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3 de Septiembre, 2005

Batasuna y la Economía del Terrorismo por Mikel Buesa

Por Narrador - 3 de Septiembre, 2005, 18:40, Categoría: Terrorismo

“... Para la economía del terrorismo etarra, ha sido crucial el papel desempeñado por Batasuna en las instituciones vascas. La presencia de este partido le permitió garantizarse un acceso directo a la obtención de recursos públicos...” Poco más hay que añadir

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

BATASUNA Y LA ECONOMÍA DEL TERRORISMO

Mikel Buesa (Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid)

El despliegue de iniciativas que, tras el éxito electoral de sus testaferros en los últimos comicios vascos, ha venido realizando Batasuna, reclamando su legalización e imponiendo de hecho su presencia pública sin por ello rebajar sus objetivos independentistas ni renunciar a la violencia terrorista para alcanzarlos, hay que valorarlo en el marco del cambio que, con respecto a la política antiterrorista, ha establecido el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Al renunciar éste a la derrota de ETA y formular explícitamente su pretensión de negociar con ella, Batasuna -cuya subordinación a esa organización armada no conviene olvidar- ha encontrado la oportunidad para tratar de recuperar terreno perdido desde que, hace tres años, fuera excluida del sistema de partidos políticos. Y lo está haciendo mediante el aprovechamiento, por una parte, de la precaria posición parlamentaria del ejecutivo vasco, y, por otra, de las contradicciones en las que, de forma continuada, está cayendo el partido socialista.

Conviene recordar que la ilegalización de Batasuna culminó el proceso de suspensión judicial de un amplio conjunto de organizaciones alegales, sociedades mercantiles y entidades asociativas a través de las cuales ETA había venido desarrollando sus actividades de reclutamiento y formación de militantes, propaganda, asistencia social a las familias de presos, control y cohesión de sus simpatizantes, así como las de naturaleza estrictamente política y las de carácter terrorista. Ello supuso una importante merma de capacidad operativa -pues, a la clausura de sedes, el despido de trabajadores, el embargo de inmuebles y el cierre de medios de comunicación, se añadió la pérdida de la representación política municipal que ejercían 49 alcaldes y 890 concejales-, a la vez que un quebranto económico indudable. El primero de esos efectos se ha traducido en una reducción de la movilización política en torno a la banda terrorista, de manera que, según el Euskobarómetro, en el último quinquenio el apoyo a ETA ha caído desde un 7 hasta un 2 por ciento de la población, a la vez que la imagen de sus militantes sólo adquiere una connotación positiva entre la cuarta parte de los vascos, cuando hace cinco años esa proporción era justamente el doble. Y el segundo hay que ponerlo en relación con el desgaste de la capacidad de ETA para cometer atentados, pues los éxitos policiales en la detención de comandos se han visto reforzados por la disminución de los recursos con los que financiarlos.

Para entender bien esta última afirmación, es preciso establecer el balance global de la economía depredadora sobre la que se fundamenta el terrorismo nacionalista. ETA-Batasuna ha basado el sostenimiento del esfuerzo armado terrorista y de sus actividades políticas sobre las siguientes fuentes de recursos: la extorsión a los empresarios, exigiéndoles pagos bajo amenazas o mediante el secuestro; la obtención de subvenciones públicas al amparo de programas presupuestarios destinados a la financiación de partidos políticos, actividades culturales, apoyo al euskera y ayudas a medios de comunicación; el rendimiento de actividades mercantiles realizadas por diferentes empresas y, en particular, por las herriko tabernas; el saqueo de depósitos de explosivos; y la realización, al parecer esporádica, de tráficos ilícitos de armamento, drogas y servicios de asistencia técnica a otras organizaciones terroristas. Aunque no todas estas fuentes están debidamente cuantificadas, sobre todo las dos últimas, a partir de los datos de que se dispone y que han sido publicados por diferentes medios a lo largo de los últimos años, se puede establecer que, durante la década que media entre 1993 y 2002, el conjunto de las organizaciones y entidades vinculadas a ETA-Batasuna ha dispuesto de un mínimo de 23,9 millones de euros anuales. De esta cantidad, casi la cuarta parte ha procedido de la extorsión a los empresarios, totalizando 5,9 millones por año; otro 12,5 por 100 -unos tres millones en cada ejercicio- lo proporcionan las ganancias empresariales; el 7,1 por 100 es de origen desconocido, dando lugar a la entrada de 1,7 millones; las rifas -con 0,3 millones- y el principal e intereses no reintegrados por créditos concedidos por la Caja Laboral Popular -valorados en 0,2 millones- suman otro 2 por 100; y la partida más importante -que recoge 12,8 millones anuales, equivalentes al 53,5 por 100 del total- es la que reúne al conjunto de las subvenciones públicas.

El terrorismo nacionalista vasco ha sido, por tanto, subvencionado generosamente por unas administraciones públicas que, hasta el momento de la ilegalización de Batasuna, seguramente de forma interesada ni quisieron admitir en su discurso la interconexión entre los diferentes elementos de la organización terrorista, ni impulsaron los instrumentos jurídicos para hacerles frente. Entre esas administraciones, la principal ha sido el Gobierno Vasco, pues ha sido ella la que ha proporcionado la cifra más elevada, hasta alcanzar dos tercios de la cuantía total de subvenciones antes mencionada. Y si se añaden las corporaciones locales, el Parlamento y las empresas públicas, la cantidad aportada por las instituciones regionales se eleva hasta casi el 83 por ciento. Ello ha sido posible gracias a un singular sistema de financiación de partidos políticos que, ajeno a la ley correspondiente, sólo existe en el País Vasco; a la presencia presupuestaria de amplios programas de ayudas de naturaleza cultural y social cuyos fines se formulan las más de las veces de una manera difusa; y al escaso rigor con el que, como en más de una ocasión ha destacado el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se gestionan las subvenciones en esta región. Por lo demás, a la Unión Europea le corresponde un no despreciable 17 por ciento, y a las Cortes Generales un exiguo 0,3 por ciento del total de las subvenciones.

El análisis de las cifras precedentes permite concluir que, para la economía del terrorismo etarra, ha sido crucial el papel desempeñado por Batasuna en las instituciones vascas. La presencia de este partido en la cámara legislativa vasca, en los ayuntamientos y en las Juntas Generales de las Diputaciones, le permitió garantizarse un acceso directo a la obtención de recursos públicos y, lo que es más importante, una capacidad de decisión e influencia política suficientes para canalizar esos mismos recursos hacia las organizaciones integradas en el entramado terrorista. Por ello, se entiende perfectamente que, después de haber perdido casi todo su poder real con la ilegalización, ETA-Batasuna trate por todos los medios de recuperar ese poder, pues en él estriban sus posibilidades de continuidad -e incluso de supervivencia-, a la vez que su aspiración a ejercer el liderazgo en un futuro estado vasco independiente. Y se entiende también que, entre sus planteamientos, como han evidenciado con nitidez meridiana los papeles de Antza, no entre el del abandono del terrorismo.

En estas circunstancias, la política antiterrorista más sensata se tendría que haber basado en la profundización de los principios y acciones englobados en el Pacto por las Libertades que suscribieron en su día el PP y el PSOE. Ello habría conducido al Gobierno a no dar cuartel a Batasuna, a haber tratado de impedir su participación parlamentaria camuflada en el PCTV y a haber reprimido sus manifestaciones públicas. Sin embargo, no ha sido así. El presidente Zapatero se ha centrado en un ilusivo proceso de negociación con ETA, a la vez que mantiene con toda su intensidad el combate a los comandos terroristas y que, más en los hechos que en el discurso, se muestra condescendiente con las expresiones políticas del terrorismo. Los alambicados arcanos que inspiran esta nueva política tal vez nos sean desvelados el día en el que, más allá de la confianza ciega en su máximo dirigente, el Gobierno explique el significado exitoso de lo que, para nosotros, es hoy una inescrutable trama de acontecimientos. Pero si, como todo apunta, fracasa, entonces habrá que recordarle, con Sófocles, que «a los hombres que cargan con males voluntarios, no es justo que nadie les tenga clemencia ni compasión».

El Apoyo del PNV Tiene Precio

Por Narrador - 3 de Septiembre, 2005, 18:39, Categoría: ¿Se Negocia con ETA?

Vamos conociendo las peticiones del PNV para garantizar la ‘estabilidad’ del gobierno. Son simples: derogar la Ley de Partidos y como dijo la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, pedir una modificación de la política penitenciaria y el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco. Esto no lo cuenta EL PAIS, no les parece un hecho noticiable. Por otro lado, ABC informa que el Gobierno acelera la solución de las demandas económicas del Gobierno vasco. En este sentido, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, confirmó que en las últimas fechas ha habido "contactos" para intentar resolver las diferencias sobre el Cupo, las indemnizaciones por el Prestige y la financiación de la ampliación de la Ertzaintza.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL GOBIERNO VASCO PIDE EL ACERCAMIENTO DE PRESOS «EN SEÑAL DE DISTENSIÓN» HACIA ETA

J. Arias Borque

El lendakari Ibarretxe y Rodríguez Zapatero se reunirán en La Moncloa el próximo miércoles

Vitoria- El tripartito que dirige el lendakari Ibarretxe está dispuesto a dar al entorno de ETA y a su partido ilegalizado el protagonismo que no le corresponde en la vida política vasca, y para ello ayer volvió a hacer un gesto de condescendencia con los que matan y justifican los asesinatos. La encargada de hacerlo en esta ocasión fue la portavoz del Ejecutivo vascongado, Miren Azkárate, quien reivindicó el acercamiento de los etarras encarcelados a prisiones cercanas a la región vasca y que se otorgue protagonismo a la ilegalizada Batasuna en las negociaciones del supuesto proceso de paz.

En una entrevista concedida a la radio pública Euskal Irratia, la portavoz del tripartito reclamó al Gobierno del PSOE el acercamiento de los presos de ETA a la región vasca como «señal de distensión» para poder avanzar en un proceso de pacificación. «Se debería dar otra señal de distensión, eso por descontado, aún más teniendo en cuenta la actual situación política». Aseguró que por estar en la cárcel «no se pierden los derechos que se tienen como persona». Por ello, criticó la dispersión de los presos y que los familiares de éstos tengan también que «sufrir condena» por su lejanía.

Tras reivindicar los derechos de los presos de ETA encarcelados, sin acordarse en ningún momento de las víctimas, afirmó que es «difícil» pensar que se pueda «avanzar» en una mesa de diálogo sin contar con la ilegalizada Batasuna, al igual que, a su juicio, no se puede afirmar que «el único problema es que desaparezca ETA y que el único camino son las vías policiales». «Dudo que dejando de lado a Batasuna porque es ilegal» se vaya a ir «hacia adelante».

Ley de Partidos. La portavoz del Ejecutivo aprovechó su reivindicación de notoriedad para los ilegalizados para atacar, una vez más, la Ley de Partidos. «Ésa no es, para nada, la solución», «prohibiendo las ideas y acallando las voces nunca vamos a encontrar ninguna salida». En su opinión, «habrá que empezar a hablar» entre todos, bien «todos a la vez o primero con unos y luego con otros», para encontrar una solución. Tras aseverar que el PP deberá valorar «qué postura toma cuando la paz está en juego», recordó que, para que se conforme una mesa de diálogo resolutivo, no puede haber «presiones de ningún tipo ni ninguna violencia».

El protagonismo de la ilegalizada Batasuna en el proceso de paz que, acompañado de una mesa de partidos extraparlamentaria, quiere llevar adelante Ibarretxe será, sin duda, uno de los temas prioritarios que el lendakari y el presidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, tratarán en la que será la segunda reunión entre ambos dirigentes desde que los socialistas venciesen en las últimas elecciones generales. Un encuentro que se celebrará el próximo miércoles en el palacio de La Moncloa, según confir- maron ayer desde el Ejecutivo regional vasco. La entrevista, que se llevará a cabo a las 16.30 horas, se desarrollará tres días antes de la Conferencia de Presidentes autonómicos que tendrá lugar en el Senado el día 10, y a la que ya han confirmado la presencia de Ibarretxe desde la Lendakaritza.

El primero de los encuentros tuvo lugar el pasado 5 de mayo, tras la reelección de Juan José Ibarretxe como lendakari, aunque todavía ocupaba el cargo en funciones, pues no fue investido hasta finales del mes de junio. En aquella ocasión, ambos dirigentes políticos constataron el inicio de «una nueva fase política caracterizada por la búsqueda permanente de espacios de debate, de diálogo y de encuentro». Por ello, anunciaron que esa primera reunión sería «el prólogo de otros muchos encuentros».

