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El Impuestazo

Por Narrador - 3 de Septiembre, 2005, 18:25, Categoría: El Impuestazo

La solución ZP para resolver la ‘deuda sanitaria’ es más impuestos. Todas las Comunidades Autónomas han rechazado la propuesta con independencia del partido político al que pertenece su gobierno, aunque EL PAIS lo presente de otro modo. El Gobierno presentó ayer su propuesta para sufragar el déficit sanitario, que incluye subidas de los impuestos que gravan el tabaco, el alcohol, los combustibles y el consumo eléctrico. Además, el Gobierno ofrece una aportación del Estado de 1.000 millones de pesetas en dos años. La propuesta, presentada a los medios de comunicación por el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla y la titular de Sanidad, Elena Salgado, será debatida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para el día 7 y en la Conferencia de Presidentes del sábado 10. El documento remitido por el Ejecutivo a las autonomías plantea un incremento del 10% en el impuesto sobre el alcohol y de aproximadamente un 5% en el del tabaco. Además, permite que las comunidades autónomas dupliquen hasta 4,8 céntimos por litro su recargo sobre las gasolinas y aumenten en dos puntos el impuesto sobre la electricidad. Estas medidas supondrían unos 2.000 millones de euros anuales, a los que habría que sumar los 1.000 millones de euros que aportaría el Estado en dos ejercicios a cuenta de los Presupuestos Generales. EL MUNDO destaca que Zapatero quiere financiar la Sanidad "subiendo cinco impuestos", pero "sin recortar ningún gasto". LA RAZON señala que el "plan sanitario" del Gobierno se "limita" a "un alza de impuestos y a aportar mil millones en dos años". Por su parte, ABC apunta que "el PSOE recurre a una subida de impuestos especiales que atacó desde la oposición". El Partido Popular mostró su oposición a la propuesta del Gobierno por boca de su secretario de Economía, Miguel Arias Cañete, quien tachó la oferta de "parche insuficiente" y concluyó que se trata de "la primera gran subida de impuestos del PSOE". Además, indicó que este planteamiento afectará a la inflación y aumentará las desigualdades, porque contribuye a crear 17 sistemas sanitarios diferentes. Arias Cañete argumentó que en estos momentos hay un exceso de recaudación, de al menos 7.000 millones de euros, y pidió que se utilice este margen financiero para paliar el déficit sanitario.

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

ZAPATERO FINANCIARÁ LA SANIDAD SUBIENDO CINCO IMPUESTOS Y SIN RECORTAR NINGÚN GASTO

Fernando Garea

Elevará un 10% las tasas sobre el alcohol y un 5% las del tabaco - Permitirá a las autonomías que hagan lo propio con la luz, matriculación y gasolina. El PP le acusa de romper su promesa electoral de no aumentar la presión fiscal

MADRID.- El Gobierno anunció ayer que subirá un 10% el impuesto sobre el alcohol y un 5% el del tabaco y permitirá a las comunidades autónomas elevar los tributos de los carburantes, la luz y la matriculación de vehículos.

Todo para paliar el déficit de la Sanidad en un plan que permitiría recaudar hasta un máximo de 3.300 millones de euros en dos años. En el plan que se someterá a las comunidades no hay recorte de gasto en otras partidas presupuestarias, más allá de principios generales para mejorar la gestión sanitaria transferida a las autonomías.

La propuesta fue presentada ayer oficialmente por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y los ministros de Administraciones Públicas y Sanidad, Jordi Sevilla y Elena Salgado, respectivamente.

Ayer mismo fue enviada con detalle a las comunidades; será negociada por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy el lunes en La Moncloa; deberá ser aprobada el miércoles por los representantes autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y, si hay acuerdo, será rubricada políticamente el día 10 en la segunda Conferencia de Presidentes Autonómicos.

Luego, el Gobierno tendrá que plasmar una parte en los Presupuestos para 2006 y la que afecta a los impuestos autonómicos deberá incluirse en una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que se tramitará en las Cortes.

Por el momento, el plan tiene el rechazo inicial del PP y el Gobierno admite en privado que será difícil modificar esa negativa, entre otras cosas porque los populares no han resistido la tentación y no renuncian a forzar a Zapatero a asumir el coste político del anuncio de subida de impuestos, ni quieren compartir de inicio las contraindicaciones de la impopular decisión.

No obstante, fuentes del Ejecutivo sí confían en lograr el apoyo de algunas autonomías como la Comunidad Valenciana y Baleares, donde gobierna el PP y donde resulta insostenible la situación financiera de la sanidad.

En todo caso, el PSOE tiene mayoría en el Consejo de Política Fiscal y el Ejecutivo no tiene inconveniente en llegar a la Conferencia de Presidentes con la visualización del rechazo del PP a la propuesta. Esta Conferencia sólo tiene, por el momento, carácter político, sin regulación institucional o legal y, por tanto, no hay previsión sobre mayorías necesarias o acuerdos. Es decir, deberá limitarse a oficializar el acuerdo del Consejo de Política Fiscal o, en su caso, plasmar el desacuerdo de las comunidades que no compartan la propuesta.

El ministro Jordi Sevilla ha mantenido ya contactos con todas las comunidades gobernadas por el PSOE y, en principio, la acogida ha sido positiva a la espera de su concreción y su modificación según los márgenes de negociación previstos por el Ejecutivo.

Según explicó ayer el Gobierno, la propuesta parte de la constatación de que el actual modelo de financiación, aprobado en 2001, con el PP en el poder, es insuficiente para financiar la sanidad, transferida a las comunidades.

Ni siquiera es posible aplicar las cláusulas de corrección previstas en ese acuerdo, debido a que los incrementos de población que provocan ese déficit se han producido de forma heterogénea.

La filosofía del Gobierno es la de sostener que el Estado puede hacer un esfuerzo para paliar ese déficit, pero que las comunidades deben asumir el coste político de ejercer la corresponsabilidad fiscal y subir los impuestos que tienen transferidos.

Es decir, que el Estado no sea quien, cada cierto tiempo, solucione los problemas de la sanidad autonómica, asumiendo en exclusiva el coste político de la subida de impuestos o del recorte de otras partidas.

Para ello, el Gobierno plantea una aportación presupuestaria directa durante los dos próximos años, un incremento de los impuestos estatales sobre el alcohol y el tabaco y, en paralelo, dar a las comunidades mayores facultades para elevar los tributos de los carburantes, de la luz y de matriculación. No se tocan impuestos directos y progresivos, como el IRPF y Patrimonio.

La aportación presupuestaria sería de 1.000 millones en dos años, pendiente de la negociación de la próxima semana. En paralelo, el Gobierno central subiría un 10% el impuesto sobre el alcohol y un 5% el del tabaco, para obtener unos ingresos estimados en unos 127 millones de euros. Parte de esa recaudación iría también a las comunidades.

