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5 de Septiembre, 2005

El Etarra José Ángel Viguri Aprobó Periodismo Dos Años Antes que la Selectividad

Por Narrador - 5 de Septiembre, 2005, 4:29, Categoría: Terrorismo

Sin Palabras…

LA RAZON

Sábado, 3 de septiembre de 2005

UN PRESO ETARRA APROBÓ PERIODISMO DOS AÑOS ANTES QUE LA SELECTIVIDAD

José Ángel Viguri, «dama de honor» en las fiestas de Amurrio, es uno de los 43 reclusos de la banda cuyo expediente académico investiga la Fiscalía

D. Mazón

Madrid - Aunque el rector de la Universidad del País Vasco (UPV), Juan Ignacio Pérez, afirme que la polémica por las presuntas irregularidades en los expedientes de los miembros de la banda terrorista ETA que han cursado estudios en esta institución mientras estaban presos no es más que una «serpiente de verano», lo cierto es que no deja de deparar sorpresas y de desvelar favores y beneficios que, desde luego, otros presos no disfrutan. Estos expedientes académicos están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado, que tiene en su haber 43 casos de terroristas que han reducido sus penas cursando diferentes carreras. Una medida ésta que ha sido duramente criticada por el brazo político de la banda, Batasuna, que la ha calificado como «paso contrario en lo que tendría que ver con un Gobierno comprometido en avanzar en un proceso de resolución del conflicto político» en el País Vasco, en palabras de su dirigente Jone Goirizelaia. «El Gobierno del PSOE demuestra que todavía sigue utilizando una política de castigo y venganza contra los presos políticos vascos y que, aunque no se les reconoce su estatus y condición específica de presos políticos, en la práctica se les trata con esa convicción», concluyó.

Miembro del comando «Araba». El último capítulo lo protagoniza uno de los nombres del verano, si no por su propio nombre, José Ángel Viguri, sí por el título honorífico que le fue concedido en las fiestas de Amurrio (Álava), donde fue nombrado «Dama de honor» de los festejos. Aunque no fue él en persona, ya que está en prisión, la banda con la distinción le fue impuesta a una efigie de cartón con su fotografía, mientras que la de «Reina de las fiestas» le fue impuesta a la imagen de Santos Berganza, otro miembro de ETA actualmente en prisión.

Viguri fue condenado a 51 años de cárcel en 1991 por su participación con el «comando Araba» en un atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Llodio, en marzo de 1988. Anteriormente, Viguri había sido condenado por pertenencia a banda armada. El terrorista también realizaba funciones de traslado del «comando» de un sitio a otro y acogió en su casa a Juan Carlos Arruti Azpitarte, «Paterra», condenado como autor de los delitos de atentado, asesinato en grado de frustración, estragos, robo con violencia e intimidación y toma de rehénes, utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno y detención ilegal.

Una vez en prisión, el miembro de la banda terrorista decidió estudiar una carrera, opción a la que se acogen muchos etarras ya que computa a la hora de reducir penas. Tomada la decisión, Viguri se apunta a la de Periodismo, que está estudiando hasta el año 1999 y que concluye con una nota media de 7,59, un notable. En el curso 1999/2000 inicia la carrera de Antropología Social y Cultural en su segundo ciclo. Lo más llamativo es que el recluso no aprueba la Selectividad hasta un año después, en 2001. Es decir, que aprueba el examen necesario para acceder a la Universidad dos años después de acabar Periodismo y un año después de apuntarse a esta segunda licenciatura.

En los primeros años de estudios, el preso no se presenta o renuncia a muchas asignaturas. Pero a medida que avanza la carrera aparecen más notables y sobresalientes. La no presentación a una asignatura hace que la convocatoria no «corra» y pueda presentarse cuantas veces quiera. En algunas de la materias, Viguri tiene hasta nueve convocatorias.

El caso de la renuncia es diferente. Si el alumno se acoge a esta opción es como si nunca se hubiera apuntado a cursar esa materia, por lo que puede volver a escogerla más adelante cambiándose de profesor y de grupo en el que estudiarla. Puede pasar del turno de mañana al turno de tarde y del grupo de castellano al de euskera volviendo a coger la asignatura y eligiendo el profesor más acorde con sus aspiraciones. Así, por ejemplo, en el caso de la asignatura de Literatura Contemporánea renunció en la convocatoria de junio de 1991, a la de septiembre del mismo año y a las de junio y septiembre del año siguiente. En la convocatoria de 1993 logra sacar un sobresaliente. En su primer curso, en la materia de Estructura de la Información Periodística, renuncia en las dos primeras convocatorias y obtiene la calificación de matrícula de honor en la tercera. En la asignatura de Tecnología de los Medios Audiovisuales llega a renunciar en dos ocasiones y a no presentarse en otras seis antes de obtener un notable.

Esta tónica se repite en varias asignaturas más a lo largo de los cinco cursos de la carrera, hasta que concluye Periodismo en septiembre de 1999 con dos sobresalientes y un aprobado. En junio de 2003 acaba su segunda licenciatura y recibe por ello las correspondientes reducciones en sus penas.

Dirigentes históricos. La investigación de la Fiscalía incluye a algunos miembros de ETA que tuvieron notable peso en la banda. Entre los presos que han reducido sus condenas gracias a los estudios figuran José Luis Álvarez Santacristina «Txelis», Ignacio Aracama Mendía «Macario», o Francisco Múgica Garmendia «Pakito».

Las presuntas irregularidades son de todo tipo. Ángel María Lete Echániz, «Patas», murió a los 52 años en Cabo Verde, donde estaba deportado y desde donde cursó las carreras de Filosofía y Ciencias Políticas. En su caso se investiga cómo pudo hacerlo, cómo le hicieron llegar los materiales, la información y cómo se examinaba si cuando hizo las carreras no había ningún convenio con ese país y cuando inició la primera licenciatura, hace 18 años, tampoco existía internet.

Como ejemplo de alteraciones en las actas, la documentación de que dispone la Fiscalía recoge, entre otros, el caso de Elena Beloqui. En la asignatura de «Introducción a la Comunicación de Masas» la alumna suspendió cuatro veces, y el siguiente examen lo tendría que calificar el Tribunal de quinta convocatoria. Sin embargo, en el acta aparece como de tercera convocatoria y firmada por un profesor distinto del que tenía, quien también daba la misma asignatura, pero no en un grupo de euskera sino en castellano, cuando la alumna estaba matriculada en euskera. También estudian las posibles irregularidades que pudiera haber en el expediente de Ignacio de Juana Chaos, en el que figura que se matriculó en la universidad mediante el acceso para mayores de 25 años, pero era menor de esa edad en el momento de la prueba y además no aparece su nombre en el acta de la convocatoria. El caso de Zorión Zamacola también es llamativo. Acabó la carrera estando huido y sacó matrícula de honor en una asignatura en la que la presencia del alumno era imprescindible para aprobar.

LA RAZON

Sábado, 3 de septiembre de 2005

ATENCIONES DE LUJO TRAS LAS REJAS

P. Oroel

Madrid - Una larga condena por delante es una perspectiva nada alentadora, pero si encima no se pueden ver las películas de Canal Plus... Apesadumbrado por ese panorama, el etarra Ramón Aldasoro –condenado a 67 años de prisión por un atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de la localidad alavesa de Llodio en1987– ha obligado a la Audiencia Nacional a pronunciarse hasta tres veces, sin éxito, sobre su petición de instalar en su celda un decodificador para poder ver el canal de pago.

El ordenador de Bores. Pero la solicitud de Aldasoro no es la única petición insólita con el remite de presos etarras. Hace unos días, la Audiencia Nacional ratificó la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de no permitir a Aitor Bores disponer de un ordenador en la prisión de Sangonera la Verde (Murcia). El día 11, la Audiencia desestimó el recurso de apelación del etarra contra la decisión de prohibirle la utilización de un ordenador. La dirección de la cárcel consideró que lo usaba para comunicarse con el exterior, lo que suponía un riesgo evidente.

«Batalla» por el hilo dental. Otra de las solicitudes más singulares lleva la firma del etarra Jon Koldo Aparicio, empeñado en que le faciliten hilo dental en la prisión de Daroca (Zaragoza). Tras cosechar el rechazo de la dirección de la cárcel, el etarra recurrió al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que en julio del pasado año también denegó su queja. Pero su celo por la higiene dental le hizo no desfallecer y trasladar su queja a la Audiencia, que concluyó que corresponde a la prisión regular la utilización de medios higiénicos por los reos y que la negativa a proporcionarle hilo dental «en modo alguno» perjudicaba sus derechos como interno.

Este mismo preso se rebeló (cuando estaba en la cárcel palentina de Dueñas) por la inexistencia en la prisión de zonas específicas para fumadores. Para él, eso equivalía a una «pena de muerte, ya que el tabaco mata». Aparicio llevó su queja hasta el Constitucional y, finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió a trámite su recurso, según informó en agosto del pasado año el diario «El Mundo».

El etarra acalorado. José Ignacio de Juana Chaos saltó a los titulares de los periódicos en junio de 2003 por su «cruzada» para conseguir un ventilador con el que aliviar los calores de su celda en la prisión de Algeciras. Sus recursos le llevaron hasta la Audiencia Provincial de Cádiz, donde cosechó un nuevo «no» dado que, argumentó el tribunal, las celdas de esta prisión están permanentemente refrigeradas gracias a un adecuado sistema de ventilación.

LA RAZON

Sábado, 3 de septiembre de 2005

UNA «SERPIENTE DE VERANO», SEGÚN EL RECTOR

Uno tras otro se van desvelando los casos de irregularidades en los expedientes académicos de los presos de ETA que han cursado carreras desde la cárcel. Desde miembros de la banda que han recibido becas estando huidos de la Justicia a presos que sacan carreras sin haberse presentado a ningún examen o con DNI falso, o sin haber aprobado Selectividad, los casos son variopintos y frecuentes. Pero para el rector de la UPV, Juan Ignacio Pérez, este asunto no es más que una «serpiente de verano». Según el responsable de la institución, «un porcentaje muy alto» de la información sobre presuntas irregularidades no se ajusta a la realidad. Es más, dice que «un porcentaje muy alto» de las informaciones que se han publicado son «incorrectas». Pérez se consuela con el hecho de que, «afortunadamente, sólo quedan 20 días para que acabe el verano y, por lo tanto, espero que las serpientes propias del verano desaparezcan».

Peculiares "Avances" de ETA Hacía la Paz

Por Narrador - 5 de Septiembre, 2005, 4:24, Categoría: Terrorismo

Otro paso de la banda hacía la paz y el diálogo. La organización terrorista ETA ha enviado en los últimos meses una nueva oleada de cartas de extorsión a empresarios vascos para exigir el pago del denominado ‘impuesto revolucionario’, informa EL CORREO. Según fuentes de la lucha antiterrorista, citadas por este diario, gran parte de las misivas han llegado a lo largo del verano y en ellas se reclaman cantidades que oscilan entre 6.000 y 18.000 euros. La banda ha extendido el chantaje a personas que hasta ahora no lo habían sufrido y algunos destinatarios son pequeños comerciantes sin gran volumen de negocio, concluye el diario.

EL CORREO

Sábado, 3 de septiembre de 2005

ETA ENVÍA UNA NUEVA REMESA DE CARTAS DE CHANTAJE QUE INCLUYE PEQUEÑOS COMERCIOS

Óscar B. de Otálora

Aparecen pasquines de la banda en San Sebastián en los que se pide el boicot a empresas vascas Las fuerzas de seguridad detectan errores en los envíos

ETA ha enviado en los últimos meses una nueva oleada de cartas de extorsión a empresarios vascos para exigir el pago del denominado 'impuesto revolucionario'. Según fuentes de la lucha antiterrorista, gran parte de las misivas han llegado a lo largo del verano y en ellas se reclaman cantidades que oscilan entre los 6.000 y los 18.000 euros.

Los expertos han detectado que la banda ha enviado cartas a personas que hasta ahora no habían sufrido ningún intento de extorsión. Por primera vez, algunos de los destinatarios son pequeños comerciantes que no tienen un gran volumen de negocio y que, según las fuentes consultadas, hasta el momento habían quedado fuera de los intentos de extorsión de los terroristas precisamente por no tener un alto nivel de ingresos. Las fuerzas de seguridad atribuyen estas circunstancias a los problemas que puede estar sufriendo ETA a la hora de recaudar el dinero del denominado 'impuesto revolucionario', lo que le habría llevado a extender su campaña para asegurarse un mínimo de ingresos con el que mantener su actividad.

Como en anteriores ocasiones, la banda ha remitido algunas de las cartas a personas del entorno de los extorsionados para intentar aumentar el grado de amenaza. Las fuerzas de seguridad, no obstante, también han detectado errores en cuanto a los destinatarios, ya que en determinados casos se han dirigido a profesionales que ya han dejado de tener relación con la firma a la que la organización terrorista pretende chantajear.

Además de esta oleada de cartas, las fuerzas de seguridad han detectado en los últimos días en San Sebastián pasquines en los que se reclama el boicot a empresas vascas que, según el texto, se niegan a someterse al chantaje. En estos impresos, presentados en forma de tríptico y con el anagrama de la banda estampado en una de sus hojas, aparecen los nombres de decenas de industrias del País Vasco y de Navarra. Este documento ya fue localizado por las fuerzas de seguridad en manos de la organización en julio y se sospecha que en los últimos días ha sido distribuido entre sus simpatizantes para que lo difundan.

Atentados

La presión contra los empresarios ha sido uno de los ejes de la actividad de la organización terrorista en los últimos años. Desde el pasado mes de enero, ETA ha actuado en diez ocasiones contra sociedades industriales vascas. En casi todos los casos se ha tratado de ataques simultáneos, en los que los terroristas hacen estallar sus bombas a la misma hora en distintas localidades, sin realizar ningún tipo de aviso previo.

El 13 de enero, la banda armada colocó tres bombas contra sendas empresas de Barakaldo, Ordizia y San Sebastián. El 15 de mayo, actuó de forma similar e hizo estallar pequeños artefactos en Beasain, Elgoibar, Soraluze y Bergara. Una semana más tarde, atentó en Zarautz contra dos empresas. Una de las bombas -escondida en una pequeña caja de caudales- estuvo a punto de costar la vida a un grupo de jóvenes que la encontró de madrugada e intentó abrirla al creer que contenía dinero. El 23 de julio, la banda hizo explotar un artefacto en una empresa de Gernika propiedad de un ex dirigente del PNV.

Las instituciones central y vasca han realizado una campaña de respaldo a los empresarios ante las continuas campañas de amedrentamiento de la banda. El ministro de Interior, José Antonio Alonso, acudió en junio a Getxo, junto con el director del Cuerpo Nacional de Policía, Víctor García, para reunirse con el Círculo de Empresarios Vascos y mostrarles todo su respaldo. A finales de julio, el delegado del Gobierno, Paulino Luesma, repitió el mismo mensaje ante Miguel Lazpiur, el nuevo presidente de Confebask. El representante de la Administración central aseguró que el Gobierno «no bajará la guardia» ante los terroristas.

Apoyo foral

Unas semanas antes, la Diputación de Guipúzcoa hizo pública una declaración oficial de apoyo a los empresarios en la que avisaba a ETA de que la «paz es incompatible con «la violencia, la coacción, la extorsión o el chantaje». El texto fue leído por el propio diputado general, Joxe Joan González de Txabarri, en la sede de la patronal guipuzcoana, Adegi, y ante los principales representantes de la agrupación.

Múltiples Miembros del PCTV Imputados por Integración en Banda Armada

Por Narrador - 5 de Septiembre, 2005, 4:19, Categoría: Partido Comunista de las Tierras Vascas

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha citado para el próximo 7 de septiembre, para tomarles declaración, a tres responsables de comunicación relacionados con el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EJAK), a quienes imputa un delito de integración en ETA. Un día después ha citado a otros cuatro miembros fundacionales de este partido, que serán interrogados por un posible delito de colaboración con banda armada. Las citaciones se incardinan en la tramitación de la querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra los miembros de la dirección de EHAK. Tras conocerse la decisión, la AVT y el Foro de Ermua pidieron al Gobierno que inste al fiscal general del estado para que promueva un recurso de ilegalización de EHAK. Por el contrario, desde Batasuna se calificó de "auténtico disparate" la decisión del juez. EHAK emitió un comunicado en el que considera "muy grave" la decisión del juez de la Audiencia Nacional, ya que, en opinión de esta formación, se "pretende condicionar la vida política" y la actividad del partido. Por el momento lo dejamos aquí sin lanzar el dedo de la responsabilidad hacia nadie. Eso sí, les apunto que EL PAIS no destacado demasiado la noticia muy al contrario la lleva en páginas muy interiores.

EL MUNDO

Sábado, 3 de septiembre de 2005

 

EL JUEZ CITA POR TERRORISMO A CUATRO FUNDADORES Y A TRES RESPONSABLES DE PRENSA DEL PCTV

Manuel Marraco

Declararán ante Grande-Marlaska por los delitos de pertenencia o colaboración con ETA - Uno de los imputados es el jefe de Comunicación de Batasuna y miembro de su Mesa Nacional

MADRID.- Cuatro fundadores del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y tres responsables de Comunicación de la formación abertzale deberán prestar declaración la semana que viene en la Audiencia Nacional por su presunta relación con ETA.

Así se lo comunicó ayer el magistrado Fernando Grande-Marlaska, que el pasado 12 de julio admitió a trámite -frente al criterio de la Fiscalía- la querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra el PCTV, al que consideraba sucesor de la ilegalizada Batasuna.

La querella estaba dirigida «contra los miembros fundacionales del PCTV y contra aquellos otros que compusieran la Junta Directiva».En concreto, el escrito citaba expresamente a quienes lo eran en el momento de su fundación -julio de 2002- y que son quienes comparecerán ante Grande-Marlaska el próximo jueves. Se trata de Juan Carlos Ramos Sánchez, Aritz Blázquez, Javier Ramos y Juan Manuel Rodríguez. El juez les imputa un delito de colaboración con organización terrorista, «consecuencia de haber facilitado sus listas electorales a Batasuna en las últimas elecciones, asumiendo el programa electoral de la anterior», según el escrito de la AVT.

A los cuatro nombres aportados por la asociación, el juez ha sumado otros tres, a quienes además imputa un delito más grave: pertenencia a la organización terrorista. Entre ellos se encuentra el máximo responsable de comunicación de Batasuna y miembro de su Mesa Nacional, Juan José Petrikorena. Los otros dos son Peio Gálvez y Joseba Zinkunegi, que también han desempeñado labores de prensa en Batasuna antes de formar parte del equipo de Comunicación del PCTV. Los tres están citados el miércoles ante el juez.

Zinkunegi, segundo de Petrikorena en Batasuna, ejerció igualmente de jefe de prensa de la plataforma ilegalizada AuB. Además, tras la rueda de prensa en la que el PCTV anunció que ofrecía su candidatura a los votantes de Batasuna, Zinkunegi se presentó como su jefe de prensa de la nueva formación, tarea en la que le sucedió el también procesado Peio Gálvez.

La colaboración con una banda terrorista está penada con entre cinco y 10 años de prisión, mientras que la pertenencia oscila entre los seis y los 12 años (entre ocho y 14 si se trata de dirigentes).

El hecho de tener un servicio de prensa común es uno de los elementos incluidos en el informe 3/2005 del Servicio de Información de la Guardia Civil, que ha sido la base para abrir el sumario contra el PCTV. En él se incluyen referencias a los encuentros entre los dirigentes de ambas formaciones o ayuda en la distribución de propaganda electoral, etcétera.