La nueva entrevista coincide con el momento en el que el lendakari tiene previsto que se comience a trabajar en el Parlamento vasco en favor de la creación de una mesa de diálogo multipartita y extraparlamentario, que permitirá incluir a Batasuna, para lograr la normalización política, para lo que ya ha anunciado una nueva ronda de contactos.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

AZKARRAGA: «LA MESA REQUIERE EL FIN DE LA VIOLENCIA»

J. A. B.

Vitoria- El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, polémico por las subvenciones que otorga desde su departamento a las familias de presos de la banda terrorista para que puedan visitarles en cárceles de toda la nación española, puso ayer una exigencia a la formación de la mesa de partidos, que se encuentre antes una solución para el fin de la violencia. Así, afirmó que en un proceso inicial de contactos entre formaciones «no se puede exigir nada de unos para otros», pero para pasar a un proceso resolutivo y «convocar una mesa» de partidos «se tiene que solucionar la desaparición de la violencia». Una postura que considera idéntica a la de la presidenta de su partido, Begoña Errazti (EA), quien se ha mostrado partidaria de no poner condiciones al diálogo.

Para el consejero vasco, una mesa de partidos «no se puede convocar para fracasar» y debe ser «el fin de un proceso previo de conversaciones discretas» entre todas las fuerzas, también Batasuna, en el que «nos hayamos puesto de acuerdo» en cuestiones como la territorialidad, la capacidad de decisión de la sociedad o «derecho de autodeterminación» y la desaparición de ETA. Por ello, advirtió de que «si el Partido Socialista o el Partido Popular no asumen la capacidad de decisión de la sociedad vasca, difícilmente vamos a convocar una mesa de partidos», al igual que «si Batasuna no plantea la exigencia de la desaparición de ETA». A su juicio, «la fase resolutiva es el punto y final» a un proceso previo, «difícil y complicado, que iniciamos en septiembre pero no sabemos cuándo terminará». Por último, aseguró haber percibido cambios en Batasuna, como el reconocimiento de que en una fase «resolutiva» no puede haber violencia, aunque consideró que no está cumpliendo lo anunciado en Anoeta.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL GOBIERNO ACELERA LA SOLUCIÓN DE LAS DEMANDAS ECONÓMICAS DE IBARRETXE

G. López Alba

El Ejecutivo vasco insiste en el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco y Moncloa asegura que «por ahora, no hay nada de nada»

MADRID. El empeño del Gobierno por lograr un entendimiento con el PNV que amplíe sus apoyos en el Parlamento y, al mismo tiempo, contribuya a abrir una nueva dinámica en el País Vasco, tiene ya varios exponentes. A pocos días de que José Luis Rodríguez Zapatero reciba al lendakari Juan José Ibarretxe -el próximo miércoles, como adelantó ayer ABC-, no sólo el PSOE ha incluido al PNV en la ronda de conversaciones con los grupos que apoyaron la investidura del presidente del Gobierno, sino que además ayer trascendió que ha habido «contactos» para resolver algunos de los principales contenciosos económicos con el Ejecutivo autonómico.

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, confirmó que en las últimas fechas ha habido «contactos» para intentar resolver las diferencias sobre el Cupo vasco, las indemnizaciones por el «Prestige» y la financiación de la ampliación de la Ertzaintza. El Gobierno vasco opina que hay un «compromiso incumplido» sobre estos tres asuntos, al que debe darse solución para que Zapatero recupere credibilidad a sus ojos, en el horizonte inmediato de su deseo de contar con el apoyo del PNV para aprobar los Presupuestos del Estado para 2006.

Más allá de los Presupuestos

El PSOE quiere, como explicó el lunes su secretario de Organización, José Blanco, que el entendimiento parlamentario se extienda a otros proyectos del Gobierno, lo que no se considera muy difícil teniendo en cuenta el tipo de materias que se quieran abordar en este curso político: infraestructuras, potenciación de la investigación y el desarrollo, ley de Autonomía Personal o Dependencia y Ley de Igualdad, básicamente.

El horizonte de la paz

En este contexto genérico, la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, reiteró ayer la petición para que los presos de ETA se acerquen al País Vasco como «señal de distensión» que contribuya a avanzar en el «proceso de pacificación», según informa Europa press. A propósito de esta reclamación, fuentes gubernamentales indicaron que, «por ahora, no hay nada de nada».

Azkarate justificó también el diálogo con Batasuna porque «silenciando las ideas no se encontrará nunca una solución». «Habrá que empezar a hablar entre todos, todos a la vez o primero con unos y luego con otros», defendió.

Estas cuestiones serán abordadas, seguramente, por Zapatero e Ibarretxe en su entrevista del miércoles, aunque tanto el Gobierno de la nación como el vasco mantienen un hermetismo total al respecto. La pacificación del País Vasco será también, aunque no trascienda, uno de los asuntos principales que Zapatero abordará el lunes con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, según se cree en círculos gubernamentales y socialistas.

A pesar del escepticismo con el que se afronta esta entrevista por ambas partes, Zapatero intentará persuadir a Rajoy de que el escenario ha cambiado sustancialmente desde que sus dos partido suscribieron el Pacto Antiterrorista, cuya convocatoria podrían acordar. En este sentido, el Gobierno concede gran significado al dato de que ETA no comete atentados mortales desde hace 27 meses, un periodo que supera ya el de la tregua de 1998. A este dato añade el creciente protagonismo -en detrimento de ETA- de Batasuna, que el pasado fin de semana llegó incluso a ofrecer «contrapartidas» al Gobierno.

Inquietud en Ezker Batua

Por otra parte, el avance en el proceso de entendimiento entre el PSOE y el PNV ha desatado la inquietud en Ezker Batua, que teme verse desplazada del gobierno vasco. Su portavoz, Mikel Arana, emplazó ayer al PNV a que «no acepte ser el sustituto de ERC» en el Congreso y dijo que «debería condicionar todo acuerdo a compromisos explícitos como el principio de respetar los acuerdos alcanzados por las instituciones vascas».

El Impuestazo: Editoriales

Por Narrador - 3 de Septiembre, 2005, 18:35, Categoría: El Impuestazo

Para no eternizar este tema, les resumo las distintas editoriales que abordan la cuestión en la prensa nacional. Como pueden imaginar no son demasiado favorables a esta medida, o más bien ocurrencia.

“Impuestos sanitarios”, EL PAÍS. La objeción que encuentra el diario a la propuesta realizada por el Gobierno es la de que al tratarse de impuestos indirectos, que gravan el consumo, no admiten progresividad. De todas formas, éste argumento, no podrá ser utilizado para reclamar que sea el Estado quien asuma la integridad de la deuda. Ello significaría dar el mismo trato a las autonomías que han gestionado bien sus recursos y a las que no; y a las que han decidido ampliar su catálogo de prestaciones. Para reclamar el aumento de la aportación del Estado se utiliza el argumento del incremento de la población asistida. Pero la cuestión es que en el sistema acordado en su momento ya preveía mecanismos correctores para esa situación. Apunta que la transferencia adicional que compromete el Gobierno debería destinarse a compensar esa diferencia. A partir de ahí, cada comunidad deberá corresponsabilizarse de la financiación del aumento del gasto.

- “¿Pero no quedamos en lo progresista era bajar impuestos?”, EL MUNDO.  Teniendo en cuenta que el aumento del gasto sanitario se debe en gran medida a un fenómeno del que no son responsables las comunidades autónomas: la inmigración, se debería intentar ahorrar en partidas que son más prescindibles, antes de someter al ciudadano a más impuestos. Como es el caso de las televisiones públicas, de las que ningún político parece dispuesto a deshacerse. También sugiere que si se decide aumentar los ingresos por la vía impositiva no se puede ignorar el IRPF pretendiendo camuflar la subida en tasas que parecen menos impopulares pero que gravan por igual a ricos y pobres. Concluye recordando a Zapatero sus palabras en las que aseguraba que “bajar impuestos es de izquierdas”.

- “Salvar la foto de familia”, ABC. Apunta que la gestión de la sanidad en nuestro estado autonómico es competencia de las comunidades autónomas. Por ello, las medidas racionalizadotas que acompañan a la propuesta del Gobierno no pasan de ser un catálogo de buenas intenciones. Algunas recomendaciones y medidas promocionales y preventivas son de puro sentido común, pero no bastan por sí solas para sostener unos servicios básicos que la ministra Elena Salgado calificaba ayer como “uno de los más amplios de Europa”. Queda patente pues, que el Ejecutivo actúa con una visión a corto plazo, que pretende salir del paso con nuevas dosis de talante pero con pocos  argumentos sólidos. Señala que aunque el tema de la financiación sanitaria es importante, no puede ocultar el debate de hondo calado sobre el modelo territorial, en el cual el Gobierno pretende contentar a todos en un ejercicio imposible de malabarismo político.

- “Llega el impuestazo”, LA RAZÓN. Cree que la financiación del sistema sanitario no puede seguir como hasta ahora y exige un esfuerzo añadido de notables proporciones. En primer lugar, de las comunidades autónomas, que de manera irresponsable están ocultando la dimensión exacta del déficit. Y en segundo lugar, del Gobierno, que además de reconocer públicamente sus excesos pasados de oposición, debe incrementar sensiblemente su contribución, pues se lo permite el superávit fiscal de casi 7.500 millones. Además debe velar porque no se produzcan diecisiete modelos distintos de sanidad pública, con las consiguientes desigualdades y diferencias discriminatorias entre españoles.

- “Parche sanitario”, LA VANGUARDIA. De las medidas propuestas por el Gobierno para subsanar el déficit sanitario, critica la que consiste la que prevé un incremento de la fiscalidad sobre los carburantes en un momento de alza del precio del crudo y a riesgo de alimentar la espiral inflacionista. Además en el plano estructural, el Gobierno opta por un aumento de la imposición indirecta, que se endosa a las autonomías, frente a la escasa aportación de la Administración central en contraste con su carga de responsabilidad en la deuda acumulada. El problema es que cuando hay disfunción entre la evolución de los recursos y el aumento de la población en las distintas comunidades, se puede romper el principio de igualdad entre los ciudadanos, ya sea en las prestaciones o en los medios para financiarlas. Sólo el aumento de recursos y la racionalización del gasto podría solucionar el problema.

El Impuestazo

Por Narrador - 3 de Septiembre, 2005, 18:25, Categoría: El Impuestazo

La solución ZP para resolver la ‘deuda sanitaria’ es más impuestos. Todas las Comunidades Autónomas han rechazado la propuesta con independencia del partido político al que pertenece su gobierno, aunque EL PAIS lo presente de otro modo. El Gobierno presentó ayer su propuesta para sufragar el déficit sanitario, que incluye subidas de los impuestos que gravan el tabaco, el alcohol, los combustibles y el consumo eléctrico. Además, el Gobierno ofrece una aportación del Estado de 1.000 millones de pesetas en dos años. La propuesta, presentada a los medios de comunicación por el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla y la titular de Sanidad, Elena Salgado, será debatida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para el día 7 y en la Conferencia de Presidentes del sábado 10. El documento remitido por el Ejecutivo a las autonomías plantea un incremento del 10% en el impuesto sobre el alcohol y de aproximadamente un 5% en el del tabaco. Además, permite que las comunidades autónomas dupliquen hasta 4,8 céntimos por litro su recargo sobre las gasolinas y aumenten en dos puntos el impuesto sobre la electricidad. Estas medidas supondrían unos 2.000 millones de euros anuales, a los que habría que sumar los 1.000 millones de euros que aportaría el Estado en dos ejercicios a cuenta de los Presupuestos Generales. EL MUNDO destaca que Zapatero quiere financiar la Sanidad "subiendo cinco impuestos", pero "sin recortar ningún gasto". LA RAZON señala que el "plan sanitario" del Gobierno se "limita" a "un alza de impuestos y a aportar mil millones en dos años". Por su parte, ABC apunta que "el PSOE recurre a una subida de impuestos especiales que atacó desde la oposición". El Partido Popular mostró su oposición a la propuesta del Gobierno por boca de su secretario de Economía, Miguel Arias Cañete, quien tachó la oferta de "parche insuficiente" y concluyó que se trata de "la primera gran subida de impuestos del PSOE". Además, indicó que este planteamiento afectará a la inflación y aumentará las desigualdades, porque contribuye a crear 17 sistemas sanitarios diferentes. Arias Cañete argumentó que en estos momentos hay un exceso de recaudación, de al menos 7.000 millones de euros, y pidió que se utilice este margen financiero para paliar el déficit sanitario.

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

ZAPATERO FINANCIARÁ LA SANIDAD SUBIENDO CINCO IMPUESTOS Y SIN RECORTAR NINGÚN GASTO

Fernando Garea

Elevará un 10% las tasas sobre el alcohol y un 5% las del tabaco - Permitirá a las autonomías que hagan lo propio con la luz, matriculación y gasolina. El PP le acusa de romper su promesa electoral de no aumentar la presión fiscal

MADRID.- El Gobierno anunció ayer que subirá un 10% el impuesto sobre el alcohol y un 5% el del tabaco y permitirá a las comunidades autónomas elevar los tributos de los carburantes, la luz y la matriculación de vehículos.

