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El Nuevo Estuto Catalán es Inconstitucional

Por Narrador - 3 de Septiembre, 2005, 15:12, Categoría: Estatuto Catalán

Ya no hay duda sobre la inconstitucionalidad del Estatuto propuesto por el Tripartito catalán y CIU. Aún así en una reacción inaudita en la historia de la democracia, los patrocinadores de la reforma parecen escasamente afectados por la referida inconstitucionalidad. A simple vista parece que la Constitución para estos gobernantes es una anécdota que no debe entorpecer su desquiciada ambición sectaria. El Consejo Consultivo de la Generalitat cuestiona la utilización de los derechos históricos como argumento para blindar competencias, según destaca en su edición de hoy EL PAIS. Mientras, el tripartito admite que su propuesta de financiación se encuentra en el filo de la Constitución. El consejero de Economía, Antoni Castells, consideró que el modelo propuesto se encuentra en "el límite de las posibilidades" que ofrece el marco constitucional, aunque reconoció que alguien pueda entender que se sitúa fuera de dicho marco. El primer secretario del PSC, José Montilla, declaró ayer que si bien el dictamen no es vinculante, "no se ha pedido para después obviarlo". Por su parte, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, dijo que la decisión del Consultivo "no es más que un instrumento político del PSC". El líder de CiU, Artur Mas señaló que el Consejo Consultivo "no es más que un órgano asesor".

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL PSC DEFIENDE RESPETAR EL DICTAMEN DEL CONSELL CONSULTIU AUNQUE NO SEA VINCULANTE

Dani Cordero

El organismo también considera inconstitucional invocar los derechos históricos en el Estatut

BARCELONA.- Quizás los dictámenes del Consell Consultiu no sean vinculantes, pero sus trabajos técnico-jurídicos están para hacerles caso. Es la conclusión que defiende el PSC y que le llevará a enmendar los artículos del proyecto de ley del Estatut que el organismo de la Generalitat considera inconstitucionales. Desde el primer secretario del partido, José Montilla, hasta el secretario de Organización, José Zaragoza, opinan así, y el portavoz de la formación, Miquel Iceta, aseguró ayer que «aunque el dictamen no sea vinculante, se tendrán que resolver los puntos que entren en conflicto».

Antoni Castells, conseller de Economía del Govern y principal responsable del proyecto de financiación del tripartito, el mismo que el Consultiu ha puesto en duda en algunos de sus principales atributos, no mostró ayer la misma disposición. Según afirmó el conseller, «El Consell es consultivo; pero no es el Tribunal Constitucional». Su insinuación choca con la de Montilla: «el dictamen no se ha pedido pura y simplemente para después obviarlo y no prestarle la más mínima atención», dijo a Efe. Zaragoza, en la misma línea, afirmó: «Lo que no haremos es aceptar una reforma del Estatut que sea inconstitucional».

Evitar valoraciones

Ayer se supo que el dictamen que emitirá el próximo lunes el Consell Consultiu podría dictar también la inconstitucionalidad de recurrir a los derechos históricos para blindar las competencias. Su opinión va en el mismo sentido en la propuesta de financiación de CiU y en algunos puntos de la elaborada por el tripartito.

De momento, el PSC ha lanzado órdenes a sus miembros para que no valoren las deliberaciones del Consultiu filtradas a la prensa mientras no haya dictamen en firme. La misma premisa figura entre los miembros del Govern. A partir del dictamen definitivo, los socialistas decidirán qué camino toman, aunque ayer el tripartito negó que tuviera un plan B para el caso de que les tumbaran su modelo de financiación. Incluso, en la decisión final pueden pesar los resultados finales de las votaciones.

El conseller de Economía, Antoni Castells, admitió ayer que el modelo de financiación presentado por el tripartito, del que él es su principal ideólogo, podría estar al margen de la Carta Magna, tal y como consideran cuatro de los siete miembros del Consell Consultiu. El responsable económico de los socialistas aseguró ayer que el Govern «hizo una propuesta sabiendo que sacábamos el máximo rendimiento al texto constitucional». Según afirmó, su propuesta de modelo se encuentra «en el límite, pero en la parte de dentro».