La toma de declaración de los siete imputados es una de las diversas diligencias ordenadas por el juez en el auto en el que admitió a trámite la querella. También solicitó a las Fuerzas de Seguridad que le remitan todas las investigaciones «de las que se pueda inferir, en su caso, que el PCTV ha venido a soslayar la ilegalización de Batasuna, sirviendo al fin que ETA había asignado al frente político institucional».

Si de las investigaciones se derivara responsabilidad penal de alguno de los nueve parlamentarios de la formación, el juez debería remitir esa parte de las investigaciones al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, competente para investigar y en su caso juzgar a los aforados autonómicos.

Batasuna -a través de su servicio de prensa, dirigido por Petrikorena- reaccionó ayer con un comunicado a la decisión de Grande-Marlaska, según informa Efe. «No toleramos la persecución que se articula contra decenas de cientos de hombres y mujeres, contra plataformas y partidos políticos ilegalizados, por el simple hecho de defender el derecho de autodeterminación», señala Batasuna. Por su parte, el PCTV enmarcó la decisión en una estrategia «jurídico-política» y acusó a la Audiencia Nacional de pretender «condicionar la vida política».

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

CITADOS COMO IMPUTADOS SIETE DIRIGENTES DE EHAK

José Yoldi

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha citado a declarar a siete dirigentes del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en sus siglas en euskera) en calidad de imputados en un delito de pertenencia o colaboración con banda terrorista.

Las citaciones se han producido después de que el magistrado admitiera a trámite en julio pasado una querella presentada en mayo por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra los integrantes de la dirección del Partido Comunista de las Tierras Vascas en el momento de su fundación y en la actualidad. La AVT entiende que los dirigentes de EHAK han colaborado o forman parte de ETA por "haber facilitado sus listas electorales a Batasuna en las últimas elecciones al Parlamento autonómico del País Vasco de fecha 17 de abril de 2005, asumiendo el programa electoral de la anterior", según la querella.

El fiscal Jesús Alonso, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía General del Estado, se opuso en su momento a la admisión de la querella por entender que EHAK no había puesto su organización política a disposición de la banda terrorista ETA, como sostiene la AVT. Alonso defendió la libertad ideológica y precisó que el hecho de que ciudadanos en plenitud de sus derechos civiles hubieran votado a EHAK, aunque antes hubieran sido votantes de Batasuna, no podía constituir delito alguno.

Sin embargo, el juez Grande-Marlaska, en contra de ese criterio, admitió a trámite la querella, por entender que "el delito de colaboración con banda terrorista incluye aquellas acciones que, realizadas voluntariamente con este fin, facilitan cualquiera de las actividades de la organización criminal, y no solamente las acciones armadas".

El juez considera que EHAK, "con su comportamiento electoral", puede venir "a favorecer las pretensiones de la organización terrorista ETA, manifestadas por la misma, de instrumentalizar las instituciones democráticas en beneficio de sus fines ilícitos".

Para el próximo día 7, el magistrado ha convocado al equipo de comunicación de la formación política: Juan José Petrikorena, Peio Gálvez y Joseba Zinkunegi. El día 8 comparecerán los fundadores de EHAK no aforados Juan Carlos y Javier Ramos Sánchez, Aritz Blázquez Díez y Juan Manuel Rodríguez Hernández.

EHAK calificó ayer de "muy grave" la decisión del juez, ya que, en su opinión, "pretende condicionar la vida política" y la actividad de su partido, informa Efe.

ABC

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL JUEZ IMPUTA A SIETE RESPONSABLES DE EHAK, A TRES DE ELLOS POR INTEGRAR ETA

N. Villanueva

Tres de los llamados a declarar trabajan en el área de comunicación de este partido, y el juez les imputa indiciariamente un delito de integración en banda armada

MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha citado a declarar a siete responsables del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) por su relación con ETA. Tres de ellos, del área de comunicación de este partido, están imputados indiciariamente por un delito de integración en organización terrorista, mientras que los otros cuatro, miembros fundadores de esta formación, lo están por colaboración con banda armada.

Estas citaciones constituyen el primer paso que da el magistrado después de haber admitido a trámite, el pasado 12 de julio, la querella interpuesta por la Asociación Víctimas del Terrorismo contra los responsables de EHAK, considerada por la AVT sucesora de la ilegalizada Batasuna. Grande-Marlaska decidió abrir esta investigación en contra del criterio de la Fiscalía General del Estado, que, con los mismos indicios que validó el juez, no consideró acreditado que HB-EH-Batasuna fuera «la creadora» de EHAK ni que ETA estuviera detrás de este partido.

El próximo día 7 declararán los responsables de comunicación de la formación abertzale: su jefe de prensa, Juan José Petrikorena -quien desempeñó el mismo cargo con la ilegalizada Batasuna-, Peio Gálvez y Joseba Cincuneti. Al día siguiente, el jueves, comparecerán ante el juez los fundadores de EHAK Juan Carlos Ramos, Aritz Blázquez, Javier Ramos y Juan Manuel Rodríguez.

«Instrumentalizar las instituciones»

En el auto de admisión de la querella de la AVT, Grande-Marlaska aseguraba que el comportamiento electoral de EHAK «ha podido favorecer las pretensiones de la organización terrorista de instrumentalizar las instituciones democráticas en beneficio de sus fines ilícitos». Es más, el juez añadía que no consta que este partido «tuviera un programa previo que no fuera otro que el de sustituir a la ilegalizada Batasuna», una de las conclusiones de un informe de la Guardia Civil cuyo contenido, a diferencia de la Fiscalía, sí ha asumido el juez Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Además, el instructor recordaba al fiscal Jesús Alonso que lo que está sancionando no es la adhesión ideológica ni la prosecución de determinados objetivos políticos, «sino el poner a disposición de la banda determinadas aportaciones, conociendo que los medios y métodos empleados por la organización consisten en hacer uso de la violencia».

La AVT pide la ilegalización

Mientras EHAK enmarcaba ayer la decisión del magistrado en una estrategia «jurídico-política», la AVT -de quien partió la querella contra esta formación- instaba al Gobierno a solicitar la ilegalización de EHAK, pues las imputaciones del juez «evidencian», a su juicio, que hay indicios de que este partido, con nueve escaños en el Parlamento vasco, sustituye a la ilegalizada Batasuna.

LA RAZON

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL JUEZ GRANDE-MARLASKA IMPUTA A SIETE RESPONSABLES DEL PCTV

Declararán la próxima semana por pertenencia o colaboración con ETA

F. Velasco

Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska interrogará la próxima semana a siete miembros del PCTV como imputados, tres de ellos por integración en banda armada y los otros por colaboración. Así, el próximo miércoles, día 7, comparecerán ante el magistrado los tres miembros del equipo de comunicación del EHAK-PCTV –Juan José Petrikorena (ex responsable de comunicación de Batasuna), Peio Gálvez y Joseba Zinkunegi– quienes acudirán bajo la imputación de un delito de integración en banda armada. Al día siguiente, el jueves 8 de septiembre, Grande-Marlaska interrogará a los cuatro promotores de este partido –Juan Carlos Ramos Sánchez, Aritz Blázquez Díez, Javier Ramos Sánchez y Juan Manuel Rodríguez Hernández– a los que, informa Efe, imputa un delito de colaboración con organización terrorista.

Una vez conocida esta decisión, tanto la AVT como el Foro de Ermua exigieron al Gobierno que inste en el plazo más breve posible a la Fiscalía General del Estado para que promueva ante el Tribunal Supremo un recurso de ilegalización contra el PCTV.

Por su parte, el PCTV calificó de «muy grave» y «un motivo más para pelear por la paz y la democracia» la decisión judicial, al tiempo que la enmarcó en una estrategia «jurídico política» y acusó a la Audiencia Nacional de pretender «condicionar la vida política».

La decisión del magistrado se produce después de que el pasado 12 de julio admitiese a trámite la querella que interpuso la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra el PCTV por haber supuestamente facilitado sus listas electorales a la ilegalizada Batasuna en las pasadas elecciones vascas. En esa resolución, el juez señalaba que el PCTV, con su comportamiento electoral en los últimos comicios vascos, pudo «favorecer las pretensiones de la organización terrorista ETA de instrumentalizar las instituciones democráticas en beneficio de sus fines ilícitos », así como dar una «cobertura aparente » a la «voluntad inequívoca de ETA » de esquivar la ilegalización de Batasuna.

En primer lugar, aludía al contenido de dos «zutabes » de ETA, así como una entrevista en el diario «Berria », el 4 de abril de 2005, de los que se desprendía la pretensión de la banda terrorista de «superar el ciclo electoral de ilegalización de Batasuna, donde se concluía la estrategia de articular la doble lista.

Además, nada más ilegalizarse de forma definitiva Aukera Guztiak, «aparece el PCTV, cuya presencia había pasado inadvertida, siendo intervenida directamente por personas relacionadas con Batasuna». Así, el PCTV «decide, inmediatamente, ser la voz » del partido ilegalizado por su supuesta vinculación con ETA. En ese momento, el jefe de prensa de Batasuna, Joseba Zinkunegi, pasa a ejercer esa misma función en la campaña electoral del PCTV.

Captación e información de ETA. Por otro lado, el mismo magistrado procesó ayer a 38 miembros de los aparatos de captación e información de ETA por integración o colaboración con banda armada.

EL CORREO

Sábado, 3 de septiembre de 2005

LA AUDIENCIA IMPUTA A SIETE DIRIGENTES DE EHAK ESTAR INTEGRADOS EN ETA

M. Sáiz-Pardo

El juez Grande-Marlaska tomará declaración a los imputados la próxima semana, pero descarta la suspensión del partido

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha decidido procesar a siete dirigentes de EHAK por integración o colaboración con ETA, tras aceptar en julio una querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) a pesar de la rotunda oposición de la Fiscalía. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha citado a declarar la próxima semana a destacados militantes de la formación abertzale.

El miércoles 7 interrogará a los tres miembros del servicio de prensa Juan José Petrikorena, Peio Gálvez y Joseba Zinkunegi, acusados de pertenencia a grupo terrorista; mientras que al día siguiente les tocará el turno a cuatro de los fundadores del partido, los hermanos Javier y Juan Carlos Ramos Sánchez, Aritz Blázquez y Juan Manuel Rodríguez Fernández, acusados de colaboración con banda armada.

Estos interrogatorios se producen después de que el pasado 12 de julio Grande-Marlaska abriera una investigación penal para comprobar si EHAK selló una colaboración con ETA para cubrir el hueco de la ilegalizada Batasuna en el Parlamento vasco y se presentara en su lugar a los comicios del 17 de abril, donde logró nueve parlamentarios.

El magistrado admitía así a trámite una querella de la AVT, en la que el colectivo acusaba de colaboración con banda armada a cinco dirigentes del EHAK, ninguno de los cuales es miembro del grupo parlamentario en Vitoria.

Ya el pasado julio, el instructor adelantó que, en su opinión, hay elementos que obligan a investigar si este partido puso sus listas electorales al servicio de la banda y asumió su proyecto político para burlar los efectos de la ilegalización de Batasuna. Cumpliría así con el objetivo de la banda de «instrumentalizar las instituciones democráticas en beneficio de sus fines ilícitos».

«Cobertura aparente»

Grande-Marlaska señalaba hace casi dos meses que «el PCTV da cobertura aparente a la voluntad inequívoca de ETA» y que «ha podido favorecer las pretensiones de la banda» de disponer de un 'frente' institucional y político. El partido bajo sospecha, sostenía el juez, es «esencial» en la estrategia de ETA y sin la irrupción de EHAK en las instituciones vascas la estrategia etarra hubiese quedado reducida a cero tras las pasadas elecciones. Pese a la imputación de los siete dirigentes, el magistrado mantiene su decisión de no suspender de forma cautelar las actividades de EHAK, en contra de lo que le solicitaba la AVT.

Según el juez, para adoptar esa decisión, que afecta al derecho fundamental a la representación política, no basta que «los hechos imputados devengan penalmente relevantes», sino que es exigible «la existencia de un patrimonio incriminatorio serio e importante, acreditado en grado de seria probabilidad». No obstante, el magistrado ya avisó en julio de que esta denegación de la suspensión se hace «sin perjuicio de lo que pueda concluirse en el desarrollo de la instrucción».

La decisión de Grande-Marlaska fue contestada horas más tarde por EHAK, que la valoró como «un motivo más para pelear por la paz y la democracia». En un comunicado, calificó la iniciativa del juez de «muy grave» y aseguró que la Audiencia Nacional pretende «condicionar la vida política».

En la misma línea, Batasuna acusó a Grande-Marlaska de tener la «voluntad de seguir condicionando la vida política vasca» y calificó el proceso de «disparate» y una muestra del «todo vale en la lucha judicial contra el pueblo vasco».

DEIA

Sábado, 3 de septiembre de 2005

GRANDE MARLASKA IMPUTA POR PERTENENCIA A ETA A SIETE MIEMBROS DE EHAK Y A RAFA DÍEZ

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska interrogará la próxima semana a siete miembros del PCTV como imputados, tres de ellos por integración en banda armada y los otros por colaboración. Asimismo, Marlaska actúa contra el secretario general de LAB, Rafa Díez, al que en otro auto le imputa «pertenencia a ETA». Rafa Díez había denunciado escuchas ilegales contra su persona. En concreto, reveló que su teléfono estaba intervenido. Díez declarará el día 12 de este mes en el marco del sumario 35/02.

Los interrogatorios se hacen en el marco de las investigaciones a EHAK por haber presuntamente puesto su organización política a disposición de la organización armada ETA.

Según informaron fuentes jurídicas, el juez ha citado para el próximo miércoles, día 7, a los tres miembros del equipo de comunicación del EHAK-PCTV -Juan José Petrikorena (ex responsable de comunicación de Batasuna), Peio Gálvez y Joseba Zinkunegi- para tomarles declaración bajo la imputación de un delito de integración en banda armada. Al día siguiente, el jueves 8 de septiembre, Grande-Marlaska interrogará a los cuatro promotores de este partido -Juan Carlos Ramos Sánchez, Aritz Blázquez Díez, Javier Ramos Sánchez y Juan Manuel Rodríguez Hernández- a los que imputa un delito de colaboración con organización terrorista.

Dado que la Audiencia Nacional carece de competencias para investigar a aforados, ninguno de los miembros de EHAK que han sido citados a declarar ejercen como diputados de ese partido, que cuenta con nueve escaños en el Parlamento vasco.

El pasado 12 de julio, Grande-Marlaska acordó investigar a EHAK por un supuesto delito de colaboración con organización terrorista, al admitir a trámite, en contra del criterio de la Fiscalía, la querella que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) interpuso contra varios miembros de ese partido por haber supuestamente facilitado sus listas electorales a la ilegalizada Batasuna en las pasadas elecciones vascas.

En aquella resolución, el juez estimaba que EHAK pudo favorecer «las pretensiones de ETA de instrumentalizar las instituciones democráticas en beneficio de sus fines ilícitos», señalaba Grande-Marlaska. No obstante, rechazó dictar la suspensión de actividades del partido, solicitada por la AVT, por considerar que esa medida cautelar, «devendría aventurada y precipitada», aunque advertía que podría acordarla en el futuro. 

GARA

Sábado, 3 de septiembre de 2005

GRANDE-MARLASKA ACTÚA CONTRA EHAK Y EL SECRETARIO GENERAL DE LAB

El juez Fernando Grande-Marlaska ha dictado sendos autos en los que imputa presunta «pertenencia a ETA» al secretario general de LAB, Rafa Díez, y a tres ciudadanos ­entre ellos el mahaikide Juan Joxe Petrikorena­ a los que relaciona con EHAK. Otras cuatro personas, a las que presenta como «miembros fundadores» de la formación política, les imputa «colaboración» con la organización armada. Tras conocer esa «grave decisión», EHAK comentó que la situación creada es «un motivo más para pelear por la democracia y la paz»

Siete personas han sido citadas a declarar la próxima semana por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska en relación a la querella persentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra EHAK. La denuncia trata de que esta formación, que obtuvo nueve escaños en los pasados comicios autonómicos, sea declarada ilegal por «prestar auxilio» a ETA.

El miércoles han sido llamados a declarar Peio Gálvez ­responsable de prensa de este partido­, el mahaikide de Batasuna JuanJoxe Petrikorena y Joseba Zinkunegi. Se les acusa de «un delito de integración en banda armada».

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha llamado para el día siguiente a Juan Carlos Ramos, Aritz Blázquez, Javier Ramos y JuanManuel Rodríguez, a quienes señala como «miembros fundacionales» de EHAK. Les imputa un «delito de colaboración con banda armada» por «haber facilitado sus listas electorales a Batasuna (...), asumiendo su programa electoral».

El fiscal, en contra

El origen de esta actuación está en una denuncia presentada en mayo por la AVT y que fue admitida a trámite por Grande-Marlaska el pasado 12 de julio. Esta decisión se produjo pese a la oposición del fiscal Jesús Alonso, quien en su informe consideró que «en su corta andadura» EHAK «no ha cometido delito alguno».

La AVT sostenía en su demanda que EHAK «ha procedido ha asumir los postulados de Batasuna, así como los de la propia ETA, en el sentido de que la izquierda abertzale debía estar ampliamente representada» en la Cámara de Gasteiz.

En su auto, el magistrado español afirmaba que «el delito de colaboración con banda armada no se limita a los supuestos exclusivos de colaboración con las actividades armadas», sino que también cabía integrar en este tipo penal «los supuestos de colaboración genérica que favorecen el conjunto de las actividades o la consecución de los fines de la organización».

Sin embargo, afirma que «lo que aquí se sanciona no es la adhesión ideológica» y que «en un Estado Social y Democrático de Derecho, como el nuestro, existen cauces pacíficos y democráticos para la prosecución de cualquier finalidad política».

Entre los argumentos expuestos para la admisión de la querella, el juez hacía referencia a un informe de la Guardia Civil que señala que el 30 de marzo, un día antes de que se decretara la ilegalización de Aukera Guztiak, «se conjuga una reunión entre destacados dirigentes de la ilegalizada Batasuna y miembros de EHAK».

Agrega que «nada más ser ilegalizada» la plataforma que reclamaba el respeto de todos los derechos civiles y políticos, «aparece el PCTV, cuya presencia había pasado inadvertida, siendo intervenida directamente por personas relacionadas con Batasuna», y señala que EHAK «decide ser la "voz"» de la formación abertzale.

No a la suspensión

Asimismo, apunta que «no puede obviarse» la «relación de EHAK con el originario EHK» que, a su parecer, «nace como consecuencia del proyecto de reestructuración de Batasuna exigido por ETA».

Sobre estos argumentos, concluye que EHAK, «con su comportamiento electoral, ha podido venir a favorecer las pretensiones» de ETA de «instrumentalizar las instituciones democráticas en beneficio de sus fines ilícitos».

La AVT había solicitado asimismo la «suspensión de actividades» de EHAK. Esta medida fue rechazada por Grande-Marlaska, al considerarla «aventurada y precipitada».

GARA

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL PP SE FELICITA Y EXIGE QUE SE DEN PASOS HACIA LA ILEGALIZACIÓN

El secretario de Libertades Públicas del PP, Ignacio Astarloa, se mostró satisfecho por la actuación de Grande-Marlaska contra EHAK porque «por fin se esté actuando decididamente por la Justicia en contra de este fraude clamoroso a la ley que es el nuevo rostro de ETA-Batasuna». A su vez, instó «muy urgentemente» al fiscal general del Estado español y al Gobierno de Madrid a que «hagan lo que tenían que haber hecho hace cinco meses, que es llevar al Tribunal Supremo a esa mentira y desafío que es el PCTV», y exigió que sean adoptadas «medidas jurídicas» contra EHAK, en clara referencia a que el grupo sea ilegalizado.