El esfuerzo del Estado se completa con el aumento transitorio de los anticipos a cuenta por los impuestos cedidos. Por este concepto, la aportación puede ser de unos 800 millones de euros.

El dinero procedente del Estado se repartiría según el criterio del modelo de financiación en vigor, es decir, el 75% según la población y el otro 25% en función de su envejecimiento.

Las comunidades tendrán también la posibilidad de ejercer de forma plena la capacidad normativa sobre ventas minoristas de hidrocarburos e impuestos sobre algunos medios de transporte -matriculación-, hasta lograr unos 696,9 millones de euros.

Podrán también duplicar la capacidad normativa sobre los carburantes hasta llegar a los 819,8 millones y el impuesto sobre la electricidad en dos puntos, para recaudar unos 321,4 millones.

La propuesta se completa con un plan para moderar el crecimiento del gasto sanitario, con medidas genéricas como la mejora de los criterios en la gestión de compras o el uso racional de las tecnologías. No se recortan en ningún caso prestaciones, incluidas en el catálogo básico y común, y las que por su parte incluye cada comunidad en su sistema sanitario.

En todo caso, el plan del Gobierno se basa en el modelo de financiación autonómico en vigor y como solución de urgencia para paliar el déficit actual.

En la práctica, la idea del Gobierno de aprobar un nuevo modelo uniforme y estable basado en los llamados espacios fiscales con los tributos estatales, autonómicos y locales diferenciados se pospone y en ningún caso estará en vigor en esta legislatura.

A diferencia de lo que hizo el Gobierno del PP en 2001, esta vez la aplicación de la propuesta no estará condicionada a que sea firmada por las distintas comunidades. Es decir, aunque sea rechazada por una comunidad, ésta no dejará de recibir la aportación del Estado y tendrá en su mano la posibilidad de ejercer la nueva capacidad normativa sobre algunos tributos que le dará la LOFCA. Luego, ese gobierno autonómico decidirá si sube o no los impuestos.

La propuesta no afecta al País Vasco y a Navarra, que tienen un régimen de cupo. No obstante, el lehendakari Juan José Ibarretxe ha confirmado su asistencia a la Segunda Conferencia de Presidentes que se celebrará en el Senado, aunque el único punto del orden del día no le afecta.

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

HASTA LAS COMUNIDADES DEL PSOE LA ACOGEN CON TIBIEZA

Extremadura considera que la iniciativa del Gobierno «no es la más acertada» y Cataluña la califica de «insuficiente y desequilibrada»

MADRID.- Durante el día de ayer se sucedieron las reacciones de las distintas comunidades autónomas a la propuesta sobre financiación sanitaria del Gobierno. La mayoría de las autonomías gobernadas por el PSOE acogió la proposición con tibieza y coincidió en que habrá que esperar a conocer mejor los detalles. Extremadura y Cataluña la criticaron. Las regiones en las que el PP es mayoría también la reprobaron, en ocasiones con menos dureza de la esperada. Las de la cuenca del Mediterráneo pidieron que se tenga en cuenta el incremento de su población, mientras que Galicia solicitó no ser discriminada por este motivo.

Extremadura (PSOE)

La Junta consideró que la propuesta «no es la más acertada», y que el Ejecutivo debe lograr «el mayor consenso». La consejera portavoz, Dolores Pallero, declaró que no cumple la condición impuesta por el Ejecutivo regional, el mantenimiento del peso de Extremadura en el gasto sanitario nacional, que se sitúa en el 2,95%, como dijo su presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el pasado martes.

Sobre el incremento de los impuestos, señaló que «nunca nos hemos negado a ser corresponsables fiscalmente», pero que «las comunidades deben decidir cómo hacerlo». «La propuesta es mejorable y entendemos que el Gobierno debe hacer un esfuerzo para intentar buscar el máximo consenso», concluyó.

Cataluña (PSC-ERC-ICV)

El conseller de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, estimó que la propuesta es aún «insuficiente» y «un poco desequilibrada», pero la consideró «un paso adelante».Castells señaló que «la cuantía que se pone sobre la mesa, con el conjunto de recursos que se podría obtener, es bastante insuficiente».Añadió que es desequilibrada, pues «pone mucho el acento en que las comunidades suban los impuestos y, en cambio, aporta pocos recursos», informa Europa Press.

Preguntado sobre si se cargaba a las CCAA con demasiada responsabilidad fiscal, consideró que «mientras Cataluña no tenga la llave de todos sus ingresos, hemos de tomar las decisiones entre todos».Castells puso un ejemplo: «La medida sobre tabaco y alcohol, con un aumento en los impuestos, nos proporcionaría sólo 130 millones de euros».

Andalucía (PSOE)

Su consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, afirmó que el modelo «todavía necesita mucho diálogo», pero estimó que tiene elementos positivos. Después de advertir que dar por cierto todo lo que se está planteando ahora mismo es un error, apuntó que tiene elementos positivos, como la existencia de un fondo adicional. «A los dos años de vigencia, el Gobierno de Rodríguez Zapatero aporta 1.000 millones de euros, que son 1.000 millones más que lo que dejó el sistema de financiación del Partido Popular», sentenció.

«Se nos confiere capacidad normativa en determinadas materias fiscales, aparte de que el Estado ha dicho que va a subir alcohol y tabaco, y lo que suba repercutirá notablemente en la recaudación», observó.

Castilla-La Mancha (PSOE)

Su consejero portavoz, Máximo Díaz-Cano, aseguró que la región estaría dispuesta a hacer un esfuerzo «siempre que fuera compartido por el resto de comunidades y de la Administración».Así, agregó que a la hora de establecer los mecanismos de financiación, estarían de acuerdo con que los parámetros fuesen las «características de la población y su dispersión».

Galicia (PSOE-BNG)

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, indicó que el problema del déficit en Sanidad obedece a los problemas que plantea el actual modelo, preconizó su reforma y subrayó que su Gobierno espera plantear una revisión en la próxima Conferencia de Presidentes. Apostó por mantener ciertos criterios que recoge el actual modelo, como que se «tenga en cuenta el envejecimiento demográfico». Opinó que lo contrario beneficiaría a las comunidades del Mediterráneo, «donde la población crece aceleradamente», mientras que «Galicia resultaría perjudicada».

Touriño dijo que no descarta aumentar la capacidad de recaudación fiscal, incluidos los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, aunque eso no resolverá el déficit de financiación.

Aragón (PSOE-PAR)

El consejero de Economía, Eduardo Bandrés, consideró «positivo» el documento sobre financiación. «No nos parece mal jugar con la fiscalidad del alcohol y el tabaco», dijo. Señaló que la iniciativa del Gobierno central «afronta con decisión un problema del sistema financiero, que es la insuficiencia para atender el gasto sanitario», aunque añadió que tal propuesta «es mejorable en las cantidades a distribuir».