Pese a esa apreciación, Castells no negó que esa posición de máximos pueda suponer «el riesgo de salirse» según quien realice el análisis sobre la inconstitucionalidad del texto. Efectuó estas declaraciones tras reunirse con la comisión que negocia por parte del Govern un modelo de financiación consensuado con CiU.

El responsable económico de ERC, Josep Huguet, aseguró que no será lo mismo un dictamen desfavorable por unanimidad que por cuatro votos a tres. «El impacto moral no será el mismo», dijo el dirigente republicano, quien también advirtió que «tan importante será el dictamen del Consultiu como los dos tercios necesarios en el Parlament».

Los miembros del tripartito denunciaron ayer las filtraciones que se han producido en el seno del Consell Consultiu, por las que dijeron sentir «preocupación». En el mismo sentido se pronunció el líder de CIU, Artur Mas, que calificó estos hechos como «esperpénticos» y «muy poco serios».

En todo caso, la posición de CiU no está clara. Ayer, el presidente de la federación, Artur Mas, alertó al tripartito de que quien debe decidir sobre el texto del Estatut es el Parlament, y se encomendó al ajustado resultado previsto en las votaciones para poder rechazar la decisión del Consultiu. Si el organismo queda dividido en las votaciones «significa que tienen dos opiniones, porque si no, no estarían divididos por la mitad. ¿De cuál hemos de hacer caso?», se preguntó.

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, reclamó al PSC que «no se esconda» detrás de ese organismo para justificar recortes en el proyecto de Estatut.

Al margen de las consideraciones que pueda emitir el Consultiu en el dictamen sobre la constitucionalidad del proyecto estatutario, Duran considera que «no hay otro intérprete de la Constitución» que el Tribunal Constitucional.

«Nadie más que el TC puede decirnos lo que se ajusta o no a la Constitución. Por este motivo, «el Consultiu no debe aprobar el Estatut ni debe condicionarlo, sino que lo debe aprobar el Parlament».

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

PSC Y ERC DISCREPAN EN PÚBLICO POR EL VARAPALO DEL CONSULTIVO AL ESTATUTO

Ángel Marín

La opinión del Consejo de que el plan financiero del tripartito es inconstitucional arroja aún más dudas sobre la reforma, que mantiene unidas a Esquerra y CiU

BARCELONA. No es lo mismo. El gobierno catalán mostró ayer su «preocupación» por que el Consejo Consultivo considere inconstitucional el núcleo de la propuesta elaborada por el tripartito sobre el nuevo sistema de financiación. No obstante, los tres socios del ejecutivo de Maragall coincidieron en defender unánimemente «la legalidad» de su plan financiero y en delimitar «la importancia» política, con matices diferentes según la formación política, de la opinión de este órgano asesor de la Generalitat.

Tras reunirse ayer los tres consejeros -Joan Saura (Relaciones Intitucionales-ICV), Antoni Castells (Economía-PSC) y Josep Huguet (Comercio-ERC)- que llevan el peso de las negociaciones con CiU, actualmente encalladas precisamente en el modelo de financiación, el representante de la hacienda catalana reconoció que la propuesta del tripartito está en «el límite» de la Constitución y admitió la posibilidad de que algunos consideren que «nos hemos pasado de la raya tres centímetros».

«Una falta de respeto»

El consejero socialista defendió la validez del Consultivo ante los ataques de CiU que ayer deslegitimó este órgano porque su dictamen afecta «negativamente» a los intereses de Cataluña. «He oído declaraciones de algunos dirigentes de CiU que suponen una falta de respeto preocupante a las reglas de juego, y más por parte de aquellos que han gobernado durante 23 años», dijo Castells tras reclamar «más respeto» a todas las instituciones catalanas.

El consejero de Economía aseguró que «lo que diga el Consultivo, obviamente, puede influir en la decisión política», y subrayó que «no tienes la misma autoridad y fuerza para defender el Estatuto en el momento de la verdad en Madrid si el Consultivo dice que nuestra propuesta financiera es incostitucional». No obstante, matizó que el dictamen de este organismo «no es decisorio» porque «no es un Tribunal Constitucional que emita sentencias».