GARA

Sábado, 3 de septiembre de 2005

«UN MOTIVO MÁS PARA PELEAR POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA»

Gari Mujika

EHAK calificó de «decisión grave» que el juez español Grande-Marlaska haya citado a declarar a siete personas que liga a la coalición, porque «la Audiencia Nacional española pretende condicionar la vida política». Para EHAK, esta decisión «no hace sino darnos un motivo más para pelear por la paz y la democracia, porque si por presentarse a unas elecciones representantes de una organización política son llamados a declarar, eso quiere decir que en Euskal Herria no vivimos ni en democracia ni en paz».

Para la formación que obtuvo nueve escaños en los pasados comicios, lo que se pretende mediante esta «estrategia jurídico-política» es «mantener constantemente su espada de Damocles sobre la cabeza de todo aquel que se sienta de izquierdas y abertzale».

Asimismo, EHAK señaló que «no vamos a fallarles», en referencia a los 150.000 ciudadanos que depositaron su confianza en esta candidadura, ya que «son ellas y ellos los que nos dan la legitimidad que necesitamos, nadie más».

EHAK exigió a los representantes del Estado español que «dejen a un lado las estrategias jurídico-políticas» y que, «al igual que se ha demostrado una y mil veces a lo largo de todo el mundo que el diálogo y la negociación son el camino para resolver los conflictos políticos», reclamaron que den una oportunidad «también en Euskal Herria».

Por su parte, Batasuna tildó las imputaciones realizadas ayer por el magistrado español Grande-Marlaska de «auténtico disparate que define por sí solo un Estado y una judicatura de nulo carácter democrático», y denunció que el citado juez siga «condicionando la vida política vasca».

«Persecución»

Para la coalición independentista, la legalidad española vigente es la que posibilita este tipo de actuaciones «por una simple razón: para impedir que Euskal Herria libre y democráticamente ejerza sus derechos políticos y civiles». Para Batasuna, la defensa del derecho de autodeterminación «se ha convertido en susceptible de actuaciones judiciales», y afirmó que «no toleraremos la persecución que se articula contra decenas de cientos de hombres y mujeres, contra plataformas y partidos políticos ilegalizados, por el simple hecho de defender el derecho de autodeterminación».

Asimismo, Batasuna exigió al Gobierno español, una vez más, que abandone «de una vez por todas la estrategia represiva en marcha que obstaculiza y pretende imposibilitar un proceso en paz y democracia».

La Objetividad y el Delirio: Dos Visiones de un mismo hecho

Por Narrador - 5 de Septiembre, 2005, 4:08, Categoría: Partido Comunista de las Tierras Vascas

No se necesita añadir mucho, pero uno se pregunta ¿Esta es la respuesta etarra eb el camino de la paz? ¿No quedamos que el PCTV ese no tenían nada que ver con ETA-Batasuna?

ABC

Sábado, 3 de septiembre de 2005

¿Y LA FISCALÍA?

Editorial

Compleja situación en la que queda la Fiscalía General del Estado tras la decisión del juez Grande Marlaska de citar como imputados a siete responsables del PCTV, entre otros, por los delitos de integración o colaboración con banda armada. El magistrado observa indicios de delito que el Departamento de Cándido Conde-Pumpido no observó, pese a que la propia Guardia Civil aportó documentación suficiente sobre la supuesta vinculación del PCTV con ETA/Batasuna. El malestar de la coalición proetarra, que se apresuró a acusar al juez de «querer condicionar la vida política vasca», demuestra que respira por la herida.

GARA

Sábado, 3 de septiembre de 2005

LÓGICA DE ESTADO

Editorial

La Audiencia Nacional española irrumpió ayer en el arranque del nuevo curso político con una batería de imputaciones judiciales que responden a la lógica que preside ese tribunal de excepción. Partiendo de la premisa sellada por las actuaciones del juez Baltasar Garzón en el juzgado de instrucción número 5, por la que se empareja todo tipo de actividad independentista con la organización armada ETA, cuyo mejor ejemplo es el proceso 18/98 y sus autos relacionados, al menos 46 ciudadanos y ciudadanas vascos fueron ayer imputados de integración o colaboración con ETA. En lo que constituye una nueva ofensiva del Estado español contra la izquierda abertzale, 38 ciudadanos ­de los que una mayoría permanecen encarcelados­ fueron imputados al calor de los supuestos papeles incautados a un militante de ETA. A la vez, siete personas supuestamente relacionadas con EHAK, fueron imputadas por relación con esa organización y, como colofón de la jornada, el secretario general de LAB era también imputado por integración en la misma.

Al margen de las consecuencias directas que estas actuaciones pudieran tener en el panorama político de este país, resulta evidente que lo sucedido ayer se imbrica en una lógica de Estado, por la cual los procesos de represión de las personas y organizaciones pertenecientes a la izquierda abertzale se desarrollan de forma implacable, bajo el objetivo final de su desaparición de la escena política. Tanto los diferentes procesos judiciales que se iniciaron en 1998, como la conformación del llamado «pacto antiterrorista» por parte de PP y PSOE, de la que forma parte la Ley de Partidos, responden a esa dinámica infernal.

Las impresiones sobre creación de nuevos climas políticos, los talantes y las declaraciones de intenciones que se han vivido en los últimos meses no pueden hacer olvidar que en ningún momento se ha producido una marcha atrás en esa lógica de Estado. Las detenciones, procesamientos y juicios contra independentistas vascos siguen su curso sin mayor novedad, por lo que los acontecimientos que se desarrollaron en el día de ayer en torno a la actividad represiva de la Audiencia Nacional española no pueden, en ningún caso, ser considerados como una sorpresa.

A la gravedad de las imputaciones efectuadas por la Audiencia Nacional a todos los afectados, se suma en el caso de Rafa Díez Usabiaga su condición de líder sindical y persona referencial de la izquierda abertzale que ha participado en procesos de interlocución. Grande-Marlaska conocía perfectamente esas circunstancias a la hora de imputarlo, pero el aparato judicial ha obrado, como siempre, de acuerdo a la lógica de Estado a la que se debe.

40 Presuntos Integrantes de los Aparatos de Captación e Información de ETA Procesados

Por Narrador - 5 de Septiembre, 2005, 4:03, Categoría: Terrorismo

Simultáneamente a las actuaciones contra numerosos miembros del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EJAK), a quienes se imputa un delito de integración en ETA, el juez Fernando Grande-Marlaska ha procesado a 40 presuntos integrantes de los aparatos de captación e información de ETA como autores de un delito de pertenencia a organización terrorista.

EL MUNDO

Sábado, 3 de septiembre de 2005

PROCESADOS 40 MIEMBROS DE LOS APARATOS DE CAPTACIÓN E INFORMACIÓN DE ETA

Manuel Marraco

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha comunicado esta semana el procesamiento a 37 colaboradores o miembros de ETA, a lo que hay que sumar otros tres que se encuentran en rebeldía. Todos están encuadrados en dos subaparatos de ETA denominados Arrantza y Pianistas. El primero asume tareas de captación de nuevos activistas, mientras que el segundo se encarga de recopilar información sobre posibles objetivos.

Uno de los procesados en rebeldía es Isazkun Lesaca, que tampoco compareció en la Audiencia para ser juzgada junto a dirigentes de Jarrai, Haika y Segi. Pese a que el tribunal consideró que sus delitos no eran terroristas, Jarrai aparece en el auto de procesamiento como una organización subordinada a ETA: el investigado Galder Bilbao «participó en la campaña desarrollada por Jarrai a instancias de ETA bajo el lema Presos vascos a Euskal Herria dirigida contra políticos». El juez recuerda que sus huellas estaban en un escrito amenazante contra una edil de Getxo, aunque el Tribunal Supremo lo absolvió al considerar que el delito de amenazas por el que fue condenado había prescrito.

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL JUEZ PROCESA A 40 PRESUNTOS INTEGRANTES DEL 'APARATO' DE CAPTACIÓN DE ETA

José Yoldi

El juez Fernando Grande-Marlaska ha procesado a 40 presuntos integrantes de los aparatos de captación e información de ETA, como autores de un delito de pertenencia a organización terrorista. 27 de los procesados se encuentran en prisión preventiva, tres en rebeldía y los restantes en libertad.

Los ahora procesados fueron detenidos en febrero, abril, octubre y noviembre de 2003, en varias operaciones sucesivas dirigidas por el juez Baltasar Garzón, como consecuencia principalmente de la documentación intervenida en Tarbes (Francia) a los dirigentes de ETA Ibon Fernández Iradi, Susper, y Lorena Somoza Chamizo, Pinpi.

En los documentos incautados se detallaba el funcionamiento de los subaparatos de captación, denominado arrantza (pesca), que se encarga del reclutamiento de nuevos activistas; y de información, llamado pianistas, que recopila datos para cometer atentados.

'Arrantzas' y 'pianistas'

Arrantza, según la resolución judicial, funciona del siguiente modo: Los responsables en Francia -Juan Antonio Olarra Guridi, Otsagi, Ainhoa Mujica Goñi, Olga, Ibon Fernández Iradi, Susper, (ya detenidos) y ahora Garikoitz Aspiazu, Txeroki- reclutan a los denominados "distribuidores" o "banantzailes" quienes, a su vez, seleccionarán a posibles nuevos miembros y distribuirán las "cartas de captación" facilitadas por los primeros. Los reclutados pasarán en el futuro a realizar labores de información, dependiendo de los "pianistas"; a integrar taldes legales (grupos de terroristas no fichados por la policía) o a hacer tareas de "distribuidores".

Los pianistas son los responsables en Francia que controlan a los militantes legales que se encuentran en España recopilando información sobre futuros objetivos terroristas. La información se centraliza en Francia y se selecciona para repartirla entre los diferentes taldes operativos, encargados de la ejecución directa de los atentados.

Los procesados, en su declaración indagatoria, han negado los hechos delictivos que se les imputan, y en general ratificaron sus declaraciones anteriores en las que se declaraban inocentes.

Los procesados son: Iker Casanova, Arantza Martín, Francisco Javier Gil, Galder Bilbao, Ekain Guerra, Ramón López, Jugatx Duñabeitia, Nagore López, Aitziber Ezkerra, Jordi Purti, Itsaso Garmendia, Saioa Azpilicueta, Alberto González, Carlos Martín, Mikel Garayondo, Ángel Elcid, Zugaitz Izagirre, Regina Maiztegi, Bittor García, Gaizka Azkarate, Garikoitz Mendioroz, Maider Egiguren, Xabier Otaegi, Saioa Alzua, Ikerne Idakoetxea, Haizea Pérez, Goizader Anton, Arantza Miren, Carmen Etxebeste, Gorka Iriarte, Joseba, Eneko Compains, Eneko Arévalo, Alain Berartegi, Ruben Guelbenzu, Jon Lizarribar, Eneko Gorostidi, Egoitz Arabolaza e Izaskun Lesaca.

ABC

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL MAGISTRADO PROCESA A 38 PRESUNTOS ETARRAS

MADRID. El juez Grande-Marlaska procesó ayer a 38 miembros de los aparatos de captación e información de ETA, denominados respectivamente «Arrantza» y «Pianistas», por los delitos de integración o colaboración con organización terrorista.

Los procesados, de los que 27 están actualmente en prisión preventiva, pudieron ser identificados y detenidos en 2003 gracias a la documentación intervenida a la organización terrorista en Tarbes (Francia) y a las anotaciones halladas en poder de los ex dirigentes etarras Ibon Fernández Iradi -alias «Susper»- y Lorena Somoza Chamizo.

Respuestas Inspiradas en Orwell al Supuesto 'Proceso de Paz'

Por Narrador - 5 de Septiembre, 2005, 3:53, Categoría: ¿Se Negocia con ETA?

Tras conocer los últimos ‘pasos’ del criminal entorno batasuno en su peculiar ‘Proceso de Paz’ batasuna pide que los presos participen en el proceso, Aralar insta a los partidos a abrir el proceso de normalización «de inmediato» y Madrazo exige al PSOE y Batasuna que «se impliquen» en el camino hacia la paz ¿Alguien puede entenderlo? ¿Alguien puede explicarlo?

EL CORREO

Sábado, 3 de septiembre de 2005

BATASUNA PIDE QUE LOS PRESOS PARTICIPEN EN EL PROCESO POLÍTICO

Goirizelaia niega que la UPV haya concedido un «trato de favor» a miembros de ETA

La dirigente de Batasuna Jone Gorizelaia reclamó ayer al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que permita al colectivo de presos de ETA participar en el «proceso político» para encontrar una solución al «conflicto vasco». La abogada aber-tzale reclamó al Ejecutivo socialista que aplique «recetas nuevas» en el camino hacia la paz y deje atrás «políticas del pasado» como las utilizadas por los gabinetes de José María Aznar.

Goirizelaia considera que la «participación de los presos» en procesos como los que afronta en la actualidad Euskadi «han servido para avanzar» en otros países. En este sentido, cree necesario que el Gobierno central otorgue a los reclusos etarras el «estatus de prisioneros políticos». Este «reconocimiento explícito» permitiría alcanzar «la fase de avanzar», según la representante de la izquierda abertzale, y que todo el colectivo pudiera «trabajar para la búsqueda de soluciones». Además, serviría de demostración de la apuesta de las instituciones por «la búsqueda de soluciones» y por demostrar «su compromiso» con la resolución del conflicto.

Durante su intervención en Bilbao, criticó que el fiscal general del Estado haya ordenado investigar los expedientes universitarios de los presos para conocer si sus calificaciones han sido manipuladas para obtener la reducción de sus condenas, «algo que utilizó el PP» y que, a juicio de Goirizelaia, supone una «política de castigo y de venganza».

La representante de Batasuna se mostró «convencida» de que los 47 etarras investigados no recibieron por parte de la Universidad del País Vasco ningún tipo de «trato de favor» y que no existen en sus calificaciones irregularidades «de ninguna clase». «Queda claro en los datos públicos que ofrece la UPV», subrayó.

En su opinión, Conde-Pumpido está dando «pasos en sentido contrario» a lo que reclama el proceso de paz en Euskadi y a lo que ha manifestado en diversas ocasiones el Gobierno de Zapatero de «facilitar el acceso de los presos al estudio». En este sentido, criticó la «imposibilidad» del colectivo de acceder a ciertas asignaturas y las condiciones «deficientes» de las instalaciones lectivas en las prisiones.

EL CORREO

Sábado, 3 de septiembre de 2005

ARALAR INSTA A LOS PARTIDOS A ABRIR EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN «DE INMEDIATO»

Manu Rueda

Aralar denunció ayer el «interés» existente en perpetuar «discusiones estériles» sobre la conformación de la mesa de partidos y exigió la apertura «de inmediato» de un proceso de normalización. Para ello, propuso consensuar entre todos los principios que «blinden» el foro y establecer «plazos concretos».

«El trabajo tiene que ser discreto, pero la sociedad tiene derecho a conocer los objetivos y la fecha de conclusión de esta mesa», manifestó ayer en Vitoria la parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, quien compareció junto al vicecoordinador de su formación, Mikel Basabe, para presentar las bases sobre las que, a su juicio, se debe asentar el foro de debate multipartito para «garantizar» que se puede pasar a una fase de «resolución».

La dirigente de la izquierda abertzale instó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al lehendakari, Juan José Ibarretxe, que se reunirán el próximo miércoles en Madrid, a «impulsar la puesta en marcha del proceso de paz con iniciativas concretas» y a establecer una «hoja de ruta». En este sentido, reclamó a Rodríguez Zapatero que tome como ejemlo el caso irlandés y, al igual que Tony Blair, haga una «declaración pública» en la que reconozca que asumirá lo que se acuerde en la mesa.

Acuerdos progresivos

Ezenarro resumió en cinco los compromisos que las formaciones políticas deben respetar para garantizar la mesa de resolución: no recurrir a la violencia ni a la presión, la imposibilidad del derecho a veto, no establecer límites -ni siquiera el que marca el actual ordenamiento jurídico-, el refrendo de la sociedad, así como la aceptación e implementación de lo consensuado.

Para poner en marcha el foro de diálogo, la representante de Aralar planteó alcanzar acuerdos «parciales» o «progresivos» sobre los principios, agenda y metodología, de manera que permitan generar la «confianza e ilusión» necesarias para evitar dejar pasar «una oportunidad histórica» para superar el conflicto político y armado.

EL CORREO

Sábado, 3 de septiembre de 2005

MADRAZO EXIGE A PSOE Y BATASUNA QUE «SE IMPLIQUEN» EN EL CAMINO HACIA LA PAZ

Cree «positivas» las reuniones de Zapatero e Ibarretxe y de los socialistas y PNV

El coordinador general de Ezker Batua, Javier Madrazo, apostó ayer por la puesta en marcha durante el presente curso político de una mesa de diálogo multipartita como propone el lehendakari Juan José Ibarretxe. Para ello, el líder de EB exigió a las direcciones de PSOE y Batasuna que «se impliquen activamente» en un proceso de paz y «dejen de jugar al gato y al ratón».

Tras presidir la primera reunión de la presidencia de su partido después de las vacaciones, Madrazo reclamó a la izquierda abertzale que defienda «con claridad» el cese de todo tipo de violencia «incluida la 'kale borroka'», mientras que al Gobierno de Zapatero le conminó a adoptar decisiones como «el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas, la derogación de la Ley de Partidos y el derecho de la sociedad vasca a decidir su futuro». Estos gestos por ambas partes, señaló, pondrían de manifiesto «la voluntad sincera» de ambas formaciones por resolver el conflicto vasco.

El coordinador de EB aseguró que el proceso de paz requerirá de «tres fases». La primera conllevará un diálogo «preliminar» y «discreto» que dará pie a una segunda etapa de «diálogo resolutivo». En esta etapa deberá abordarse, según Madrazo, uhna reforma «parcial» del Estatuto de Gernika para determinar «el derecho de la sociedad a decidir su futuro, cómo queda regulado y cómo se logra un amplio consenso». Una formula que resolvería, a su juicio, «el nudo gordiano del conflicto vasco».

Reforma del Estatuto

La fase final contemplaría una modificación «global» del Estatuto, que se prolongaría durante «más tiempo» y en la que cada partido pondría sobre la mesa su propuesta. «El plan Ibarretxe sería de PNV y EA, EB aportaría la idea de federalismo de libre adhesión y PSE-EE y Batasuna sus propios proyectos», subrayó.

El dirigente de Ezker Batua consideró «positivas» la reunión del próximo miércoles entre Zapatero e Ibarretxe y los contactos entre las direcciones de PSE-EE y PNV como pasos previos hacia la normalización política. Menos oportuno le pareció que los nacionalistas firmaran una alianza con el Gobierno central. «La sociedad vasca no entendería que el PNV aceptara ser el recambio de ERC», explicó.