Cantabria (PSOE-PRC)

Su consejero de Economía y Hacienda, Angel Agudo, consideró un «primer paso interesante» la propuesta del Gobierno, si bien vio aspectos mejorables, como los criterios de reparto del fondo adicional o la atención a extranjeros. Lo valoró porque «parte de la base de no modificar el actual modelo y propone añadir medidas que mejoren el sistema desde el punto de vista de los ingresos y de la racionalización del gasto sanitario».

El consejero destacó la medida de incrementar los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, y que la parte correspondiente se ingrese en las comunidades.

Canarias (CC)

Su Gobierno aseguró ayer que no apoyará la propuesta del Gobierno para subsanar el déficit, ni subirá los impuestos, sobre todo el de los carburantes, y vaticinó el fracaso de la iniciativa.

Canarias defenderá que el Estado tiene que «aportar mayor cantidad de dinero» y mantiene que el 50% tendrá que estar dedicado «a subsanar» el déficit por el incremento de población. Abogó por que no se obligue a las comunidades autónomas a subir los impuestos, «sino que sea voluntario».

Dijo que va a presentar una propuesta conjunta con Baleares.

Baleares (PP)

La Consellería de Economía y Hacienda consideró que el borrador de propuesta no merece «ningún tipo de valoración» por parte del Govern «porque no se puede asumir». Asimismo, esperó que de, aquí a la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ejecutivo estatal «recapacite» y haga otra propuesta que reconozca los incrementos de población de las islas.

El conseller, Lluís Ramis de Ayreflor, estimó que la aportación estatal para Baleares sería inferior a los 12 millones de euros, un 7,6% de la cifra que el propio Gobierno central valoró como déficit en 2003, que asciende a 144 millones de euros.

Comunidad de Madrid (PP)

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, dijo que «no aceptará de ninguna manera» la subida de impuestos que propone el Gobierno y que los madrileños no pagarán «en el recibo de la luz o en gasolina» lo que le corresponde al Estado.

Aguirre recordó a Zapatero que el Ejecutivo madrileño está «abierto» a cualquier sistema que proponga para mejorar la financiación, pero agregó que, mientras no se apruebe una nueva norma, sigue estando vigente la actual Ley de Financiación Autonómica, que obliga al Estado «a pagar el incremento del gasto» derivado del aumento poblacional. Indicó que no conocía ninguna propuesta oficial sobre el modo en que el Gobierno pretende hacer frente a este incremento, de 775.000 personas en la Comunidad de Madrid.

Recordó que se ha comprometido con los madrileños a no subir los impuestos e incluso a bajarlos.

Murcia (PP)

La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, criticó que el Gobierno central comunicara a los medios de comunicación los detalles del nuevo modelo de financiación «cuando aún no se ha reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, encargado de la materia». Según García, supone una muestra del «talante, la sensatez y el diálogo» del Gobierno socialista.

Castilla y León (PP)

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, tildó de «parchecito» que la financiación se base en la subida de impuestos autonómicos y calificó de «impresentable» que las comunidades no tengan todavía la propuesta oficial del Gobierno cuando faltan nueve días para la Conferencia de Presidentes.

«Quien más recaude, por los motivos que sean, dispondrá de una Sanidad mejor», apuntó, en referencia a los impuestos sobre el tabaco o el alcohol, el céntimo sanitario o el tributo sobre la electricidad.

Por su parte, la vicepresidenta primera y portavoz, María Jesús Ruiz, manifestó que la Junta rechaza la subida de impuestos, y subrayó que Castilla y León no estará sola porque hay comunidades socialistas que tampoco aprueban la medida.

Comunidad Valenciana (PP)

El conseller de Economía, Gerardo Camps, manifestó que la propuesta del Gobierno «resulta inicialmente insuficiente, puede tener efectos inflacionistas e incrementa la presión fiscal indirecta». No obstante, Camps precisó que el Gobierno valenciano «no está cerrado a un acuerdo», aunque advirtió de que cualquier solución «debe tener en cuenta, principalmente, el incremento de población y las personas desplazadas».

Mientras no se actualice, vaticinó, cualquier solución «no resolverá el problema a largo plazo, especialmente para las comunidades dinámicas que, como la valenciana, ven incrementada su población».

Por otra parte, el Gobierno de Ceuta (PP) mostró su disposición a plantear los asuntos que le estén permitidos, ya que recordó que no tiene transferidas las competencias sanitarias.

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

SOLBES ENDOSA EL 75% DEL ESFUERZO A LAS CCAA

Carlos Segovia

Recuerda que el déficit sanitario es un problema de las autonomías, a las que empuja a subir impuestos por valor de 1.838 millones al año mientras él ayuda con 627,2 millones

MADRID.- El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, subrayó ayer que España es un país descentralizado y que el déficit sanitario es un problema de las comunidades autónomas, por lo que éstas deben asumir, al menos, el 75% del esfuerzo presupuestario necesario.

Así se desprende de la propuesta que presentó ayer. Solbes admitió que parte del problema del agujero sanitario se deriva del aumento de la población -las regularizaciones de inmigrantes las decide el Gobierno central-, pero también, según subrayó, «de decisiones de gestión» de las comunidades autónomas. Así que, con ese principio de que él no tendría por qué poner dinero, fue desgranando su plan.

- ¿Cuál es el déficit? Solbes no aportó ninguna cifra del déficit sanitario en España y que algunos expertos cifran en 4.000 millones de euros anuales. Sólo admitió «tensiones en el gasto sanitario» que hacen necesario que Administración central y comunidades autónomas pongan más dinero sobre la mesa.

- ¿Qué pone el Estado? La promesa, negociable, es de 500 millones de euros en 2006 y otros 500 en 2007. Se repartirán con el mismo criterio que en el modelo de financiación vigente, aprobado en la etapa del PP. Irónicamente, esa aportación se la financiará Hacienda a medio plazo con creces y sin problemas gracias a una de las medidas anunciadas ayer: la subida de un 10% de los impuestos sobre el alcohol y del 5% del tabaco. Este incremento, el único que efectúa directamente el Gobierno central, dejará casi 200 millones de euros en las arcas de Hacienda y 127,2 en las autonómicas. Por tanto, la ayuda adicional del Gobierno central a las comunidades autónomas ascenderá, en suma, a 627,2 millones en 2006.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, señaló que, además, el Estado adelantará a las comunidades autónomas en 2005 y 2006 un total de 800 millones de euros anuales. Pero no es ayuda adicional, es anticipar dos años lo previsto para paliar el drama autonómico de tesorería.