«¿Por qué no podemos ir más allá?»

El consejero de ERC afirmó, por su parte, que el Consultivo tiene «todo el respecto institucional», al mismo tiempo que se interpelaba «¿por qué no podemos ir más allá?» de lo que digan los dictámenes de este consejo de la Generalitat. Para Huguet, es más «urgente» llegar a acuerdos definitivos con CiU para «construir una mayoría de dos tercios» en la Cámara catalana, necesaria para aprobar el nuevo Estatuto, y reiteró que para su partido el Consultivo sólo emite «recomendaciones» de un ente asesor. Una opinión que comparten al cien por cien los líderes nacionalistas.

El presidente de CiU, Artur Mas, subrayó ayer que «los informes que hacen no son vinculantes» y señaló que quien debe decidir el texto final del Estatuto es el Parlamento de Cataluña. «El que está pendiente del Consultivo es el PSC, que ve su dictamen como agua de mayo», dijo el jefe de la oposición.

La mayoría de los siete vocales de este organismo -los dos propuestos por el PSC y otros dos a instancias de ICV y PP- duda de la constitucionalidad del plan financiero del tripartito, de la propuesta alternativa de CiU y de la invocación de los derechos históricos para blindar el Estatuto de Cataluña.

Por su parte, el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, evitó realizar valoraciones políticas sobre el contenido de «las filtraciones» y añadió que «esperaremos a conocer de forma oficial el dictamen del Consultivo para reflexionar».

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL CONSEJO CONSULTIVO DESAUTORIZA ELEMENTOS SUSTANCIALES DE LA REFORMA DEL ESTATUTO CATALÁN

Enric Company

El órgano asesor rechaza la vinculación entre derechos históricos y competencias

A falta de que el Consejo Consultivo de la Generalitat entregue oficialmente el lunes su dictamen sobre el Estatuto catalán, los partidos han tomado nota ya de que contendrá la desautorización de algunos elementos sustanciales de la reforma. Habrá disgustos para todos. Los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU) perderán en esta batalla su apuesta por el concierto económico, Esquerra Republicana (ERC) y CiU la que han dado para amparar las competencias de la Generalitat en los derechos históricos. Los socialistas han perdido su lucha contra el blindaje de competencias. Al sistema de financiación elaborado por los tres partidos del Gobierno catalán habrá que retocarle por lo menos tres artículos.

Después de que EL PAÍS publicara el miércoles que el Consejo Consultivo considera inconstitucional aplicar en Cataluña un modelo de concierto económico, ayer se supo que también estima no constitucionales varios aspectos de la propuesta de financiación elaborada por el tripartito. A ello se añade que la mayoría de miembros del Consejo Consultivo tampoco juzga constitucional la disposición adicional primera del proyecto, que ampara ocho competencias de la Generalitat en los derechos históricos de Cataluña, según publicó ayer El Periódico de Catalunya.

La posición del Consejo Consultivo sobre los derechos históricos fue apuntada ya a mediados de agosto por su presidente, Joaquim Tornos, cuando señaló que "caben" en el Estatuto, pero que otra cosa es su utilización concreta para atribuir y amparar competencias a la Generalitat. Esto se ha traducido en la decisión de la mayoría del Consultivo de no cuestionar el artículo 5 del proyecto del nuevo Estatuto. Es el que dice que "el autogobierno de Cataluña se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán, que este Estatuto incorpora y actualiza".

Pero en cambio, el Consultivo sí ha decidido rechazar la disposición adicional en la que se señala que esta actualización ampara, especialmente, el régimen de financiación de la Generalitat; la organización de las administraciones públicas catalanas y su régimen jurídico y de función pública; la organización territorial y el régimen local; el derecho civil; el régimen lingüístico en Cataluña; la educación; la cultura; y la seguridad pública.

