat de Cataluña deba "cofinanciar" este déficit mediante un aumento de impuestos. La Generalitat valenciana se opone al plan del Gobierno, y la Junta de Andalucía reclama que sean las comunidades las que tengan capacidad normativa para subir los impuestos sobre el alcohol y el tabaco.

ERC "no acepta el criterio propuesto por el Gobierno español de que las comunidades autónomas deban asumir parte del déficit anual de la sanidad con el aumento de los impuestos", afirmó Bertran en una nota, informa Efe. Según el diputado republicano, "es impensable que aún se pida que se incremente la carga impositiva a los ciudadanos de Cataluña".

Bertran exigió al Gobierno que "haga frente a la deuda histórica de la sanidad catalana, que ha sido provocada por una pésima financiación del Ejecutivo al sistema de salud catalán". Además, tachó de "ridícula" la "partida de 1.000 millones", porque "para equipararse con la media europea en gasto en salud -6,1% del PIB-, Cataluña necesita incrementarlo en unos 1.800 millones".

- Comunidad Valenciana. Según los cálculos del consejero de Hacienda, Gerardo Camps (PP), la aplicación al límite de las medidas propuestas se traduciría en un ingreso suplementario de 313 millones anuales para la Generalitat Valenciana, de los cuales el Estado aportaría 45 millones. "El porcentaje de esfuerzo financiero para paliar el déficit sanitario recae en un 81,74% en la Generalitat y apenas un 18,26% en el Estado", afirmó. "Se carga a las comunidades autónomas la solución de un problema cuya causa no es imputable a su gestión". Vicente Rambla, consejero de Sanidad, subrayó que las sugerencias relativas a mejoras en la gestión "se aplican desde hace años en la Comunidad Valenciana". Y recordó que ésta logró la mayor contención del crecimiento del gasto farmacéutico en 2004.

- Andalucía. El Gobierno andaluz, presidido por Manuel Chaves (PSOE), rechaza que las comunidades autónomas tengan competencia para subir el impuesto sobre la electricidad. Por el contrario, Andalucía demanda que las comunidades tengan potestad para subir los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, que el Gobierno central se ha reservado en su plan. El consejero de Economía, José Antonio Griñán, llevará esta propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 7.

- Parlamentarios socialistas. Los grupos parlamentarios socialistas del arco mediterráneo (Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía) respaldaron en Palma, donde están reunidos, la propuesta del Gobierno. Los portavoces de 45 diputados del PSOE reprocharon la "crítica feroz" del PP, sobre un "problema heredado" del anterior Ejecutivo. "La propuesta gubernamental es un ejemplo de diálogo, coordinación y cooperación en el Estado sobre una materia que competencia exclusiva de las autonomías", dijo Francina Armengol, del PSOE balear.

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

IU RECLAMA UN PACTO DE ESTADO SOBRE SANIDAD Y UN FONDO DE COHESIÓN

Javier Cuartas

Izquierda Unida (IU) considera que la propuesta del Gobierno para la financiación de la sanidad es "insuficiente, parcial y cicatera" y reclama un acuerdo de Estado sobre el servicio público de salud equivalente al Pacto de Toledo en materia de pensiones. Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, anunció ayer en Oviedo que su formación, que el miércoles mantendrá un encuentro con la dirección del PSOE sobre los próximos Presupuestos, solicitará que el Gobierno "doble al menos" la aportación que ha ofrecido, y que no se limite a dos años, sino que tenga continuidad presupuestaria.

Así, demandará un compromiso "más ambicioso", sostenido y a largo plazo de la Administración central, pero también de las comunidades autónomas, y la creación de un fondo de cohesión específico para la sanidad, de modo que se garantice un nivel asistencial análogo en todos los territorios.

Llamazares considera que "la sanidad pública no es una materia de competencia exclusiva de las comunidades autónomas" porque, aun cuando la gestión está transferida, la Administración central sigue teniendo una "responsabilidad política" que "no puede eludir" al tratarse de un servicio público básico. Por ello, IU considera que el Ejecutivo no puede afrontar la insuficiencia financiera del sistema como "una cuestión de trámite", sino como "un problema importante", que requiere mayor compromiso gubernamental.

