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El Impuestazo: ABC y LA RAZON

Por Narrador - 3 de Septiembre, 2005, 18:23, Categoría: El Impuestazo

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL PSOE RECURRE A UNA SUBIDA DE IMPUESTOS ESPECIALES QUE ATACÓ DESDE LA OPOSICIÓN

Yolanda Gómez

La propuesta del Ejecutivo generaría unos recursos de 2.500 millones anuales para las autonomías si todas ellas decidieran encarecer la luz y las gasolinas

MADRID. El Gobierno remitió ayer a las comunidades autónomas su propuesta para solucionar, al menos de manera transitoria y hasta que haya un acuerdo sobre la reforma del sistema de financiación, los problemas del déficit sanitario.

La alternativa del Ejecutivo consiste en subir los impuestos al alcohol y al tabaco de manera generalizada en todo el territorio español a partir del 1 de enero, y permitir a las autonomías establecer recargos sobre los impuestos que gravan los combustibles y la electricidad. Estas propuestas son similares a las que hace ahora cuatro años, estando en la oposición, el PSOE rechazó por tacharlas de «impuestos trampa».

Las subidas de tributos, voluntarias para los gobiernos regionales en el caso de la luz y los combustibles, se complementarán con aportaciones directas del Presupuesto estatal durante 2006 y 2007. En cada uno de estos ejercicios el Gobierno repartirá 500 millones de euros entre las autonomías, utilizando los mismos criterios que fija el sistema de financiación actual.

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, que junto con el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y la ministra de Sanidad, Elena Salgado, presentó la propuesta del Gobierno a los medios de comunicación, explicó que el conjunto de estas medidas puede aportar unos ingresos extra de 2.500 millones al año a las autonomías, siempre y cuando todas decidan subir los impuestos hasta los límites fijados.

Las comunidades que no decidan utilizar la capacidad que se les da para subir tributos tendrán que conformarse con la cuantía que les toque del reparto de los citados 500 millones, y de los ingresos extra que les proporcione la subida de los impuestos al alcohol y el tabaco, unos 127 millones en total.

En concreto, el Gobierno se ha comprometido a subir un 10% los impuestos que gravan los alcoholes y la cerveza, cuyo tipo pasará de 754,77 euros por cada cien litros de alcohol puro a 830,25 euros. Según los cálculos del sector, este incremento se traducirá en una subida de unos 20 céntimos por botella de whisky, ginebra, ron y, en general, bebidas espirituosas con un grado de alcohol del 40%.

El impuesto sobre alcoholes y cervezas es de titularidad estatal y por tanto sólo el Gobierno central tiene potestad para subirlo o bajarlo, pero el 40% de la recaudación está cedida a las comunidades. Por tanto, según los cálculos de Hacienda, la subida prevista aportará a las comunidades unos ingresos extra de 25,4 millones de euros.

También subirán los impuestos al tabaco, cuyo tipo pasará de 3,99 euros por cada mil cigarrillos a 4,20 euros. Traducido al precio final de un paquete de tabaco, el incremento será del 5%. El 40% de la recaudación prevista por esta subida será para las comunidades, unos 101,8 millones de euros.

Este será el esfuerzo presupuestario del Estado. Si con estas cantidades las comunidades no tienen suficiente para financiar sus necesidades sanitarias, una de dos: tendrán que recortar gastos o hacer uso de las capacidades de subir tributos que les ofrece el Ejecutivo, asumiendo el coste político ante sus ciudadanos.

Según explicó Solbes, los gobiernos regionales podrán cobrar hasta 4,8 céntimos de euro por litro de combustible. El sistema de financiación actual permite ya a las comunidades cobrar hasta 2,4 céntimos por litro, pero sólo cuatro autonomías (Madrid, Cataluña, Asturias y Galicia) han hecho uso de esta potestad. Esta es la medida que puede aportar mayores ingresos a las comunidades. Economía calcula que si todas las autonomías cobraran 2,4 céntimos por litro de combustible podrían obtener unos recursos adicionales a los actuales de 696,9 millones de euros. Esta cifra se vería incrementada con otros 819,8 millones si el recargo que aplicaran fuera de 4,8 céntimos.

