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El Estatuto Inconstitucional: Opiniones

Por Narrador - 3 de Septiembre, 2005, 15:48, Categoría: Estatuto Catalán

Para EL MUNDO "El conjunto de la clase política catalana, salvo notables excepciones, se ha encaramado a un discurso victimista según el cual ''los de fuera de Cataluña'' estarían torpedeando injustamente la reforma de su Estatuto". A las muchas advertencias se ha sumado EL Consell Consultiu de la Generalitat. Según este órgano asesor, la propuesta de financiación y la apelación a unos supuestos derechos históricos "chocan de frente con la Constitución y deben ser eliminados". "En lugar de ocuparse de resolver los problemas reales de la gente, Maragall y sus socios se han dedicado a crear problemas nuevos y en grandísima medida imaginarios". ABC se centra en cómo el informe del Consell Consultiu "ratifica la razón que tenían quienes denunciaron que esta reforma estatutaria era una revisión constitucional encubierta, no mucho peor en el fondo que la pretendida, más burdamente, por el revisado plan Ibarretxe, con la diferencia de que en el proyecto catalán es el Partido Socialista el que ha asumido el liderazgo de esta actividad inconstitucional". "Tal y como está la situación no se puede descartar nada, porque el capital invertido por Zapatero en Maragall es muy alto". También incluimos el artículo de Luis Foix en LA VANGUARDIA del pasado jueves.

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

UN ESTATUTO INCONSTITUCIONAL

Editorial

El conjunto de la clase política catalana, salvo notables excepciones, se ha encaramado a un discurso victimista según el cual «los de fuera de Cataluña» estarían torpedeando injustamente la reforma de su Estatuto de Autonomía. Pues bien, a las advertencias del PP, de destacados dirigentes socialistas como Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o José Bono, y de los propios expertos consultados por el Ministerio de Administraciones Públicas se han sumado ahora las de una institución cuyas credenciales catalanas quedan fuera de toda duda: el mismísimo Consell Consultiu de la Generalitat.

Aunque el dictamen completo no se conocerá hasta el lunes, ya sabemos su opinión sobre dos aspectos clave del borrador del tripartito. Se trata de la propuesta de financiación -que contempla la creación de una agencia tributaria prácticamente independiente de la estatal, y limita al 50% la cesión al Estado de los impuestos recaudados por la Generalitat, que además tendría capacidad normativa sobre todos los tributos- y de la apelación a unos supuestos derechos históricos como método de blindaje de competencias. Según el órgano asesor, ambas iniciativas chocan de frente con la Constitución y deben ser eliminadas.

El dictamen del Consell -que el PSC promete acatar- viene a reafirmarnos en nuestra opinión de que lo mejor que podría hacer el tripartito es reconocer su incapacidad para sacar adelante una reforma estatutaria razonable y dentro de los amplios límites que marca nuestra Carta Magna, y dedicarse de una vez a gobernar. Los ciudadanos catalanes han asistido, entre desolados y estupefactos, al lamentable espectáculo de un Gobierno que ha incumplido flagrantemente sus promesas de cambio. En lugar de ocuparse de resolver los problemas reales de la gente, Maragall y sus socios se han dedicado a crear problemas nuevos y en grandísima medida imaginarios. Han provocado un debate en torno al Estatuto que, según las propias encuestas de la Generalitat, no preocupa más que a un 0,4% de los catalanes.

Zapatero, que se ha visto obligado a coger las riendas del proceso ante las grietas que empieza a generar dentro de su propio partido, siempre ha dicho que quiere una solución que sea «buena para Cataluña». Pues bien, ya la tiene. Es el Estatuto actual, que no necesita de grandes retoques para seguir proporcionando a los catalanes elevadas dosis de autogobierno y bienestar.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

ESTATUT FUERA DE GUIÓN

Editorial

EL Gobierno socialista anda últimamente de revelación en revelación, topándose con una realidad bien distinta de la que aparecía en su discurso oficial y que, de forma notoria, le está produciendo un creciente desconcierto. Entre los descubrimientos más recientes destaca la alta probabilidad de que el proyecto de Estatuto que prepara el tripartito catalán sea así íntegramente inconstitucional, a pesar de que el proceso de reformas estatutarias fue puesto de largo como el cauce para superar definitivamente la «tensión territorial» acumulada durante los gobiernos de Aznar. Este veredicto de inconstitucionalidad sobre el proyecto del tripartito es la opinión de una serie de expertos juristas cuyos informes, encargados por el Ministerio de Administraciones Públicas, salieron oportunamente a la luz al día siguiente de que Maragall insistiera en que Cataluña es una nación, y España, un Estado federal. También el Consejo Consultivo catalán ha anticipado su opinión de que el modelo de financiación y de organización tributaria propuesto por el tripartito choca con la Constitución, lo que, de forma indirecta, es un aviso a la entente nacionalista de convergentes con los republicanos de Esquerra.