Unanimidad Nacional en el Rechazo al Impuestazo

Por Narrador - 5 de Septiembre, 2005, 3:42, Categoría: El Impuestazo

24 Horas y una decisión de gobierno presentada en sociedad por tres ministros (vicepresidente incluido) se queda en papel mojado, en la nada tras cosechar el rechazo unánime de los afectados con independencia de su ideología o partido al que pertenecen. Nuevo desastre del ‘Presidente Accidental’, nuevo ridículo sin precedentes en la España moderna. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Ejecutivo retirará su propuesta de financiación para paliar el déficit sanitario, adelantada el jueves por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, "si no gusta a los representantes de las comunidades autónomas". De la Vega retó al PP a "hacer otra oferta tan razonable y generosa" como la del Gobierno. Además, dijo que el Gobierno no ha cambiado su política de "no subir impuestos" y que el incremento sobre el alcohol y el tabaco produciría una "mejora de la salud de los ciudadanos con el consiguiente ahorro de las prestaciones sanitarias". EL MUNDO resalta que "el Gobierno ofrece retirar su plan sobre la Sanidad al día siguiente de presentarlo". Para LA RAZON, el Gobierno lanzó ayer "un aviso a navegantes", al recordar que si se rechaza su propuesta "no aportará mil millones a la sanidad". Como no podía ser de otra forma las palabras de la vicepresidenta son interpretadas en clave de amenaza por EL PAIS: "El Gobierno amenaza con retirar su oferta de financiación si ''no gusta a las autonomías". Por otra parte EL MUNDO informa que en el borrador sobre financiación sanitaria elaborado por Hacienda queda constancia de que el Estado sólo puede aportar dinero para paliar el problema sanitario en los Presupuestos de 2006 y 2007, porque después se teme un declive económico por un menor crecimiento de la economía mundial, una subida de tipos de interés y pro la pérdida de fondos de la UE.

El líder del PP, Mariano Rajoy, calificó la iniciativa gubernamental de "chapuza grotesca", que, en su opinión, "carece de rigor y seriedad". A su juicio, las arcas del Estado tienen suficiente recaudación, los mecanismos del modelo de financiación son suficientes para introducir correcciones y, por lo tanto, "no hay ninguna necesidad de subir impuestos" y de "volver a las viejas recetas" fracasadas. Al respecto, resaltó que una subida de los impuestos sobre los carburantes en plena subida del precio del crudo sólo serviría "para encarecer el transporte aún más y los precios de productos fundamentales". Mientras, Izquierda Unida consideró que la propuesta del Gobierno para la financiación de la sanidad es "insuficiente, parcial y cicatera" y reclamó un acuerdo de Estado sobre el servicio público de salud equivalente al Pacto de Toledo en materia de pensiones. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, anunció que pedirán que el Gobierno "doble al menos" su aportación y que ésta no se limite a dos años, sino que tenga continuidad presupuestaria. Llamazares advirtió de que "no se pueden tener ambiciones sociales con esfuerzos presupuestarios raquíticos", pero también recordó que la insuficiencia financiera de ahora es responsabilidad del anterior Gobierno.

Las comunidades gobernadas por el PSOE también expresaron, en mayor o menor medida, críticas a la propuesta del Gobierno. Según ABC estas críticas han dado "la puntilla al plan sanitario del Gobierno". El consejero de Economía de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, admitió ayer que el fondo que el Gobierno quiere aportar a las comunidades es "insuficiente". Griñán dijo que el Ejecutivo de Chaves planteará una fórmula alternativa para subsanar la deuda. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, dijo que la propuesta es susceptible de ser modificada y habrá que hacer un esfuerzo para mejorarla, sobre todo en cuanto a la aportación inicial prevista.

EL MUNDO

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL GOBIERNO OFRECE RETIRAR SU PLAN SOBRE LA SANIDAD AL DÍA SIGUIENTE DE PRESENTARLO

Fernando Garea

Fernández de la Vega afirma que no la presentarán si no les gusta a las comunidades autónomas. El desacuerdo sobre financiación amenaza la segunda Conferencia de Presidentes

MADRID.- Apenas 24 horas después de presentar oficialmente su propuesta para financiar el déficit sanitario autonómico con subidas de impuestos, el Gobierno se mostró ayer dispuesto a retirarla si no les gusta a las comunidades autónomas.

Por el momento, el PP ha atacado con dureza la propuesta, socios del Gobierno de Zapatero, como los del tripartito catalán, la han rechazado sin matices, aliados, como IU y ERC, la han descalificado y hasta destacados barones socialistas, como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se opusieron ayer por «motivos ideológicos».

«La retiraremos, porque no se trata de torturarnos ni de torturar a nadie y si las comunidades no quisieran esta solución para el problema que padecen, el Gobierno no lo va a imponer y escucharemos las fórmulas que nos sugieran», aseguró ayer oficialmente la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según Fernández de la Vega, el déficit sanitario es un problema de las comunidades, puesto que se trata de una competencia transferida.

Pese a ello, el Gobierno central «está dispuesto a hacer un esfuerzo» con una «propuesta generosa» que incluye una aportación directa, subiendo impuestos como los del alcohol y el tabaco y permitiendo a las autonomías que suban los tributos de la electricidad, la matriculación y los carburantes.

«Escucharemos las fórmulas que nos sugieran», aseguró la número dos del Gobierno al ofrecer la retirada. Esta disposición del Ejecutivo a retirar el plan tiene, a partes iguales, algo de obviedad, de advertencia y de problema político de difícil apariencia y solución para el Gobierno.

Es obvia porque el Gobierno puede aprobar unilateralmente en los Presupuestos la subida de impuestos del tabaco y el alcohol, pero necesita el acuerdo con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles próximo para aumentar la capacidad normativa de las comunidades.

Fernández de la Vega no especificó si se conformaría con mayoría en ese órgano o si precisa la unanimidad. En principio, las comunidades del PSOE tienen mayoría, suponiendo que se logre el apoyo de todos.

Es una amenaza porque el Gobierno sabe que hay numerosas comunidades en una situación financiera insostenible por el déficit de sus sistemas sanitarios. Esa lista la encabezan Cataluña, Baleares, Valencia y Madrid. Son esas comunidades las que tienen prisa por lograr una solución y el Gobierno tiene en su mano el impulso de una solución que satisfaga al mayor número posible de comunidades.

No obstante, la situación actual supone un problema político inmediato para el Gobierno de Zapatero debido a que el presidente asumió el compromiso de aprobar una solución a la Sanidad en la segunda Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebrará el sábado 10 de septiembre y así consta en el orden del día como punto único. Si en esa Conferencia no hay acuerdo, el fracaso de la reunión protocolaria sería imputable a Zapatero, de la misma forma que el éxito de la primera se lo apuntó el presidente. En esa ocasión le valía la foto de los presidentes autonómicos, por primera vez en la historia constitucional, y ahora se precisa un acuerdo.

El problema político será también el de la incomodidad de algunos de sus socios parlamentarios afectados por el problema sanitario.

En esta situación, el Gobierno conserva su optimismo y lo basa en el hecho de que su propuesta es sólo un punto de partida para el debate, con margen suficiente para modificarla durante la negociación de la próxima semana.

La dureza de la crítica del PP quedó eclipsada ayer por la irrupción del extremeño Rodríguez Ibarra, sobre la base del aforismo que dice que los peores enemigos son los más próximos.

Ibarra aseguró que «si hubiera que aceptar este modelo en todos sus términos lo rechazamos», informa Efe.

El presidente extremeño aseguró que no utilizará la capacidad de subir impuestos y añadió que «ideológicamente» rechaza la subida impuestos para financiar el sistema de salud, «porque para un socialista la Sanidad es un bien tan importante que no debe depender de la capacidad recaudatoria de los territorios».En todo caso, Extremadura no es de las comunidades acuciadas por el déficit sanitario.

En Andalucía, donde gobierna el PSOE también, el consejero José Antonio Griñán cuestionó los puntos principales de la propuesta del Gobierno.

En Cataluña, Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales, aseguró que es «inadmisible» que «el Gobierno intente que las comunidades autónomas sufraguen todo el déficit sanitario a través de un incremento de impuestos».

En las críticas que le llovieron ayer a la propuesta del Gobierno se mezclaron el rechazo a la filosofía de la subida de impuestos, las objeciones a la cuantía de la aportación del Estado y una tercera sobre la forma en que se repartirán esos fondos.

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, dejó claro que el método será el mismo del sistema actual de financiación que contempla la población y su envejecimiento. Sin embargo, Ibarra pidió ayer que se incluya el de la dispersión de los habitantes de su comunidad.

Además de escuchar esas críticas, el Gobierno tuvo que enfrentarse a la incomodidad política de hacer frente al eslogan de «los socialistas suben los impuestos», esgrimido por el PP como bandera de oposición.

Por eso, la vicepresidenta primera se vio obligada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a asegurar que «el Gobierno mantiene su política de no subir los impuestos».

Consciente del coste político que asume Zapatero en solitario, Fernández de la Vega explicó que el Ejecutivo propone incrementar los impuestos del alcohol y el tabaco «en cuantías mínimas».La incomodidad del Gobierno es mayor si se tiene en cuenta que el coste político de la propuesta procede de un problema ajeno, o sea, de las comunidades.

Según dijo, la propuesta se limita a elevar 10 céntimos cada cajetilla de tabaco, en 30 el litro de whisky y un céntimo el de cerveza.

Aseguró que «se han elegido éstos porque la carga fiscal está muy por debajo de la del resto de los países europeos».

La vicepresidenta llegó, incluso, a argumentar con los efectos benéficos de la subida de impuestos que, en su opinión, podría tener «carácter disuasorio», «puede tener efectos positivos, ya que reducirá el consumo de tabaco y alcohol, mejora la salud de los ciudadanos y ahorra en gasto sanitario».

La zozobra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se produce en medio del debate sobre las reformas estatutarias y las críticas internas a algunos de los proyectos en marcha, que podrían tener reflejo en el Comité Federal del PSOE de hoy.

EL MUNDO

Sábado, 3 de septiembre de 2005

PP: «ES UNA CHAPUZA QUE NO HA AGUANTADO NI 24 HORAS»

Carmen Remirez De Ganuza

MADRID.- «La propuesta es tal chapuza que no ha aguantado una discusión de 24 horas». Así reaccionó ayer la secretaria ejecutiva del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ante la posibilidad de que el Gobierno eche atrás su nuevo modelo de financiación sanitaria tras las críticas de partidos y comunidades autónomas.

Para los populares, la mera mención de la retirada de la propuesta no sólo representa un fracaso político de partida del Gobierno socialista sino que, más aún, pone en cuestión la propia celebración de la Conferencia de Presidentes del sábado día 10.

Tanto desde el círculo de asesores de Rajoy, a su salida del cónclave de Segovia, como desde el comité de dirección del partido, los distintos integrantes de la cúpula del PP subrayaban ayer el hecho de que fue Zapatero quien se «empeñó» en reducir la agenda de dicha Conferencia al asunto de la financiación, a pesar de que los populares pidieron que se discutiera en su seno la reforma del modelo territorial.

Así, si la oposición frontal a la propuesta lanzada por el Ejecutivo hiciera ésta inviable el próximo miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, los populares tienen claro que la cita del sábado quedarían vacía de contenido y hasta podría ser suspendida.«Si no pasa el envite del Consejo», decía ayer a este diario Sáenz de Santamaría, «la Conferencia de Presidentes queda en entredicho. Es muy poco serio traer a los presidentes autonómicos para discutir una propuesta rechazada por todos».

Ninguna voz autorizada en el PP prevé en cualquier caso bloqueo alguno a la Conferencia. Rajoy se reunirá el lunes con los presidentes autonómicos del PP para fijar posición respecto de la propuesta del Gobierno, y el martes los secretarios ejecutivos Ana Pastor y Miguel Arias Cañete lo harán con los consejeros de Sanidad y Economía para concertar su estrategia. Pero, salvo sorpresas, la oposición del PP al nuevo modelo del Gobierno y a su prevista subida de impuestos no incluirá ni plantes ni contrapropuestas escritas.

«Recetas fracasadas»

El líder del PP, Mariano Rajoy, fue ayer el primero en calificar de «chapuza» y de «broma» la propuesta del Gobierno, al que reprochó venir a aplicar «viejas recetas» ya «fracasadas», como la subida de impuestos. Rajoy subrayó sobre todo el «disparate» de la subida del impuesto en la gasolina -que, dijo, ya grava el 53% del precio-, precisamente en el año en que más ha subido el crudo.

Para Rajoy, llevar a la Conferencia de Presidentes el tema de la financiación sanitaria es un «error» y una prueba más de la política «mediática» e improvisada de Rodríguez Zapatero.

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL GOBIERNO AMENAZA CON RETIRAR SU OFERTA DE FINANCIACIÓN SI "NO GUSTA A LAS AUTONOMÍAS"

Luis R. Aizpeolea

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Ejecutivo retirará su propuesta de financiación complementaria para paliar el déficit sanitario, adelantada el jueves por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, "si no gusta a los representantes de las comunidades autónomas", pues "no se trata de torturar a nadie". Fernández de la Vega retó al primer partido de la oposición, el PP, a "hacer otra oferta tan razonable y generosa, además de corresponsable, como la del Gobierno", que prevé una aportación directa de 1.000 millones de euros en los dos próximos años y la subida de los impuestos del alcohol y el tabaco para trasladar a las autonomías otros 125 millones de euros anuales.

La amenaza de la vicepresidenta la formuló a tan sólo cinco días de que la iniciativa gubernamental se debata con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y a ocho días de la celebración de la Conferencia de Presidentes convocada por Zapatero para el día 10 en el Senado.

La propuesta supone una subida directa de impuestos estatales (10% en el alcohol y poco más de 5% en el tabaco), y permite a las autonomías duplicar la capacidad para gravar la venta minorista de hidrocarburos (de 2,4 céntimos de euro a 4,8 céntimos) y posibilitar un recargo de hasta dos puntos en el impuesto sobre la electricidad. Todas estas medidas supondría una aportación extra al sistema sanitario de 2.465 millones de euros en el primer año si las autonomías suben sus impuestos.

El Ejecutivo decidió pasar ayer a la ofensiva, ante la reacción crítica del PP a su propuesta. La vicepresidenta primera aclaró que la sanidad es competencia de las comunidades y, por tanto, también lo son sus deudas, con lo que "el Gobierno no está obligado a poner ni una sola peseta" en el sistema sanitario, "algo que sabe el PP".

Eximido de intervenir

El sistema de financiación vigente, acordado en 2001 por el Gabinete del PP y las comunidades autónomas, exime al Gobierno central de intervenir, pese al grave déficit sanitario, según recordó la vicepresidenta primera.

Los mecanismos correctores que prevé la Ley de financiación sanitaria de 2001 no pueden aplicarse a la situación actual de la sanidad, pese a haberse producido un sensible aumento de la población.

Dichos mecanismos correctores sólo son aplicables cuando la población protegida en una comunidad aumenta entre un año y el siguiente más de un 3% respecto a la media nacional, lo que, en esta ocasión, no se ha dado en ninguna comunidad, precisó Fernández De la Vega.

Asimismo, tampoco ha habido consenso entre las comunidades autónomas para redistribuir los recursos entre las que han tenido un aumento moderado o nulo y las que han registrado incrementos más importantes.

Pese a que el Gobierno no está obligado por la ley de 2001 -promulgada por el Ejecutivo del PP, según insistió, la vicepresidenta primera- a intervenir para paliar el déficit sanitario de las comunidades autónomas, recordó su disposición a ayudarlas "para garantizar la viabilidad del sistema sanitario, su calidad y la igualdad de todos los españoles".

Por ello, De la Vega manifestó su "sorpresa" por las declaraciones críticas con la propuesta del Gobierno del presidente del PP, Mariano Rajoy, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, "si se tiene en cuenta que se inscriben en el actual marco de financiación sanitaria, aprobado por el Ejecutivo del PP en 2001".

Sin imposiciones

También aclaró que el Ejecutivo "no va a imponer a nadie" el modelo de financiación sanitaria que ha propuesto y que está abierto a "escuchar otras propuestas y debatirlas". En ese momento, la vicepresidenta primera precisó que, "si la propuesta no gusta a los representantes de las comunidades autónomas, será retirada".

Fue una consideración política la de la vicepresidenta primera porque el Gobierno central si quiere puede aprobar su propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles próximo al disponer de mayoría suficiente de votos. Hay que tener en cuenta que el Ejecutivo central dispone de la mitad de los votos en ese órgano y las comunidades autónomas -que están divididas sobre la propuesta- la otra mitad. No obstante, Fernández De la Vega confía aún en que "haya un acuerdo con todas las partes" pues "lo importante no es como empieza un debate sino como acaba".

La vicepresidenta primera insistió en que el Gobierno "no ha cambiado su política de no subir impuestos". Restó importancia a la subida anunciada de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, que recoge la propuesta del Gobierno central, porque "su carga fiscal está lejos de la del resto de los países de la Unión Europea" y porque "mediante su gravamen se producirá una reducción de su consumo y, por ello, una mejora, también, de la salud de los ciudadanos con el consiguiente ahorro de las prestaciones sanitarias".

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

RAJOY EXIGE A ZAPATERO QUE NO LLEVE SU PLAN A LA CUMBRE DE PRESIDENTES

Carlos E. Cué

"Es una chapuza, una broma grotesca", señala el líder del PP

El PP había amenazado en los últimos días con bloquear la Conferencia de Presidentes convocada el próximo día 10 en el Senado, y desde ayer se sabe que ni siquiera acepta el único punto del orden del día. El líder de este partido, Mariano Rajoy, después de criticar con dureza la propuesta del Gobierno para mejorar la financiación de la sanidad, único punto a discutir en la Conferencia de Presidentes, la tachó de "chapuza" y "broma grotesca", y exigió a Zapatero que saque este asunto de la agenda del día 10.

"Convocar una conferencia de todos los presidentes autonómicos de España para discutir una propuesta que debe ser negociada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es un error, es poco serio", sentenció el líder del PP, que el lunes reunirá a todos los presidentes autonómicos del PP -nueve contando con Ceuta y Melilla- para armar un bloque compacto de oposición a la iniciativa del Gobierno. Si lo lograra, el fracaso de la Conferencia estaría al alcance de su mano.

Rajoy pide por tanto a Zapatero que cambie por completo la idea que tiene preparada para la conferencia, y le ofrece una alternativa. "Los presidentes deberían debatir, por ejemplo, de las reformas de los estatutos, de qué pasa en Cataluña, y cómo afecta eso al resto de las comunidades. Si no, la Conferencia de Presidentes se transforma en una foto sin sentido, porque la financiación debe ser discutida en otro órgano", sentenció Rajoy.

Tras proponer este nuevo temario para la reunión del 10 -a la que él no está convocado-, inmediatamente recordó que tampoco existe ningún punto de acuerdo con el PSOE en lo que se refiere a la reforma estatutaria. Rajoy insiste en que Zapatero abre procesos y no sabe adónde llevan. Le ha sucedido lo mismo, sostiene, con la propuesta de la financiación sanitaria que con el estatuto catalán. Dos años después de que comenzara el debate para elaborar este último, según el líder del PP, "sólo hay inestabilidad, tensiones dentro del PSOE y un Estatuto, votado por ellos, del que dicen que tiene 21 cuestiones inconstitucionales. Yo sólo digo que esto no le importa a nadie, que no hay ninguna urgencia, podemos aparcarlo y los ciudadanos lo agradecerán".

Para el problema de la financiación sanitaria, Rajoy no propone que se aparque la solución, pero sostiene que el actual sistema ya contempla cómo corregir el desequilibrio producido por el aumento de la población. Sin embargo, la ley que aprobó el PP sólo dice que el Gobierno se reunirá con la comunidad afectada para ver cómo se compensa ese aumento de población, pero sin aclarar cantidades ni fórmulas. Rajoy dice que es "disparatado" aumentar el impuesto de la gasolina en este momento, y asegura que en ningún caso apoyarán la subida de estas tasas "o del recibo de la luz". Además insiste en que este tipo de presión fiscal, especialmente sobre la cerveza, por ejemplo, tiene un fuerte impacto inflacionista.