Sin embargo, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, reconoció que un momento como el actual de fuerte subida del precio de los combustibles «no es el óptimo para subir los impuestos a gasolinas y gasóleos».

Las comunidades también podrán subir el impuesto sobre la electricidad, ahora fijado en un 4,864%, hasta el 6,864%, lo que se traduciría en un incremento del 2% en el recibo de la luz, que proporcionaría unos ingresos extra de 321,4 millones.

Además, el Ejecutivo se compromete a aumentar de forma transitoria los anticipos a cuenta por los impuestos cedidos del 98% al 100%, lo que daría mayor liquidez a las comunidades, en total unos 800 millones.

Junto con estas medidas de aumento de los ingresos, perfectamente cuantificadas, la ministra de Sanidad se refirió a propuestas genéricas de control del gasto, con un ahorro que no se especificó. Entre ellas, Salgado habló de implantar criterios racionales en la gestión de compras y en el uso de tecnologías, aumentar los recursos para la atención primaria, o asegurar la calidad y el uso racional de las medicinas.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

ZAPATERO LLAMA A LAS AUTONOMÍAS A RELEGAR LOS «INTERESES PARTIDISTAS»

G. LÓPEZ ALBA y G. DÍAZ RUBÍN

El Ejecutivo destaca que las comunidades que rechacen su propuesta podrán beneficiarse también de los fondos adicionales y que no obliga a nadie

MADRID/GIJÓN. El Gobierno hizo ayer un llamamiento a las comunidades autónomas para que «no antepongan los intereses partidistas» a los de los ciudadanos, ante la posibilidad de que haya una consigna de la dirección nacional del PP a los gobiernos autonómicos de su color para que rechacen la propuesta sobre financiación de la sanidad, que se someterá el día 7 al Consejo de Política Fiscal y Financiera y el día 10 a la Conferencia de Presidentes.

Así lo pidieron el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en la presentación de la propuesta del Ejecutivo, y el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la visita que ayer realizó a Asturias.

Zapatero dijo que confía en que «nadie tenga la tentación de incorporar elementos de índole partidaria» en este debate, y Sevilla fue más concreto aún en la apelación. «Espero que Rajoy sea consecuente con la oferta de pactos que está haciendo», dijo el ministro, quien aseguró que tiene constancia de que las comunidades gobernadas por el PP también «piden buscar soluciones» a la financiación de la sanidad.

«Equilibrada y sostenible»

Ambos defendieron la mejora de financiación que, a su juicio, supondrá su propuesta, que Sevilla calificó de «buena, justa, equilibrada y sostenible». El presidente del Gobierno defendió que, con las medidas que se proponen, «las comunidades autónomas dispondrán de más recursos de los que disponen hoy, que son los pactados en 2001 con el Gobierno del PP».

El ministro de Administraciones Públicas destacó que no se trata de una propuesta cerrada ni obligatoria. «El Gobierno mejora los instrumentos a disposición de las comunidades autónomas para que ellas tomen sus propias decisiones», dijo Sevilla, quien subrayó que, a diferencia de lo que ocurrió cuando el Gobierno del PP condicionó el traspaso de la sanidad a la aceptación del modelo de financiación, las comunidades que se opongan podrán, no obstante, beneficiarse de los recursos adicionales que aportará directamente el Gobierno.

Sevilla afirmó que su fórmula «está muy trabajada, reparte bien los instrumentos y permite, si se tiene voluntad política de hacerlo, resolver los problemas de insuficiencia financiera para que el Sistema Nacional de Salud sea mejor de lo que es». «Podemos sentirnos orgullosos de esta propuesta», proclamó.