La invalidación de esta vía impide uno de los trueques que Esquerra Republicana impulsaba para acercar las posiciones de PSC y CiU, que consistía en limitar a cuatro o cinco las competencias de la Generalitat susceptibles de ser "amparadas" en los derechos históricos, en vez de las ocho que defienden CiU y la propia ERC. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se adentró por este camino la semana pasada al indicar, enfáticamente, cuatro ámbitos en los que Cataluña ha tenido en el pasado su propio derecho civil, su propia lengua y cultura y su propia organización territorial, lo que parecía un punto medio susceptible de ser aceptado por todos.

La reacción de los dirigentes de los partidos catalanes tras conocer las decisiones que contendrá el dictamen del Consejo Consultivo fueron desiguales. Los socialistas se mostraron dispuestos a asumir las consecuencias del dictamen y a enmendar los correspondientes artículos del proyecto para adaptarlos a la Constitución. Los nacionalistas de CiU, en cambio, relativizan las posiciones del Consejo según sean adoptadas por unanimidad o por mayoría.

El primer secretario del PSC, José Montilla, declaró a Efe que el dictamen "no se ha pedido para después obviarlo". Y eso, a pesar de que una de las decisiones del Consultivo que también han trascendido es la de considerar constitucional el sistema de blindaje de las competencias de la Generalitat utilizado en la reforma del Estatuto, al que los socialistas habían presentado numerosas enmiendas.

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, aseguró sin embargo que lo publicado ayer y anteayer sobre la decisión del Consultivo "no es más que un instrumento político del PSC". Según Duran, los socialistas "tapan" con este dictamen "su incapacidad para defender los intereses de Cataluña". El presidente de CiU, Artur Mas, señaló también que el Consejo Consultivo "no es más que un órgano asesor y los informes que hace no son vinculantes".

Fuentes del Gobierno catalán se mostraron muy cautas. Indicaron que, a falta de conocer el dictamen, cabe valorar positivamente que no sea "unidireccional" y que todos los partidos puedan ver ratificadas o rechazadas algunas posiciones. "Esto puede aportar un punto de encuentro objetivable" en las negociaciones que se emprenderán la próxima semana, agregaron.

Pese a las reticencias, un criterio similar fue expuesto por el diputado de CiU Francesc Homs, cuando señaló que "ha habido ratificaciones y rectificaciones para todos", refiriéndose particularmente a CiU y al PSC. La previsión es que, después de que ayer el Consejo Consultivo votará el dictamen, sus miembros dediquen los próximos días a redactar los votos particulares, y el lunes sea entregado al Parlamento catalán. El presidente Maragall abre el miércoles con Artur Mas una nueva ronda de negociaciones.

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

CASTELLS ADMITE QUE LA PROPUESTA DE FINANCIACIÓN DEL TRIPARTITO ROZA EL LÍMITE CONSTITUCIONAL

Claudi Pérez

La propuesta de financiación del Gobierno catalán está dentro de los límites de la Constitución Española. Pero tan en el límite que "existe el peligro de que alguien crea que lo traspasa", admitió ayer Antoni Castells, consejero de Economía y Finanzas del Ejecutivo catalán. Castells se reunió con el consejero de Comercio y Turismo, Josep Huguet (ERC), y el titular de Relaciones Institucionales, Joan Saura (ICV-EUiA), para analizar el estado de las negociaciones con CiU sobre el título de financiación del Estatuto.

Los tres consejeros evitaron pronunciarse sobre el dictamen del Consejo Consultivo, que juzga inconstitucional la propuesta de CiU y cuestiona artículos de la propuesta del Ejecutivo autónomo que hacen referencia a la agencia tributaria propia, la capacidad normativa sobre los impuestos y el porcentaje de participación del Estado sobre los impuestos recaudados en Cataluña (un máximo del 50%). Aún así, Castells reconoció que la propuesta de financiación presentada por el tripartito "busca extraer las máximas posibilidades del texto constitucional". "Cuando una propuesta se sitúa en el límite corre el peligro de que alguien crea que ese límite se ha traspasado, aunque sólo sea por unos centímetros", dijo.

"Lo que dictamine el Consejo Consultivo, obviamente, puede incidir en la decisión política final sobre la financiación", admitió Castells. El consejero, sin embargo, recordó que este órgano "no tiene carácter decisorio ni ejecutivo", ni tampoco es "un Tribunal Constitucional que emita sentencias".