Herencia del PP

El líder de IU advirtió al Gobierno socialista de que "no se pueden tener ambiciones sociales con esfuerzos presupuestarios raquíticos", pero también recordó al PP que la insuficiencia financiera que ahora afronta la sanidad pública es responsabilidad del anterior Ejecutivo. "El modelo de financiación sanitaria que tenemos es el que heredamos del PP, y si ese modelo ha generado insuficiencias, algo tendrá que decir el PP", indicó Llamazares, quien acusó a los populares y a sus Gobiernos autonómicos de mantener una posición igualmente "cicatera" en este asunto.

IU acepta la subida de impuestos especiales para financiar la sanidad como ha planteado el Gobierno socialista, si bien considera que un incremento del recargo autonómico voluntario sobre los combustibles debería destinarse a la protección del medio ambiente. Pero demandará que esa carga tributaria no repose exclusivamente sobre impuestos indirectos, sino también sobre impuestos directos, para alcanzar una fórmula fiscal más "equilibrada".

IU supeditará su apoyo a los Presupuestos al impulso de algunas leyes sociales pendientes, pero también a un giro social en la propia concepción presupuestaria: el vicepresidente económico, Pedro Solbes, "no puede esperar", indicó Llamazares, "que el próximo presupuesto sea continuista con la política conservadora del PP, como lo fue el de 2005. Tiene que haber un giro social, con compromisos de izquierda y en política territorial".

ABC

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL GOBIERNO DICE QUE RETIRARÁ SU PROPUESTA SANITARIA SI CHOCA CON UN RECHAZO FRONTAL

G. López Alba y J. L. Lorente

Rajoy tilda de «chapuza» la subida de impuestos y critica las «recetas fracasadas» del PSOE; el Ejecutivo se aferra al efecto «disuasorio» en el consumo de tabaco y alcohol

MADRID. «Si la propuesta no gusta, la retiraremos. No se trata de obligar ni de torturar a nadie». Con esta declaración, la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dejó ayer la puerta abierta a la posibilidad de que el Ejecutivo retire su propuesta para afrontar el déficit de financiación de la Sanidad si choca con un rechazo frontal de las comunidades autónomas. No obstante, fuentes gubernamentales indicaron que, aunque se produjera un bloqueo en la reunión que el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrará el día 7, cabe la posibilidad de superarlo en la Conferencia de Presidentes del día 10 y que haya una nueva convocatoria de aquel órgano, que es el que tiene la capacidad decisoria.

Ante el abierto rechazo del PP y los reparos de algunas comunidades gobernadas por el PSOE, De la Vega reiteró que se trata de «una propuesta para iniciar el debate, que sólo acaba de empezar», y, en todo caso, «el Gobierno no va a imponer ninguna solución». Aun así, emplazó a quienes la rechazan a «presentar una alternativa» y calificó de «sorprendentes» las declaraciones de algunos dirigentes del PP y singularmente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. «Con el modelo vigente, que es el que se aprobó con el PP, y con el crecimiento poblacional que se ha producido, el Gobierno no tendría que poner ni una sola peseta más», subrayó, para hacer un nuevo llamamiento a que los gobiernos autonómicos «den prioridad a los intereses de los ciudadanos frente a los partidistas».

«La deuda es de las comunidades»

En esta línea, insistió en que el Gobierno no está obligado a solucionar este problema. «La competencia de sanidad está transferida a las comunidades y, por lo tanto, la deuda existente es de las comunidades», dijo la portavoz gubernamental, quien subrayó también que «la propuesta que ponemos sobre la mesa es de corresponsabilidad».

De la comparecencia de la vicepresidenta primera se deduce una especial preocupación del Gobierno ante la traducción generalizada que se ha hecho de que su propuesta constituye la primera subida de impuestos del Ejecutivo de Zapatero. De la Vega sostuvo que esta interpretación es «no adecuada» y que «el Gobierno mantiene la política de no subir los impuestos». No obstante, mostró especial empeño en defender que los impuestos que plantea subir como Gobierno, además de serlo en «cuantías mínimas», pueden tener efectos «disuasorios» en el consumo del tabaco y del alcohol, y, como consecuencia, repercutir también en una mejora de la salud de los ciudadanos y un menor coste sanitario.