En cuanto al rechazo que el Partido Popular ha adelantado al mecanismo de subir impuestos, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, apuntó que diversas encuestas coinciden en que es uno de los pocos casos en que los ciudadanos estarían dispuestos a aportar más recursos para mejorar el servicio que reciben, aunque la mayoría se declara satisfecha con el actual.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

«EL GOBIERNO NO ESTABA OBLIGADO»

Zapatero señaló ayer que el Gobierno «no estaba obligado» a abordar este asunto porque la competencia sobre sanidad está transferida a las Comunidades autónomas, pero justificó su decisión de proponer «un compromiso» al respecto en que «España tiene una buena sanidad, pero quiero que tenga la mejor».

Sevilla abundó en esta consideración, aunque reconoció que el Gobierno también tiene la obligación constitucional de garantizar la igualdad en la prestación de servicios públicos básicos como el sanitario. «No es posible -dijo- buscar una solución sólo desde las Comunidades autónomas y no sería justo hacerlo sólo desde el Gobierno de España. Nosotros no vamos a abdicar de nuestra responsabilidad constitucional. Tenemos que hacerlo de forma conjunta».

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

ABC ADELANTÓ LA NOTICIA EL MIÉRCOLES

La propuesta del Gobierno fue anticipada esencialmente por nuestro diario el miércoles, cuando informó de que el Ejecutivo tenía decidido ofrecer a las Comunidades la posibilidad de subir impuestos: «El Gobierno propondrá que las autonomías graven la gasolina y la luz para paliar su déficit sanitario».

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

GALICIA Y EXTREMADURA COINCIDEN CON LOS POPULARES Y SE DESMARCAN DEL GOBIERNO

M. Calleja

MADRID. Las principales interesadas en la propuesta sobre financiación sanitaria presentada ayer por el Gobierno, las Comunidades autónomas, reaccionaron con diferentes posturas. Una de las más tajantes fue la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien aseveró que no subirán ningún impuesto pues ése es su compromiso con los madrileños, y que el Gobierno de Zapatero no es quién para decir a Madrid cómo debe aplicar su regimen fiscal. Según Aguirre, están abiertos a cualquier propuesta respecto a la financiación sanitaria, con la única limitación de la subida de impuestos.

Además, la presidenta madrileña afirmó que el nuevo sistema deberá tener en cuenta, fundamentalmente, el aumento de población. «Mientras no se apruebe una nueva ley de financiación de la sanidad el Gobierno debe aplicar la vigente, que obliga al Estado a compensar los costes por el incremento del número de habitantes».

En los mismos términos se manifestó el consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Vicente Rambla, quien rechazó la subida de impuestos autonómica y se mostró partidario de adoptar otras medidas, entre ellas, un «gran pacto» autonómico.

Otra de las comunidades gobernadas por el PP, Castilla y León, calificó de «parchecito» el fondo propuesto por el Gobierno y se opuso a la subida de impuestos. Para la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ésta no es la solución puesto que «habrá Comunidades que recauden más porque tienen más población o porque fuman más, y tendrán una sanidad mejor». Además, consideró que Zapatero ha perdido «una oportunidad histórica para solucionar el problema que más preocupa y afecta a los ciudadanos».

Poca capacidad recaudatoria

Por el contrario, las autonomías socialistas se mostraron más comprensivas con la propuesta, aunque con matices. El presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, aseguró que su comunidad «tiene poco que esperar» de la carga impositiva debido a su «extremadamente baja» capacidad recaudatoria.

La Junta de Extremadura no consideró la propuesta como la «más acertada» y pidió al Ejecutivo que siga trabajando para lograr el «mayor consenso» para la Conferencia autonómica.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

LAS EMPRESAS DE TECNOLOGÍA SANITARIA RECLAMAN 1.650 MILLONES

MADRID. La Federación Española de Empresas productoras de Tecnología Sanitaria (Fenin) cifra en 1.650 millones de euros la deuda acumulada del sistema nacional de salud con las más de 500 compañías que integran este organismo. Según estos datos hechos públicos ayer, el pago de facturas por parte del sector público en el conjunto de España acumula un retraso medio de 350 días. Piden que en la próxima Conferencia de Presidentes se aborde la problemática para buscar una solución consensuada entre administraciones.