- ¿Qué aportan las CCAA? Como el propio Solbes reconoce que la ayuda del Estado es limitada, insta a los gobiernos autonómicos a atreverse a subir impuestos. Para ello, les propone actuar en carburantes, circulación de vehículos y electricidad, porque son los de mayor potencial recaudatorio, sin que se rompa en exceso la unidad fiscal de mercado en España. Solbes sólo planteó que suban impuestos indirectos y no osó proponer a las comunidades que hagan uso de su derecho a subir el IRPF -el más directo y progresivo-. Sólo con que las autonomías lo subieran un punto, recaudarían 1.800 millones de euros.

- ¿Cuánto sube la gasolina? Hacienda propone que las comunidades autónomas lleguen a recargar el precio de los carburantes en hasta 4,8 céntimos por litro. Si lo hacen, cada vez que un automovilista llene el depósito, su autonomía se quedará con casi tres euros. Según Hacienda, si cobraran el recargo de 2,4 céntimos, ya posible actualmente, las comunidades que aún no lo han hecho recaudarán 549 millones más. Y si todas llegan al nuevo tope ingresarán al menos 819,8 millones.

- ¿Y el de matriculación? La propuesta ve también potencial recaudatorio en el impuesto de Matriculación, llamado oficialmente Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte. El Gobierno anima a las comunidades a hacer uso de su capacidad normativa, ya vigente desde 2001, y subir entre un 7% y un 7,70% este impuesto para los vehículos de baja cilindrada y entre el 12% y el 13,2% a los de alta cilindrada. Recaudarían 147 millones.

- ¿Y la luz? El Impuesto Especial sobre la Electricidad, incluido en el recibo de la luz, está cedido a las comunidades y fijado actualmente en el 4,864%. Solbes propone que lo eleven al 6,864% y recauden así 321,4 millones de euros adicionales.

«No es un momento óptimo»

La propuesta del Gobierno que más recaudación puede dejar a las autonomías y, por tanto, más puede salvar el déficit sanitario es la subida del impuesto de los carburantes. Pero llega en un momento en el que el precio del petróleo ronda los 70 dólares el barril y con cifras récord, ayer de nuevo, en las estaciones españolas de servicio.

«No es un momento óptimo», admitió el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, para hacer la propuesta que él hace, aunque subrayó que «nunca lo es». Pero lo defendió, porque «no hablamos de subidas sustanciales, sino de céntimos, de un impacto muy reducido en términos inflacionistas». Además, apuntó que la fiscalidad española sobre carburantes es de las más bajas de la Unión Europea y que la subida de impuestos en este campo -al igual que en la electricidad- puede tener el efecto positivo de animar a los usuarios a reducir el consumo energético.

El vicepresidente segundo señaló, no obstante, que las comunidades no están obligadas a subir impuestos y que pueden optar por recabar el dinero con recortes de gasto. Pero no hizo ninguna propuesta concreta en este campo y, además, él mismo está impulsando un aumento del gasto público para 2006 del 7,6%, el doble de la inflación. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, tampoco concretó ninguna medida de recorte de gasto en su área.

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

CRÍTICAS DE LOS CONSUMIDORES, LOS MÉDICOS Y EL SECTOR CERVECERO

MADRID.- Asociaciones de consumidores y de médicos, así como el sector cervecero, expresaron ayer su rechazo, con más o menos matices, a la propuesta del Gobierno para financiar la Sanidad.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y la Organización Médica Colegial (OMC) criticaron la «politización» que existe en torno a este problema y reclamaron una participación mayor de los profesionales sanitarios a la hora de adoptar decisiones.

«Resulta un abuso y una injusticia que los distintos partidos políticos ofrezcan promesas durante las campañas electorales, como puede ser la desaparición de las listas de espera, que luego no cumplen, declaró el presidente de la OMC, Isacio Siguero, a Europa Press. «La Sanidad no debe ser una mercancía política», añadió.

Carlos Amaya, presidente de la CESM, opinó que el sostenimiento de la Sanidad no sólo requiere medidas económicas, sino también más control en la gestión de los recursos en las autonomías.

La Federación de Consumidores en Acción (Facua) calificó de «injusta, insolidaria e inoportuna» la propuesta del Gobierno de subir los impuestos para financiar la Sanidad. Este colectivo reclamó más dinero por parte del Ejecutivo para afrontar este problema.

En el mismo sentido se pronunció Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación Española para la Defensa de la Sanidad Pública, quien también mostró su rechazo al aumento de impuestos.

El sector cervecero manifestó su rechazo «frontal» a las medidas anunciadas ayer, porque considera que pueden perjudicar de manera muy seria a sus intereses y al sector agrario. La Asociación de Cerveceros de España pidió que la financiación sanitaria no afecte a la cerveza, porque se penalizaría a las clases sociales con menor capacidad adquisitiva, que son las que más consumen esta bebida.

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, que agrupa a los proveedores de material sanitario, pidió que la Administración central y las autonomías busquen un sistema de financiación estable y que evite desequilibrios.

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL PP RECHAZA EL «PLATO DE LENTEJAS» OFRECIDO POR ZAPATERO

Carmen Remirez De Ganuza

Pastor y Arias Cañete critican la «burla» de una propuesta que obliga a subir impuestos, es «insuficiente» y, sobre todo, «insolidaria»

MADRID.- Los populares tardaron ayer apenas unos minutos en reaccionar y rechazar de plano el «plato de lentejas» que, en palabras de la ex ministra de Sanidad Ana Pastor, representa la propuesta anunciada por el Gobierno en materia de financiación sanitaria.

Una propuesta de la que la cúpula del PP sólo tuvo noticia a través de los medios de comunicación; que representa, según su secretario ejecutivo de Economía, Miguel Arias Cañete, la «primera subida de impuestos del Gobierno socialista» a pesar de su promesa electoral, y que obliga a su vez a las comunidades autónomas a subir impuestos para poder participar en el nuevo modelo, con el que el Ejecutivo de Zapatero sólo persigue aplacar -ya que no satisfacer- las demandas de sus socios.

Un modelo, además, que no sólo es «insuficiente» en cuanto a los recursos sino que, sobre todo, es «insolidario» porque -a juicio de los populares- va a lograr que los españoles reciban prestaciones sanitarias desiguales en cada autonomía.

Así, a nueve días de la Conferencia de Presidentes en la que el Gobierno pretende acordar con los presidentes de las comunidades autónomas su propuesta, y antes de que este lunes Mariano Rajoy se reúna con sus barones de Madrid, Valencia, Baleares, Murcia, Castilla y León y La Rioja, para acordar una estrategia conjunta, el Comité de Dirección del PP se adelantó a calificar de «parche» y de «burla» la solución acordada por el Gobierno.