No es de la misma opinión el presidente del PP, Mariano Rajoy. Tras calificar de «chapuza y broma» la propuesta del Gobierno, reprochó al Ejecutivo de Zapatero que vuelva a antiguas fórmulas de aumento de la presión fiscal. «Al final, estamos en las viejas recetas que ya fracasaron hace muchos años», subrayó, tras lamentar que los socialistas no lleven a cabo las oportunas reformas económicas y «sólo planteen subidas de impuestos».

En este punto, el presidente del PP quiso dejar claro que su partido no comparte «de ninguna manera» la iniciativa del Gabinete de Zapatero, porque subir ahora los impuestos indirectos -tanto del alcohol y el tabaco como de la luz y la gasolina- «es un enorme error».

En su diagnóstico de la situación, la propuesta del Gobierno va a generar tensiones con la inflación. Dicho esto, recordó que el precio del combustible «se ha incrementado muchísimo para que se condene a los transportistas a una nueva subida, dado que ahora ya son impuestos más de 53 por ciento de lo que se paga por la gasolina».

ABC

Sábado, 3 de septiembre de 2005

CRÍTICAS UNÁNIMES DE LAS EMPRESAS AFECTADAS POR LA SUBIDA DE IMPUESTOS

Jorge Sáinz

El Consejo Regulador del Brandy de Jerez, principal productor de alcohol de alta graduación, avisa de que se está «poniendo en riesgo el trabajo de mucha gente»

MADRID. Un rechazo unánime. La propuesta del Ejecutivo de gravar los impuestos del alcohol, la luz, el tabaco y las gasolinas para hacer frente al desbordante déficit de la Sanidad pública no sólo ha topado con las primeras trabas políticas, sino también con la oposición frontal y sin fisuras de los sectores empresariales directamente afectados por la medida.

En cuanto a la subida de los carburantes, una de las más polémicas dada la crisis del crudo, fuentes de las compañías petroleras españolas aseguraron a ABC que, de momento, no quieren juzgar lo que consideran «una decisión política». Sin embargo, los sectores susceptibles de sufrir los efectos colaterales del aumento de los tributos criticaron la actitud del Gobierno y la calificaron de «torpeza económica».

En ese sentido, desde la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM) acusaron de «falta de sensibilidad política» al Ejecutivo y recordaron que existe un proceso de diálogo en el que hay «cuatro ministerios implicados» para intentar paliar la incontenible subida de las gasolinas, por lo que entienden que esta iniciativa «sería un contrasentido».

El director de Comunicación de la CETM, Dulsé Díaz, insistió en que «más del 80 por ciento de las mercancías de nuestro país viajan por carretera» y que esta decisión supondría el agravamiento de la crisis y un goteo constante de «cierres de más empresas del sector».

La subida del alcohol, excluyendo el vino, tampoco ha sido bien acogida. El secretario general del Consejo Regulador del Brandy de Jerez -principal productor nacional de alcohol de alta graduación-, Ricardo Rebuelta, vaticinó que la puesta en marcha del proyecto supondría un «descenso inmediato del consumo y una menor recaudación, por lo que no se cumpliría el objetivo perseguido». Rebuelta pidió al Gobierno que «reconsidere» la propuesta y le acusó de poner en riesgo el «trabajo de mucha gente» y el cuidado de las «50.000 hectáreas» que se usan para producir este brandy.

En esta misma línea, el director general de la Federación Española de Bebidas Espirituosas, José Ramón Fernández, definió la iniciativa como «injustificada e injusta» y aseguró que ningún país europeo «utiliza estos impuestos como contrapartida sanitaria». Fernández señaló que el 60% del consumo de alcohol se circunscribe al turismo y a la hostelería y que el encarecimiento del producto final conllevaría «pérdidas significativas» y, paradójicamente, un mayor riesgo para la salud al «recurrir la gente a bebidas de «garrafón» o baja calidad».