A la cabeza de este desequilibrio financiero se sitúa la comunidad andaluza que, a fecha 31 de mayo de este año, debe más de 635 millones de euros a Fenin, acumulando una demora de 460 días en sus pagos. Sin embargo, el ranking de tardanza en el abono de deudas a los proveedores de tecnología sanitaria lo lidera la Comunidad Valenciana, con 720 días de retraso.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

RECHAZO FRONTAL DEL PP A «LA PRIMERA GRAN SUBIDA DE IMPUESTOS» DEL GOBIERNO SOCIALISTA

J. L. Lorente

El primer partido de la oposición considera que la fórmula del Ejecutivo para la financiación sanitaria es un «parche para dar solución a los problemas de sus socios»

MADRID. La propuesta del Gobierno socialista para paliar el déficit sanitario no contará con el apoyo del principal partido de la oposición. De momento -y a la espera de que los presidentes autonómicos del PP se reúnan con la dirección del partido el próximo lunes en Madrid-, los populares se encargaron ayer de expresar su rechazo frontal a lo que consideran «la primera gran subida de impuestos» del Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Para el primer grupo de la oposición, el plan de los socialistas pone en evidencia que Zapatero incumple su promesa de no elevar la presión fiscal.

Muchos fueron los reproches que los populares lanzaron ayer al presidente del Gobierno. En la sede central del PP en la calle Génova de Madrid se habló de «propaganda para salir en los telediarios», mientras los barones territoriales quisieron dejar claro que sus Ejecutivos autonómicos no subirán los impuestos para paliar el déficit de la sanidad pública. «No haremos recaer sobre los ciudadanos lo que el Estado está obligado a pagar por ley», aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Una «limosna» de 500 millones

La estrategia del PP es oponerse al plan del Gobierno socialista por «insuficiente, insolidario e inflacionista». Así lo señalaron ayer los secretarios de Economía y Política Social del primer partido de la oposición, Miguel Arias Cañete y Ana Pastor, en una rueda de prensa inmediatamente posterior al acto de presentación de la iniciativa que hizo el Ejecutivo.

Los populares no sólo critican la fórmula -calificada de «parche» para resolver los «problemas» de los socios del Gobierno (en alusión a ERC)-, sino que denuncian el hecho de que la propuesta no se hubiera negociado previamente e, incluso, que ni siquiera se tuviera en cuenta la «delicadeza» de remitirla antes de su presentación oficial. Ana Pastor cree que se trata, por un lado, de un plan de mera propaganda -«con el que queda claro que la sanidad no es una prioridad para el Ejecutivo»- y, por otro, «una iniciativa insolidaria», porque puede provocar diferencias entre los territorios.

Según explicó, con esta propuesta, los 3.700.000 ciudadanos que se han incorporado al sistema sanitario en la última etapa sólo contarán de media con 213 euros al año, cuando en enero de 2004 el sistema destinaba más de mil euros por persona y año.

Pero lo que más critican los populares es la mayor presión fiscal. Arias Cañete explicó que los ciudadanos pagarán parte del sistema sanitario mediante el incremento del impuesto de electricidad e hidrocarburos. Tras recalcar que la gasolina cuesta desde que el PSOE llegó al poder un 27 por ciento más cara, dijo que la iniciativa «es una subida sobre una subida».

Además, el dirigente del PP acusó al presidente del Gobierno de «falta de talante negociador» y quiso dejar claro que su partido «nunca aceptará» un sistema en el que la aportación estatal esté vinculada a una subida de impuestos. «En este momento en el que el Estado tiene un exceso de recaudación de 7.000 millones de euros, hay margen financiero para no dar la limosna de 500 millones durante dos años».

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL GOBIERNO LIMITA SU PLAN SANITARIO A UN ALZA DE IMPUESTOS Y A APORTAR MIL MILLONES EN DOS AÑOS

Inmaculada G. de Molina

Fumar y consumir alcohol será más caro a partir de 2006. El Gobierno ha decidido subir los impuestos que gravan estos dos productos para financiar la sanidad. Además, aportará 1.000 millones al sistema en los próximos dos años.