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

ERC TILDA DE RIDÍCULA LA APORTACIÓN DEL GOBIERNO Y RECHAZA SUBIR LOS IMPUESTOS

Miguel Olivares, Luis Barbero y Andreu Manresa

La Comunidad Valenciana se opone a la propuesta del Ejecutivo y Andalucía le pone pegas

Esquerra Republicana (ERC), integrante del tripartito catalán y socio parlamentario del PSOE, tildó ayer de "ridícula" la aportación gubernamental (1.000 millones en dos años) para resolver el problema de la financiación sanitaria. El parlamentario y portavoz de ERC sobre sanidad, Uriel Bertran, rechazó que la Generalitat de Cataluña deba "cofinanciar" este déficit mediante un aumento de impuestos. La Generalitat valenciana se opone al plan del Gobierno, y la Junta de Andalucía reclama que sean las comunidades las que tengan capacidad normativa para subir los impuestos sobre el alcohol y el tabaco.

ERC "no acepta el criterio propuesto por el Gobierno español de que las comunidades autónomas deban asumir parte del déficit anual de la sanidad con el aumento de los impuestos", afirmó Bertran en una nota, informa Efe. Según el diputado republicano, "es impensable que aún se pida que se incremente la carga impositiva a los ciudadanos de Cataluña".

Bertran exigió al Gobierno que "haga frente a la deuda histórica de la sanidad catalana, que ha sido provocada por una pésima financiación del Ejecutivo al sistema de salud catalán". Además, tachó de "ridícula" la "partida de 1.000 millones", porque "para equipararse con la media europea en gasto en salud -6,1% del PIB-, Cataluña necesita incrementarlo en unos 1.800 millones".

- Comunidad Valenciana. Según los cálculos del consejero de Hacienda, Gerardo Camps (PP), la aplicación al límite de las medidas propuestas se traduciría en un ingreso suplementario de 313 millones anuales para la Generalitat Valenciana, de los cuales el Estado aportaría 45 millones. "El porcentaje de esfuerzo financiero para paliar el déficit sanitario recae en un 81,74% en la Generalitat y apenas un 18,26% en el Estado", afirmó. "Se carga a las comunidades autónomas la solución de un problema cuya causa no es imputable a su gestión". Vicente Rambla, consejero de Sanidad, subrayó que las sugerencias relativas a mejoras en la gestión "se aplican desde hace años en la Comunidad Valenciana". Y recordó que ésta logró la mayor contención del crecimiento del gasto farmacéutico en 2004.

- Andalucía. El Gobierno andaluz, presidido por Manuel Chaves (PSOE), rechaza que las comunidades autónomas tengan competencia para subir el impuesto sobre la electricidad. Por el contrario, Andalucía demanda que las comunidades tengan potestad para subir los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, que el Gobierno central se ha reservado en su plan. El consejero de Economía, José Antonio Griñán, llevará esta propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 7.

- Parlamentarios socialistas. Los grupos parlamentarios socialistas del arco mediterráneo (Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía) respaldaron en Palma, donde están reunidos, la propuesta del Gobierno. Los portavoces de 45 diputados del PSOE reprocharon la "crítica feroz" del PP, sobre un "problema heredado" del anterior Ejecutivo. "La propuesta gubernamental es un ejemplo de diálogo, coordinación y cooperación en el Estado sobre una materia que competencia exclusiva de las autonomías", dijo Francina Armengol, del PSOE balear.

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

IU RECLAMA UN PACTO DE ESTADO SOBRE SANIDAD Y UN FONDO DE COHESIÓN

Javier Cuartas

Izquierda Unida (IU) considera que la propuesta del Gobierno para la financiación de la sanidad es "insuficiente, parcial y cicatera" y reclama un acuerdo de Estado sobre el servicio público de salud equivalente al Pacto de Toledo en materia de pensiones. Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, anunció ayer en Oviedo que su formación, que el miércoles mantendrá un encuentro con la dirección del PSOE sobre los próximos Presupuestos, solicitará que el Gobierno "doble al menos" la aportación que ha ofrecido, y que no se limite a dos años, sino que tenga continuidad presupuestaria.

Así, demandará un compromiso "más ambicioso", sostenido y a largo plazo de la Administración central, pero también de las comunidades autónomas, y la creación de un fondo de cohesión específico para la sanidad, de modo que se garantice un nivel asistencial análogo en todos los territorios.

Llamazares considera que "la sanidad pública no es una materia de competencia exclusiva de las comunidades autónomas" porque, aun cuando la gestión está transferida, la Administración central sigue teniendo una "responsabilidad política" que "no puede eludir" al tratarse de un servicio público básico. Por ello, IU considera que el Ejecutivo no puede afrontar la insuficiencia financiera del sistema como "una cuestión de trámite", sino como "un problema importante", que requiere mayor compromiso gubernamental.

Herencia del PP

El líder de IU advirtió al Gobierno socialista de que "no se pueden tener ambiciones sociales con esfuerzos presupuestarios raquíticos", pero también recordó al PP que la insuficiencia financiera que ahora afronta la sanidad pública es responsabilidad del anterior Ejecutivo. "El modelo de financiación sanitaria que tenemos es el que heredamos del PP, y si ese modelo ha generado insuficiencias, algo tendrá que decir el PP", indicó Llamazares, quien acusó a los populares y a sus Gobiernos autonómicos de mantener una posición igualmente "cicatera" en este asunto.

IU acepta la subida de impuestos especiales para financiar la sanidad como ha planteado el Gobierno socialista, si bien considera que un incremento del recargo autonómico voluntario sobre los combustibles debería destinarse a la protección del medio ambiente. Pero demandará que esa carga tributaria no repose exclusivamente sobre impuestos indirectos, sino también sobre impuestos directos, para alcanzar una fórmula fiscal más "equilibrada".

IU supeditará su apoyo a los Presupuestos al impulso de algunas leyes sociales pendientes, pero también a un giro social en la propia concepción presupuestaria: el vicepresidente económico, Pedro Solbes, "no puede esperar", indicó Llamazares, "que el próximo presupuesto sea continuista con la política conservadora del PP, como lo fue el de 2005. Tiene que haber un giro social, con compromisos de izquierda y en política territorial".

ABC

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL GOBIERNO DICE QUE RETIRARÁ SU PROPUESTA SANITARIA SI CHOCA CON UN RECHAZO FRONTAL

G. López Alba y J. L. Lorente

Rajoy tilda de «chapuza» la subida de impuestos y critica las «recetas fracasadas» del PSOE; el Ejecutivo se aferra al efecto «disuasorio» en el consumo de tabaco y alcohol

MADRID. «Si la propuesta no gusta, la retiraremos. No se trata de obligar ni de torturar a nadie». Con esta declaración, la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dejó ayer la puerta abierta a la posibilidad de que el Ejecutivo retire su propuesta para afrontar el déficit de financiación de la Sanidad si choca con un rechazo frontal de las comunidades autónomas. No obstante, fuentes gubernamentales indicaron que, aunque se produjera un bloqueo en la reunión que el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrará el día 7, cabe la posibilidad de superarlo en la Conferencia de Presidentes del día 10 y que haya una nueva convocatoria de aquel órgano, que es el que tiene la capacidad decisoria.

Ante el abierto rechazo del PP y los reparos de algunas comunidades gobernadas por el PSOE, De la Vega reiteró que se trata de «una propuesta para iniciar el debate, que sólo acaba de empezar», y, en todo caso, «el Gobierno no va a imponer ninguna solución». Aun así, emplazó a quienes la rechazan a «presentar una alternativa» y calificó de «sorprendentes» las declaraciones de algunos dirigentes del PP y singularmente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. «Con el modelo vigente, que es el que se aprobó con el PP, y con el crecimiento poblacional que se ha producido, el Gobierno no tendría que poner ni una sola peseta más», subrayó, para hacer un nuevo llamamiento a que los gobiernos autonómicos «den prioridad a los intereses de los ciudadanos frente a los partidistas».

«La deuda es de las comunidades»

En esta línea, insistió en que el Gobierno no está obligado a solucionar este problema. «La competencia de sanidad está transferida a las comunidades y, por lo tanto, la deuda existente es de las comunidades», dijo la portavoz gubernamental, quien subrayó también que «la propuesta que ponemos sobre la mesa es de corresponsabilidad».

De la comparecencia de la vicepresidenta primera se deduce una especial preocupación del Gobierno ante la traducción generalizada que se ha hecho de que su propuesta constituye la primera subida de impuestos del Ejecutivo de Zapatero. De la Vega sostuvo que esta interpretación es «no adecuada» y que «el Gobierno mantiene la política de no subir los impuestos». No obstante, mostró especial empeño en defender que los impuestos que plantea subir como Gobierno, además de serlo en «cuantías mínimas», pueden tener efectos «disuasorios» en el consumo del tabaco y del alcohol, y, como consecuencia, repercutir también en una mejora de la salud de los ciudadanos y un menor coste sanitario.

No es de la misma opinión el presidente del PP, Mariano Rajoy. Tras calificar de «chapuza y broma» la propuesta del Gobierno, reprochó al Ejecutivo de Zapatero que vuelva a antiguas fórmulas de aumento de la presión fiscal. «Al final, estamos en las viejas recetas que ya fracasaron hace muchos años», subrayó, tras lamentar que los socialistas no lleven a cabo las oportunas reformas económicas y «sólo planteen subidas de impuestos».

En este punto, el presidente del PP quiso dejar claro que su partido no comparte «de ninguna manera» la iniciativa del Gabinete de Zapatero, porque subir ahora los impuestos indirectos -tanto del alcohol y el tabaco como de la luz y la gasolina- «es un enorme error».

En su diagnóstico de la situación, la propuesta del Gobierno va a generar tensiones con la inflación. Dicho esto, recordó que el precio del combustible «se ha incrementado muchísimo para que se condene a los transportistas a una nueva subida, dado que ahora ya son impuestos más de 53 por ciento de lo que se paga por la gasolina».

ABC

Sábado, 3 de septiembre de 2005

CRÍTICAS UNÁNIMES DE LAS EMPRESAS AFECTADAS POR LA SUBIDA DE IMPUESTOS

Jorge Sáinz

El Consejo Regulador del Brandy de Jerez, principal productor de alcohol de alta graduación, avisa de que se está «poniendo en riesgo el trabajo de mucha gente»

MADRID. Un rechazo unánime. La propuesta del Ejecutivo de gravar los impuestos del alcohol, la luz, el tabaco y las gasolinas para hacer frente al desbordante déficit de la Sanidad pública no sólo ha topado con las primeras trabas políticas, sino también con la oposición frontal y sin fisuras de los sectores empresariales directamente afectados por la medida.

En cuanto a la subida de los carburantes, una de las más polémicas dada la crisis del crudo, fuentes de las compañías petroleras españolas aseguraron a ABC que, de momento, no quieren juzgar lo que consideran «una decisión política». Sin embargo, los sectores susceptibles de sufrir los efectos colaterales del aumento de los tributos criticaron la actitud del Gobierno y la calificaron de «torpeza económica».

En ese sentido, desde la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM) acusaron de «falta de sensibilidad política» al Ejecutivo y recordaron que existe un proceso de diálogo en el que hay «cuatro ministerios implicados» para intentar paliar la incontenible subida de las gasolinas, por lo que entienden que esta iniciativa «sería un contrasentido».

El director de Comunicación de la CETM, Dulsé Díaz, insistió en que «más del 80 por ciento de las mercancías de nuestro país viajan por carretera» y que esta decisión supondría el agravamiento de la crisis y un goteo constante de «cierres de más empresas del sector».

La subida del alcohol, excluyendo el vino, tampoco ha sido bien acogida. El secretario general del Consejo Regulador del Brandy de Jerez -principal productor nacional de alcohol de alta graduación-, Ricardo Rebuelta, vaticinó que la puesta en marcha del proyecto supondría un «descenso inmediato del consumo y una menor recaudación, por lo que no se cumpliría el objetivo perseguido». Rebuelta pidió al Gobierno que «reconsidere» la propuesta y le acusó de poner en riesgo el «trabajo de mucha gente» y el cuidado de las «50.000 hectáreas» que se usan para producir este brandy.

En esta misma línea, el director general de la Federación Española de Bebidas Espirituosas, José Ramón Fernández, definió la iniciativa como «injustificada e injusta» y aseguró que ningún país europeo «utiliza estos impuestos como contrapartida sanitaria». Fernández señaló que el 60% del consumo de alcohol se circunscribe al turismo y a la hostelería y que el encarecimiento del producto final conllevaría «pérdidas significativas» y, paradójicamente, un mayor riesgo para la salud al «recurrir la gente a bebidas de «garrafón» o baja calidad».

No afecta al recibo de la luz

Las compañías eléctricas, a través de la patronal Unesa, precisaron ayer que el precio de la luz «no va a subir, sino que lo que se modificará será la última línea del recibo». Un portavoz de Unesa afirmó que confían en que los «consumidores estén informados y que sepan diferenciar entre el precio del producto, que no varía, y su tratamiento fiscal; un tema ajeno a estas empresas». Fuentes del sector señalaron, no obstante, que «las administraciones se sirven de los recibos de la luz (25 millones de facturas cada dos meses) para obtener una recaudación rápida».

Por último, desde la Asociación de Empresas de Tabaco afirmaron que la fiscalidad de los impuestos en este sector «es muy compleja» y matizaron que el precio final de la cajetilla «lo establece la marca», por lo que no tendría que haber una relación «causa-efecto» si se gravaran las tasas.

ABC

Sábado, 3 de septiembre de 2005

ANDALUCÍA TAMPOCO ACEPTA LA «OFERTA»

M.C.

SEVILLA. El consejero de Economía de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, admitió ayer que el fondo que el Gobierno de Zapatero va a aportar a las comunidades autónomas para aliviar el déficit de la sanidad «es insuficiente». Griñán, sin rechazar abiertamente la propuesta, anunció que el Ejecutivo de Chaves planteará una fórmula alternativa para subsanar la deuda.

Otras regiones con gobierno socialista también criticaron la iniciativa. Aragón la definió como «insuficiente», mientras que el presidente extremeño, Rodríguez Ibarra, dijo que no comparte el proyecto por «diferencias ideológicas». Tampoco Canarias respalda la medida, al considerarla «partidista».

LA RAZON

Sábado, 3 de septiembre de 2005

LOS BARONES RECELAN DE UNA FINANCIACIÓN SANITARIA QUE SE SOSTIENE EN EL INCREMENTO FISCAL

E. L. P.

No es Ana Pastor, portavoz del PP en materia sanitaria. Tampoco ninguno de los presidentes autonómicos del partido de la gaviota. La una y los otros cargaron ayer contra la propuesta del Gobierno para resolver el déficit de la Sanidad. Pero, también barones socialistas y diputados bregados en estas lides económicas. Todos recelan de un modelo con el que ganan las regiones ricas y pierden las pobres. Así se puede glosar su crítica. La propuesta, que será discutida el próximo 7 de septiembre en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera –un órgano en el que están representadas las comunidades autónomas y el Gobierno central–, supone una subida generalizada de los llamados impuestos especiales: alcohol, tabaco, hidrocarburos y electricidad. Y dicen, quienes han estudiado el documento, que beneficia a las comunidades más ricas porque son éstas las que tienen mayor capacidad de recaudación en impuestos que gravan el consumo. Un ejemplo: no es lo mismo Cataluña que Extremadura. Y echando esas cuentas está el equipo económico de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que hoy expondrá este argumento en el Consejo Territorial del PSOE, ya que el sistema producirá «un aumento de las desigualdades en el gasto sanitario».

De momento, ayer ya alzó la voz para advertir de que su región rechazará el modelo si deben aceptarse las tres vías de financiación que contempla porque él no está la labor de utilizar la vía que capacita a las autonomías a subir los impuestos cedidos. Desde Castilla-La Mancha, el equipo de José María Berreda habla, de momento, de una oferta «mejorable», especialmente en lo que se refiere a la aportación del Gobierno. Son muchos los socialistas que hablan ya de las consecuencias que traerá un modelo que se sostiene, sobre todo, por el incremento fiscal.

LA RAZON

Sábado, 3 de septiembre de 2005

El Gobierno avisa al PP de que si rechaza su oferta no aportará mil millones a las autonomías

Inmaculada G. de Molina

Madrid - El Gobierno lanzó ayer, por boca de su portavoz, un aviso a navegantes: si el PP rechaza su propuesta para aumentar la financiación sanitaria, la retirará sin más. Es decir, no aportará a las comunidades los prometidos y anunciados por Pedro Solbes 1.000 millones (500 en 2006 y otros 500 en 2007). Al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Teresa Fernández de la Vega, quitó hierro al rechazo frontal expresado por el PP y, especialmente, por la presidenta de Madrid a esta fórmula. A su juicio, si no gusta el plan de choque, no pasa nada. «Se retirará».

No obstante, mostró su asombro y dijo no entender por qué el PP se opone a recibir esta aportación, que el Ejecutivo ofrece desde su generosidad, ya que la sanidad no es su competencia. «Es como si se tratara de un regalo en forma de 1.000 millones que se les hace a las autonomías» para garantizar la viabilidad, calidad e igualdad de acceso de los españoles al sistema público de sanidad, explicaron fuentes de Moncloa. En esa línea, De la Vega insistió en que la deuda de la sanidad le corresponde financiarla a las comunidades y no al Estado. «Es su problema», advirtió.

En este contexto, el Gobierno no descarta un escenario en el que no se cierre un acuerdo este miércoles en el seno del Consejo de Política Fiscal, pero sí uno político el sábado en la segunda reunión de la Conferencia de Presidentes. En este caso sería necesario convocar de nuevo al Consejo de Política Fiscal para que refrendara el pacto de la Cumbre.

De la Vega intentó ayer restar importancia a la subida decidida por el Ejecutivo de los impuestos del alcohol y el tabaco en 2006 para financiar la sanidad, al asegurar, documento en mano, que será mínima y desincentivará el consumo de estos artículos, lo que repercutirá a la larga en la factura sanitaria. Pese a este alza de la presión fiscal, negó que el Gobierno suba los impuestos. Es más, aseguró que cumplirá su promesa de bajarlos.

LA RAZON

Sábado, 3 de septiembre de 2005

RAJOY TILDA DE «CHAPUZA» LA REFORMA SANITARIA PROPUESTA POR ZAPATERO

Javier López

Carga contra las últimas medidas del presidente en los grandes asuntos

Segovia - El cierre de las reuniones mantenidas entre los pesos pesados del PP comenzaba con una «disfrazada» tranquilidad. El Parador de Segovia que se había elegido como escenario invitaba a ello, pero la calma sólo quedó en apariencia. Los populares, que se habían encerrado durante dos días para conformar su estrategia de cara al nuevo curso político, mostraron su cuenta de resultados. El presidente del partido, Mariano Rajoy, se dejó de florituras y sacó el carácter para abordar las polémicas que están sobre la mesa de Moncloa. Las vacaciones han dejado las ideas claras al líder de los populares, que no se ha dejado ni un solo punto en el tintero para que Zapatero deje de hacer «disparates» y solucione «los problemas que realmente importan a los españoles».

Rajoy apenas dejó tiempo a los periodistas para las presentaciones. Enseguida fue directo y criticó la reforma sanitaria que sobrevuela en la actualidad que, según el PP, se presenta «carente de rigor y de seriedad». Sin matices, Rajoy la consideró como «una chapuza» porque el Gobierno «no hace un nuevo modelo sino que dice que va a hacer algo que va a ser transitorio». A su juicio, «ya había un buen modelo de financiación que fue aprobado por todas las autonomías». El líder del PP aludió a que ya existen «suficientes mecanismos en el sistema de financiación sanitaria para que las cosas se hagan bien» y que subir los impuestos sólo es un «disparate».