Para Pastor y Cañete la «burla» radica en que el Gobierno anuncie 3.300 millones de euros al año para la financiación sanitaria cuando casi la mitad (1.500 millones) proceden de la aplicación del modelo del PP, aún vigente, y corresponden, por un lado, a los anticipos a cuenta del Estado, y, por otro, a la próxima aplicación en las comunidades autónomas socialistas del céntimo sanitario, que hoy es voluntario y que éstas habían rechazado. En cuanto a los 1.800 millones restantes, el Estado «sólo» va a aportar 500, en virtud de la propia subida de impuestos anunciada ayer.

Antes aún, los populares reprochaban ayer a Zapatero que haya optado por parchear el problema de la financiación sanitaria con una fórmula coyuntural para sólo dos años, en lugar de dar estabilidad a un servicio básico que se lleva en España el 40% del presupuesto. «El Gobierno ha demostrado que no le interesa la Sanidad», decía ayer Ana Pastor.

Pero más que indignados, los populares se mostraron ayer desconcertados. Y es que no aciertan a comprender dónde está el secreto por el cual el Gobierno espera obtener el plácet de las autonomías del PSOE, y en particular el de Cataluña. Según los primeros cálculos hechos ayer por el PP, el nuevo modelo de financiación sanitaria apenas aportará 92 millones de euros al año a Andalucía, 83 a Cataluña, 35 a Galicia, 23 a Castilla-La Mancha y 13 a Extremadura. Claro que los cálculos se hicieron sobre el ratio de población de cada autonomía, que es el criterio del actual modelo de financiación.«No sabemos si el Gobierno va a aplicar otro criterio de distribución», decía Cañete, a quien el primer papel con la propuesta del Gobierno le llegó al mediodía, a través de un espía que la consejera de Economía de Madrid, Engracia Hidalgo, envió a la rueda de prensa del Gobierno.

Antes de que el PP formule la próxima semana una posible contrapropuesta, los dos dirigentes del partido insistieron ayer en que es precisamente un aumento de población -inmigrante, sobre todo- de hasta 3.700.000 personas lo que ha desbordado los planes de financiación sanitaria de las comunidades autónomas. En su opinión, en lugar de subir los impuestos, al Gobierno le bastaría con aplicar el actual modelo de financiación, acordado por unanimidad en 2001, corrigiendo estas variaciones demográficas a través del Fondo de Cohesión Sanitaria.

«Es pasmoso», dijo Cañete, «que a pesar del superávit recaudatorio del Estado, los ciudadanos vayan a pagar el pato». «Van a acabar subiendo el precio de los zapatos, y a unos más que a otros», añadió Ana Pastor.

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

CIU, ERC Y BNG DICEN QUE SE PASA EL PROBLEMA A LAS COMUNIDADES

Agustin Yanel

MADRID.- A Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Bloque Nacionalista Galego (BNG) no les ha gustado nada la propuesta del Ejecutivo socialista sobre la financiación de la Sanidad. Estas tres formaciones políticas coincidieron en afirmar que el Gobierno traslada el problema a las comunidades autónomas, en vez de resolverlo.

«El Gobierno intenta resolver este grave problema incrementando de manera desmesurada la presión fiscal sobre los ciudadanos», dijo el diputado Josep Sánchez Llibre, de CiU. «Como era de esperar, ha pasado el muerto a las comunidades autónomas, para que tengan la posibilidad de incrementar los precios de la gasolina y la electricidad a través de recargos autonómicos».

Tras decir que la propuesta es «inaceptable», Sánchez Llibre recordó que la gasolina está «a unos precios astronómicos», por lo que subirlos generaría inflación y pérdida de poder adquisitivo y de competitividad.

En su opinión, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debe propugnar un pacto de Estado por la Sanidad en el que participen no sólo los distintos partidos políticos, sino también los agentes económicos y sociales, para buscar entre todos una solución al déficit sanitario que tienen todas las autonomías.

Joan Puigcercós, secretario general de ERC, coincidió en que la propuesta es «insuficiente y cicatera» y en que traspasa el problema a las autonomías.

Lo que hay que hacer, según Puigcercós, es constituir un fondo para acabar con la deuda sanitaria de la Administración central con las autonomías. Y el Gobierno debe «financiarlo en buena parte» y no «esquivar» el problema, declaró a Europa Press.

Francisco Rodríguez, portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, dijo que el principal responsable de la financiación sanitaria debe ser el Estado, porque se trata de un servicio público muy importante. Como CiU y ERC, los nacionalistas gallegos también opinan que el Gobierno «intenta pasar a las comunidades autónomas un problema que ellas no crean».

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

IU VE «INSUFICIENTE» LA OFERTA Y RECUERDA QUE EL GOBIERNO DEBE NEGOCIAR LOS PRESUPUESTOS

Agustin Yanel

Pide al Ejecutivo un «esfuerzo presupuestario» - Solicita un pacto social por la Sanidad pública entre partidos, sindicatos y agentes sociales

MADRID.- Izquierda Unida (IU) considera «insuficiente» la propuesta que ha planteado el Gobierno para resolver el problema de la financiación sanitaria en las comunidades autónomas. Por eso, pide al Ejecutivo socialista que realice un «esfuerzo presupuestario suficiente» para afrontar esta cuestión.

Félix Taberna, responsable de Política Institucional de IU, recordó ayer que la Conferencia de Presidentes de comunidades autónomas del próximo 10 de septiembre no es el único marco para negociar la financiación sanitaria, sino que es en los Presupuestos Generales del Estado donde deben incluirse las partidas correspondientes.

En su opinión, el Gobierno tiene que negociar con IU no sólo las cifras concretas, sino también las medidas legislativas que sean necesarias para abordar este problema.

El objetivo, según dijo, debe ser que España se acerque a la media de los países de la Unión Europea en gasto sanitario, porque ahora está muy por debajo. «La cifra ofrecida por el Gobierno es insuficiente para poder partir de una situación de equilibrio que corrija el mal cálculo que se hizo en su día», afirmó.

En la dirección de IU están de acuerdo en que las comunidades autónomas deben tener su parte de responsabilidad a la hora de hacer frente al gasto sanitario, puesto que gestionan el 90% de esta materia. Pero discrepan en la manera de llevar a cabo esa corresponsabilidad: están en contra de que el aumento de la carga fiscal recaiga sobre los impuestos indirectos y consideran que la solución debe ser un aumento de la cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las autonomías.

Taberna indicó que para afrontar el problema de la financiación sanitaria hay que lograr un pacto social por la Sanidad pública, en el que participen los partidos políticos, las instituciones y también los sindicatos y los agentes sociales.

El secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Francisco Frutos, y el presidente ejecutivo de este partido, Felipe Alcaraz, también hablaron ayer de la financiación sanitaria.Felipe Alcaraz indicó que la deuda del Gobierno con las comunidades en esta materia se calcula en unos 7.500 millones de euros, por lo que no se podrá resolver con lo que ofrece el Ejecutivo.