El criterio de estos dictámenes de encargo se corresponde, sin forzar en absoluto las comparaciones, con la opinión de otros muchos juristas y de la posición inicial del PP acerca de la inconstitucionalidad radical de un texto estatutario que se basa en el reconocimiento de Cataluña como nación y en la instauración de un sistema político de nueva planta que le dice al Estado qué competencias conserva y cuáles pierde. Pese a la aparente sorpresa por la valoración jurídico-constitucional hecha por los expertos del Ministerio que dirige Jordi Sevilla, no era posible otro tipo de conclusiones ante un texto cuya finalidad última es la modificación de la Constitución. Se ratifica así la razón que tenían quienes denunciaron que esta reforma estatutaria era una revisión constitucional encubierta, no mucho peor en el fondo que la pretendida, más burdamente, por el revivido plan Ibarretxe, con la diferencia sustancial de que en el proyecto catalán es el Partido Socialista el que ha asumido el liderazgo de esta iniciativa inconstitucional.

Advertido el Gobierno desde sus propias filas de que el proyecto del tripartito es inconstitucional, y vista la crisis interna en la clase política catalana, por un lado, y dentro del PSOE, por otro, debería emitirse desde el Ejecutivo algún pronunciamiento más severo sobre la cuestión que la simple orden de mandar callar a todo el mundo, aunque implique una fricción con el tripartito catalán. En todo caso no será fácil para La Moncloa prevenir mayores males, pues Maragall siempre ha contado con el refrendo explícito de Rodríguez Zapatero, quien antes que presentarse como víctima de las tentaciones rupturistas del PSC y sus socios debería asumir su responsabilidad por haber dado alas a un proyecto político que, participado en origen y desarrollo por Esquerra Republicana de Catalunya, no podía tener ninguna garantía de constitucional y solidario. Por eso, la decisión del PSOE de que Rodríguez Zapatero tome las riendas de las reformas estatutarias suena a juego de palabras para aparentar que lo sucedido hasta ahora es ajeno a la voluntad presidencial y que su irrupción en el debate estatutario tiene una vocación reparadora. Nada más lejos de la realidad que presentar a Rodríguez Zapatero como víctima de la voracidad de ERC o de la política de Maragall.

Tampoco sería sensato por parte socialista poner en marcha una estrategia de distracción que implicara en sus errores a quienes nada tienen que ver con ellos. Sin embargo, hay indicios de que éste es el propósito, por ejemplo, en relación con el proyecto de reforma del Estatuto valenciano, contra el que algunos portavoces socialistas han empezado a lanzar reproches de inconstitucionalidad más por deseo de dar cobertura a un futuro rechazo al texto del tripartito catalán que por un juicio técnico ecuánime y basado en el rigor del análisis constitucional. Tal y como está la situación, no se puede descartar nada, porque el capital invertido por Rodríguez Zapatero en Pasqual Maragall es muy alto y, aunque en política es habitual soltar lastre para evitar la caída, esta vez no será suficiente una huida hacia adelante para explicar a la opinión pública el porqué de tantas diferencias entre lo prometido por el Gobierno -algo así como el guión de la felicidad y la virtud cívicas- y la realidad de cada día.

LA VANGUARDIA

Jueves, 1 de de septiembre de 2005

EL LABERINTO ESTATUTARIO

Lluís Foix

El calendario avanza inexorablemente sin que nadie pueda asegurar si habrá Estatut antes de las fiestas de la Mercè, si lo habrá después o si se abandonará la empresa para dejar las cosas tal y como estaban cuando se firmó el pacto del Tinell con las voluntariosas promesas de un tripartito que rompía con la larga hegemonía de muchos gobiernos de Jordi Pujol.

La redacción del Estatut ha devenido un campo de batalla en el que no se ha contemplado un proyecto común pensando en el futuro del país, sino en un posicionamiento partidista, como si sobre el texto estatutario se escribiera el programa de las próximas elecciones.

Quien haya seguido con interés el largo debate puede encontrarse andando a tientas en un laberinto en el que todos los protagonistas también buscan en vano una salida. No sé a estas alturas quién ha contribuido más al desconcierto que percibe la mayoría de ciudadanos. En cualquier caso, sería una frivolidad pretender que el nuevo Estatut es obra exclusiva del tripartito, de las formaciones nacionalistas, de los socialistas o de las combinaciones que puedan establecerse entre ellos.

Ha faltado realismo, visión y generosidad. Ha habido más táctica, más regate a corto, que estrategia de altos vuelos. Si finalmente el Estatut no es suscrito por todo el arco político catalán, aunque cuente con una mayoría suficiente, saldrá herido de muerte de Catalunya y corre el riesgo de ser enterrado piadosamente en el Congreso de los Diputados, con la natural satisfacción del Partido Popular, pero también con la connivencia de todo o parte del socialismo español.

Quien haya leído detenidamente el texto habrá advertido que es más una Constitución que un Estatut que, como el que está vigente, fue elaborado y aprobado como consecuencia de las disposiciones de la Constitución de 1978. Se puede reformar la Constitución, por supuesto, pero sería extraño que esta reforma viniera como consecuencia de un documento de rango inferior. Parece más una Carta Magna de un Estado de nueva creación que un instrumento jurídico y político que deriva de una ley superior.

Recuerdo una conversación mantenida con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Abba Eban, en su casa de las afueras de Tel Aviv hace unos años. Los hombres y las naciones, me decía, acaban siempre haciendo lo que es más correcto, después de explorar todas las demás posibilidades. Catalunya, con este o con otro proyecto estatutario, tiene que acabar haciendo lo correcto.