«Churro» de Estatut. Con el mismo rigor entró en la polémica del Estatut cuando adelantó que en la reunión que mantendrá el próximo lunes con Zapatero le va a avisar del «lío en el que se está metiendo» con la reforma del texto de Cataluña, reforma que consideró como un «churro» porque «ya hemos perdido dos años debatiendo sobre esto que no le importa a nadie». Incitó al presidente del Gobierno a «paralizar este proceso» que no presenta «ninguna urgencia», además de reseñar que «el PSOE ha votado el texto y dice que tiene al menos 21 razones de inconstitucionalidad». Por ello, Rajoy aconsejó a Zapatero a que «debería dejar de preocuparse por este asunto», objeto de «tensiones entre comunidades autónomas» y que lo único que ha conseguido es que Cataluña no haya prestado atención a todos los asuntos importantes. El presidente de los populares advirtió al Gobierno que «abrir procesos sin saber a donde conducen tiene bastante poco sentido».

La Tortura de la Rectificación Contínua

Por Narrador - 5 de Septiembre, 2005, 3:27, Categoría: El Impuestazo

ABC califica la situación del impuestazo y su posterior rectificación como ‘tortura’. Para EL MUNDO el anuncio de que el Gobierno está dispuesto a retirar su propuesta para hacer frente al déficit sanitario, "ha sido provocado por los socios parlamentarios y las propias comunidades gobernadas por los socialistas". "Lo sorprendente no es que esté dispuesto a retirar una propuesta defendida 24 horas antes". "Aún más increíble resulta la constatación de que, antes de hacerla pública, no la puso en común ni siquiera con los suyos". "Entre chantaje y chantaje, puede que el PSOE empiece a envidiar la tan denostada soledad del PP". "Zapatero debería considerar seriamente la oportunidad de iniciar acuerdos sobre los grandes temas de Estado con el PP". "Visto lo visto, no le quedan muchas alternativas por probar".

EL MUNDO

Sábado, 3 de septiembre de 2005

CON ALIADOS COMO LOS DEL PSOE ¿QUIEN NECESITA OPOSICION?

Editorial

Un día después de presentar su detallada propuesta para hacer frente al déficit de la financiación sanitaria, el Gobierno ya ha anunciado que está dispuesto a retirarla si no convence a las comunidades autónomas. Ha sido un visto y no visto de la propuesta provocado no ya por la oposición previsible del Partido Popular y las autonomías gobernadas por éste, sino, y eso es lo inesperado, por los socios parlamentarios del Ejecutivo y las propias comunidades gobernadas por los socialistas.

Tanto IU como ERC han coincidido en tachar la propuesta de «cicatera e insuficiente»; Puigcercós se niega a que el Gobierno «centrifugue» el problema y Llamazares le recuerda que «las ambiciones sociales cuestan esfuerzos presupuestarios».

Respecto a los gobiernos autonómicos socialistas, el extremeño ha sido el más contundente pero no el único en protestar. Ibarra, poco necesitado de esta inyección financiera, se ha negado en redondo a subir los impuestos, mientras los ejecutivos andaluz y aragonés rechazan hacer lo propio con el de la electricidad. Castilla-La Mancha ha afirmado que la oferta es «mejorable», y Galicia, que una subida de impuestos «no es la solución al problema».

Lo sorprendente no es sólo que el Gobierno se muestre dispuesto a retirar una propuesta defendida 24 horas antes con ahínco por un vicepresidente y dos ministros. Aún más increíble resulta la constatación de que, antes de hacerla pública, no la puso en común ni siquiera con los suyos.

Ante tal panorama, el PSOE debería reconsiderar, en su reunión del comité federal de hoy, con quién quiere continuar viaje en esta legislatura que acaba de retomar en el inicio de lo que puede llegar a ser un auténtico cursus horribilis.

Porque si entre todos los aliados que baraja hay uno aún menos dispuesto que los demás a facilitarle las cosas, ése es el PNV.Esta semana, el número dos socialista anunciaba su intención de ampliar apoyos con los nacionalistas vascos. Sin embargo, éstos sorprendían ayer al PSE anunciando su intención de presentar una moción de censura contra el Gobierno de la Diputación de Alava y el Ayuntamiento de Vitoria, ambas instituciones gobernadas en minoría por el PP, y solicitando a los socialistas que sean «consecuentes con sus declaraciones públicas» apoyando dicha moción. La invitación, lógicamente rechazada por el PSE, debería bastarle a Zapatero para darse cuenta del cariz de este potencial socio. Pero, por si no fuera suficiente, aún ha recibido otra muestra, pues el PNV ha condicionado su apoyo a los Presupuestos a un incremento «sustancial» de las inversiones en Euskadi espetando que no tiene «vocación de comodín».

Entre chantaje y chantaje, puede que el PSOE empiece a envidiar la tan denostada soledad del PP. Pero cuando Rajoy acuda el próximo lunes a La Moncloa, Zapatero debería considerar seriamente la oportunidad de iniciar acuerdos sobre los grandes temas de Estado con este partido. Puede que al presidente no le entusiasmen los populares, pero no le quedan muchas alternativas por probar. Y, visto lo visto, peor que ahora, imposible.

ABC

Sábado, 3 de septiembre de 2005

TORTURADOS

Editorial

JUEVES, 1 de septiembre, Ministerio de Economía y Hacienda. El vicepresidente Pedro Solbes, escoltado por los ministros de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y de Sanidad, Elena Salgado, comparece en rueda de Prensa para anunciar que el Gobierno subirá un diez por ciento los impuestos del alcohol y un cinco por ciento los del tabaco para financiar la sanidad.

Viernes, 2 de septiembre, Palacio de la Moncloa. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, comparece en rueda de prensa para anunciar que si la propuesta no gusta a las Comunidades será retirada porque «no se trata de torturar a nadie».

Sábado, 3 de septiembre. Tal vez algún destacado miembro del Gobierno diga que la propuesta no era más que una «mera reflexión». ¡Qué tortura!

EL MUNDO

Sábado, 3 de septiembre de 2005

¡OH! ¡LA IZQUIERDA SUBE LOS IMPUESTOS!

Victor de la Serna

Financiación sanitaria a la carta. Ni aquellos a quienes mayor entusiasmo se les supone -el neopresidente gallego Pérez Touriño, el diario El País- respaldan con entusiasmo la última idea gubernamental.

Fíjense si estará bien la propuesta de dejar a las comunidades que suban algunos impuestos para pagar las deudas de sus deficitarios sistemas hospitalarios, que ya la presentó el PP de José María Aznar cuando gobernaba. Eso es lo que viene a decir, en su editorial de ayer, El País. ¿Pero no quedamos en que lo progresista era bajar impuestos?, replica el titular del comentario de EL MUNDO.Así, acudiendo a la ironía, casi a la sorna, resaltan estos dos periódicos lo que, para ellos, es lo mejor -el de Prisa- y lo peor -EL MUNDO- de la propuesta lanzada en rueda de prensa por los voceros del Gobierno.

La escasa seriedad de la oferta, la falta de articulación de una política general del gasto, han resultado tan patentes en este caso que hasta El País reconoce que los 500 millones anuales durante dos años que el Gobierno propone aportar para completar esos impuestos a la carta de las autonomías es una cantidad que «se antoja insuficiente para hacer frente al crecimiento del gasto sanitario derivado de factores ajenos a la gestión».

Emilio Pérez Touriño, nuevo presidente de la Xunta gallega e histórico del PSOE donde los haya, «se mostró convencido de que eso no resolverá el déficit y abogó por maximizar la aportación del Estado», según informa la agencia Efe. Por ahí iban las mayores manifestaciones de júbilo en las comunidades del PSOE. No merece la pena ni mencionar lo que se decía en las demás...

«Es recurrir a lo más fácil, hacer lo mismo que han estado haciendo últimamente con todo: echar la culpa al ciudadano, quitarse las responsabilidades de encima», dictamina Carmen Tomás en La Mañana de Cope. «Detrás de ello no hay ningún plan serio, nada pensado», remacha la tertuliana.

Sí, se puede decir que la postura del actual Gobierno se parece a la del PP hace cuatro años al pedir corresponsabilidad y que los gobiernos autonómicos afronten el desgaste político de pagar por sus dispendios. Por eso se irritan los Touriño y, no digamos, los independentistas de ERC: porque les vuelven a decir que pechen con una mayor parte del pago de políticas dispendiosas y populistas.Pero hay más diferencias que similitudes.

Una clara diferencia: algunas comunidades autónomas padecen hoy los efectos de la política de llamada y regularización de inmigrantes, alegremente perseguida por el actual Gobierno, que ha provocado un fuerte aumento de la población y de la demanda sanitaria, como resalta EL MUNDO. Con 1.000 millones en dos años no se compensa esa distorsión. Y otra diferencia: cuando la actual Administración no hace nada por reducir gastos en otras partidas (quiere aumentar el gasto público un 7,6% en los próximos Presupuestos) y sólo sabe recortar el déficit subiendo impuestos, el efecto va a ser inquietantemente inflacionario. Como muestra, un botón: por Europa Press nos enteramos de que la Asociación de Cerveceros de España estima que el plan gubernamental, en cuanto a gravar más el alcohol, «tendría una repercusión fortísima en el IPC, ya que el 80% en valor del consumo total se produce en hostelería y la ponderación del consumo de cerveza en el índice es 10 veces mayor que el peso del pan».

Ni en el impacto de la cañita de cerveza parece que han pensado muy a fondo los hombres de Zapatero.

Precio del PNV Sigue Subiendo

Por Narrador - 5 de Septiembre, 2005, 3:05, Categoría: General

Nuevas peticiones del PNV en contrapartida a su apoyo a la ‘estabilidad’ del Gobierno ZP. El PSE-EE mostró ayer su negativa a apoyar las mociones de censura anunciadas ayer por el PNV contra los regidores del Ayuntamiento de Vitoria y de la Diputación alavesa, ambas instituciones gobernadas por el PP. Los socialistas estiman que esta iniciativa no es más que una "campaña de publicidad". El PSE subrayó que Álava no necesita un ejecutivo nacionalista en minoría, sino "uno fuerte, estable y constitucionalista". ABC considera la propuesta del PNV como un envite a los socialistas; EL MUNDO califica las mociones de "baldías" y EL PAIS de "testimoniales". Por otro lado, el portavoz parlamentario del PNV, Josu Erkoreka, puso ayer como requisito ineludible a un acuerdo con el PSOE sobre los Presupuestos que se termine con "la marginación estructural" de la inversión pública en Euskadi. Los nacionalistas estiman que la inversión en el País Vasco tiene que ser similar al peso de su economía en el conjunto de la española, en torno al 6%.

EL MUNDO

Sábado, 3 de septiembre de 2005

 

EL PNV EXIGE RECIBIR FINANCIACIÓN SANITARIA PARA APOYAR LOS PRESUPUESTOS

Belen Ferreras

BILBAO.- El PNV añadió ayer una más a la lista de condiciones para dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Su portavoz en el Congreso, Josu Erkoreka, y el diputado Pedro Azpiazu advirtieron de que el Grupo vasco no dará su voto favorable a estas cuentas si no se produce un aumento «sustancial y cualitativo» de las inversiones del Estado en Euskadi. Y además exigieron que ese aumento, que no cuantificaron, sea suficiente como para contribuir a «reducir la brecha financiera» que el Estado ha acumulado con Euskadi en los últimos 25 años de Estatuto, y que situaron en torno a los 9.000 millones de euros.

Esta, que será una condición sine qua non para que el PSOE cuente con el apoyo del PNV en el Congreso a la hora de sacar adelante los Presupuestos, se unirá a otras ya conocidas, como que se solucione el problema del Cupo, la financiación de la Ertzaintza o la factura del Prestige, aunque Erkoreka consideró que el PSOE desbloqueará estos tres temas «casi de inmediato», porque «está ahora más con la soga al cuello que hace un año».

Pero además, reclamaron el «pleno derecho de Euskadi a participar en la financiación extraordinaria de la Sanidad, por lo que afirmaron que en esa negociación de los apoyos será un «referente muy a tener en cuenta» la participación vasca en el reparto financiero del Estado en el marco de la financiación sanitaria.

«El hecho de que las instituciones estatales consideren que existen recursos a repartir entre las comunidades autónomas para contribuir a financiar la Sanidad, supone reconocer que el cálculo económico que en su día se hizo para hacer efectiva la transferencia era equivocado, que estaba por debajo del gasto real que suponía la Sanidad». «Si ese cálculo era equivocado en el caso del resto de las comunidades autónomas, lo es también en el caso de la comunidad vasca», reiteró.

En ningún momento hicieron referencia a que muchas de las parcelas susceptibles de inversión por parte del Estado están transferidas a la Administración vasca, a diferencia de otras comunidades.

Erkoreka esperó que la oferta de diálogo del PSOE al PNV para buscar una estabilidad parlamentaria sea un acuerdo global que incluya también la normalización política porque, según dijo, el PNV «no tiene voluntad de comodín», de sustituir a «otros socios parlamentarios que se pudieran caer en el curso político».

EL MUNDO

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL PNV ANUNCIA DOS BALDÍAS MOCIONES DE CENSURA CONTRA RABANERA Y ALONSO

Elena P. Iriarte

VITORIA.- La amenaza de la moción de censura que pende sobre los ejecutivos del PP en Alava y Vitoria desde el comienzo de la legislatura ha terminado por cumplirse. El PNV anunció ayer su intención de presentar «cuanto antes» sendas iniciativas en la Diputación y el Ayuntamiento para apartar de sus puestos al diputado general, Ramón Rabanera, y al alcalde, Alfonso Alonso, y terminar con lo que considera una «situación de desgobierno».Previamente, la formación, que contará con el respaldo de EA y EB, tiene previsto hablar con los socialistas para conseguir que las mociones fructifiquen.

Sin embargo, los planes nacionalistas no darán el fruto deseado, al menos por el momento. El PSE, formación que periódicamente amaga con promover el cese de los citados dirigentes populares, rechazó ayer participar en la iniciativa planteada por el PNV. Según explicaron en un comunicado, los socialistas no creen que la solución a los «problemas» de las instituciones alaveses pasen por «sustituir un Gobierno en minoría y de derechas por otro gobierno en minoría y nacionalista».

El líder del PNV en Alava, Iñaki Gerenabarrena, envió de manera continua velados mensajes a los socialistas. «No queremos seguir mareando la perdiz», señaló, y pareció quedar claro que su intención real es que cada cual se retrate cuando adelantó que su propuesta iba encaminada a constituir gobiernos locales formados únicamente por PNV, EA y EB, dado que con el PSE «no ha llegado todavía el momento de alianzas estratégicas».

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL PNV PIDE A LOS SOCIALISTAS QUE APOYEN SUS MOCIONES DE CENSURA AL PP EN ÁLAVA

Pedro Gorospe 

El PSE rechaza participar en las iniciativas para desalojar a Rabanera y Alonso

El PNV de Álava arrancó ayer el curso político anunciando la presentación de dos mociones de censura contra los máximos responsables de la Diputación, Ramón Rabanera, y del Ayuntamiento de Vitoria, Alfonso Alonso, ambos del PP. Las mociones son más testimoniales que posibilistas, ya que los votos del PSE son imprescindibles en ambos casos, y el PNV considera al tripartito con EB y EA el único gobierno posible. El PSE no las va a apoyar porque Álava no necesita un ejecutivo nacionalista en minoría, sino "uno fuerte, estable y constitucionalista".

La ofensiva del PNV alavés para recuperar las dos principales instituciones de Álava tiene todo el respaldo de la ejecutiva nacional del partido, presidida por Josu Jon Imaz, según confirmaron ayer desde Sabin Etxea, la sede central del PNV. Sin embargo, no tiene demasiado crédito para los socialistas, que consideran la propuesta una "campaña de publicidad". EA y EB sí que secundaron la propuesta, aunque sus votos son insuficientes.

A pesar de ese hecho, y conscientes de que está abocada al fracaso, el presidente del PNV de Álava, Iñaki Gerenabarrena, dijo que su partido va a presentar la moción en las Juntas Generales, el legislativo provincial. Para el ex consejero de Agricultura del Gobierno vasco, se trata de "la hora del cambio" y el PNV tiene legitimidad para presentar y liderar la moción porque ganó las elecciones en Álava. La coalición PNV-EA obtuvo 19 escaños en los comicios de 2003, el PP 16, el PSE 12, EB tres, y UA uno. El tripartito tiene 22 de los 26 votos necesarios para sacar adelante la moción.

Pero es que en el caso del Ayuntamiento, los nacionalistas necesitan al PSE incluso para presentar la moción contra el alcalde, Alfonso Alonso, ya que la normativa municipal obliga a contar con la firma de catorce de sus 27 concejales para su presentación. El PNV y EA tienen nueve (8+1), como el PP; EB tiene dos y el PSE siete. Necesitan tres de los siete del PSE. Este partido, que ayer hizo pública una nota rechazando el cambio político que propone el PNV para Álava, tampoco está dispuesto a prestarles ese apoyo parcial para que se debata la moción en el Ayuntamiento.

Para los socialistas, la maniobra del PNV tiene un carácter exclusivamente testimonial y aseguran que si de verdad lo que persiguen los nacionalistas es mejorar el servicio a los ciudadanos, ante lo que denominan "el desgobierno de la provincia", no es de recibo que la alternativa de Gobierno que proponen también esté en minoría. La Diputación lleva dos años con un presupuesto prorrogado. El tripartito también estaría en minoría, y en las elecciones autonómicas de junio fue castigado con un descenso de cuatro escaños.

El PSE, que tiene previsto celebrar su congreso en octubre, ya ha adelantado que no quiere hablar de nuevas alianzas estratégicas hasta después de las elecciones municipales y forales de 2007.

En cualquier caso, el PNV no quiere ahora una alianza con el PSE, sino que le pide que haga con el tripartito lo mismo que ha estado haciendo con el PP. Gerenabarrena le pide al PSE que, de la misma manera que permitieron la elección de Ramón Rabanera como Diputado General, y han apoyado con sus votos en las Juntas Generales varios proyectos presupuestarios, respalden ahora, desde fuera, al Ejecutivo nacionalista.

En concreto, le piden al PSE que colabore "de forma activa en el desarrollo de iniciativas concretas para el desarrollo del territorio". Los nacionalistas pretenden extender el desalojo del PP en toda la provincia haciendo extensivas las mociones, si el PSE estuviera dispuesto, a las localidades de Oión, Yécora, Elciego e Iruña de Oca.

En una nota, los socialistas sostienen: "Siempre hemos apostado por construir gobiernos con mayorías suficientes, constitucionalistas y autonomistas, además de progresistas, y eso hoy sólo lo acredita el PSE".

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL PNV RECLAMA EL 6% DE LA INVERSIÓN ESTATAL PARA APOYAR LOS PRESUPUESTOS

P. Gómez Damborenea

Josu Erkoreka, portavoz parlamentario del PNV en el Congreso, puso ayer como requisito ineludible a un acuerdo con el PSOE sobre los Presupuestos Generales del Estado que se termine con "la marginación estructural" de la inversión pública estatal en Euskadi; una situación que tildó de "lacerante". El PNV considera que la inversión de los Presupuestos en el País Vasco tiene que ser similar al peso de la economía vasca en el conjunto de la española, en torno al 6%. De 1995 a 2005 la media de inversión ronda el 1%, según el PNV.

El diputado del PNV Pedro Azpiazu, que acompañó en Sabin Etxea (sede del PNV), en Bilbao, a Erkoreka, justificó esta demanda en que también desde CiU o ERC se reclama un 16% -el peso de la economía catalana en la española- de las inversiones del Estado para Cataluña. Azpiazu señaló que las diferencias competenciales entre las comunidades autónomas -carreteras, por ejemplo, es una competencia de las diputaciones forales- no distorsionan la petición. Además, recalcó que esta falta de inversiones ha servido de mecanismo de solidaridad con otros territorios.