Todo para paliar el déficit de la Sanidad en un plan que permitiría recaudar hasta un máximo de 3.300 millones de euros en dos años. En el plan que se someterá a las comunidades no hay recorte de gasto en otras partidas presupuestarias, más allá de principios generales para mejorar la gestión sanitaria transferida a las autonomías.

La propuesta fue presentada ayer oficialmente por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y los ministros de Administraciones Públicas y Sanidad, Jordi Sevilla y Elena Salgado, respectivamente.

Ayer mismo fue enviada con detalle a las comunidades; será negociada por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy el lunes en La Moncloa; deberá ser aprobada el miércoles por los representantes autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y, si hay acuerdo, será rubricada políticamente el día 10 en la segunda Conferencia de Presidentes Autonómicos.

Luego, el Gobierno tendrá que plasmar una parte en los Presupuestos para 2006 y la que afecta a los impuestos autonómicos deberá incluirse en una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que se tramitará en las Cortes.

Por el momento, el plan tiene el rechazo inicial del PP y el Gobierno admite en privado que será difícil modificar esa negativa, entre otras cosas porque los populares no han resistido la tentación y no renuncian a forzar a Zapatero a asumir el coste político del anuncio de subida de impuestos, ni quieren compartir de inicio las contraindicaciones de la impopular decisión.

No obstante, fuentes del Ejecutivo sí confían en lograr el apoyo de algunas autonomías como la Comunidad Valenciana y Baleares, donde gobierna el PP y donde resulta insostenible la situación financiera de la sanidad.

En todo caso, el PSOE tiene mayoría en el Consejo de Política Fiscal y el Ejecutivo no tiene inconveniente en llegar a la Conferencia de Presidentes con la visualización del rechazo del PP a la propuesta. Esta Conferencia sólo tiene, por el momento, carácter político, sin regulación institucional o legal y, por tanto, no hay previsión sobre mayorías necesarias o acuerdos. Es decir, deberá limitarse a oficializar el acuerdo del Consejo de Política Fiscal o, en su caso, plasmar el desacuerdo de las comunidades que no compartan la propuesta.

El ministro Jordi Sevilla ha mantenido ya contactos con todas las comunidades gobernadas por el PSOE y, en principio, la acogida ha sido positiva a la espera de su concreción y su modificación según los márgenes de negociación previstos por el Ejecutivo.

Según explicó ayer el Gobierno, la propuesta parte de la constatación de que el actual modelo de financiación, aprobado en 2001, con el PP en el poder, es insuficiente para financiar la sanidad, transferida a las comunidades.

Ni siquiera es posible aplicar las cláusulas de corrección previstas en ese acuerdo, debido a que los incrementos de población que provocan ese déficit se han producido de forma heterogénea.

La filosofía del Gobierno es la de sostener que el Estado puede hacer un esfuerzo para paliar ese déficit, pero que las comunidades deben asumir el coste político de ejercer la corresponsabilidad fiscal y subir los impuestos que tienen transferidos.

Es decir, que el Estado no sea quien, cada cierto tiempo, solucione los problemas de la sanidad autonómica, asumiendo en exclusiva el coste político de la subida de impuestos o del recorte de otras partidas.

Para ello, el Gobierno plantea una aportación presupuestaria directa durante los dos próximos años, un incremento de los impuestos estatales sobre el alcohol y el tabaco y, en paralelo, dar a las comunidades mayores facultades para elevar los tributos de los carburantes, de la luz y de matriculación. No se tocan impuestos directos y progresivos, como el IRPF y Patrimonio.

La aportación presupuestaria sería de 1.000 millones en dos años, pendiente de la negociación de la próxima semana. En paralelo, el Gobierno central subiría un 10% el impuesto sobre el alcohol y un 5% el del tabaco, para obtener unos ingresos estimados en unos 127 millones de euros. Parte de esa recaudación iría también a las comunidades.

El esfuerzo del Estado se completa con el aumento transitorio de los anticipos a cuenta por los impuestos cedidos. Por este concepto, la aportación puede ser de unos 800 millones de euros.

El dinero procedente del Estado se repartiría según el criterio del modelo de financiación en vigor, es decir, el 75% según la población y el otro 25% en función de su envejecimiento.

Las comunidades tendrán también la posibilidad de ejercer de forma plena la capacidad normativa sobre ventas minoristas de hidrocarburos e impuestos sobre algunos medios de transporte -matriculación-, hasta lograr unos 696,9 millones de euros.

Podrán también duplicar la capacidad normativa sobre los carburantes hasta llegar a los 819,8 millones y el impuesto sobre la electricidad en dos puntos, para recaudar unos 321,4 millones.

La propuesta se completa con un plan para moderar el crecimiento del gasto sanitario, con medidas genéricas como la mejora de los criterios en la gestión de compras o el uso racional de las tecnologías. No se recortan en ningún caso prestaciones, incluidas en el catálogo básico y común, y las que por su parte incluye cada comunidad en su sistema sanitario.

En todo caso, el plan del Gobierno se basa en el modelo de financiación autonómico en vigor y como solución de urgencia para paliar el déficit actual.

En la práctica, la idea del Gobierno de aprobar un nuevo modelo uniforme y estable basado en los llamados espacios fiscales con los tributos estatales, autonómicos y locales diferenciados se pospone y en ningún caso estará en vigor en esta legislatura.

A diferencia de lo que hizo el Gobierno del PP en 2001, esta vez la aplicación de la propuesta no estará condicionada a que sea firmada por las distintas comunidades. Es decir, aunque sea rechazada por una comunidad, ésta no dejará de recibir la aportación del Estado y tendrá en su mano la posibilidad de ejercer la nueva capacidad normativa sobre algunos tributos que le dará la LOFCA. Luego, ese gobierno autonómico decidirá si sube o no los impuestos.

La propuesta no afecta al País Vasco y a Navarra, que tienen un régimen de cupo. No obstante, el lehendakari Juan José Ibarretxe ha confirmado su asistencia a la Segunda Conferencia de Presidentes que se celebrará en el Senado, aunque el único punto del orden del día no le afecta.

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

HASTA LAS COMUNIDADES DEL PSOE LA ACOGEN CON TIBIEZA

Extremadura considera que la iniciativa del Gobierno «no es la más acertada» y Cataluña la califica de «insuficiente y desequilibrada»

MADRID.- Durante el día de ayer se sucedieron las reacciones de las distintas comunidades autónomas a la propuesta sobre financiación sanitaria del Gobierno. La mayoría de las autonomías gobernadas por el PSOE acogió la proposición con tibieza y coincidió en que habrá que esperar a conocer mejor los detalles. Extremadura y Cataluña la criticaron. Las regiones en las que el PP es mayoría también la reprobaron, en ocasiones con menos dureza de la esperada. Las de la cuenca del Mediterráneo pidieron que se tenga en cuenta el incremento de su población, mientras que Galicia solicitó no ser discriminada por este motivo.

Extremadura (PSOE)

La Junta consideró que la propuesta «no es la más acertada», y que el Ejecutivo debe lograr «el mayor consenso». La consejera portavoz, Dolores Pallero, declaró que no cumple la condición impuesta por el Ejecutivo regional, el mantenimiento del peso de Extremadura en el gasto sanitario nacional, que se sitúa en el 2,95%, como dijo su presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el pasado martes.

Sobre el incremento de los impuestos, señaló que «nunca nos hemos negado a ser corresponsables fiscalmente», pero que «las comunidades deben decidir cómo hacerlo». «La propuesta es mejorable y entendemos que el Gobierno debe hacer un esfuerzo para intentar buscar el máximo consenso», concluyó.

Cataluña (PSC-ERC-ICV)

El conseller de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, estimó que la propuesta es aún «insuficiente» y «un poco desequilibrada», pero la consideró «un paso adelante».Castells señaló que «la cuantía que se pone sobre la mesa, con el conjunto de recursos que se podría obtener, es bastante insuficiente».Añadió que es desequilibrada, pues «pone mucho el acento en que las comunidades suban los impuestos y, en cambio, aporta pocos recursos», informa Europa Press.

Preguntado sobre si se cargaba a las CCAA con demasiada responsabilidad fiscal, consideró que «mientras Cataluña no tenga la llave de todos sus ingresos, hemos de tomar las decisiones entre todos».Castells puso un ejemplo: «La medida sobre tabaco y alcohol, con un aumento en los impuestos, nos proporcionaría sólo 130 millones de euros».

Andalucía (PSOE)

Su consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, afirmó que el modelo «todavía necesita mucho diálogo», pero estimó que tiene elementos positivos. Después de advertir que dar por cierto todo lo que se está planteando ahora mismo es un error, apuntó que tiene elementos positivos, como la existencia de un fondo adicional. «A los dos años de vigencia, el Gobierno de Rodríguez Zapatero aporta 1.000 millones de euros, que son 1.000 millones más que lo que dejó el sistema de financiación del Partido Popular», sentenció.

«Se nos confiere capacidad normativa en determinadas materias fiscales, aparte de que el Estado ha dicho que va a subir alcohol y tabaco, y lo que suba repercutirá notablemente en la recaudación», observó.

Castilla-La Mancha (PSOE)

Su consejero portavoz, Máximo Díaz-Cano, aseguró que la región estaría dispuesta a hacer un esfuerzo «siempre que fuera compartido por el resto de comunidades y de la Administración».Así, agregó que a la hora de establecer los mecanismos de financiación, estarían de acuerdo con que los parámetros fuesen las «características de la población y su dispersión».

Galicia (PSOE-BNG)

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, indicó que el problema del déficit en Sanidad obedece a los problemas que plantea el actual modelo, preconizó su reforma y subrayó que su Gobierno espera plantear una revisión en la próxima Conferencia de Presidentes. Apostó por mantener ciertos criterios que recoge el actual modelo, como que se «tenga en cuenta el envejecimiento demográfico». Opinó que lo contrario beneficiaría a las comunidades del Mediterráneo, «donde la población crece aceleradamente», mientras que «Galicia resultaría perjudicada».

Touriño dijo que no descarta aumentar la capacidad de recaudación fiscal, incluidos los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, aunque eso no resolverá el déficit de financiación.

Aragón (PSOE-PAR)

El consejero de Economía, Eduardo Bandrés, consideró «positivo» el documento sobre financiación. «No nos parece mal jugar con la fiscalidad del alcohol y el tabaco», dijo. Señaló que la iniciativa del Gobierno central «afronta con decisión un problema del sistema financiero, que es la insuficiencia para atender el gasto sanitario», aunque añadió que tal propuesta «es mejorable en las cantidades a distribuir».

Cantabria (PSOE-PRC)

Su consejero de Economía y Hacienda, Angel Agudo, consideró un «primer paso interesante» la propuesta del Gobierno, si bien vio aspectos mejorables, como los criterios de reparto del fondo adicional o la atención a extranjeros. Lo valoró porque «parte de la base de no modificar el actual modelo y propone añadir medidas que mejoren el sistema desde el punto de vista de los ingresos y de la racionalización del gasto sanitario».

El consejero destacó la medida de incrementar los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, y que la parte correspondiente se ingrese en las comunidades.

Canarias (CC)

Su Gobierno aseguró ayer que no apoyará la propuesta del Gobierno para subsanar el déficit, ni subirá los impuestos, sobre todo el de los carburantes, y vaticinó el fracaso de la iniciativa.

Canarias defenderá que el Estado tiene que «aportar mayor cantidad de dinero» y mantiene que el 50% tendrá que estar dedicado «a subsanar» el déficit por el incremento de población. Abogó por que no se obligue a las comunidades autónomas a subir los impuestos, «sino que sea voluntario».

Dijo que va a presentar una propuesta conjunta con Baleares.

Baleares (PP)

La Consellería de Economía y Hacienda consideró que el borrador de propuesta no merece «ningún tipo de valoración» por parte del Govern «porque no se puede asumir». Asimismo, esperó que de, aquí a la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ejecutivo estatal «recapacite» y haga otra propuesta que reconozca los incrementos de población de las islas.

El conseller, Lluís Ramis de Ayreflor, estimó que la aportación estatal para Baleares sería inferior a los 12 millones de euros, un 7,6% de la cifra que el propio Gobierno central valoró como déficit en 2003, que asciende a 144 millones de euros.

Comunidad de Madrid (PP)

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, dijo que «no aceptará de ninguna manera» la subida de impuestos que propone el Gobierno y que los madrileños no pagarán «en el recibo de la luz o en gasolina» lo que le corresponde al Estado.

Aguirre recordó a Zapatero que el Ejecutivo madrileño está «abierto» a cualquier sistema que proponga para mejorar la financiación, pero agregó que, mientras no se apruebe una nueva norma, sigue estando vigente la actual Ley de Financiación Autonómica, que obliga al Estado «a pagar el incremento del gasto» derivado del aumento poblacional. Indicó que no conocía ninguna propuesta oficial sobre el modo en que el Gobierno pretende hacer frente a este incremento, de 775.000 personas en la Comunidad de Madrid.