Pacto con CiU

El dictamen del Consultivo no se conocerá oficialmente hasta el próximo lunes, pero las lagunas constitucionales que ha detectado este organismo dificultan aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo de amplio espectro sobre el título de financiación que se incluirá en el Estatuto. Saura y Huguet defendieron la "necesidad" de un pacto con CiU, "tanto por la aritmética política como por el convencimiento de que la unidad de fuerzas es esencial para que el Estatuto salga adelante" en Madrid. Pero el acuerdo con la federación nacionalista dista mucho de estar cercano. "De alguna manera hemos perdido la batalla antes de empezarla", resumió Huguet ante las dificultades que encuentra el tripartito para pactar.

Los tres consejeros rechazaron evaluar la reciente propuesta convergente sobre financiación. CiU plantea "blindar" la propuesta que finalmente se incluya en el Estatuto con el objetivo de que ninguna ley estatal condicione el texto que apruebe el Parlamento catalán. Huguet tendió una mano al partido que lidera Artur Mas y aseguró que ni la coalición ni el Ejecutivo catalán "defienden un modelo a la vasca", ya que ambas propuestas incluyen un mecanismo de solidaridad interterritorial.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

ZAPATERO CONFÍA EN LA «BONDAD» DE LA REFORMA DEL TEXTO CATALÁN

El jefe del Ejecutivo dijo tener «la mejor disposición» y su «plena vocación» de comprometerse para que haya un acuerdo para mejorar el autogobierno de Cataluña

GIJÓN. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó ayer su confianza en las fuerzas políticas catalanas y en la «bondad» de la reforma de su Estatuto y garantizó la «mejor disposición» de comprometerse para lograr un acuerdo ante esa modificación. Zapatero se refirió al proceso de reforma del Estatuto de Cataluña en una comparecencia ante los medios informativos en Gijón antes de visitar las obras del puerto de esta ciudad.

El jefe del Ejecutivo dijo tener «la mejor disposición» y su «plena vocación» de comprometerse para que haya un acuerdo. Un acuerdo que, a su juicio, sería muy bueno para Cataluña, para el conjunto de España y para los ciudadanos catalanes en la perspectiva de una mejora de los servicios públicos.

La «tranquilidad» de Montilla

El primer secretario del PSC y ministro de Industria, José Montilla, aseguró, por su parte, que le «tranquiliza» la decisión de Zapatero de asumir personalmente la dirección del proceso de reformas de los estatutos de autonomía. Montilla señaló a Efe que la intervención del presidente del Gobierno será suficiente para evitar «interferencias» en el proceso de negociación de la reforma del Estatuto catalán. Preguntado sobre si el PSC tiene intención de pedir en el Comité Federal del PSOE del próximo sábado que se eviten dichas «interferencias», respondió: «No lo vamos a pedir, simplemente lo vamos a practicar».

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL TRIPARTITO ADMITE QUE SU TEXTO PUEDE REBASAR EL LÍMITE DE LA LEY

Tate Santaeulària

El Gobierno catalán mantiene su financiación aunque el Consultivo crea que es inconstitucional

Barcelona- Los denominados padres de la propuesta de financiación autonómica, Antoni Castells (PSC), Joan Saura (ICV) y Josep Huguet (ERC) se reunieron ayer, tal y como estaba previsto, para retomar las negociaciones sobre el modelo económico catalán. Lo que no estaba previsto era la sorpresa, añadida a última hora, de que el Consejo Consultivo juzgara el núcleo de su planteamiento como inconstitucional. Sin embargo, el jarro de agua fría no parecía importar demasiado a los miembros del tripartito que comparecieron ayer, con exacerbada alegría, ante los medios.

Concretamente el conseller de Economía, Antoni Castells, reconoció comprender que alguien pueda ver la propuesta financiera del Govern fuera de la Carta Magna. Castells recordó que cuando el Ejecutivo dio a conocer su modelo ya advirtió que se había situado al límite de lo que la Constitución les permitía. Así pues, «ciertamente existe el riesgo de que alguien opine que nos hemos pasado tres centímetros» de la Ley fundamental, concluyó el conseller.