No afecta al recibo de la luz

Las compañías eléctricas, a través de la patronal Unesa, precisaron ayer que el precio de la luz «no va a subir, sino que lo que se modificará será la última línea del recibo». Un portavoz de Unesa afirmó que confían en que los «consumidores estén informados y que sepan diferenciar entre el precio del producto, que no varía, y su tratamiento fiscal; un tema ajeno a estas empresas». Fuentes del sector señalaron, no obstante, que «las administraciones se sirven de los recibos de la luz (25 millones de facturas cada dos meses) para obtener una recaudación rápida».

Por último, desde la Asociación de Empresas de Tabaco afirmaron que la fiscalidad de los impuestos en este sector «es muy compleja» y matizaron que el precio final de la cajetilla «lo establece la marca», por lo que no tendría que haber una relación «causa-efecto» si se gravaran las tasas.

ABC

Sábado, 3 de septiembre de 2005

ANDALUCÍA TAMPOCO ACEPTA LA «OFERTA»

M.C.

SEVILLA. El consejero de Economía de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, admitió ayer que el fondo que el Gobierno de Zapatero va a aportar a las comunidades autónomas para aliviar el déficit de la sanidad «es insuficiente». Griñán, sin rechazar abiertamente la propuesta, anunció que el Ejecutivo de Chaves planteará una fórmula alternativa para subsanar la deuda.

Otras regiones con gobierno socialista también criticaron la iniciativa. Aragón la definió como «insuficiente», mientras que el presidente extremeño, Rodríguez Ibarra, dijo que no comparte el proyecto por «diferencias ideológicas». Tampoco Canarias respalda la medida, al considerarla «partidista».

LA RAZON

Sábado, 3 de septiembre de 2005

LOS BARONES RECELAN DE UNA FINANCIACIÓN SANITARIA QUE SE SOSTIENE EN EL INCREMENTO FISCAL

E. L. P.

No es Ana Pastor, portavoz del PP en materia sanitaria. Tampoco ninguno de los presidentes autonómicos del partido de la gaviota. La una y los otros cargaron ayer contra la propuesta del Gobierno para resolver el déficit de la Sanidad. Pero, también barones socialistas y diputados bregados en estas lides económicas. Todos recelan de un modelo con el que ganan las regiones ricas y pierden las pobres. Así se puede glosar su crítica. La propuesta, que será discutida el próximo 7 de septiembre en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera –un órgano en el que están representadas las comunidades autónomas y el Gobierno central–, supone una subida generalizada de los llamados impuestos especiales: alcohol, tabaco, hidrocarburos y electricidad. Y dicen, quienes han estudiado el documento, que beneficia a las comunidades más ricas porque son éstas las que tienen mayor capacidad de recaudación en impuestos que gravan el consumo. Un ejemplo: no es lo mismo Cataluña que Extremadura. Y echando esas cuentas está el equipo económico de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que hoy expondrá este argumento en el Consejo Territorial del PSOE, ya que el sistema producirá «un aumento de las desigualdades en el gasto sanitario».

De momento, ayer ya alzó la voz para advertir de que su región rechazará el modelo si deben aceptarse las tres vías de financiación que contempla porque él no está la labor de utilizar la vía que capacita a las autonomías a subir los impuestos cedidos. Desde Castilla-La Mancha, el equipo de José María Berreda habla, de momento, de una oferta «mejorable», especialmente en lo que se refiere a la aportación del Gobierno. Son muchos los socialistas que hablan ya de las consecuencias que traerá un modelo que se sostiene, sobre todo, por el incremento fiscal.

LA RAZON

Sábado, 3 de septiembre de 2005

El Gobierno avisa al PP de que si rechaza su oferta no aportará mil millones a las autonomías

Inmaculada G. de Molina

Madrid - El Gobierno lanzó ayer, por boca de su portavoz, un aviso a navegantes: si el PP rechaza su propuesta para aumentar la financiación sanitaria, la retirará sin más. Es decir, no aportará a las comunidades los prometidos y anunciados por Pedro Solbes 1.000 millones (500 en 2006 y otros 500 en 2007). Al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Teresa Fernández de la Vega, quitó hierro al rechazo frontal expresado por el PP y, especialmente, por la presidenta de Madrid a esta fórmula. A su juicio, si no gusta el plan de choque, no pasa nada. «Se retirará».