Recordó que se ha comprometido con los madrileños a no subir los impuestos e incluso a bajarlos.

Murcia (PP)

La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, criticó que el Gobierno central comunicara a los medios de comunicación los detalles del nuevo modelo de financiación «cuando aún no se ha reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, encargado de la materia». Según García, supone una muestra del «talante, la sensatez y el diálogo» del Gobierno socialista.

Castilla y León (PP)

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, tildó de «parchecito» que la financiación se base en la subida de impuestos autonómicos y calificó de «impresentable» que las comunidades no tengan todavía la propuesta oficial del Gobierno cuando faltan nueve días para la Conferencia de Presidentes.

«Quien más recaude, por los motivos que sean, dispondrá de una Sanidad mejor», apuntó, en referencia a los impuestos sobre el tabaco o el alcohol, el céntimo sanitario o el tributo sobre la electricidad.

Por su parte, la vicepresidenta primera y portavoz, María Jesús Ruiz, manifestó que la Junta rechaza la subida de impuestos, y subrayó que Castilla y León no estará sola porque hay comunidades socialistas que tampoco aprueban la medida.

Comunidad Valenciana (PP)

El conseller de Economía, Gerardo Camps, manifestó que la propuesta del Gobierno «resulta inicialmente insuficiente, puede tener efectos inflacionistas e incrementa la presión fiscal indirecta». No obstante, Camps precisó que el Gobierno valenciano «no está cerrado a un acuerdo», aunque advirtió de que cualquier solución «debe tener en cuenta, principalmente, el incremento de población y las personas desplazadas».

Mientras no se actualice, vaticinó, cualquier solución «no resolverá el problema a largo plazo, especialmente para las comunidades dinámicas que, como la valenciana, ven incrementada su población».

Por otra parte, el Gobierno de Ceuta (PP) mostró su disposición a plantear los asuntos que le estén permitidos, ya que recordó que no tiene transferidas las competencias sanitarias.

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

SOLBES ENDOSA EL 75% DEL ESFUERZO A LAS CCAA

Carlos Segovia

Recuerda que el déficit sanitario es un problema de las autonomías, a las que empuja a subir impuestos por valor de 1.838 millones al año mientras él ayuda con 627,2 millones

MADRID.- El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, subrayó ayer que España es un país descentralizado y que el déficit sanitario es un problema de las comunidades autónomas, por lo que éstas deben asumir, al menos, el 75% del esfuerzo presupuestario necesario.

Así se desprende de la propuesta que presentó ayer. Solbes admitió que parte del problema del agujero sanitario se deriva del aumento de la población -las regularizaciones de inmigrantes las decide el Gobierno central-, pero también, según subrayó, «de decisiones de gestión» de las comunidades autónomas. Así que, con ese principio de que él no tendría por qué poner dinero, fue desgranando su plan.

- ¿Cuál es el déficit? Solbes no aportó ninguna cifra del déficit sanitario en España y que algunos expertos cifran en 4.000 millones de euros anuales. Sólo admitió «tensiones en el gasto sanitario» que hacen necesario que Administración central y comunidades autónomas pongan más dinero sobre la mesa.

- ¿Qué pone el Estado? La promesa, negociable, es de 500 millones de euros en 2006 y otros 500 en 2007. Se repartirán con el mismo criterio que en el modelo de financiación vigente, aprobado en la etapa del PP. Irónicamente, esa aportación se la financiará Hacienda a medio plazo con creces y sin problemas gracias a una de las medidas anunciadas ayer: la subida de un 10% de los impuestos sobre el alcohol y del 5% del tabaco. Este incremento, el único que efectúa directamente el Gobierno central, dejará casi 200 millones de euros en las arcas de Hacienda y 127,2 en las autonómicas. Por tanto, la ayuda adicional del Gobierno central a las comunidades autónomas ascenderá, en suma, a 627,2 millones en 2006.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, señaló que, además, el Estado adelantará a las comunidades autónomas en 2005 y 2006 un total de 800 millones de euros anuales. Pero no es ayuda adicional, es anticipar dos años lo previsto para paliar el drama autonómico de tesorería.

- ¿Qué aportan las CCAA? Como el propio Solbes reconoce que la ayuda del Estado es limitada, insta a los gobiernos autonómicos a atreverse a subir impuestos. Para ello, les propone actuar en carburantes, circulación de vehículos y electricidad, porque son los de mayor potencial recaudatorio, sin que se rompa en exceso la unidad fiscal de mercado en España. Solbes sólo planteó que suban impuestos indirectos y no osó proponer a las comunidades que hagan uso de su derecho a subir el IRPF -el más directo y progresivo-. Sólo con que las autonomías lo subieran un punto, recaudarían 1.800 millones de euros.

- ¿Cuánto sube la gasolina? Hacienda propone que las comunidades autónomas lleguen a recargar el precio de los carburantes en hasta 4,8 céntimos por litro. Si lo hacen, cada vez que un automovilista llene el depósito, su autonomía se quedará con casi tres euros. Según Hacienda, si cobraran el recargo de 2,4 céntimos, ya posible actualmente, las comunidades que aún no lo han hecho recaudarán 549 millones más. Y si todas llegan al nuevo tope ingresarán al menos 819,8 millones.

- ¿Y el de matriculación? La propuesta ve también potencial recaudatorio en el impuesto de Matriculación, llamado oficialmente Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte. El Gobierno anima a las comunidades a hacer uso de su capacidad normativa, ya vigente desde 2001, y subir entre un 7% y un 7,70% este impuesto para los vehículos de baja cilindrada y entre el 12% y el 13,2% a los de alta cilindrada. Recaudarían 147 millones.

- ¿Y la luz? El Impuesto Especial sobre la Electricidad, incluido en el recibo de la luz, está cedido a las comunidades y fijado actualmente en el 4,864%. Solbes propone que lo eleven al 6,864% y recauden así 321,4 millones de euros adicionales.

«No es un momento óptimo»

La propuesta del Gobierno que más recaudación puede dejar a las autonomías y, por tanto, más puede salvar el déficit sanitario es la subida del impuesto de los carburantes. Pero llega en un momento en el que el precio del petróleo ronda los 70 dólares el barril y con cifras récord, ayer de nuevo, en las estaciones españolas de servicio.

«No es un momento óptimo», admitió el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, para hacer la propuesta que él hace, aunque subrayó que «nunca lo es». Pero lo defendió, porque «no hablamos de subidas sustanciales, sino de céntimos, de un impacto muy reducido en términos inflacionistas». Además, apuntó que la fiscalidad española sobre carburantes es de las más bajas de la Unión Europea y que la subida de impuestos en este campo -al igual que en la electricidad- puede tener el efecto positivo de animar a los usuarios a reducir el consumo energético.

El vicepresidente segundo señaló, no obstante, que las comunidades no están obligadas a subir impuestos y que pueden optar por recabar el dinero con recortes de gasto. Pero no hizo ninguna propuesta concreta en este campo y, además, él mismo está impulsando un aumento del gasto público para 2006 del 7,6%, el doble de la inflación. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, tampoco concretó ninguna medida de recorte de gasto en su área.

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

CRÍTICAS DE LOS CONSUMIDORES, LOS MÉDICOS Y EL SECTOR CERVECERO

MADRID.- Asociaciones de consumidores y de médicos, así como el sector cervecero, expresaron ayer su rechazo, con más o menos matices, a la propuesta del Gobierno para financiar la Sanidad.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y la Organización Médica Colegial (OMC) criticaron la «politización» que existe en torno a este problema y reclamaron una participación mayor de los profesionales sanitarios a la hora de adoptar decisiones.

«Resulta un abuso y una injusticia que los distintos partidos políticos ofrezcan promesas durante las campañas electorales, como puede ser la desaparición de las listas de espera, que luego no cumplen, declaró el presidente de la OMC, Isacio Siguero, a Europa Press. «La Sanidad no debe ser una mercancía política», añadió.

Carlos Amaya, presidente de la CESM, opinó que el sostenimiento de la Sanidad no sólo requiere medidas económicas, sino también más control en la gestión de los recursos en las autonomías.

La Federación de Consumidores en Acción (Facua) calificó de «injusta, insolidaria e inoportuna» la propuesta del Gobierno de subir los impuestos para financiar la Sanidad. Este colectivo reclamó más dinero por parte del Ejecutivo para afrontar este problema.

En el mismo sentido se pronunció Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación Española para la Defensa de la Sanidad Pública, quien también mostró su rechazo al aumento de impuestos.

El sector cervecero manifestó su rechazo «frontal» a las medidas anunciadas ayer, porque considera que pueden perjudicar de manera muy seria a sus intereses y al sector agrario. La Asociación de Cerveceros de España pidió que la financiación sanitaria no afecte a la cerveza, porque se penalizaría a las clases sociales con menor capacidad adquisitiva, que son las que más consumen esta bebida.

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, que agrupa a los proveedores de material sanitario, pidió que la Administración central y las autonomías busquen un sistema de financiación estable y que evite desequilibrios.

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL PP RECHAZA EL «PLATO DE LENTEJAS» OFRECIDO POR ZAPATERO

Carmen Remirez De Ganuza

Pastor y Arias Cañete critican la «burla» de una propuesta que obliga a subir impuestos, es «insuficiente» y, sobre todo, «insolidaria»

MADRID.- Los populares tardaron ayer apenas unos minutos en reaccionar y rechazar de plano el «plato de lentejas» que, en palabras de la ex ministra de Sanidad Ana Pastor, representa la propuesta anunciada por el Gobierno en materia de financiación sanitaria.

Una propuesta de la que la cúpula del PP sólo tuvo noticia a través de los medios de comunicación; que representa, según su secretario ejecutivo de Economía, Miguel Arias Cañete, la «primera subida de impuestos del Gobierno socialista» a pesar de su promesa electoral, y que obliga a su vez a las comunidades autónomas a subir impuestos para poder participar en el nuevo modelo, con el que el Ejecutivo de Zapatero sólo persigue aplacar -ya que no satisfacer- las demandas de sus socios.

Un modelo, además, que no sólo es «insuficiente» en cuanto a los recursos sino que, sobre todo, es «insolidario» porque -a juicio de los populares- va a lograr que los españoles reciban prestaciones sanitarias desiguales en cada autonomía.

Así, a nueve días de la Conferencia de Presidentes en la que el Gobierno pretende acordar con los presidentes de las comunidades autónomas su propuesta, y antes de que este lunes Mariano Rajoy se reúna con sus barones de Madrid, Valencia, Baleares, Murcia, Castilla y León y La Rioja, para acordar una estrategia conjunta, el Comité de Dirección del PP se adelantó a calificar de «parche» y de «burla» la solución acordada por el Gobierno.

Para Pastor y Cañete la «burla» radica en que el Gobierno anuncie 3.300 millones de euros al año para la financiación sanitaria cuando casi la mitad (1.500 millones) proceden de la aplicación del modelo del PP, aún vigente, y corresponden, por un lado, a los anticipos a cuenta del Estado, y, por otro, a la próxima aplicación en las comunidades autónomas socialistas del céntimo sanitario, que hoy es voluntario y que éstas habían rechazado. En cuanto a los 1.800 millones restantes, el Estado «sólo» va a aportar 500, en virtud de la propia subida de impuestos anunciada ayer.

Antes aún, los populares reprochaban ayer a Zapatero que haya optado por parchear el problema de la financiación sanitaria con una fórmula coyuntural para sólo dos años, en lugar de dar estabilidad a un servicio básico que se lleva en España el 40% del presupuesto. «El Gobierno ha demostrado que no le interesa la Sanidad», decía ayer Ana Pastor.

Pero más que indignados, los populares se mostraron ayer desconcertados. Y es que no aciertan a comprender dónde está el secreto por el cual el Gobierno espera obtener el plácet de las autonomías del PSOE, y en particular el de Cataluña. Según los primeros cálculos hechos ayer por el PP, el nuevo modelo de financiación sanitaria apenas aportará 92 millones de euros al año a Andalucía, 83 a Cataluña, 35 a Galicia, 23 a Castilla-La Mancha y 13 a Extremadura. Claro que los cálculos se hicieron sobre el ratio de población de cada autonomía, que es el criterio del actual modelo de financiación.«No sabemos si el Gobierno va a aplicar otro criterio de distribución», decía Cañete, a quien el primer papel con la propuesta del Gobierno le llegó al mediodía, a través de un espía que la consejera de Economía de Madrid, Engracia Hidalgo, envió a la rueda de prensa del Gobierno.

Antes de que el PP formule la próxima semana una posible contrapropuesta, los dos dirigentes del partido insistieron ayer en que es precisamente un aumento de población -inmigrante, sobre todo- de hasta 3.700.000 personas lo que ha desbordado los planes de financiación sanitaria de las comunidades autónomas. En su opinión, en lugar de subir los impuestos, al Gobierno le bastaría con aplicar el actual modelo de financiación, acordado por unanimidad en 2001, corrigiendo estas variaciones demográficas a través del Fondo de Cohesión Sanitaria.