Este va a ser uno de los caballos de batalla en las negociaciones que este mismo mes va a iniciar Izquierda Unida con el PSOE sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2006. Gaspar Llamazares ha anunciado que exigirán al Gobierno un giro hacia políticas más sociales.

Frutos y Alcaraz insistieron ayer en la necesidad de ese giro hacia políticas sociales de izquierda. «Nosotros no podemos dar un cheque en blanco [al Gobierno], se ha acabado el año de gracia», afirmó Felipe Alcaraz en una conferencia de prensa.

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

ZAPATERO SUBE IMPUESTOS PARA PAGAR LA SANIDAD

Luis R. Aizpeolea

El Gobierno quiere incrementar las tasas del alcohol y el tabaco y dar más poder fiscal a las autonomías

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero propone como solución para paliar el déficit de la financiación sanitaria un aumento del 10% del impuesto estatal sobre el alcohol y el 5% del tabaco, así como la posibilidad de que las comunidades establezcan recargos de hasta dos puntos en el impuesto sobre la electricidad y dupliquen hasta 4,8 céntimos de euros por litro el gravamen por venta minorista de hidrocarburos. El Gobierno aportará a las autonomías 1.000 millones de euros en dos ejercicios a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, precisó que la propuesta no modifica el modelo de financiación pactado por las comunidades con el Gobierno del PP.

"Lo que hace", aclaró el ministro, "es aportar más dinero del que había", y adelantó la cifra de 2.465 millones de euros como la aportación extra para financiar la sanidad de llevarse a cabo todas las medidas propuestas por el Ejecutivo socialista.

El Gobierno de Zapatero defenderá esta propuesta ante los representantes de todas las autonomías el próximo 7 de septiembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como la mejor solución para paliar el déficit de la financiación sanitaria. Esa sesión será preparatoria de la segunda Conferencia de Presidentes autonómicos, que se celebrará tres días después, el sábado, 10 de septiembre, en el Senado, presidida por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. Previsiblemente, y como en la primera Conferencia de Presidentes, la sesión será clausurada con un almuerzo presidido por el rey Juan Carlos en el Palacio Real.

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, aclaró ayer que la propuesta es un "punto de partida" para el debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "En ese órgano, nadie está dispuesto a perder nada y todos estamos dispuestos a que nadie pierda nada", señaló. También sugirió Solbes que la oferta de 1.000 millones de euros que la Administración central aportará en dos ejercicios a través de los Presupuestos Generales del Estado podría ser aumentada en la negociación con las comunidades autónomas.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, justificó las medidas propuestas ante el "serio problema" que plantea el déficit sanitario, del que se hizo eco el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras escuchar a todos los presidentes autonómicos en la ronda que mantuvo con ellos en La Moncloa. El gasto sanitario crece por encima del PIB.

El ministro aclaró que la sanidad es una competencia de las comunidades y que el Gobierno central había decidido intervenir "por responsabilidad, ante el grave problema suscitado para garantizar las prestaciones".

Sevilla aseguró que la propuesta no modifica el modelo de financiación vigente, aprobado por el Gobierno del PP con las comunidades autónomas en 2001, sino que "lo revisa para mejorarlo". Emplazó al presidente del PP, Mariano Rajoy, a que "si tiene una alternativa diferente, que la diga y la ponga encima de la mesa".

Sevilla pormenorizó la propuesta, que supone una aportación de ingresos anual al sistema sanitario de 2.465 millones de euros. Una de las vías es la aportación presupuestaria del Estado de 500 millones para este ejercicio y otros 500 millones para el siguiente, que se repartirá a las comunidades siguiendo los mismos criterios, con la población actualizada, del sistema de financiación vigente. Otro paquete de medidas de aumento de los ingresos procede de los impuestos. Con la elevación del 10% de las tasas sobre el alcohol, los ingresos adicionales estimados son del 25,4 millones de euros, y con la del 5% del tabaco, el Gobierno calcula un ingreso extra de 101 millones de euros.

Por la vía del ejercicio pleno de la capacidad normativa ya existente sobre el impuesto de ventas minoristas de hidrocarburos y sobre determinados medios de transporte, el Gobierno calcula que las autonomías podrían ingresar 696 millones de euros. Actualmente sólo aplican este impuesto cinco comunidades: Baleares, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Madrid.

El Gobierno plantea un tercer camino posible de obtención de ingresos por vía impositiva: duplicar la capacidad normativa de las autonomías sobre el impuesto de las ventas minoristas de hidrocarburos, que supone una estimación de ingresos de 819 millones de euros. Asimismo, ofrece la posibilidad de establecer un recargo de hasta dos puntos en el impuesto sobre electricidad, con un cálculo estimado de ingresos de 321 millones de euros.

Una última medida del Gobierno, aplicable sólo para este año, es el aumento transitorio de los anticipos a cuenta por los impuestos cedidos del 98% al 100%. El cálculo estimado de ingresos por esta vía es de 800 millones de euros.

Solbes, aclaró que el Ejecutivo ofrece a las comunidades autónomas más capacidad para subir impuestos, pero su aplicación será "voluntaria". A su vez, Sevilla garantizó a las autonomías que no asuman la propuesta que no sufrirían ninguna penalización, en contraste con lo sucedido en 1996, cuando el Gobierno de Aznar no pagó a las comunidades, gobernadas por el PSOE, que cuestionaron el modelo de financiación autonómica.

La obligación de asumir el modelo para cobrar se repitió en 2001, cuando el Gobierno del PP aprobó el modelo de financiación sanitaria vigente. Como todas las comunidades lo asumieron, en esa ocasión no hubo penalización.

El vicepresidente económico del Gobierno también reconoció que "no es un momento óptimo" para subir el impuesto de los carburantes, cuya capacidad normativa es mayor para las autonomías. Pero precisó que en España "la situación de la fiscalidad está por debajo de la media comunitaria" y que, en definitiva, "hablamos de céntimos, de un impacto muy reducido en la inflación". También aclaró que las comunidades no tienen por qué aplicar su mayor capacidad normativa "mañana mismo".

A la ministra de Sanidad, Elena Salgado, le correspondió explicar las medidas propuestas por el Gobierno para moderar el crecimiento del gasto sanitario, que ha aumentado por el envejecimiento de la población, las mejoras tecnológicas o las decisiones de gestión, entre otras causas.

Salgado propuso la implantación de criterios racionales en la gestión de las compras, el aseguramiento de la calidad y el uso racional de los medicamentos, el uso racional de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas, consolidar los incentivos a los profesionales sanitarios y reforzar las agencias de evaluación de las tecnologías.

También anunció que el grupo de análisis del gasto sanitario continuará con sus tareas para proponer medidas de racionalización del gasto con un doble objetivo: que las comunidades logren que no crezca por encima del producto interior bruto (PIB) y que se comprometan a revisar sus gastos no sanitarios para obtener recursos adicionales para financiar la sanidad.