9.000 millones de déficit

El PNV ha hecho un cálculo sobre lo que el Estado debía haber invertido en el País Vasco en los últimos 25 años (periodo de vigencia del Estatuto de Gernika) y lo situó en 9.000 millones de euros, cantidad superior a los Presupuestos anuales consolidados del Gobierno vasco y las tres diputaciones forales vascas. El PNV calcula esta cifra de forma sencilla. Durante 10 años Euskadi debía haber recibido cinco puntos más de inversión (la diferencia entre el 6% del peso de la economía vasca en el total y el 1% de invertido en las cuentas); lo que equivale según sus números a 360 millones anuales de déficit. Esta cantidad la extrapola a los últimos 25 años y obtiene los 9.000 de déficit histórico.

Previa a la anterior condición, e "indispensable para empezar a hablar", situó Erkoreka la solución del conflicto que dura ya dos años sobre el cupo, la financiación de la Ertzaintza y los gastos ocasionados por el desastre del Prestige. El PNV entiende que el Gobierno central se lo "debe" por el apoyo hace un año a los objetivos de estabilidad presupuestaria. Erkoreka puso aún una tercera condición, que los Presupuestos del Estado y el vasco vayan en "la misma dirección": "Si se dan esas condiciones, nos parece que lo lógico es que nos apoyemos uno y otro".

El PNV pidió también dinero para la sanidad, que en Euskadi se financia vía el Concierto Económico vasco. Erkoreka dijo que si hay más fondos del Estado para otras comunidades también debe haberlos para el País Vasco.

Por otra parte, el secretario general de ERC, Joan Puigcercós, señaló que entre sus condiciones de apoyo a los Presupuestos está crear "un fondo de rescate de los peajes" para disminuir progresivamente el número de autopistas de pago en Cataluña, informa Enric Company. También pide que se dupliquen los 120 millones destinados al fondo para la inmigración.

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

RAJOY CONDICIONA CUALQUIER ACUERDO CON EL PSOE A QUE SE DESMARQUE DE LAS PROPUESTAS NACIONALISTAS

C. E. C. / P. G.

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, no quiso ayer aventurar si, en su opinión, el PSOE apoyará la moción de censura que promueve el PNV en Álava, donde gobierna el PP, pero ya avanzó cuál sería su opinión: "Un disparate colosal". El presidente de los populares anunció ayer en Segovia que el lunes tratará este asunto con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que le ha citado en La Moncloa, y que allí le exigirá que se desvincule completamente de la moción de censura si quiere mantener buenas relaciones con el PP. "Si Zapatero prefiere que el PNV gobierne en un sitio donde las elecciones las ha ganado el PP, su voluntad de llegar a un acuerdo conmigo es cero", sentenció. Para que prosperen las mociones tanto en la diputación alavesa como en el ayuntamiento de Vitoria, ambos gobernados por el PP, el tripartito vasco -PNV, EA e IU- necesita los votos de los socialistas vascos.

El asunto de la moción de censura alavesa sorprendió a la cúpula del PP reunida en Segovia para analizar la estrategia a seguir en el curso político. Dirigentes de ese partido comentaban en privado, al finalizar la reunión, su convicción de que el PNV ha pactado esta iniciativa con los socialistas. Los desmentidos del PSE llegaron después de estas primeras suposiciones. Uno de los dirigentes de los llamados maitines, las reuniones de los hombres más influyentes del PP (no hay ninguna mujer), se mostraba convencido del pacto oculto, y argumentaba que el PNV es un partido "serio" que nunca realiza una operación política de este calado si no tiene controlada la solución final.

Rajoy lanzó varios avisos a navegantes. En tono muy serio repitió que sería una "enorme irresponsabilidad" por parte del PSOE sumarse a esta iniciativa. El líder de la oposición pidió a los socialistas que no apoyen a un partido como el PNV, que "mantiene el plan Ibarretxe y la amenaza del referéndum, pretende la desaparición de España y sigue en posiciones que nada tienen que ver con el espíritu constitucional".

El alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, aseguró ayer que está "muy tranquilo" y no tiene "ningún temor", ya que cree que se trata exclusivamente de una manera de buscar el desgaste permanente de los dirigentes del PP. "Prefiero ver los hechos más que las amenazas y las declaraciones vacías", señaló. Mientras, el teniente de diputado general, Carlos Samaniego, sostuvo que el único objetivo de las mociones es "recuperar las instituciones alavesas para ahondar en el nacionalismo y en el rupturismo".

ABC

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL PNV «PRUEBA» AL PSE CON MOCIONES DE CENSURA PARA DERRIBAR AL PP EN ÁLAVA

M. Luisa G. Franco

El PP no se «fía» del PSOE y teme que Zapatero e Ibarretxe «utilicen a Álava como moneda de cambio» en la reunión del próximo miércoles en la Moncloa

BILBAO. El PNV emprendió ayer una ofensiva contra los gobiernos minoritarios del PP en la Diputación de Álava y en el Ayuntamiento de Vitoria al anunciar sendas mociones de censura. La iniciativa tiene pocos visos de prosperar una vez que el PSE anunció que no la apoyará.

En un comunicado y sin que mediara declaración pública de dirigente alguno, los socialistas de Álava rechazaron la invitación por que «la sustitución de un gobierno en minoría y de derechas, por otro gobierno en minoría y nacionalista, no es lo que Álava necesita y por lo tanto no es una solución».

En dicha nota, reincidiendo en su ya tradicional equidistancia, se remitieron a la «sanción» que recibieron en las elecciones autonómicas tanto populares como peneuvistas por su «incomunicación, exclusión y radicalización», al tiempo que «aumentaron el apoyo y la confianza en el PSE-EE».

Para que la moción saliera adelante en las Juntas Generales de Álava, tendría que contar con 26 de los 51 escaños. El PNV tiene 14 junteros, y en principio no encontraría dificultades para recabar el apoyo de los 5 de EA y los 3 de IU. En ese caso, dispondría de 22 escaños, o 23 si lograra el de Unidad Alavesa. Necesitaría para que prosperara su iniciativa, por lo tanto, del respaldo del PSE. El PP es el primer partido en Álava con 16 junteros y los socialistas representan a la tercera fuerza política, detrás del PNV, con 12.

En el caso del Ayuntamiento de Vitoria, el PNV no tiene ni siquiera los 14 concejales necesarios para presentar la moción de censura, ya que cuenta únicamente con 8 y sólo podría recabar el apoyo de los 2 de IU y del único de EA. En el Consistorio, el PP dispone de 9 ediles y el PSE de 7, de un total de 27.

Ayer, el presidente del PNV en Álava, Iñaki Gerenabarrena, emplazó al PSE a actuar «con responsabilidad y, en consecuencia, con sus declaraciones públicas para propiciar el cambio que las instituciones alavesas requieren». Así, ofreció al PSE un diálogo «abierto y leal» para que mediante acuerdos puntuales «los socialistas puedan colaborar de forma activa en el desarrollo de iniciativas concretas para el desarrollo de Álava y Vitoria».

Se da la circunstancia de que el portavoz socialista en las Juntas Generales de Álava, Carlos Prieto, había dicho hace dos días que la moción de censura al gobierno del PP estaba encima de la mesa, por lo que el portavoz de los populares, Santiago Abascal, puso en duda, en declaraciones a ABC, la tajante afirmación del PSE de Álava de que no apoyará las mociones.

Abascal teme que en la reunión que mantendrán Zapatero e Ibarretxe, Álava pueda ser usada como «moneda de cambio» y consideró que el PNV presentará la moción de censura en la Diputación «desde la sinrazón y desde el rencor», con la intención de «echar al PP como sea de las instituciones». En su opinión, Álava está en una situación económica mejor que Vizcaya y Guipúzcoa, por lo que «no es lógica una moción de censura frente a una buena gestión». Así, instó al PSE a que «mire con quien pacta».

El presidente del PNV en Álava, Iñaki Gerenabarrena, calificó ayer los gobiernos en minoría del PP en Álava y Vitoria como el «desgobierno absoluto» y consideró que era necesario introducir cambios en ambos «por el bien de los ciudadanos». Como candidatos para esos gobiernos el PNV propone a sus portavoces en la Diputación, Álvaro Iturritxa, y en el Ayuntamiento, Mikel Martínez.

ABC

Sábado, 3 de septiembre de 2005

RAJOY AVISA A ZAPATERO QUE «SE JUEGA SU CREDIBILIDAD» SI PACTA CON LOS NACIONALISTAS

J. L. Lorente

«Es evidente que si el presidente del Gobierno prefiere que el PNV gobierne donde ha ganado el PP, la voluntad de llegar a pactos conmigo es cero», advierte Rajoy

MADRID. El anuncio del PNV de presentar mociones de censura en Álava no ha cogido por sorpresa a la dirección de los populares. El líder de la oposición y su equipo esperaban algo así tras el acercamiento del PSOE a los nacionalistas vascos estos meses. No obstante, Rajoy se mostró ayer durísimo en su crítica a Zapatero, a quien advirtió de que «se juega su credibilidad» si pacta con el PNV en Álava. La situación creada en el País Vasco será uno de los primeros asuntos que el presidente popular saque a relucir en la entrevista que el lunes mantendrá con el jefe del Ejecutivo en el palacio de la Moncloa. En declaraciones a los periodistas al término de las dos jornadas de reuniones del «núcleo duro» del PP en el parador de Segovia, el líder de los populares quiso dejar claro que «será un disparate colosal y una enorme irresponsabilidad» que los socialistas respaldasen las pretensiones del partido de Ibarretxe. En este contexto, pidió al PSOE que «con la mayor celeridad posible» aclare si va a apoyar al PNV y agregó que el lunes le dirá a Zapatero que «sería una enorme gravedad que se produjera el apoyo» a los nacionalistas vascos en contra del PP, partido que, según recordó, ganó las elecciones en ambas instituciones.

El plan Ibarretxe

Los estrechos vínculos que en la actualidad mantienen socialistas y nacionalistas vascos -el PSOE busca ahora el respaldo del PNV en el Congreso de los Diputados para lo que queda de legislatura- podrían influir negativamente en la precaria relación entre el partido en el Gobierno y el principal grupo de la oposición en asuntos de Estado. Rajoy se encargó de recordarlo ayer: «Es evidente que si el presidente del Gobierno prefiere que el PNV gobierne en un sitio donde ha ganado el PP, la voluntad de llegar a un acuerdo conmigo es cero... De libro».

En este punto, no quiso pasar por alto que los nacionalistas mantienen en el debate político el plan Ibarretxe, que apuesta, según dijo, «por un referéndum ilegal con el objetivo de que el País Vasco desaparezca de España». Rajoy resaltó que hasta ahora los grandes temas de Estado se pactaban entre los dos principales partidos, y preguntó a Zapatero «si es mejor que estos asuntos se acuerden con el PP o con ERC y el PNV».

Además, emplazó al jefe del Ejecutivo a poner fin a la reforma del Estatuto de Cataluña, ya que ha resultado «un churro» después de dos años de negociación entre las distintas formaciones políticas y que, además, «no importa a nadie». «El presidente del Gobierno, en un ejercicio de responsabilidad, debe dejar este asunto, y Cataluña debe empezar a preocuparse de problemas más importantes», remachó.

ABC

Sábado, 3 de septiembre de 2005

UN DILEMA PARA LOS SOCIALISTAS

G. L. A.

MADRID. El PSOE ve tras la moción una maniobra del PNV para poner a los socialistas en la disyuntiva de elegir entre este partido y el PP, que gobierna las instituciones alavesas gracias al apoyo del PSE. «La impresión es que busca no tanto acosar al PP como provocar al PSE», señaló un dirigente socialista, quien descartó que la iniciativa responda a un pacto previo entre su partido y el PNV.

Lejos de ese hipotético pacto oculto, las fuentes consultadas admiten que el PNV ha logrado poner al PSOE ante «un dilema complejo». Por una parte, la moción se plantea en el momento en que parecen abrirse expectativas de un entendimiento global entre ambos partidos pilotado desde La Moncloa; y, por otra, se produce en un territorio en el que las relaciones entre el PP y el PSOE se han caracterizado por «el desencuentro» desde la victoria socialista en 2004.

La impresión dominante en las filas socialistas es que la moción no prosperará porque el PSE no la apoyará ya que «aunque han cambiado muchas cosas, nos resultaría muy difícil explicar un giro tan brusco».

En todo caso, los socialistas se muestran conscientes de que la iniciativa del PNV abre un período de negociaciones durante el que tanto PNV como PP intentarán poner a su partido contra la pared. Ante este escenario, no es baladí recordar que en 2003 el socialista Javier Rojo presentó su candidatura para presidir la Diputación de Álava, aunque acabó retirándola en beneficio del PP por indicación expresa de Zapatero.

EL CORREO

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL PNV ANUNCIA EN ÁLAVA MOCIONES DE CENSURA CONTRA EL PP, QUE NO PROSPERARÁN

Aitor Alonso

Plantea gobiernos PNV-EA-EB con el apoyo externo de los socialistas El PSE las rechaza y las hará decaer

El PNV anunció ayer que presentará una moción de censura contra el diputado general de Álava, Ramón Rabanera, y que tratará de hacer lo mismo contra Alfonso Alonso en el Ayuntamiento de Vitoria, ambos del PP. El objetivo declarado por los nacionalistas es trasladar a Álava gobiernos minoritarios de composición similar al tripartito que sustenta a Ibarre-txe -PNV, EA y EB- para hacer frente al «desgobierno» actual y a la «incapacidad» de los populares en la gestión del territorio.

Las mociones no saldrán adelante, toda vez que ayer mismo fueron rechazadas de plano por el PSE, cuyo respaldo es imprescindible para forzar los cambios. «Sustituir un gobierno en minoría y de derechas por otro en minoría y nacionalista no es lo que Álava necesita», zanjaron los socialistas en un comunicado. En el escrito, tildan la iniciativa peneuvista de simple «campaña de publicidad» y «brindis al sol».

El anuncio de someter a votación la continuidad de Rabanera y Alonso, desvelado ayer por el presidente de la ejecutiva peneuvista en Álava, Iñaki Gerenabarrena, no ha sorprendido en una provincia donde se lleva semanas especulando con esta posibilidad. Lo que sí ha sorprendido es la formulación concreta de las mociones. En primer lugar, porque el PNV las anunció a sabiendas de que sin el concurso socialista -y Gerenabarrena dijo que no ha habido «negociación previa»- las peticiones de cese nacen sin apoyos, ya que el tripartito suma 22 de 51 junteros y 11 de 27 concejales.

Y en segundo lugar, sorprendió el propio escenario dibujado en ellas. Los peneuvistas dijeron que «sólo» estarían dispuestos a encabezar gobiernos formados por los nacionalistas más EB, que deberían estar apoyados desde fuera «en base a acuerdos puntuales» por el PSE. «No ha llegado el tiempo de cambiar alianzas. La base debe ser aquello que conocemos y que sabemos que funciona, el tripartito», sentenció Gerenabarrena.

Contexto político

Los socialistas rechazaron de forma inmediata la invitación. «Desde hace muchos meses venimos planteando la necesidad de resolver la gobernabilidad del Ayuntamiento y de la Diputación», admitió el PSE, cuyo distanciamiento de los populares en Vitoria ha sido progresivo. «Pero apostamos por construir gobiernos con mayorías estables, constitucionalistas, autonomistas y progresistas -aclararon-. Cualquier alternativa deberá contar con esos criterios».

Las mociones de censura se presentan en un momento político marcado por el acercamiento entre el Gobierno del PSOE y el partido de Josu Jon Imaz, que ha sido invitado por primera vez esta legislatura a la ronda de contactos previa a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado; y a pocos días, además, de la reunión entre Zapatero e Ibarretxe.

En este escenario, medios del socialismo alavés sospechan que la maniobra peneuvista podría interpretarse en clave interna del partido jeltzale. La ejecutiva alavesa se alineó con el sector de Joseba Egibar -menos proclive al entendimiento con fuerzas no nacionalistas- y por eso, sostienen los medios consultados, Gerenabarrena realiza una invitación cerrada que hace muy difícil su aceptación por parte de los socialistas. Ello permitiría visualizar un nuevo acercamiento del PSE hacia los populares en la línea en la que ayer mismo lo planteó Gerenabarrena: «Van a tener que optar por unos o por otros», dijo. Fuentes nacionalistas, por su parte, señalaron que se trata de un movimiento para «evidenciar el desgobierno» alavés y forzar al PSE a «solventar sus contradicciones». Confirmaron a este diario, además, que el EBB había aprobado de forma previa la presentación de las mociones.

DEIA

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL PSE NO RESPALDARÁ LAS MOCIONES DE CENSURA DEL PNV CONTRA ALONSO Y RABANERA 

Silvia Núñez Gasteiz 

El PNV de Araba ha decidido que es tiempo de cambio: anuncian dos mociones para desbancar al PP de la Diputación y del Ayuntamiento. Iniciarán contactos con los partidos «inmediatamente», si bien el PSE ha adelantado su negativa. Una postura que paralizaría ambas iniciativas. 

Un órdago en toda regla. El PNV de Araba jugó ayer sus cartas y lanzó una propuesta que obligará a posicionarse a todas las formaciones políticas, pero especialmente al PSE-EE. Y es que los socialistas tendrán que votar a favor o en contra de la moción de censura que liderarán los nacionalistas con un objetivo claro: cambiar los gobiernos de la Diputación de Araba y el Ayuntamiento de Gasteiz, actualmente en manos del PP.

«Es el momento clave para reconducir la situación», advirtió el presidente del Araba Buru Batzar, Iñaki Gerenabarrena, quien subrayó «el desgobierno más absoluto que vive Araba». «Esto hay que cambiarlo por el bien de los ciudadanos», añadió.

Flanqueado por Álvaro Iturritxa y Mikel Martínez -candidatos a sustituir a los cargos del PP como diputado general de Araba y alcalde de Vitoria, respectivamente- Gerenabarrena apeló a la responsabilidad del PSE-EE. «Que actúen en consecuencia con sus declaraciones públicas para propiciar el cambio que las instituciones alavesas requieren», apuntó en referencia a las continuas críticas que los dirigentes socialistas mantienen contra los "populares", tanto en la institución foral como en la municipal.

El llamamiento es más que justificado ya que sendas mociones de censura sólo tienen posibilidad de prosperar con el apoyo socialista. No en vano, sin sus votos, Ramón Rabanera tampoco podría gobernar la Diputación, ya que fue la coalición PNV-EA la que ganó las últimas elecciones forales.

A falta de posiciones más concretas, el PSE adelantó ayer que los nacionalistas no contarán con su apoyo. Así las cosas, si mantiene su negativa, el debate no podrá llegar al Ayuntamiento ya que, en esta institución, las mociones de censura sólo llegan al pleno con catorce firmas y el PNV solamente cuenta con ocho concejales. Eso sí, el actual diputado general de Araba, Rabanera, no podrá eludir el debate en su institución. Los junteros que ocupan los sillones jeltzales son suficientes para que la moción llegue a la Cámara alavesa.

En cuanto a plazos, desde las filas nacionalistas aseguran que tomarán la iniciativa «lo antes posible». Todo ello con el fin de «poder conformar unos gobiernos sólidos que den respuesta a las necesidades de los alaveses». Una ambición justificada por la falta de presupuestos que tiene a los gobiernos de Alonso y Rabanera atados de pies y manos. No en vano, su minoría impide a ambos ejecutivos aprobar presupuestos desde el año 2003.