«Es pasmoso», dijo Cañete, «que a pesar del superávit recaudatorio del Estado, los ciudadanos vayan a pagar el pato». «Van a acabar subiendo el precio de los zapatos, y a unos más que a otros», añadió Ana Pastor.

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

CIU, ERC Y BNG DICEN QUE SE PASA EL PROBLEMA A LAS COMUNIDADES

Agustin Yanel

MADRID.- A Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Bloque Nacionalista Galego (BNG) no les ha gustado nada la propuesta del Ejecutivo socialista sobre la financiación de la Sanidad. Estas tres formaciones políticas coincidieron en afirmar que el Gobierno traslada el problema a las comunidades autónomas, en vez de resolverlo.

«El Gobierno intenta resolver este grave problema incrementando de manera desmesurada la presión fiscal sobre los ciudadanos», dijo el diputado Josep Sánchez Llibre, de CiU. «Como era de esperar, ha pasado el muerto a las comunidades autónomas, para que tengan la posibilidad de incrementar los precios de la gasolina y la electricidad a través de recargos autonómicos».

Tras decir que la propuesta es «inaceptable», Sánchez Llibre recordó que la gasolina está «a unos precios astronómicos», por lo que subirlos generaría inflación y pérdida de poder adquisitivo y de competitividad.

En su opinión, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debe propugnar un pacto de Estado por la Sanidad en el que participen no sólo los distintos partidos políticos, sino también los agentes económicos y sociales, para buscar entre todos una solución al déficit sanitario que tienen todas las autonomías.

Joan Puigcercós, secretario general de ERC, coincidió en que la propuesta es «insuficiente y cicatera» y en que traspasa el problema a las autonomías.

Lo que hay que hacer, según Puigcercós, es constituir un fondo para acabar con la deuda sanitaria de la Administración central con las autonomías. Y el Gobierno debe «financiarlo en buena parte» y no «esquivar» el problema, declaró a Europa Press.

Francisco Rodríguez, portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, dijo que el principal responsable de la financiación sanitaria debe ser el Estado, porque se trata de un servicio público muy importante. Como CiU y ERC, los nacionalistas gallegos también opinan que el Gobierno «intenta pasar a las comunidades autónomas un problema que ellas no crean».

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

IU VE «INSUFICIENTE» LA OFERTA Y RECUERDA QUE EL GOBIERNO DEBE NEGOCIAR LOS PRESUPUESTOS

Agustin Yanel

Pide al Ejecutivo un «esfuerzo presupuestario» - Solicita un pacto social por la Sanidad pública entre partidos, sindicatos y agentes sociales

MADRID.- Izquierda Unida (IU) considera «insuficiente» la propuesta que ha planteado el Gobierno para resolver el problema de la financiación sanitaria en las comunidades autónomas. Por eso, pide al Ejecutivo socialista que realice un «esfuerzo presupuestario suficiente» para afrontar esta cuestión.

Félix Taberna, responsable de Política Institucional de IU, recordó ayer que la Conferencia de Presidentes de comunidades autónomas del próximo 10 de septiembre no es el único marco para negociar la financiación sanitaria, sino que es en los Presupuestos Generales del Estado donde deben incluirse las partidas correspondientes.

En su opinión, el Gobierno tiene que negociar con IU no sólo las cifras concretas, sino también las medidas legislativas que sean necesarias para abordar este problema.

El objetivo, según dijo, debe ser que España se acerque a la media de los países de la Unión Europea en gasto sanitario, porque ahora está muy por debajo. «La cifra ofrecida por el Gobierno es insuficiente para poder partir de una situación de equilibrio que corrija el mal cálculo que se hizo en su día», afirmó.

En la dirección de IU están de acuerdo en que las comunidades autónomas deben tener su parte de responsabilidad a la hora de hacer frente al gasto sanitario, puesto que gestionan el 90% de esta materia. Pero discrepan en la manera de llevar a cabo esa corresponsabilidad: están en contra de que el aumento de la carga fiscal recaiga sobre los impuestos indirectos y consideran que la solución debe ser un aumento de la cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las autonomías.

Taberna indicó que para afrontar el problema de la financiación sanitaria hay que lograr un pacto social por la Sanidad pública, en el que participen los partidos políticos, las instituciones y también los sindicatos y los agentes sociales.

El secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Francisco Frutos, y el presidente ejecutivo de este partido, Felipe Alcaraz, también hablaron ayer de la financiación sanitaria.Felipe Alcaraz indicó que la deuda del Gobierno con las comunidades en esta materia se calcula en unos 7.500 millones de euros, por lo que no se podrá resolver con lo que ofrece el Ejecutivo.

Este va a ser uno de los caballos de batalla en las negociaciones que este mismo mes va a iniciar Izquierda Unida con el PSOE sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2006. Gaspar Llamazares ha anunciado que exigirán al Gobierno un giro hacia políticas más sociales.

Frutos y Alcaraz insistieron ayer en la necesidad de ese giro hacia políticas sociales de izquierda. «Nosotros no podemos dar un cheque en blanco [al Gobierno], se ha acabado el año de gracia», afirmó Felipe Alcaraz en una conferencia de prensa.

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

ZAPATERO SUBE IMPUESTOS PARA PAGAR LA SANIDAD

Luis R. Aizpeolea

El Gobierno quiere incrementar las tasas del alcohol y el tabaco y dar más poder fiscal a las autonomías

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero propone como solución para paliar el déficit de la financiación sanitaria un aumento del 10% del impuesto estatal sobre el alcohol y el 5% del tabaco, así como la posibilidad de que las comunidades establezcan recargos de hasta dos puntos en el impuesto sobre la electricidad y dupliquen hasta 4,8 céntimos de euros por litro el gravamen por venta minorista de hidrocarburos. El Gobierno aportará a las autonomías 1.000 millones de euros en dos ejercicios a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, precisó que la propuesta no modifica el modelo de financiación pactado por las comunidades con el Gobierno del PP.

"Lo que hace", aclaró el ministro, "es aportar más dinero del que había", y adelantó la cifra de 2.465 millones de euros como la aportación extra para financiar la sanidad de llevarse a cabo todas las medidas propuestas por el Ejecutivo socialista.

El Gobierno de Zapatero defenderá esta propuesta ante los representantes de todas las autonomías el próximo 7 de septiembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como la mejor solución para paliar el déficit de la financiación sanitaria. Esa sesión será preparatoria de la segunda Conferencia de Presidentes autonómicos, que se celebrará tres días después, el sábado, 10 de septiembre, en el Senado, presidida por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. Previsiblemente, y como en la primera Conferencia de Presidentes, la sesión será clausurada con un almuerzo presidido por el rey Juan Carlos en el Palacio Real.

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, aclaró ayer que la propuesta es un "punto de partida" para el debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "En ese órgano, nadie está dispuesto a perder nada y todos estamos dispuestos a que nadie pierda nada", señaló. También sugirió Solbes que la oferta de 1.000 millones de euros que la Administración central aportará en dos ejercicios a través de los Presupuestos Generales del Estado podría ser aumentada en la negociación con las comunidades autónomas.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, justificó las medidas propuestas ante el "serio problema" que plantea el déficit sanitario, del que se hizo eco el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras escuchar a todos los presidentes autonómicos en la ronda que mantuvo con ellos en La Moncloa. El gasto sanitario crece por encima del PIB.

El ministro aclaró que la sanidad es una competencia de las comunidades y que el Gobierno central había decidido intervenir "por responsabilidad, ante el grave problema suscitado para garantizar las prestaciones".

Sevilla aseguró que la propuesta no modifica el modelo de financiación vigente, aprobado por el Gobierno del PP con las comunidades autónomas en 2001, sino que "lo revisa para mejorarlo". Emplazó al presidente del PP, Mariano Rajoy, a que "si tiene una alternativa diferente, que la diga y la ponga encima de la mesa".

Sevilla pormenorizó la propuesta, que supone una aportación de ingresos anual al sistema sanitario de 2.465 millones de euros. Una de las vías es la aportación presupuestaria del Estado de 500 millones para este ejercicio y otros 500 millones para el siguiente, que se repartirá a las comunidades siguiendo los mismos criterios, con la población actualizada, del sistema de financiación vigente. Otro paquete de medidas de aumento de los ingresos procede de los impuestos. Con la elevación del 10% de las tasas sobre el alcohol, los ingresos adicionales estimados son del 25,4 millones de euros, y con la del 5% del tabaco, el Gobierno calcula un ingreso extra de 101 millones de euros.

Por la vía del ejercicio pleno de la capacidad normativa ya existente sobre el impuesto de ventas minoristas de hidrocarburos y sobre determinados medios de transporte, el Gobierno calcula que las autonomías podrían ingresar 696 millones de euros. Actualmente sólo aplican este impuesto cinco comunidades: Baleares, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Madrid.

El Gobierno plantea un tercer camino posible de obtención de ingresos por vía impositiva: duplicar la capacidad normativa de las autonomías sobre el impuesto de las ventas minoristas de hidrocarburos, que supone una estimación de ingresos de 819 millones de euros. Asimismo, ofrece la posibilidad de establecer un recargo de hasta dos puntos en el impuesto sobre electricidad, con un cálculo estimado de ingresos de 321 millones de euros.

Una última medida del Gobierno, aplicable sólo para este año, es el aumento transitorio de los anticipos a cuenta por los impuestos cedidos del 98% al 100%. El cálculo estimado de ingresos por esta vía es de 800 millones de euros.

Solbes, aclaró que el Ejecutivo ofrece a las comunidades autónomas más capacidad para subir impuestos, pero su aplicación será "voluntaria". A su vez, Sevilla garantizó a las autonomías que no asuman la propuesta que no sufrirían ninguna penalización, en contraste con lo sucedido en 1996, cuando el Gobierno de Aznar no pagó a las comunidades, gobernadas por el PSOE, que cuestionaron el modelo de financiación autonómica.

La obligación de asumir el modelo para cobrar se repitió en 2001, cuando el Gobierno del PP aprobó el modelo de financiación sanitaria vigente. Como todas las comunidades lo asumieron, en esa ocasión no hubo penalización.

El vicepresidente económico del Gobierno también reconoció que "no es un momento óptimo" para subir el impuesto de los carburantes, cuya capacidad normativa es mayor para las autonomías. Pero precisó que en España "la situación de la fiscalidad está por debajo de la media comunitaria" y que, en definitiva, "hablamos de céntimos, de un impacto muy reducido en la inflación". También aclaró que las comunidades no tienen por qué aplicar su mayor capacidad normativa "mañana mismo".

A la ministra de Sanidad, Elena Salgado, le correspondió explicar las medidas propuestas por el Gobierno para moderar el crecimiento del gasto sanitario, que ha aumentado por el envejecimiento de la población, las mejoras tecnológicas o las decisiones de gestión, entre otras causas.

Salgado propuso la implantación de criterios racionales en la gestión de las compras, el aseguramiento de la calidad y el uso racional de los medicamentos, el uso racional de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas, consolidar los incentivos a los profesionales sanitarios y reforzar las agencias de evaluación de las tecnologías.

También anunció que el grupo de análisis del gasto sanitario continuará con sus tareas para proponer medidas de racionalización del gasto con un doble objetivo: que las comunidades logren que no crezca por encima del producto interior bruto (PIB) y que se comprometan a revisar sus gastos no sanitarios para obtener recursos adicionales para financiar la sanidad.

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL PP RECHAZA LA SUBIDA DE IMPUESTOS Y PIDE AL GOBIERNO QUE USE EL EXCESO DE RECAUDACIÓN

Carlos E. Cué 

Los populares aprobaron en 2001 un recargo fiscal sobre la gasolina para financiar la sanidad

El PP mostró ayer su oposición frontal a la propuesta socialista para la financiación sanitaria y anunció indirectamente su intención de bloquear la Conferencia de Presidentes, el día 10. El secretario de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, tachó de "parche insuficiente" la oferta, y concluyó que se trata de "la primera gran subida de impuestos del PSOE". El PP, que en 2001 promovió el llamado céntimo sanitario, se niega ahora a subir impuestos en sus comunidades. Arias Cañete argumenta que ahora hay un exceso de recaudación, de al menos 7.000 millones, y pide que se use para paliar el déficit sanitario.

Arias Cañete, ex ministro de Agricultura, compareció ayer junto a Ana Pastor, ex titular de Sanidad, para mostrar el no tajante del PP, y se supone que de todas las comunidades donde gobierna este partido, a la propuesta para resolver el déficit sanitario. El PP asegura que la medida tendrá un gran efecto inflacionista, e insiste en no aceptar la subida de impuestos sobre el alcohol, el tabaco, la electricidad o la gasolina, porque, recuerda Cañete, varios presidentes del PP, como Esperanza Aguirre, en Madrid, concurrieron a las elecciones con la promesa no subir los impuestos. Sin embargo, fue este partido el que promovió en 2001 el céntimo sanitario, el impuesto voluntario que las autonomías aplican al combustible y que ahora el PSOE, que entonces se opuso, quiere ampliar. El entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió que las comunidades se corresponsabilizaran de la financiación de la sanidad.