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL PP RECHAZA LA SUBIDA DE IMPUESTOS Y PIDE AL GOBIERNO QUE USE EL EXCESO DE RECAUDACIÓN

Carlos E. Cué 

Los populares aprobaron en 2001 un recargo fiscal sobre la gasolina para financiar la sanidad

El PP mostró ayer su oposición frontal a la propuesta socialista para la financiación sanitaria y anunció indirectamente su intención de bloquear la Conferencia de Presidentes, el día 10. El secretario de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, tachó de "parche insuficiente" la oferta, y concluyó que se trata de "la primera gran subida de impuestos del PSOE". El PP, que en 2001 promovió el llamado céntimo sanitario, se niega ahora a subir impuestos en sus comunidades. Arias Cañete argumenta que ahora hay un exceso de recaudación, de al menos 7.000 millones, y pide que se use para paliar el déficit sanitario.

Arias Cañete, ex ministro de Agricultura, compareció ayer junto a Ana Pastor, ex titular de Sanidad, para mostrar el no tajante del PP, y se supone que de todas las comunidades donde gobierna este partido, a la propuesta para resolver el déficit sanitario. El PP asegura que la medida tendrá un gran efecto inflacionista, e insiste en no aceptar la subida de impuestos sobre el alcohol, el tabaco, la electricidad o la gasolina, porque, recuerda Cañete, varios presidentes del PP, como Esperanza Aguirre, en Madrid, concurrieron a las elecciones con la promesa no subir los impuestos. Sin embargo, fue este partido el que promovió en 2001 el céntimo sanitario, el impuesto voluntario que las autonomías aplican al combustible y que ahora el PSOE, que entonces se opuso, quiere ampliar. El entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió que las comunidades se corresponsabilizaran de la financiación de la sanidad.

Cañete argumenta que la situación actual, con un gran crecimiento de la recaudación, permite al Estado paliar el déficit sin recurrir a la subida de impuestos. Según sus datos, en los primeros seis meses de este año hay un exceso de recaudación de 7.000 millones. "No es tolerable que sólo se destinen a la sanidad 500 de esos 7.000 millones, sobre todo si encima se suben los impuestos", señala Cañete, quien argumenta que sólo en el IVA la recaudación ha crecido un 78%. El PP calcula que la oferta del Gobierno sólo supone 213 euros por persona y año para cada uno de los que se han incorporado al sistema desde 1999, mientras el gasto medio actual se sitúa en 1.000 euros por persona y año.

- Madrid (PP): "De ninguna manera". Esperanza Aguirre afirmó que no aceptará "de ninguna manera" la subida de impuestos propuesta por el Gobierno y que los madrileños "no pagarán en el recibo de la luz o en gasolina" lo que le corresponde al Estado, "según el actual modelo de financiación sanitaria". La Comunidad cifra en 775.000 el número de nuevos ciudadanos en la región en el último decenio. La cantidad de dinero que corresponde a Madrid por este incremento es de 688 millones de euros sólo por los últimos tres años, según las cuentas del Ejecutivo de Aguirre, informa Daniel Sánchez.

- La Comunidad Valenciana (PP) buscará acuerdos. La Intervención General de la Administración del Estado cifra en 720 millones de euros el déficit del Servicio Valenciano de Salud en 2003 y el propio Vicente Rambla, consejero de Sanidad valenciano, admitió a principios de semana que cerrará el ejercicio 2005 con un desfase en torno a los 600 millones de euros. Gerardo Camps, consejero de Hacienda, criticó la iniciativa, pero, a renglón seguido, añadió: "El gobierno valenciano no está cerrado a un acuerdo con el Gobierno central que resuelva el déficit de la financiación sanitaria, aunque la solución debe tener en cuenta principalmente el incremento de la población y las personas desplazadas", informa Miguel Olivares.

- Murcia (PP): "Rodillo". La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, criticó que el Gobierno "informe a los medios de comunicación de los detalles del nuevo modelo de financiación sanitaria cuando aún no se ha celebrado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, encargado de examinar las propuestas en esta materia". García prevé que el Ejecutivo "aplicará el rodillo y las partes interesadas, las comunidades autónomas, tendrán poco que decir".

- Aragón (PSOE): "Buenos ojos". El Gobierno de Aragón ve en principio con buenos ojos la propuesta de aumentar los impuestos de productos vinculados con la salud o con la falta de ella, como el alcohol y el tabaco, para financiar la sanidad, pero no prevé, "ni mucho menos", aplicar el impuesto sobre la electricidad. Así lo explicó el consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Eduardo Bandrés.

- Galicia: "Reequilibrio". El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, reclamó una revisión del actual sistema de financiación sanitaria, a su juicio "deficitario e insuficiente", y la aprobación de un nuevo modelo planteado desde una "perspectiva redistributiva" en la que el Estado garantice el "reequilibrio". Touriño explicó que la apuesta de la Xunta en estas citas pasa por "maximizar la aportación del Estado para atender el déficit" de la comunidad con "la mayor aportación posible". Además, avanzó que Galicia reclamará que se mantenga el envejecimiento como factor determinante.

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

CANARIAS ASEGURA QUE NO APOYARÁ LA INICIATIVA Y EXTREMADURA LA CRITICA

El Gobierno canario (CC) asegura que no apoyará la propuesta del Gobierno central para subsanar el déficit de la sanidad, ni subirá los impuestos para ello, especialmente el de los carburantes, según una nota de la Consejería de Economía y Hacienda. Canarias, señala el texto, "no va a subir los impuestos sobre combustibles bajo ningún concepto", ni "ningún otro impuesto tampoco", al tiempo que se vaticina el fracaso de la iniciativa gubernamental.

Canarias defenderá en la Conferencia de Presidentes que el Estado tiene que "aportar mayor cantidad de dinero" y mantiene que el 50% de éste tendrá que estar dedicado "a subsanar" el déficit de financiación sanitaria por el incremento de población. En la Conferencia de Presidentes, el Gobierno de Canarias va a presentar una propuesta conjunta con Baleares porque, a su juicio, son las dos comunidades que más perjudicadas salen al haber tenido el mayor aumento de población.

También un Gobierno socialista como el extremeño critica la propuesta. "No es la más acertada" y sí "francamente mejorable", según manifestó a Efe la consejera Portavoz, Dolores Pallero.

Por el contrario, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE), Ángel Agudo, señaló: "Se trata de un primer paso interesante para abordar el problema de mantenimiento económico del sistema en los próximos años, aunque consideramos que todavía en el documento quedan algunos aspectos por matizar y mejorar".