Madrid- El Gobierno presentó ayer «de urgencia» su propuesta de choque para taponar la sangría que supone el sistema de financiación de la sanidad, nueve días antes de que, en teoría, la Conferencia de Presidentes cierre un acuerdo sobre esta cuestión y un año después de que se comprometiera en la primera reunión de la Cumbre de los máximos responsables autonómicos. El documento que ayer remitió el Gabinete de Zapatero a las autonomías, de doce páginas de extensión, se limita, con el argumento de que es una competencia transferida, a alzas de impuestos y a una aportación directa del Estado en los próximos dos años de 1.000 millones de euros, cuantía que equivale al déficit sanitario anual en el que incurren las comunidades.

El Ejecutivo, al igual que hiciera el anterior Gobierno de Aznar, pasa de puntillas, por impopulares, por las medidas para racionalizar el gasto sanitario y garantizar, de esta manera, la viabilidad futura del modelo. La patata caliente de la adopción de las mismas la deja en manos de los gobiernos autonómicos.

En este escenario, el Estado aportará en 2006 y en 2007 al sistema sanitario un total de 1.000 millones de euros no consolidables en los siguientes ejercicios. Además, a partir del próximo año, ir de cañas será, al menos, un 10% más caro. Éste es el porcentaje que subirá el impuesto del alcohol para financiar la sanidad. Fumar también se encarecerá, como mínimo, un 5%, cuantía que sube el impuesto aplicable a 1.000 cigarrillos. El precio de la cajetilla de Ducados pasará de 2,20 a 2,31 euros en el próximo ejercicio, mientras que la de Malboro elevará su precio, en principio, 13 céntimos al pasar de 2,75 a 2,88 euros.

El Gobierno ha decidido aumentar la fiscalidad de estos dos productos por estar más vinculados con el gasto sanitario.

El Estado anticipará a cuenta de los impuestos cedidos 800 millones a las comunidades en 2006 de forma transitoria. En total, aportará al sistema sanitario el año que viene un total de 1.427 millones de euros (unos 250.000 millones de las antiguas pesetas).

A esta cifra habrá que sumar los ingresos correspondientes a las decisiones fiscales que el Gobierno permitirá adoptar a las autonomías en el ejercicio de su capacidad normativa. En ese sentido, el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pedro Solbes, explicó ayer que las autonomías podrán duplicar el denominado céntimo sanitario sobre la gasolina, medida recogida ya en el actual sistema aprobado en 2001 con el Ejecutivo del PP. Si todas las comunidades optaran por hacerlo recaudarían 819,8 millones más. En estos momentos, sólo Madrid, Galicia, la Comunidad Valenciana y Cataluña lo aplican.

Solbes admitió sin embargo que, por las tensiones que vive el mercado del petróleo, no es el momento más idóneo para decidir un incremento del precio de las gasolinas. El crudo de Brent cotiza a 67,27 dólares el barril. Sin embargo, recordó que se trata sólo de céntimos y, por ende, no disparará aún más el precio de los hidrocarburos. Este mismo argumento lo esgrimió para restar importancia al impacto que su alza tendrá sobre la inflación, aunque no ocultó que el IPC sufrirá un aumento moderado por una medida de este tipo. El Gobierno recuerda en el escueto y esquemático documento que remitió a las comunidades que si ejercieran su capacidad normativa ya existente sobre los impuestos de hidrocaburos y matriculaciones recaudarían 696,9 millones de euros más cada año.

El plan del Ejecutivo, que no supone una modificación del actual sistema como ya advirtió Economía hace meses, posibilita a las autonomías a establecer un recargo de hasta el 41% sobre el impuesto de la luz, lo que supondrá unos ingresos adicionales para destinar a sanidad de 321,4 millones de euros.