Cañete argumenta que la situación actual, con un gran crecimiento de la recaudación, permite al Estado paliar el déficit sin recurrir a la subida de impuestos. Según sus datos, en los primeros seis meses de este año hay un exceso de recaudación de 7.000 millones. "No es tolerable que sólo se destinen a la sanidad 500 de esos 7.000 millones, sobre todo si encima se suben los impuestos", señala Cañete, quien argumenta que sólo en el IVA la recaudación ha crecido un 78%. El PP calcula que la oferta del Gobierno sólo supone 213 euros por persona y año para cada uno de los que se han incorporado al sistema desde 1999, mientras el gasto medio actual se sitúa en 1.000 euros por persona y año.

- Madrid (PP): "De ninguna manera". Esperanza Aguirre afirmó que no aceptará "de ninguna manera" la subida de impuestos propuesta por el Gobierno y que los madrileños "no pagarán en el recibo de la luz o en gasolina" lo que le corresponde al Estado, "según el actual modelo de financiación sanitaria". La Comunidad cifra en 775.000 el número de nuevos ciudadanos en la región en el último decenio. La cantidad de dinero que corresponde a Madrid por este incremento es de 688 millones de euros sólo por los últimos tres años, según las cuentas del Ejecutivo de Aguirre, informa Daniel Sánchez.

- La Comunidad Valenciana (PP) buscará acuerdos. La Intervención General de la Administración del Estado cifra en 720 millones de euros el déficit del Servicio Valenciano de Salud en 2003 y el propio Vicente Rambla, consejero de Sanidad valenciano, admitió a principios de semana que cerrará el ejercicio 2005 con un desfase en torno a los 600 millones de euros. Gerardo Camps, consejero de Hacienda, criticó la iniciativa, pero, a renglón seguido, añadió: "El gobierno valenciano no está cerrado a un acuerdo con el Gobierno central que resuelva el déficit de la financiación sanitaria, aunque la solución debe tener en cuenta principalmente el incremento de la población y las personas desplazadas", informa Miguel Olivares.

- Murcia (PP): "Rodillo". La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, criticó que el Gobierno "informe a los medios de comunicación de los detalles del nuevo modelo de financiación sanitaria cuando aún no se ha celebrado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, encargado de examinar las propuestas en esta materia". García prevé que el Ejecutivo "aplicará el rodillo y las partes interesadas, las comunidades autónomas, tendrán poco que decir".

- Aragón (PSOE): "Buenos ojos". El Gobierno de Aragón ve en principio con buenos ojos la propuesta de aumentar los impuestos de productos vinculados con la salud o con la falta de ella, como el alcohol y el tabaco, para financiar la sanidad, pero no prevé, "ni mucho menos", aplicar el impuesto sobre la electricidad. Así lo explicó el consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Eduardo Bandrés.

- Galicia: "Reequilibrio". El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, reclamó una revisión del actual sistema de financiación sanitaria, a su juicio "deficitario e insuficiente", y la aprobación de un nuevo modelo planteado desde una "perspectiva redistributiva" en la que el Estado garantice el "reequilibrio". Touriño explicó que la apuesta de la Xunta en estas citas pasa por "maximizar la aportación del Estado para atender el déficit" de la comunidad con "la mayor aportación posible". Además, avanzó que Galicia reclamará que se mantenga el envejecimiento como factor determinante.

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

CANARIAS ASEGURA QUE NO APOYARÁ LA INICIATIVA Y EXTREMADURA LA CRITICA

El Gobierno canario (CC) asegura que no apoyará la propuesta del Gobierno central para subsanar el déficit de la sanidad, ni subirá los impuestos para ello, especialmente el de los carburantes, según una nota de la Consejería de Economía y Hacienda. Canarias, señala el texto, "no va a subir los impuestos sobre combustibles bajo ningún concepto", ni "ningún otro impuesto tampoco", al tiempo que se vaticina el fracaso de la iniciativa gubernamental.

Canarias defenderá en la Conferencia de Presidentes que el Estado tiene que "aportar mayor cantidad de dinero" y mantiene que el 50% de éste tendrá que estar dedicado "a subsanar" el déficit de financiación sanitaria por el incremento de población. En la Conferencia de Presidentes, el Gobierno de Canarias va a presentar una propuesta conjunta con Baleares porque, a su juicio, son las dos comunidades que más perjudicadas salen al haber tenido el mayor aumento de población.

También un Gobierno socialista como el extremeño critica la propuesta. "No es la más acertada" y sí "francamente mejorable", según manifestó a Efe la consejera Portavoz, Dolores Pallero.

Por el contrario, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE), Ángel Agudo, señaló: "Se trata de un primer paso interesante para abordar el problema de mantenimiento económico del sistema en los próximos años, aunque consideramos que todavía en el documento quedan algunos aspectos por matizar y mejorar".

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

CATALUÑA CALIFICA LA PROPUESTA DE "PASO ADELANTE", AUNQUE LA JUZGA "INSUFICIENTE"

Lluis Visa

El consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, calificó de "paso adelante" la propuesta del Gobierno central para paliar el déficit sanitario, aunque añadió que se trata todavía de un "paso insuficiente" porque "es necesario ser más ambicioso".

El consejero reclamó que el Gobierno central ponga más recursos y haga una propuesta "más equilibrada" sobre la aportación de las autonomías. Asimismo, expresó su esperanza de que en los próximos días se introduzcan "mejoras" en la propuesta para que pueda contar con el respaldo de Cataluña en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera anunciada para el próximo miércoles.

Castells señaló que la propuesta "es políticamente importante en la medida en que representa un reconocimiento explícito por parte de la Administración central de la insuficiencia que está generando el actual modelo en la financiación sanitaria, así como la urgencia en darle solución de la forma más rápida posible".

El consejero catalán recordó que el "desfase" que se ha generado desde 1999, año base del cálculo del actual modelo, "está en torno a los 7.000 millones de euros". Por ello, opinó que "es necesario que se incremente el volumen de recursos para acercarse más a la cifra que los recientes estudios de la Intervención General han dado como buenos".

7,2 millones de usuarios

La consejera de Salut de la Generalitat, Maria Geli, también consideró positiva la propuesta y recordó que la Generalitat ha sido siempre partidaria de incrementar los impuestos indirectos por razones de salud y recaudatorias. La Generalitat catalana creó el año pasado un recargo sobre los carburantes para financiar el déficit sanitario.

Para Geli, el cálculo de la población será un elemento decisivo para Cataluña, comunidad autónoma que desde 1999 ha tenido un crecimiento de un millón de personas con tarjeta sanitaria. En la actualidad, en Cataluña hay 7,2 millones de personas con tarjeta sanitaria. En opinión de Geli, si el crecimiento anual se mantiene y sigue al ritmo de los últimos años, llegará a los 8 millones en el 2012.Desde CiU, el portavoz en la comisión de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados, Josep Sánchez Llibre, manifestó que la propuesta del Gobierno sobre financiación sanitaria resulta "inaceptable" porque "pasa el muerto a las comunidades autónomas".

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

UNA SOLUCIÓN PARA UN TERCIO DEL PROBLEMA

Los expertos calculan que el déficit sanitario de las autonomías superará los 7.000 millones, mientras la propuesta del Gobierno suma sólo 2.500

El Gobierno socialista pretende seguir la senda marcada por el PP con el modelo de financiación autonómica vigente desde 2002 y que el Ejecutivo de José María Aznar logró aprobar con el respaldo de todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PSOE.

El ministro de Hacienda, entonces Cristóbal Montoro, consiguió el consenso sobre un sistema que se anunciaba como definitivo, que daba a las autonomías más capacidad normativa para que pudieran tener más poder sobre sus ingresos tributarios y que establecía una nueva figura impositiva para gravar la venta minorista de hidrocarburos.

El primero que se apuntó a la subida de impuestos fue el propio Ejecutivo central del PP, que subió 0,024 euros el litro de combustible en todo el Estado.

La idea fue del Gobierno catalán, entonces en manos de CiU, para paliar el déficit por la prestación del servicio sanitario. El Ejecutivo de Aznar acogió con satisfacción la propuesta pese a la resistencia de algunas comunidades donde gobernaba el PP.

Los socialistas, empezando por el actual jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, criticaron aquella subida de impuestos y sus comunidades se negaron a aplicar la posibilidad de gravar la gasolina con el recargo autonómico. Madrid, gobernada entonces por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), fue la primera comunidad en imponer el denominado céntimo sanitario (0,01 euros por litro de gasolina). Siguieron a Madrid, las autonomías de Baleares (PP), Comunidad Valenciana (PP), Galicia (PP) y Cataluña (el tripartito de PSC-ERC-ICV puso el máximo 0,024).

Ahora, el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero presenta una propuesta para aumentar los ingresos públicos para financiar el gasto sanitario sin cambiar el modelo del PP. Una iniciativa que pasa por una subida de los impuestos del tabaco (poco más del 5% de media) y del alcohol (10%) en toda España y una aportación directa a través de los Presupuestos del Estado de 500 millones de euros en 2006 y otros 500 millones en 2007. Además, la propuesta que el Gobierno debatirá con todas las autonomías el próximo 7 de septiembre permite a las comunidades duplicar el gravamen sobre la venta minorista de hidrocarburos, y poder establecer un recargo de dos puntos en el Impuesto sobre la Electricidad.

La propuesta se votará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde al Gobierno le basta con el apoyo de una de las comunidades autónomas para sacarla adelante, ya que tiene la mitad de los votos de ese organismo.

Si las autonomías aplican todas las posibilidades que prevé el Ejecutivo se sumarían casi 1.900 millones de euros de ingresos extraordinarios a los 625 millones que garantiza la Administración central mediante subida de impuestos estatales y aportación directa a través de los Presupuestos Generales del Estado. En total, 2.500 millones de euros, que quedan todavía muy lejos de las necesidades estimadas por el grupo de expertos al que el Gobierno encargó el estudio sobre la financiación sanitaria.

Este año, según ese grupo de expertos, las autonomías terminarán con una diferencia de casi 7.226 millones de euros entre los ingresos para financiar la sanidad y los gastos (véase gráfico).

Fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda restan valor a la cifra que apunta un déficit superior a los 7.000 millones de euros y aseguran que existen otros estudios que rebajan esa cifra. Además, recuerdan que en la propuesta del Ejecutivo también figuran una serie de medidas encaminadas a moderar el gasto sanitario de las comunidades autónomas mediante la implantación del uso racional de los medicamentos o la mejora de los criterios en la gestión de compras.

Sólo tres años después de que el Ejecutivo de Aznar aprobase un modelo que garantizaba supuestamente las necesidades financieras de las autonomías, las comunidades, incluso las gobernadas por presidentes del Partido Popular, han reconocido que el sistema es claramente insuficiente para financiar sus gastos sanitarios. Pese a ello, los dirigentes autonómicos del PP ya han anunciado su rechazo a la propuesta del Gobierno por insuficiente, y reclaman que el déficit sanitario que padecen las comunidades donde gobiernan sea sufragado directamente por los Presupuestos Generales del Estado.

Una reclamación muy alejada de la reflexión que en su día hicieron los responsables del Gobierno de José María Aznar para defender el vigente modelo de financiación autonómica: "La corresponsabilidad fiscal nos lleva a dos conclusiones. Si se quiere incrementar el gasto, se incrementarán los recursos de la comunidad, pero no por la vía de pedírselos al Estado, sino por la vía de pedírselos a los ciudadanos de dicha comunidad, solicitándoles [que asuman] una mayor presión fiscal".

El Impuestazo: ABC y LA RAZON

Por Narrador - 3 de Septiembre, 2005, 18:23, Categoría: El Impuestazo

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL PSOE RECURRE A UNA SUBIDA DE IMPUESTOS ESPECIALES QUE ATACÓ DESDE LA OPOSICIÓN

Yolanda Gómez

La propuesta del Ejecutivo generaría unos recursos de 2.500 millones anuales para las autonomías si todas ellas decidieran encarecer la luz y las gasolinas

MADRID. El Gobierno remitió ayer a las comunidades autónomas su propuesta para solucionar, al menos de manera transitoria y hasta que haya un acuerdo sobre la reforma del sistema de financiación, los problemas del déficit sanitario.

La alternativa del Ejecutivo consiste en subir los impuestos al alcohol y al tabaco de manera generalizada en todo el territorio español a partir del 1 de enero, y permitir a las autonomías establecer recargos sobre los impuestos que gravan los combustibles y la electricidad. Estas propuestas son similares a las que hace ahora cuatro años, estando en la oposición, el PSOE rechazó por tacharlas de «impuestos trampa».