No obstante, antes de presentar las iniciativas, el PNV quiere testar al resto de formaciones de la oposición. «Nos pondremos en contacto con todos los partidos», apuntó Iñaki Gerenabarrena quien adelantó que la propuesta de gobierno alternativo al del Partido Popular estaría formada por el tripartito. 

El Cabreo del PNV

Por Narrador - 5 de Septiembre, 2005, 2:51, Categoría: General

Al PNV no parece haberle satisfecho que le PSOE no apoye sus mociones de censura en la Diputación de Alava y el Ayuntamiento de Vitoria. Su ansia de poder es infinita y queda claro a la vez su desprecio al constitucionalismo, el autonomismo (gracias al cual gobierna) y la Unidad de España. Ciertamente las caretas se van cayendo sin demora.

DEIA

Sábado, 3 de septiembre de 2005

De lo dicho a lo hecho en Araba

Editorial

El PSE no apoyará la moción de censura que anunció ayer el PNV contra Rabanera y Alonso, diputado general y alcalde, respectivamente, de la Diputación de Araba y el Ayuntamiento de Gasteiz. La negativa socialista deja en agua de borrajas la iniciativa de los nacionalistas alaveses, que ni siquiera verán admitida a trámite su moción en el Ayuntamiento, donde no tienen los votos suficientes. Podrán superar el trámite en la Diputación, pero sólo eso, porque no disponen de la mayoría suficiente sin los votos del PSE. Salvo giro copernicano de los socialistas, que no se espera, las mociones nacionalistas no prosperarán. Pero eso no quiere decir que su iniciativa haya fracasado.

Es cierto que Rabanera y Alonso agotarán seguramente lo que resta de legislatura hasta la primavera de 2007, y lo harán gracias a la inhibición del PSE, lo que en boca del PNV podría traducirse por la coletilla matemática, "como queríamos demostrar". En efecto, las mociones de censura iban dirigidas a los gobiernos del PP, pero en su trayectoria alcanzaban también el PSE. Y los socialistas se han retratado eligiendo seguir sosteniendo en precario en Araba a quienes intentan cortarles la hierba debajo de los pies en Madrid. En la nota en la que justificaban su negativa a apoyar las mociones, hacían referencia a su apuesta por gobiernos constitucionalistas, autonomistas y progresistas. El PSE ha optado pues en Araba por el constitucionalismo y el autonomismo, en definitiva por la defensa de la sagrada unidad de España cuya bandera enarbola con tanto brío el PP. Porque atribuirle a ese partido el carácter de progresista, y que lo haga el PSE, es una pirueta dialéctica que trata, sin conseguirlo, de ocultar o disimular la primera parte del aserto. También se refería el PSE en su nota a la necesidad de buscar gobiernos sólidos y estables. Lo dicen quienes están apoyando dos gobiernos (el de la Diputación y el del Ayuntamiento) en minoría y con los presupuestos prorrogados desde 2003, el año en el que se constituyeron, porque ni ellos mismos les prestan sus votos. A Rajoy no le hará falta pedirle explicaciones a Zapatero cuando se reúnan el lunes. El baluarte del españolismo en Euskadi está a salvo al menos hasta las próximas elecciones.

El Consejo Consultivo Aprecia Inconstitucionalidad en 20 Artículos del Estatuto Catalán

Por Narrador - 5 de Septiembre, 2005, 1:15, Categoría: Estatuto Catalán

El Estatuto, la única actividad del gobierno autónomo catalán camina inexorablemente hacía el fracaso. Los artículos del Estatuto catalán que el Consejo Consultivo de la Generalitat considera inconstitucionales total o parcialmente son 20, según refleja en su edición de hoy EL PAIS. Además, otros 35 artículos podrían ser de dudosa constitucionalidad en función de cómo se interpreten. Así consta en el dictamen elaborado por este organismo y que será entregado el próximo lunes al Parlamento de Cataluña. El informe califica también de inconstitucionales otras 16 enmiendas sometidas a discusión, la mayoría de ellas presentadas por CiU y ERC. Mientras, el primer secretario del PSC, José Montilla, afirmó ayer que el dictamen del Consultivo "no se puede ignorar" y recordó que todos los grupos lo solicitaron, por lo que, pese a "no ser vinculante", consideró que ha de servir "para algo". En su opinión, el hecho de que las conclusiones se hayan aprobado por una mayoría de cuatro a tres en el seno del Consejo no las desautoriza. Precisamente, José Montilla presentó ayer la campaña que va a lanzar en los próximos días el PSC destinada a movilizar a la opinión pública a favor del Estatuto.

EL MUNDO

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL GOVERN NO EXIGIRÁ AL ESTADO EL 50% DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

BARCELONA.- El Govern eliminará de su propuesta de financiación la cifra concreta del 50% con la que se establece el porcentaje máximo de recaudación que correspondería al Estado en los impuestos de la Generalitat. De esa forma, según informaron a Efe fuentes próximas a la Generalitat, el tripartito catalán pretende adaptar su modelo al dictamen del Consell Consultiu, que considera inconstitucionales algunos puntos del texto.

Fuentes cercanas al PSC confirmaron a este diario que la intención del Ejecutivo de Pasqual Maragall pasa por corregir todos los puntos conflictivos para que el Estatut no supere los límites de la Constitución. En ese sentido, también está prevista una nueva redacción del artículo referido a la capacidad normativa, que reconocería de manera implícita que esta potestad fiscal no es exclusiva de la Generalitat.

Existe «consenso» entre los partidos que apoyan al Govern para introducir esas dos modificaciones en el modelo de financiación, al considerar que no afectan a la esencia de la propuesta. Asimismo, los responsables de los tres partidos consideran que esos cambios no perturban sus intereses de llegar con éxito a las negociaciones finales con CiU.

La pretensión del tripartito es no complicar las conversaciones con los nacionalistas, así como conseguir la seguridad necesaria para que el Congreso no pueda poner grandes barreras a la aprobación del Estatut, que podrían ser mayores si se desoyera al Consell Consultiu.

Los retoques en el modelo de financiación del tripartito se introducirán de forma inmediata. El próximo día 7, el líder de la oposición, Artur Mas, será recibido por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. Tras este encuentro está previsto que se vuelva a reunir la comisión técnica integrada por representantes del tripartito y de CiU para intentar acercar posiciones en esta situación.

Aunque el Govern ha aplazado cualquier reflexión sobre su propuesta hasta conocer de forma oficial el dictamen del Consultiu, el conseller de Economía, Antoni Castells, avanzó ayer que confía en que las objeciones que haga este organismo a la propuesta de financiación del tripartito sean «solventables».

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL CONSEJO CONSULTIVO VE INCONSTITUCIONALES 20 ARTÍCULOS DEL PROYECTO DE ESTATUTO CATALÁN

Pere Ríos

El organismo pone reparos a otros 35 apartados en función de cómo se interpreten

Los artículos del Estatuto catalán que el Consejo Consultivo de la Generalitat considera inconstitucionales total o parcialmente son 20. Además, otros 35 artículos podrían ser de dudosa constitucionalidad en función de cómo se interpreten. Así consta en el dictamen que ha elaborado este organismo y que será entregado el próximo lunes al Parlamento de Cataluña, un mes después de que se iniciaran las discusiones de los siete juristas que lo componen. El informe califica también de inconstitucionales otras 16 enmiendas sometidas a discusión, la mayoría de ellas presentadas por CiU y ERC.

Los artículos del Estatuto catalán que el Consejo Consultivo de la Generalitat considera inconstitucionales total o parcialmente son 20. Además, otros 35 artículos podrían ser de dudosa constitucionalidad en función de cómo se interpreten. Así consta en el dictamen que ha elaborado este organismo y que será entregado el próximo lunes al Parlamento de Cataluña, un mes después de que se iniciaran las discusiones de los siete juristas que lo componen. El informe califica también de inconstitucionales otras 16 enmiendas sometidas a discusión, la mayoría de ellas presentadas por CiU y ERC.

El texto del proyecto de reforma del Estatuto que aprobó la comisión del Parlamento catalán a finales del pasado mes de julio consta de 218 artículos, además de las disposiciones adicionales, transitorias y finales y enmiendas.

El dictamen que el próximo lunes hará público el Consejo Consultivo considera que 20 de esos artículos rebasan el marco constitucional. De los de mayor trascendencia política es la disposición adicional primera, que reconoce y actualiza los derechos históricos de Cataluña y los usa de argumento para el blindaje de algunas competencias, tal como aprobó la comisión parlamentaria el pasado mes de julio con los votos de CiU y Esquerra Republicana. El dictamen juzga inconstitucionales aspectos parciales de la propuesta de financiación del tripartito recogida en el título VI del Estatuto. Fuentes del Gobierno catalán expresaron su satisfacción porque consideran que las propuestas del tripartito han sufrido escasos retoques, mientras que las de CiU -en algunas ocasiones apoyadas por ERC- han sufrido un serio revés.

El texto del Consultivo también ha entrado a analizar las 554 enmiendas presentadas por los partidos políticos para su discusión parlamentaria. La más importante de todas ellas que ha sido declarada inconstitucional es la propuesta de financiación que hizo CiU, similar al concierto económico del que gozan únicamente el País Vasco y Navarra.

El dictamen cuestiona la constitucionalidad sobre las competencias que el texto estatutario atribuye a la Generalitat catalana en aspectos que afectan a seguridad pública, enseñanza, inmigración o contratación administrativa que se recogen de manera detallada en el texto.

En otros casos, las objeciones vienen por la forma de interpretar las llamadas relaciones de bilateralidad entre el Estado y la Administración autonómica. Es decir, competencias que son compartidas, pero que el texto estatutario califica de exclusivas para la Generalitat. La opinión del Consejo Consultivo es que, previamente al ejercicio de estas competencias, el Estado y la Generalitat deben ponerse de acuerdo sobre cómo aplicarlas y no se puede actuar de manera unilateral. Del mismo modo, los juristas del Consejo Consultivo consideran que 35 artículos del Estatuto son interpretativos, es decir, que pueden resultar constitucionales o inconstitucionales en función de cómo se apliquen. Por el contrario, todas las competencias compartidas entre el Estado y la Generalitat que se recogen en el nuevo Estatuto se declaran constitucionales por el Consejo Consultivo.

Para ampliar el marco de competencias de la Administración autonómica y darle encaje legal, el texto del Estatuto propone la modificación de seis leyes, así como de aquellas que regulen un organismo o un ente y la Generalitat tenga competencias para designar a sus representantes. Pues bien, el Consejo Consultivo considera también inconstitucional ese apartado. Se trata de la disposición adicional novena del Estatuto, que prevé la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de Régimen electoral o la ley reguladora de las distintas modalidades de referéndum.

200 páginas

Otras dos leyes que el Estatuto propone modificar para ampliar las competencias de la Generalitat son la que regula el Estatuto del Ministerio Fiscal y la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

El informe del Consejo Consultivo que el próximo lunes entregará el presidente de este organismo, Joaquim Tornos, al del Parlamento, Ernest Benach, ocupa unas 200 páginas. Aunque se trata de una ponencia conjunta, el texto ha sido elaborado de manera separada por los diversos consejeros después del debate y la votación. Muchos de ellos anunciaron durante las deliberaciones que formularían votos particulares que se incorporarán al dictamen como anexo. La mayoría de esas objeciones procederán de los consejeros Jaume Camps y Agustí Bassols, nombrados a propuesta de CiU, así como de Jaume Vernet, propuesto en su día por ERC.

Antes de que se iniciasen las discusiones del Consejo Consultivo, Camps y Vernet se opusieron a que se emitiera ese dictamen, al considerar que escapaba a las competencias de ese organismo, aunque los otros cinco consejeros entendieron que debían informar al tratarse de la ley más importante que pueda elaborar el Parlamento catalán y dado que la solicitaron la totalidad de los grupos parlamentarios.

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL TRIPARTITO CORREGIRÁ LA PROPUESTA DE FINANCIACIÓN

Enric Company

El Gobierno catalán y los tres partidos que lo apoyan corregirán la propuesta de financiación de la Generalitat que figura en el nuevo Estatuto de Autonomía para eliminar los aspectos que el Consejo Consultivo de la Generalitat ha señalado como inconstitucionales.

Una de estas modificaciones será la supresión del tope máximo de participación del Estado en los impuestos cedidos a la Generalitat, que el proyecto había fijado en el 50%.

Otras dos rectificaciones que se propone introducir son la relativa a la capacidad normativa de la Generalitat sobre los impuestos estatales soportados en Cataluña y sobre la coordinación de la Agencia Tributaria de Cataluña y la del Estado.

La voluntad de afrontar estas correcciones fue señalada ayer tanto por el consejero de Economía, el socialista Antoni Castells, como por el secretario general de Esquerra Republicana (ERC), Joan Puigcercós, y el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, que es también presidente de Iniciativa Verds (ICV).

Castells calificó como "solventables" las objeciones del Consultivo a la propuesta. Puigcercós señaló que ahora existe una clara posibilidad de "incorporar algunas de las posiciones de CiU y hallar el punto intermedio" que permita el acuerdo en esta conflictiva parte del Estatuto.

Saura afirmó que es "absolutamente necesario" tener en cuenta el dictamen del Consultivo porque no se puede llevar a las Cortes un texto del que ya en Cataluña se habría señalado la inconstitucionalidad.

CiU: "Exigua mayoría"

En cambio, el líder de la oposición y presidente de CiU, Artur Mas, insistió ayer en que el dictamen del Consejo Consultivo "no ha de condicionar" la decisión de los partidos sobre la propuesta, en particular en los puntos aprobados con una "exigua mayoría".

Esta posición fue criticada ayer por el primer secretario del PSC, José Montilla, quien recordó que en los más de 20 años de existencia del Consejo Consultivo nunca se han valorado sus dictámenes en función de si se apoyaban en mayorías más o menos amplias.

Los socialistas han decidido sacar a la calle la presión sobre CiU para que se avenga a apoyar la reforma del Estatuto. A este efecto han lanzado una campaña de publicidad bajo el eslogan Ganemos el estatuto, ahora. A partir de hoy se colocarán 200 vallas publicitarias de carretera y 500 pancartas en pueblos y ciudades.

La campaña durará dos semanas, que es el período en el que van a tomarse las decisiones definitivas para que el proyecto de Estatuto alcance el apoyo de los dos tercios del Parlamento catalán, que todavía no tiene, porque CiU rechaza el título de la financiación y el PSC, el de las competencias.

EL PAIS

Sábado, 3 de septiembre de 2005

LA MITAD DE LAS DECISIONES SE TOMARON POR 4 VOTOS A 3

P. R.

El Consejo Consultivo de la Generalitat fue creado en febrero de 1981 siguiendo la previsión del artículo 41 del vigente Estatuto de Autonomía. Se trata de un organismo singular nacido al inicio del mandato de Jordi Pujol y cuyo estatuto es una mezcla de concepciones, siguiendo la doctrina practicada por los nacionalistas de reproducir instituciones del Estado a escala autonómica. Por ello, el Consultivo tiene semejanzas con el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e incluso con el Tribunal Constitucional.

El informe que emitirá el próximo lunes es el más importante de todos los que ha redactado en sus 24 años de actividad. Cinco de los siete integrantes del Consejo Consultivo son nombrados a propuesta del Parlamento catalán y los otros dos los designa el Gobierno de la Generalitat.

Esta fórmula, similar en parte a la empleada para designar a los vocales del Poder Judicial, induce a pensar que los consejeros acaben defendiendo los planteamientos de quienes les han propuesto. En las discusiones del Estatuto catalán no siempre ha sido así.

Los vocales propuestos por PSC, ICV-EUiA y PP son cuatro y los de CiU y ERC son tres. El resultado de la votación en más de la mitad de los casos ha sido de cuatro a tres. En el resto se han dado resultados de cinco a dos y hasta de seis a uno sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos.

Informes a petición

Durante muchos años, el Consejo Consultivo ha servido como aval jurídico de la Administración catalana, pues sus informes se han empleado, a menudo, para justificar la presentación de recursos de inconstitucionalidad por parte de la Generalitat catalana o del Parlamento autónomo contra leyes aprobadas en las Cortes y que se presuponía que podían invadir competencias autonómicas.

Los dictámenes del Consejo Consultivo no solamente no son vinculantes, sino que ni siquiera son preceptivos y únicamente se emiten si los reclama el Gobierno de la Generalitat, la Mesa del Parlamento catalán o una décima parte de sus diputados, los jueces y tribunales del orden civil con sede en Cataluña o bien el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán.

Con el cambio político producido en Cataluña, el Consejo Consultivo se renovó parcialmente. Los dirigentes de CiU no han escondido en los últimos días sus recelos hacia sus decisiones.

ABC

Sábado, 3 de septiembre de 2005

EL PSC RECURRE A UNA CAMPAÑA «EN LA CALLE» PARA FORZAR A CIU A PACTAR EL ESTATUTO CATALÁN

Ángel Marín

ERC aboga por asumir algunas propuestas de CiU en materia de financiación pese a que el Consejo Consultivo las considera inconstitucionales, igual que las del tripartito

BARCELONA. «Ganemos el Estatuto, ahora. Cataluña quiere un gran acuerdo». Es el eslogan de la campaña que ha elaborado el PSC para la recta final de las negociaciones con CiU sobre el Estatuto. En la presentación de esta iniciativa, el ministro de Industria y primer secretario del PSC, José Montilla, realizó ayer un llamamiento a la ciudadanía para que durante la Diada reclame «en la calle» la necesidad de lograr un Estatuto «ambicioso y que sea Constitucional».

La campaña del PSC -colocarán 500 pancartas en las calles y 200 vallas de carretera durante los próximos 15 días- está diseñada para que los catalanes «apoyen nuestras propuestas» y para explicar «los esfuerzos» de los socialistas en conseguir el Estatuto. «Este es un momento histórico para Cataluña y CiU no puede estar al margen», añadió Montilla.

El respeto a la Constitución

En cuanto al «ninguneo» de CiU y ERC al Consejo Consultivo de la Generalitat tras la filtración de su dictamen, que ve inconstitucional algunas de las propuestas en materia de financiación del tripartito y también de los nacionalistas, el ministro subrayó que «cuando se pide un informe al Consultivo es por algo y no para ignorarlo después». «Respetar la ley no debería de ser objeto de discusión por parte de ninguna fuerza política», concluyó Montilla tras resaltar la necesidad de que el nuevo Estatuto «sea ambicioso, pero que también sea constitucional». Una opinión que comparten los líderes de ICV que ayer manifestaron su voluntad de «retocar» los puntos de la propuesta de financiación del Gobierno catalán que el Consultivo considera que no se ajustan a la Carta Magna. El vicepresidente de ICV, Jaume Bosch, anunció que su formación retirará algunas de las 11 enmiendas que aún mantenía vivas y la presentación de otras nuevas para adecuar el texto estatutario al criterio jurídico de este órgano de la Generalitat. Además, instó al resto de partidos catalanes a aceptar las «recomendaciones» del Consultivo para enviar al Congreso «un Estatuto plenamente constitucional».

Pese a que el Consultivo considera también inconstitucional el plan alternativo presentado por CiU, el secretario general de ERC, Joan Puigcercós, abogó ayer por «integrar algunas propuestas interesantes» de los nacionalistas en materia de financiación y añadió que lo que diga o haga el Consultivo sobre la constitucionalidad del Estatuto «no son un dogma de fe».

Por su parte, el presidente de CiU, Artur Mas, reclamó a Maragall que «haga servir su autoridad dentro del PSC» y dé un «golpe de timón» en las negociaciones para conseguir un acuerdo con los nacionalistas y evitar así su «fracaso personal» en este proceso negociador. Mas advirtió al presidente de la Generalitat que «se está jugando su futuro político» si no logra un nuevo Estatuto para Cataluña.