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

CATALUÑA CALIFICA LA PROPUESTA DE "PASO ADELANTE", AUNQUE LA JUZGA "INSUFICIENTE"

Lluis Visa

El consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, calificó de "paso adelante" la propuesta del Gobierno central para paliar el déficit sanitario, aunque añadió que se trata todavía de un "paso insuficiente" porque "es necesario ser más ambicioso".

El consejero reclamó que el Gobierno central ponga más recursos y haga una propuesta "más equilibrada" sobre la aportación de las autonomías. Asimismo, expresó su esperanza de que en los próximos días se introduzcan "mejoras" en la propuesta para que pueda contar con el respaldo de Cataluña en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera anunciada para el próximo miércoles.

Castells señaló que la propuesta "es políticamente importante en la medida en que representa un reconocimiento explícito por parte de la Administración central de la insuficiencia que está generando el actual modelo en la financiación sanitaria, así como la urgencia en darle solución de la forma más rápida posible".

El consejero catalán recordó que el "desfase" que se ha generado desde 1999, año base del cálculo del actual modelo, "está en torno a los 7.000 millones de euros". Por ello, opinó que "es necesario que se incremente el volumen de recursos para acercarse más a la cifra que los recientes estudios de la Intervención General han dado como buenos".

7,2 millones de usuarios

La consejera de Salut de la Generalitat, Maria Geli, también consideró positiva la propuesta y recordó que la Generalitat ha sido siempre partidaria de incrementar los impuestos indirectos por razones de salud y recaudatorias. La Generalitat catalana creó el año pasado un recargo sobre los carburantes para financiar el déficit sanitario.

Para Geli, el cálculo de la población será un elemento decisivo para Cataluña, comunidad autónoma que desde 1999 ha tenido un crecimiento de un millón de personas con tarjeta sanitaria. En la actualidad, en Cataluña hay 7,2 millones de personas con tarjeta sanitaria. En opinión de Geli, si el crecimiento anual se mantiene y sigue al ritmo de los últimos años, llegará a los 8 millones en el 2012.Desde CiU, el portavoz en la comisión de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados, Josep Sánchez Llibre, manifestó que la propuesta del Gobierno sobre financiación sanitaria resulta "inaceptable" porque "pasa el muerto a las comunidades autónomas".

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

UNA SOLUCIÓN PARA UN TERCIO DEL PROBLEMA

Los expertos calculan que el déficit sanitario de las autonomías superará los 7.000 millones, mientras la propuesta del Gobierno suma sólo 2.500

El Gobierno socialista pretende seguir la senda marcada por el PP con el modelo de financiación autonómica vigente desde 2002 y que el Ejecutivo de José María Aznar logró aprobar con el respaldo de todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PSOE.

El ministro de Hacienda, entonces Cristóbal Montoro, consiguió el consenso sobre un sistema que se anunciaba como definitivo, que daba a las autonomías más capacidad normativa para que pudieran tener más poder sobre sus ingresos tributarios y que establecía una nueva figura impositiva para gravar la venta minorista de hidrocarburos.

El primero que se apuntó a la subida de impuestos fue el propio Ejecutivo central del PP, que subió 0,024 euros el litro de combustible en todo el Estado.

La idea fue del Gobierno catalán, entonces en manos de CiU, para paliar el déficit por la prestación del servicio sanitario. El Ejecutivo de Aznar acogió con satisfacción la propuesta pese a la resistencia de algunas comunidades donde gobernaba el PP.

Los socialistas, empezando por el actual jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, criticaron aquella subida de impuestos y sus comunidades se negaron a aplicar la posibilidad de gravar la gasolina con el recargo autonómico. Madrid, gobernada entonces por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), fue la primera comunidad en imponer el denominado céntimo sanitario (0,01 euros por litro de gasolina). Siguieron a Madrid, las autonomías de Baleares (PP), Comunidad Valenciana (PP), Galicia (PP) y Cataluña (el tripartito de PSC-ERC-ICV puso el máximo 0,024).

Ahora, el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero presenta una propuesta para aumentar los ingresos públicos para financiar el gasto sanitario sin cambiar el modelo del PP. Una iniciativa que pasa por una subida de los impuestos del tabaco (poco más del 5% de media) y del alcohol (10%) en toda España y una aportación directa a través de los Presupuestos del Estado de 500 millones de euros en 2006 y otros 500 millones en 2007. Además, la propuesta que el Gobierno debatirá con todas las autonomías el próximo 7 de septiembre permite a las comunidades duplicar el gravamen sobre la venta minorista de hidrocarburos, y poder establecer un recargo de dos puntos en el Impuesto sobre la Electricidad.

La propuesta se votará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde al Gobierno le basta con el apoyo de una de las comunidades autónomas para sacarla adelante, ya que tiene la mitad de los votos de ese organismo.

Si las autonomías aplican todas las posibilidades que prevé el Ejecutivo se sumarían casi 1.900 millones de euros de ingresos extraordinarios a los 625 millones que garantiza la Administración central mediante subida de impuestos estatales y aportación directa a través de los Presupuestos Generales del Estado. En total, 2.500 millones de euros, que quedan todavía muy lejos de las necesidades estimadas por el grupo de expertos al que el Gobierno encargó el estudio sobre la financiación sanitaria.

Este año, según ese grupo de expertos, las autonomías terminarán con una diferencia de casi 7.226 millones de euros entre los ingresos para financiar la sanidad y los gastos (véase gráfico).

Fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda restan valor a la cifra que apunta un déficit superior a los 7.000 millones de euros y aseguran que existen otros estudios que rebajan esa cifra. Además, recuerdan que en la propuesta del Ejecutivo también figuran una serie de medidas encaminadas a moderar el gasto sanitario de las comunidades autónomas mediante la implantación del uso racional de los medicamentos o la mejora de los criterios en la gestión de compras.

Sólo tres años después de que el Ejecutivo de Aznar aprobase un modelo que garantizaba supuestamente las necesidades financieras de las autonomías, las comunidades, incluso las gobernadas por presidentes del Partido Popular, han reconocido que el sistema es claramente insuficiente para financiar sus gastos sanitarios. Pese a ello, los dirigentes autonómicos del PP ya han anunciado su rechazo a la propuesta del Gobierno por insuficiente, y reclaman que el déficit sanitario que padecen las comunidades donde gobiernan sea sufragado directamente por los Presupuestos Generales del Estado.

Una reclamación muy alejada de la reflexión que en su día hicieron los responsables del Gobierno de José María Aznar para defender el vigente modelo de financiación autonómica: "La corresponsabilidad fiscal nos lleva a dos conclusiones. Si se quiere incrementar el gasto, se incrementarán los recursos de la comunidad, pero no por la vía de pedírselos al Estado, sino por la vía de pedírselos a los ciudadanos de dicha comunidad, solicitándoles [que asuman] una mayor presión fiscal".