Las subidas de tributos, voluntarias para los gobiernos regionales en el caso de la luz y los combustibles, se complementarán con aportaciones directas del Presupuesto estatal durante 2006 y 2007. En cada uno de estos ejercicios el Gobierno repartirá 500 millones de euros entre las autonomías, utilizando los mismos criterios que fija el sistema de financiación actual.

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, que junto con el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y la ministra de Sanidad, Elena Salgado, presentó la propuesta del Gobierno a los medios de comunicación, explicó que el conjunto de estas medidas puede aportar unos ingresos extra de 2.500 millones al año a las autonomías, siempre y cuando todas decidan subir los impuestos hasta los límites fijados.

Las comunidades que no decidan utilizar la capacidad que se les da para subir tributos tendrán que conformarse con la cuantía que les toque del reparto de los citados 500 millones, y de los ingresos extra que les proporcione la subida de los impuestos al alcohol y el tabaco, unos 127 millones en total.

En concreto, el Gobierno se ha comprometido a subir un 10% los impuestos que gravan los alcoholes y la cerveza, cuyo tipo pasará de 754,77 euros por cada cien litros de alcohol puro a 830,25 euros. Según los cálculos del sector, este incremento se traducirá en una subida de unos 20 céntimos por botella de whisky, ginebra, ron y, en general, bebidas espirituosas con un grado de alcohol del 40%.

El impuesto sobre alcoholes y cervezas es de titularidad estatal y por tanto sólo el Gobierno central tiene potestad para subirlo o bajarlo, pero el 40% de la recaudación está cedida a las comunidades. Por tanto, según los cálculos de Hacienda, la subida prevista aportará a las comunidades unos ingresos extra de 25,4 millones de euros.

También subirán los impuestos al tabaco, cuyo tipo pasará de 3,99 euros por cada mil cigarrillos a 4,20 euros. Traducido al precio final de un paquete de tabaco, el incremento será del 5%. El 40% de la recaudación prevista por esta subida será para las comunidades, unos 101,8 millones de euros.

Este será el esfuerzo presupuestario del Estado. Si con estas cantidades las comunidades no tienen suficiente para financiar sus necesidades sanitarias, una de dos: tendrán que recortar gastos o hacer uso de las capacidades de subir tributos que les ofrece el Ejecutivo, asumiendo el coste político ante sus ciudadanos.

Según explicó Solbes, los gobiernos regionales podrán cobrar hasta 4,8 céntimos de euro por litro de combustible. El sistema de financiación actual permite ya a las comunidades cobrar hasta 2,4 céntimos por litro, pero sólo cuatro autonomías (Madrid, Cataluña, Asturias y Galicia) han hecho uso de esta potestad. Esta es la medida que puede aportar mayores ingresos a las comunidades. Economía calcula que si todas las autonomías cobraran 2,4 céntimos por litro de combustible podrían obtener unos recursos adicionales a los actuales de 696,9 millones de euros. Esta cifra se vería incrementada con otros 819,8 millones si el recargo que aplicaran fuera de 4,8 céntimos.

Sin embargo, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, reconoció que un momento como el actual de fuerte subida del precio de los combustibles «no es el óptimo para subir los impuestos a gasolinas y gasóleos».

Las comunidades también podrán subir el impuesto sobre la electricidad, ahora fijado en un 4,864%, hasta el 6,864%, lo que se traduciría en un incremento del 2% en el recibo de la luz, que proporcionaría unos ingresos extra de 321,4 millones.

Además, el Ejecutivo se compromete a aumentar de forma transitoria los anticipos a cuenta por los impuestos cedidos del 98% al 100%, lo que daría mayor liquidez a las comunidades, en total unos 800 millones.

Junto con estas medidas de aumento de los ingresos, perfectamente cuantificadas, la ministra de Sanidad se refirió a propuestas genéricas de control del gasto, con un ahorro que no se especificó. Entre ellas, Salgado habló de implantar criterios racionales en la gestión de compras y en el uso de tecnologías, aumentar los recursos para la atención primaria, o asegurar la calidad y el uso racional de las medicinas.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

ZAPATERO LLAMA A LAS AUTONOMÍAS A RELEGAR LOS «INTERESES PARTIDISTAS»

G. LÓPEZ ALBA y G. DÍAZ RUBÍN

El Ejecutivo destaca que las comunidades que rechacen su propuesta podrán beneficiarse también de los fondos adicionales y que no obliga a nadie

MADRID/GIJÓN. El Gobierno hizo ayer un llamamiento a las comunidades autónomas para que «no antepongan los intereses partidistas» a los de los ciudadanos, ante la posibilidad de que haya una consigna de la dirección nacional del PP a los gobiernos autonómicos de su color para que rechacen la propuesta sobre financiación de la sanidad, que se someterá el día 7 al Consejo de Política Fiscal y Financiera y el día 10 a la Conferencia de Presidentes.

Así lo pidieron el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en la presentación de la propuesta del Ejecutivo, y el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la visita que ayer realizó a Asturias.

Zapatero dijo que confía en que «nadie tenga la tentación de incorporar elementos de índole partidaria» en este debate, y Sevilla fue más concreto aún en la apelación. «Espero que Rajoy sea consecuente con la oferta de pactos que está haciendo», dijo el ministro, quien aseguró que tiene constancia de que las comunidades gobernadas por el PP también «piden buscar soluciones» a la financiación de la sanidad.

«Equilibrada y sostenible»

Ambos defendieron la mejora de financiación que, a su juicio, supondrá su propuesta, que Sevilla calificó de «buena, justa, equilibrada y sostenible». El presidente del Gobierno defendió que, con las medidas que se proponen, «las comunidades autónomas dispondrán de más recursos de los que disponen hoy, que son los pactados en 2001 con el Gobierno del PP».

El ministro de Administraciones Públicas destacó que no se trata de una propuesta cerrada ni obligatoria. «El Gobierno mejora los instrumentos a disposición de las comunidades autónomas para que ellas tomen sus propias decisiones», dijo Sevilla, quien subrayó que, a diferencia de lo que ocurrió cuando el Gobierno del PP condicionó el traspaso de la sanidad a la aceptación del modelo de financiación, las comunidades que se opongan podrán, no obstante, beneficiarse de los recursos adicionales que aportará directamente el Gobierno.

Sevilla afirmó que su fórmula «está muy trabajada, reparte bien los instrumentos y permite, si se tiene voluntad política de hacerlo, resolver los problemas de insuficiencia financiera para que el Sistema Nacional de Salud sea mejor de lo que es». «Podemos sentirnos orgullosos de esta propuesta», proclamó.

En cuanto al rechazo que el Partido Popular ha adelantado al mecanismo de subir impuestos, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, apuntó que diversas encuestas coinciden en que es uno de los pocos casos en que los ciudadanos estarían dispuestos a aportar más recursos para mejorar el servicio que reciben, aunque la mayoría se declara satisfecha con el actual.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

«EL GOBIERNO NO ESTABA OBLIGADO»

Zapatero señaló ayer que el Gobierno «no estaba obligado» a abordar este asunto porque la competencia sobre sanidad está transferida a las Comunidades autónomas, pero justificó su decisión de proponer «un compromiso» al respecto en que «España tiene una buena sanidad, pero quiero que tenga la mejor».

Sevilla abundó en esta consideración, aunque reconoció que el Gobierno también tiene la obligación constitucional de garantizar la igualdad en la prestación de servicios públicos básicos como el sanitario. «No es posible -dijo- buscar una solución sólo desde las Comunidades autónomas y no sería justo hacerlo sólo desde el Gobierno de España. Nosotros no vamos a abdicar de nuestra responsabilidad constitucional. Tenemos que hacerlo de forma conjunta».

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

ABC ADELANTÓ LA NOTICIA EL MIÉRCOLES

La propuesta del Gobierno fue anticipada esencialmente por nuestro diario el miércoles, cuando informó de que el Ejecutivo tenía decidido ofrecer a las Comunidades la posibilidad de subir impuestos: «El Gobierno propondrá que las autonomías graven la gasolina y la luz para paliar su déficit sanitario».

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

GALICIA Y EXTREMADURA COINCIDEN CON LOS POPULARES Y SE DESMARCAN DEL GOBIERNO

M. Calleja

MADRID. Las principales interesadas en la propuesta sobre financiación sanitaria presentada ayer por el Gobierno, las Comunidades autónomas, reaccionaron con diferentes posturas. Una de las más tajantes fue la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien aseveró que no subirán ningún impuesto pues ése es su compromiso con los madrileños, y que el Gobierno de Zapatero no es quién para decir a Madrid cómo debe aplicar su regimen fiscal. Según Aguirre, están abiertos a cualquier propuesta respecto a la financiación sanitaria, con la única limitación de la subida de impuestos.

Además, la presidenta madrileña afirmó que el nuevo sistema deberá tener en cuenta, fundamentalmente, el aumento de población. «Mientras no se apruebe una nueva ley de financiación de la sanidad el Gobierno debe aplicar la vigente, que obliga al Estado a compensar los costes por el incremento del número de habitantes».

En los mismos términos se manifestó el consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Vicente Rambla, quien rechazó la subida de impuestos autonómica y se mostró partidario de adoptar otras medidas, entre ellas, un «gran pacto» autonómico.

Otra de las comunidades gobernadas por el PP, Castilla y León, calificó de «parchecito» el fondo propuesto por el Gobierno y se opuso a la subida de impuestos. Para la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ésta no es la solución puesto que «habrá Comunidades que recauden más porque tienen más población o porque fuman más, y tendrán una sanidad mejor». Además, consideró que Zapatero ha perdido «una oportunidad histórica para solucionar el problema que más preocupa y afecta a los ciudadanos».

Poca capacidad recaudatoria

Por el contrario, las autonomías socialistas se mostraron más comprensivas con la propuesta, aunque con matices. El presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, aseguró que su comunidad «tiene poco que esperar» de la carga impositiva debido a su «extremadamente baja» capacidad recaudatoria.

La Junta de Extremadura no consideró la propuesta como la «más acertada» y pidió al Ejecutivo que siga trabajando para lograr el «mayor consenso» para la Conferencia autonómica.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

LAS EMPRESAS DE TECNOLOGÍA SANITARIA RECLAMAN 1.650 MILLONES

MADRID. La Federación Española de Empresas productoras de Tecnología Sanitaria (Fenin) cifra en 1.650 millones de euros la deuda acumulada del sistema nacional de salud con las más de 500 compañías que integran este organismo. Según estos datos hechos públicos ayer, el pago de facturas por parte del sector público en el conjunto de España acumula un retraso medio de 350 días. Piden que en la próxima Conferencia de Presidentes se aborde la problemática para buscar una solución consensuada entre administraciones.

A la cabeza de este desequilibrio financiero se sitúa la comunidad andaluza que, a fecha 31 de mayo de este año, debe más de 635 millones de euros a Fenin, acumulando una demora de 460 días en sus pagos. Sin embargo, el ranking de tardanza en el abono de deudas a los proveedores de tecnología sanitaria lo lidera la Comunidad Valenciana, con 720 días de retraso.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

RECHAZO FRONTAL DEL PP A «LA PRIMERA GRAN SUBIDA DE IMPUESTOS» DEL GOBIERNO SOCIALISTA

J. L. Lorente

El primer partido de la oposición considera que la fórmula del Ejecutivo para la financiación sanitaria es un «parche para dar solución a los problemas de sus socios»

MADRID. La propuesta del Gobierno socialista para paliar el déficit sanitario no contará con el apoyo del principal partido de la oposición. De momento -y a la espera de que los presidentes autonómicos del PP se reúnan con la dirección del partido el próximo lunes en Madrid-, los populares se encargaron ayer de expresar su rechazo frontal a lo que consideran «la primera gran subida de impuestos» del Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Para el primer grupo de la oposición, el plan de los socialistas pone en evidencia que Zapatero incumple su promesa de no elevar la presión fiscal.

Muchos fueron los reproches que los populares lanzaron ayer al presidente del Gobierno. En la sede central del PP en la calle Génova de Madrid se habló de «propaganda para salir en los telediarios», mientras los barones territoriales quisieron dejar claro que sus Ejecutivos autonómicos no subirán los impuestos para paliar el déficit de la sanidad pública. «No haremos recaer sobre los ciudadanos lo que el Estado está obligado a pagar por ley», aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Una «limosna» de 500 millones

La estrategia del PP es oponerse al plan del Gobierno socialista por «insuficiente, insolidario e inflacionista». Así lo señalaron ayer los secretarios de Economía y Política Social del primer partido de la oposición, Miguel Arias Cañete y Ana Pastor, en una rueda de prensa inmediatamente posterior al acto de presentación de la iniciativa que hizo el Ejecutivo.

Los populares no sólo critican la fórmula -calificada de «parche» para resolver los «problemas» de los socios del Gobierno (en alusión a ERC)-, sino que denuncian el hecho de que la propuesta no se hubiera negociado previamente e, incluso, que ni siquiera se tuviera en cuenta la «delicadeza» de remitirla antes de su presentación oficial. Ana Pastor cree que se trata, por un lado, de un plan de mera propaganda -«con el que queda claro que la sanidad no es una prioridad para el Ejecutivo»- y, por otro, «una iniciativa insolidaria», porque puede provocar diferencias entre los territorios.