El plan del Gobierno se limita, sin profundizar, a enunciar nueve medidas de choque para racionalizar el gasto. Así, habla de promover la demanda responsable de los servicios sanitarios, de un uso racional de las tecnologías, de las retribuciones del personal sanitario, de criterios racionales en la gestión de las compras... pero no concreta cómo desarrollar ese control del gasto, auténtico talón de Aquiles del sistema.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

PROPUESTA ABIERTA A LA NEGOCIACIÓN

Tres ministros, uno de ellos con rango de vicepresidente, y un secretario de Estado fueron ayer los encargados de explicar a la opinión pública la propuesta gubernamental para financiar la sanidad. Los tres miembros del Gabinete de Zapatero dejaron claro que el documento de propuesta de financiación sanitaria permanecerá abierto hasta el final de la negociación con las comunidades, o, lo que es lo mismo, que las autonomías podrán lograr más dinero del Estado. Ese final tiene una fecha ya fijada. El próximo miércoles los consejeros autonómicos y el Ejecutivo se reunirán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para, en principio, cerrar el acuerdo que el 10 de septiembre elevarán a la Cumbre de Presidentes. Previamente, el lunes los técnicos autonómicos y los del Gobierno mantendrán una reunión preparatoria.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL PP CONSIDERA UN «PARCHE INFLACIONISTA» LA PROPUESTA SANITARIA

C. S. Macías

Arias Cañete descalifica «la primera gran subida de impuestos» del Gobierno de Zapatero

Madrid- «Un parche que soluciona las necesidades de sus socios de gobierno». Así de contundente se mostró la coordinadora de acción social del PP, Ana Pastor, en rueda de prensa al referirse a la propuesta de reforma de la financiación sanitaria presentada ayer por el Gobierno. Pastor aseguró que el Ejecutivo de Zapatero «se ha equivocado tanto en el diagnóstico como en el tratamiento». Según Pastor, se equivoca en el diagnóstico porque el problema de la sanidad se debe al aumento de población y por ello necesita más recursos, y se equivoca en el tratamiento porque la propuesta que pretende llevar a la próxima Conferencia de Presidentes supone «poner un parche» al actual sistema de financiación sanitaria.

Por su parte, el secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, acusó al presidente del Gobierno de «falta de talante negociador» ya que la propuesta de financiación sanitaria constituye «la primera gran subida de impuestos del Ejecutivo socialista». Arias Cañete acusó al Gobierno de «ningunear» a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, tildó la propuesta de «claramente inflacionista» y afirmó que la aportación directa prevista por el Estado (1.000 millones en los dos próximos años) resulta «radicalmente insuficiente».

Arias Cañete avanzó que su formación emitirá una opinión más concreta sobre la propuesta del Gobierno tras la reunión que mantendrán el próximo lunes los representantes de las comunidades goberna- das por el PP. Los dirigentes populares se quejaron de que el Gobierno no haya negociado previamente esta propuesta con las autonomías y de que ni siquiera haya tenido la «delicadeza» de remitirla a los gobiernos autonómicos antes de presentarla. Así, Pastor zanjó que se trata de un plan «inexistente» y de mera «propaganda» además de «insuficiente» e «insolidario» porque puede provocar diferencias entre los distintos territorios y con el que queda claro que la sanidad no es una «prioridad» para el Ejecutivo.

Según explicó, con esta iniciativa los usuarios que se han incorporado al sistema sanitario en los últimos años sólo contarán de media con 213 euros al año, cuando en enero de 2004 el sistema destinaba más de mil euros por persona y año.