No obstante, mostró su asombro y dijo no entender por qué el PP se opone a recibir esta aportación, que el Ejecutivo ofrece desde su generosidad, ya que la sanidad no es su competencia. «Es como si se tratara de un regalo en forma de 1.000 millones que se les hace a las autonomías» para garantizar la viabilidad, calidad e igualdad de acceso de los españoles al sistema público de sanidad, explicaron fuentes de Moncloa. En esa línea, De la Vega insistió en que la deuda de la sanidad le corresponde financiarla a las comunidades y no al Estado. «Es su problema», advirtió.

En este contexto, el Gobierno no descarta un escenario en el que no se cierre un acuerdo este miércoles en el seno del Consejo de Política Fiscal, pero sí uno político el sábado en la segunda reunión de la Conferencia de Presidentes. En este caso sería necesario convocar de nuevo al Consejo de Política Fiscal para que refrendara el pacto de la Cumbre.

De la Vega intentó ayer restar importancia a la subida decidida por el Ejecutivo de los impuestos del alcohol y el tabaco en 2006 para financiar la sanidad, al asegurar, documento en mano, que será mínima y desincentivará el consumo de estos artículos, lo que repercutirá a la larga en la factura sanitaria. Pese a este alza de la presión fiscal, negó que el Gobierno suba los impuestos. Es más, aseguró que cumplirá su promesa de bajarlos.

LA RAZON

Sábado, 3 de septiembre de 2005

RAJOY TILDA DE «CHAPUZA» LA REFORMA SANITARIA PROPUESTA POR ZAPATERO

Javier López

Carga contra las últimas medidas del presidente en los grandes asuntos

Segovia - El cierre de las reuniones mantenidas entre los pesos pesados del PP comenzaba con una «disfrazada» tranquilidad. El Parador de Segovia que se había elegido como escenario invitaba a ello, pero la calma sólo quedó en apariencia. Los populares, que se habían encerrado durante dos días para conformar su estrategia de cara al nuevo curso político, mostraron su cuenta de resultados. El presidente del partido, Mariano Rajoy, se dejó de florituras y sacó el carácter para abordar las polémicas que están sobre la mesa de Moncloa. Las vacaciones han dejado las ideas claras al líder de los populares, que no se ha dejado ni un solo punto en el tintero para que Zapatero deje de hacer «disparates» y solucione «los problemas que realmente importan a los españoles».

Rajoy apenas dejó tiempo a los periodistas para las presentaciones. Enseguida fue directo y criticó la reforma sanitaria que sobrevuela en la actualidad que, según el PP, se presenta «carente de rigor y de seriedad». Sin matices, Rajoy la consideró como «una chapuza» porque el Gobierno «no hace un nuevo modelo sino que dice que va a hacer algo que va a ser transitorio». A su juicio, «ya había un buen modelo de financiación que fue aprobado por todas las autonomías». El líder del PP aludió a que ya existen «suficientes mecanismos en el sistema de financiación sanitaria para que las cosas se hagan bien» y que subir los impuestos sólo es un «disparate».

«Churro» de Estatut. Con el mismo rigor entró en la polémica del Estatut cuando adelantó que en la reunión que mantendrá el próximo lunes con Zapatero le va a avisar del «lío en el que se está metiendo» con la reforma del texto de Cataluña, reforma que consideró como un «churro» porque «ya hemos perdido dos años debatiendo sobre esto que no le importa a nadie». Incitó al presidente del Gobierno a «paralizar este proceso» que no presenta «ninguna urgencia», además de reseñar que «el PSOE ha votado el texto y dice que tiene al menos 21 razones de inconstitucionalidad». Por ello, Rajoy aconsejó a Zapatero a que «debería dejar de preocuparse por este asunto», objeto de «tensiones entre comunidades autónomas» y que lo único que ha conseguido es que Cataluña no haya prestado atención a todos los asuntos importantes. El presidente de los populares advirtió al Gobierno que «abrir procesos sin saber a donde conducen tiene bastante poco sentido».