El titular de Economía aprovechó el revés del Consultivo para señalar, como quien no quiere la cosa, que todos creen que la propuesta del tripartito es ambiciosa salvo CiU, «incluso a veces de forma ruidosa desde fuera de Cataluña». No obstante, reiteró el compromiso y la unidad del Ejecutivo catalán en torno al modelo acordado que sienta y sentará las bases de la financiación catalana. Hasta el punto que llegó a señalar que «no aceptará lecciones de ninguna otra formación política».

Sin más, los padres del tripartito no quisieron entrar en las consecuencias de la inconstitucionalidad detectada por el ente institucional a la espera de conocer cómo se exprese el Consejo Consultivo en los puntos de la solidaridad y capacidad normativa. Sí admitieron, no obstante, que el gobierno catalán no tiene «un plan B» ni una alternativa a la propuesta del tripartito. Además, los tres miembros del Ejecutivo coincidieron en recordar que «el Consultivo no es vinculante, y aunque sería bueno seguir sus recomendaciones, podría imponerse el acuerdo político».

El conseller Huguet (ERC) quiso también recordar el papel del Consultivo, y desde el máximo respecto a la institución subrayó que «el pacto político puede perfectamente quedar en algún tema por debajo de lo que sería constitucional» y «en algún tema podría ir un poco más allá», con el riesgo de que lo «recorten» en la negociación en Las Cortes. ERC cerró filas con el tripartito catalán y lanzó un mensaje claro a CiU al explicar que siempre se ha defendido como ideal el concierto vasco pero cuando se ha concretado, nunca ningún partido en Cataluña, ni ERC, ha planteado desmarcarse de la cuota solidaria». «Nadie defiende el modelo foral en Cataluña», sentenció.

Las propuestas de ERC. A este respecto el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, consideró también ayer «muy curioso» que el Consejo Consultivo vea inconstitucionales precisamente las aportaciones de ERC en la propuesta de financiación del tripartito. No obstante, el dirigente nacionalista restó relevancia al dictamen de este órgano de la Generalitat – «no debe condicionar el Estatut»– y acusó al PSC de «esconder la cabeza bajo el ala» para disimular su incapacidad a la hora de mantener sus planteamientos en la reforma estatutaria.

Por su parte el secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, afirmó que hace pocos días CiU consideraba vinculantes los dictámenes del Consultivo, y recordó que «fue CiU quien pidió que el Consejo Consultivo opinase sobre su modelo de financiación». «Llevamos 18 meses de negociaciones y Artur Mas reconoce públicamente que no se ha movido nada» de su planteamientos iniciales, dijo.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

DERECHOS HISTÓRICOS EN ENTREDICHO

El Consejo Consultivo parece dispuesto a pulir cualquier posible inconstitucionalidad del proyecto de ley del Estatut de Cataluña. Después de que trascendiera que cuatro de los vocales juzgan inconstitucional el núcleo de la propuesta de financiación del tripartito también se supo que recelan de los derechos históricos, entre otras. Dos vocales, uno de ERC y el otro de CiU han emitido un voto particular mediante el que impugnan la totalidad del dictamen.

Derechos históricos. La mayoría de los vocales creen que no se puede apelar a los derechos históricos como pretende la disposición adicional primera aprobada por ERC y CiU para blindar las competencias. En el caso de los derechos históricos el Consultivo sólo admite como constitucional la referencia genérica a los mismos, que carece de validez jurídica.

Competencias. También dictan como inconstitucional el intento de los partidos catalanes de obtener competencias en puertos y aeropuertos, así como intervenir en el régimen económico de los elementos que integran la red viaria. Tampoco creen que puedan obtener la competencia exclusiva en enseñanza.

Traspasos. Los traspasos mediante leyes orgánicas que figuran en el proyecto de ley estatutario y que afectaría hasta a 10 materias de competencia estatal, el Consultivo cree por unanimidad, salvo el PP, que es constitucional.