Arias Cañete se mostró muy crítico con la propuesta, que calificó de «la primera gran subida de impuestos del Gobierno socialista» y que, además, traerá un incremento de la inflación. «Es radicalmente insuficiente y los ciudadanos van a tener que pagar el pato con subidas de la luz, la gasolina y el tabaco», afirmó. Así, criticó que «todo el esfuerzo que va a hacer el Estado son 500 millones de euros» y saldrán «del incremento del 10 por ciento de los impuestos del tabaco y el alcohol». Además, los populares reprocharon al Ejecutivo que no haya especificado qué criterio se va aplicar para repartir esos 500 millones entre las distintas comunidades. En este sentido, Arias Cañete dejó claro que su partido «nunca» aceptará un sistema que vincule al incremento de impuestos la participación de las comunidades en la aportación estatal. En cualquier caso, según el Partido Popular el Gobierno podría utilizar los 7.000 millones de superávit para atender el incremento de población, y por tanto el de usuarios de la sanidad pública, como fórmula transitoria hasta que se revise el sistema de financiación autonómico en su conjunto de una forma mucho más detallada. Cañete recordó que el modelo de financiación de 2001 se acordó por unanimidad y «ese modelo recoge el fondo de cohesión sanitaria» y añadió que todas las comunidades autonómicas lo aproba- ron durante el Gobierno del Partido Popular.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

«ME HE QUEDADO DE PIEDRA»

Mientras Arias Cañete, como secretario ejecutivo de Economía y Empleo, se centró en lo que compete a la financiación sanitaria en cifras, la ex ministra de Sanidad Ana Pastor habló de salud. La coordinadora de acción social de los populares dijo que se había «quedado de piedra» al ver que el Gobierno pretende hacer más desiguales a los españoles, «porque va a haber 17 sistemas sanitarios diferentes, financiados de forma diferente», y denunció que el Ejecutivo no establezca una cartera con los servicios que se van a prestar a los ciudadanos. Pastor aseguró que no sabe si va a haber un sistema de prevención de cáncer de colon en una comunidad y en otras no o simplemente si una persona va a poder tratarse en una comunidad de una enfermedad y va a ser diferente, ya que no hay ningún modelo sanitario común con todo el Estado. Pastor añadió que este sistema sólo sería «bueno y justo» para el Gobierno, pero no para los ciudadanos, porque no cubriría sus necesidades. Asimismo la coordinadora de acción social de los populares, afirmó que el Gobierno de Rodríguez Zapatero propone algo que no se cuantifica y además dijo que no es «una buena propuesta para el sistema sanitario» ya que además «va en sentido contrario a Europa». «Hay que saber a qué tienen derecho los ciudadanos y de eso no se ha hablado nada», sentenció.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL DÉFICIT SANITARIO, LA GRAN INCÓGNITA QUE NUNCA DESPEJARÁ EL GOBIERNO

I. G. de M.

El Gobierno, después de casi un año de indagaciones, no ha logrado saber el montante del déficit sanitario de las comunidades. Ahora, renuncia a saberlo porque de lo que se trata es que tengan equilibrio presupuestario.

Madrid- Un vicepresidente, dos ministros y un secretario de Estado fueron ayer los encargados de presentar ante la opinión pública la propuesta del Gobierno para garantizar la viabilidad financiera del actual modelo sanitario. En una hora de comparecencia ante los medios de comunicación no despejaron la gran incógnita de si los 1.427 millones de euros (unos 250.000 millones de las antiguas pesetas) que aportará el Estado en 2006 a las autonomías serán suficientes o no para taponar sus actuales agujeros sanitarios. Ninguno de los ministros cuantificó el déficit de la sanidad, competencia transferida a las comunidades. Es más, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, restó importancia, de existir, a ese desfase. Sevilla justificó su aseveración al argumentar que los Gobiernos autonómicos presentan para el próximo año presupuestos equilibrados. Prueba, a su juicio, irrefutable de que lo del déficit sanitario es una entelequia. Por ello, recomendó a las autonomías recortar sus gastos en televisiones autonómicas o en otros capítulos de sus presupuestos, si necesitan recursos para financiar su sanidad.

De momento, sólo se conoce que la deuda contabilizada pendiente de pago, correspondiente a facturas relacionadas con la sanidad, de las comunidades asciende a 5.266 millones de euros (900.000 millones de las antiguas pesetas). Esta cifra está recogida en un documento elaborado por el grupo de expertos, que el Gobierno constituyó en el segundo semestre de 2004 para realizar una diagnóstico de la salud del modelo. Al final, parece que el Ejecutivo ya no considera prioritario conocer la cifra exacta de déficit para poder preparar la dosis adecuada de bálsamo que cicatrice las heridas del sistema público sanitario.

Aunque no existen cifras oficiales, algunos expertos calculan que el agujero podría elevarse a casi tres billones de las antiguas pesetas (18.000 millones de euros). Cuantía que el Gobierno rebaja extraoficialmente casi a la mitad.

La realidad es que el sistema público de sanidad genera todos los años un gasto de 55.000 millones de euros (unos 9 billones de las antiguas pesetas), lo que supone el 5,9% del PIB de España. Esta cifra está condenada a aumentar ejercicio tras ejercicio, sobre todo, por la población inmigrante cada vez más creciente. Se calcula que un millón de inmigrantes irregulares son usuarios de la sanidad pública. Sin contar con que 1,7 millones de legales, con rentas bajas, reciben más prestaciones sociales por las que cotizan. Además, el gasto público sanitario español, aunque elevado, se sitúa 1,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea.

La radiografía del enfermo se completa con un déficit anual generado por las comunidades de 1.000 millones de euros (167.000 millones de las antiguas pesetas), que de no cortarse de raíz amenaza con colocar al sistema en quiebra técnica. Con esta cifra se podría construir 333 kilómetros de autopista o edificar diez centros hospitalarios.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

RADIOGRAFÍA DEL SISTEMA PÚBLICO DE SANIDAD

Un gasto en alza. El sistema público de sanidad genera todos los años un gasto de 55.000 millones de euros (unos 9 billones de las antiguas pesetas), lo que supone el 5,9% del PIB de España. Esta cifra está condenada a aumentar ejercicio tras ejercicio, sobre todo, por la población inmigrante cada vez más creciente. Se calcula que un millón de inmigrantes irregulares son usuarios de la sanidad pública. Sin contar con 1,7 millones de legales, con rentas bajas, que reciben más prestaciones sociales por las que cotizan.

A la cola de Europa. El gasto público sanitario español, aunque elevado, se sitúa 1,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea.

Déficit. Cada año las autonomías generan un déficit de 1.000 millones.

Comunidades. El déficit sanitario de las comunidades es difícil de estimar. Casi ningún gobierno autonómico se atreve a aportar cifras. El Ejecutivo catalán admite un déficit de 600 millones de euros y una deuda acumulada de 3.000 millones de euros.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

LOS ACREEDORES TARDAN 350 DÍAS EN COBRAR

R. N.

Madrid- Las administraciones públicas sanitarias tienen una deuda de 1.650 millones de euros con los fabricantes de tecnología sanitaria, según denunció ayer la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), que agrupa a más de 500 compañías.

FENIN hizo públicos estos datos poco antes de la reunión que el próximo 10 de septiembre mantendrá el presidente del Gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas, en la que se tratará de la crisis de la financiación por la que atraviesa el Sistema Nacional de Salud, un encuentro que consideran «que puede posibilitar en el futuro un escenario de mayor equilibrio financiero».

También explicó que, por culpa de un inadecuado sistema de pago, las Comunidades han tenido que abonar a los proveedores de tecnología sanitaria –denominación que excluye a los medicamentos– 228 millones de euros en concepto de intereses de demora, una cantidad que con una mejor financiación se podría invertir en mejorar la sanidad española.

Según los datos publicados, actualmente el plazo medio de pago de las facturas por parte del sector público es de 350 días, aunque hay una gran disparidad entre las distintas Comunidades. Así, Valencia, con una demora que llega a los 720 días y una deuda de 578,5 millones de euros, se sitúa como la Comunidad que peor paga. La segunda Comunidad en esta línea es Andalucía, con una demora de 460 días y una deuda de 635,5 millones, le siguen Baleares, con 240 días y 25,10 millones, y Castilla-León, con 225 días y 94,30 millones de euros de deuda.

FENIN sostiene que, para la Administración, estas demoras suponen unos costes financieros elevados debido a la acumulación de intereses añadidos a la deuda, ya elevada de por sí, informa Efe.