Según explicó, con esta propuesta, los 3.700.000 ciudadanos que se han incorporado al sistema sanitario en la última etapa sólo contarán de media con 213 euros al año, cuando en enero de 2004 el sistema destinaba más de mil euros por persona y año.

Pero lo que más critican los populares es la mayor presión fiscal. Arias Cañete explicó que los ciudadanos pagarán parte del sistema sanitario mediante el incremento del impuesto de electricidad e hidrocarburos. Tras recalcar que la gasolina cuesta desde que el PSOE llegó al poder un 27 por ciento más cara, dijo que la iniciativa «es una subida sobre una subida».

Además, el dirigente del PP acusó al presidente del Gobierno de «falta de talante negociador» y quiso dejar claro que su partido «nunca aceptará» un sistema en el que la aportación estatal esté vinculada a una subida de impuestos. «En este momento en el que el Estado tiene un exceso de recaudación de 7.000 millones de euros, hay margen financiero para no dar la limosna de 500 millones durante dos años».

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL GOBIERNO LIMITA SU PLAN SANITARIO A UN ALZA DE IMPUESTOS Y A APORTAR MIL MILLONES EN DOS AÑOS

Inmaculada G. de Molina

Fumar y consumir alcohol será más caro a partir de 2006. El Gobierno ha decidido subir los impuestos que gravan estos dos productos para financiar la sanidad. Además, aportará 1.000 millones al sistema en los próximos dos años.

Madrid- El Gobierno presentó ayer «de urgencia» su propuesta de choque para taponar la sangría que supone el sistema de financiación de la sanidad, nueve días antes de que, en teoría, la Conferencia de Presidentes cierre un acuerdo sobre esta cuestión y un año después de que se comprometiera en la primera reunión de la Cumbre de los máximos responsables autonómicos. El documento que ayer remitió el Gabinete de Zapatero a las autonomías, de doce páginas de extensión, se limita, con el argumento de que es una competencia transferida, a alzas de impuestos y a una aportación directa del Estado en los próximos dos años de 1.000 millones de euros, cuantía que equivale al déficit sanitario anual en el que incurren las comunidades.

El Ejecutivo, al igual que hiciera el anterior Gobierno de Aznar, pasa de puntillas, por impopulares, por las medidas para racionalizar el gasto sanitario y garantizar, de esta manera, la viabilidad futura del modelo. La patata caliente de la adopción de las mismas la deja en manos de los gobiernos autonómicos.

En este escenario, el Estado aportará en 2006 y en 2007 al sistema sanitario un total de 1.000 millones de euros no consolidables en los siguientes ejercicios. Además, a partir del próximo año, ir de cañas será, al menos, un 10% más caro. Éste es el porcentaje que subirá el impuesto del alcohol para financiar la sanidad. Fumar también se encarecerá, como mínimo, un 5%, cuantía que sube el impuesto aplicable a 1.000 cigarrillos. El precio de la cajetilla de Ducados pasará de 2,20 a 2,31 euros en el próximo ejercicio, mientras que la de Malboro elevará su precio, en principio, 13 céntimos al pasar de 2,75 a 2,88 euros.

El Gobierno ha decidido aumentar la fiscalidad de estos dos productos por estar más vinculados con el gasto sanitario.

El Estado anticipará a cuenta de los impuestos cedidos 800 millones a las comunidades en 2006 de forma transitoria. En total, aportará al sistema sanitario el año que viene un total de 1.427 millones de euros (unos 250.000 millones de las antiguas pesetas).

A esta cifra habrá que sumar los ingresos correspondientes a las decisiones fiscales que el Gobierno permitirá adoptar a las autonomías en el ejercicio de su capacidad normativa. En ese sentido, el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pedro Solbes, explicó ayer que las autonomías podrán duplicar el denominado céntimo sanitario sobre la gasolina, medida recogida ya en el actual sistema aprobado en 2001 con el Ejecutivo del PP. Si todas las comunidades optaran por hacerlo recaudarían 819,8 millones más. En estos momentos, sólo Madrid, Galicia, la Comunidad Valenciana y Cataluña lo aplican.

Solbes admitió sin embargo que, por las tensiones que vive el mercado del petróleo, no es el momento más idóneo para decidir un incremento del precio de las gasolinas. El crudo de Brent cotiza a 67,27 dólares el barril. Sin embargo, recordó que se trata sólo de céntimos y, por ende, no disparará aún más el precio de los hidrocarburos. Este mismo argumento lo esgrimió para restar importancia al impacto que su alza tendrá sobre la inflación, aunque no ocultó que el IPC sufrirá un aumento moderado por una medida de este tipo. El Gobierno recuerda en el escueto y esquemático documento que remitió a las comunidades que si ejercieran su capacidad normativa ya existente sobre los impuestos de hidrocaburos y matriculaciones recaudarían 696,9 millones de euros más cada año.

El plan del Ejecutivo, que no supone una modificación del actual sistema como ya advirtió Economía hace meses, posibilita a las autonomías a establecer un recargo de hasta el 41% sobre el impuesto de la luz, lo que supondrá unos ingresos adicionales para destinar a sanidad de 321,4 millones de euros.

El plan del Gobierno se limita, sin profundizar, a enunciar nueve medidas de choque para racionalizar el gasto. Así, habla de promover la demanda responsable de los servicios sanitarios, de un uso racional de las tecnologías, de las retribuciones del personal sanitario, de criterios racionales en la gestión de las compras... pero no concreta cómo desarrollar ese control del gasto, auténtico talón de Aquiles del sistema.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

PROPUESTA ABIERTA A LA NEGOCIACIÓN

Tres ministros, uno de ellos con rango de vicepresidente, y un secretario de Estado fueron ayer los encargados de explicar a la opinión pública la propuesta gubernamental para financiar la sanidad. Los tres miembros del Gabinete de Zapatero dejaron claro que el documento de propuesta de financiación sanitaria permanecerá abierto hasta el final de la negociación con las comunidades, o, lo que es lo mismo, que las autonomías podrán lograr más dinero del Estado. Ese final tiene una fecha ya fijada. El próximo miércoles los consejeros autonómicos y el Ejecutivo se reunirán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para, en principio, cerrar el acuerdo que el 10 de septiembre elevarán a la Cumbre de Presidentes. Previamente, el lunes los técnicos autonómicos y los del Gobierno mantendrán una reunión preparatoria.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL PP CONSIDERA UN «PARCHE INFLACIONISTA» LA PROPUESTA SANITARIA

C. S. Macías

Arias Cañete descalifica «la primera gran subida de impuestos» del Gobierno de Zapatero

Madrid- «Un parche que soluciona las necesidades de sus socios de gobierno». Así de contundente se mostró la coordinadora de acción social del PP, Ana Pastor, en rueda de prensa al referirse a la propuesta de reforma de la financiación sanitaria presentada ayer por el Gobierno. Pastor aseguró que el Ejecutivo de Zapatero «se ha equivocado tanto en el diagnóstico como en el tratamiento». Según Pastor, se equivoca en el diagnóstico porque el problema de la sanidad se debe al aumento de población y por ello necesita más recursos, y se equivoca en el tratamiento porque la propuesta que pretende llevar a la próxima Conferencia de Presidentes supone «poner un parche» al actual sistema de financiación sanitaria.

Por su parte, el secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, acusó al presidente del Gobierno de «falta de talante negociador» ya que la propuesta de financiación sanitaria constituye «la primera gran subida de impuestos del Ejecutivo socialista». Arias Cañete acusó al Gobierno de «ningunear» a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, tildó la propuesta de «claramente inflacionista» y afirmó que la aportación directa prevista por el Estado (1.000 millones en los dos próximos años) resulta «radicalmente insuficiente».

Arias Cañete avanzó que su formación emitirá una opinión más concreta sobre la propuesta del Gobierno tras la reunión que mantendrán el próximo lunes los representantes de las comunidades goberna- das por el PP. Los dirigentes populares se quejaron de que el Gobierno no haya negociado previamente esta propuesta con las autonomías y de que ni siquiera haya tenido la «delicadeza» de remitirla a los gobiernos autonómicos antes de presentarla. Así, Pastor zanjó que se trata de un plan «inexistente» y de mera «propaganda» además de «insuficiente» e «insolidario» porque puede provocar diferencias entre los distintos territorios y con el que queda claro que la sanidad no es una «prioridad» para el Ejecutivo.

Según explicó, con esta iniciativa los usuarios que se han incorporado al sistema sanitario en los últimos años sólo contarán de media con 213 euros al año, cuando en enero de 2004 el sistema destinaba más de mil euros por persona y año.

Arias Cañete se mostró muy crítico con la propuesta, que calificó de «la primera gran subida de impuestos del Gobierno socialista» y que, además, traerá un incremento de la inflación. «Es radicalmente insuficiente y los ciudadanos van a tener que pagar el pato con subidas de la luz, la gasolina y el tabaco», afirmó. Así, criticó que «todo el esfuerzo que va a hacer el Estado son 500 millones de euros» y saldrán «del incremento del 10 por ciento de los impuestos del tabaco y el alcohol». Además, los populares reprocharon al Ejecutivo que no haya especificado qué criterio se va aplicar para repartir esos 500 millones entre las distintas comunidades. En este sentido, Arias Cañete dejó claro que su partido «nunca» aceptará un sistema que vincule al incremento de impuestos la participación de las comunidades en la aportación estatal. En cualquier caso, según el Partido Popular el Gobierno podría utilizar los 7.000 millones de superávit para atender el incremento de población, y por tanto el de usuarios de la sanidad pública, como fórmula transitoria hasta que se revise el sistema de financiación autonómico en su conjunto de una forma mucho más detallada. Cañete recordó que el modelo de financiación de 2001 se acordó por unanimidad y «ese modelo recoge el fondo de cohesión sanitaria» y añadió que todas las comunidades autonómicas lo aproba- ron durante el Gobierno del Partido Popular.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

«ME HE QUEDADO DE PIEDRA»

Mientras Arias Cañete, como secretario ejecutivo de Economía y Empleo, se centró en lo que compete a la financiación sanitaria en cifras, la ex ministra de Sanidad Ana Pastor habló de salud. La coordinadora de acción social de los populares dijo que se había «quedado de piedra» al ver que el Gobierno pretende hacer más desiguales a los españoles, «porque va a haber 17 sistemas sanitarios diferentes, financiados de forma diferente», y denunció que el Ejecutivo no establezca una cartera con los servicios que se van a prestar a los ciudadanos. Pastor aseguró que no sabe si va a haber un sistema de prevención de cáncer de colon en una comunidad y en otras no o simplemente si una persona va a poder tratarse en una comunidad de una enfermedad y va a ser diferente, ya que no hay ningún modelo sanitario común con todo el Estado. Pastor añadió que este sistema sólo sería «bueno y justo» para el Gobierno, pero no para los ciudadanos, porque no cubriría sus necesidades. Asimismo la coordinadora de acción social de los populares, afirmó que el Gobierno de Rodríguez Zapatero propone algo que no se cuantifica y además dijo que no es «una buena propuesta para el sistema sanitario» ya que además «va en sentido contrario a Europa». «Hay que saber a qué tienen derecho los ciudadanos y de eso no se ha hablado nada», sentenció.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL DÉFICIT SANITARIO, LA GRAN INCÓGNITA QUE NUNCA DESPEJARÁ EL GOBIERNO

I. G. de M.

El Gobierno, después de casi un año de indagaciones, no ha logrado saber el montante del déficit sanitario de las comunidades. Ahora, renuncia a saberlo porque de lo que se trata es que tengan equilibrio presupuestario.

Madrid- Un vicepresidente, dos ministros y un secretario de Estado fueron ayer los encargados de presentar ante la opinión pública la propuesta del Gobierno para garantizar la viabilidad financiera del actual modelo sanitario. En una hora de comparecencia ante los medios de comunicación no despejaron la gran incógnita de si los 1.427 millones de euros (unos 250.000 millones de las antiguas pesetas) que aportará el Estado en 2006 a las autonomías serán suficientes o no para taponar sus actuales agujeros sanitarios. Ninguno de los ministros cuantificó el déficit de la sanidad, competencia transferida a las comunidades. Es más, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, restó importancia, de existir, a ese desfase. Sevilla justificó su aseveración al argumentar que los Gobiernos autonómicos presentan para el próximo año presupuestos equilibrados. Prueba, a su juicio, irrefutable de que lo del déficit sanitario es una entelequia. Por ello, recomendó a las autonomías recortar sus gastos en televisiones autonómicas o en otros capítulos de sus presupuestos, si necesitan recursos para financiar su sanidad.

De momento, sólo se conoce que la deuda contabilizada pendiente de pago, correspondiente a facturas relacionadas con la sanidad, de las comunidades asciende a 5.266 millones de euros (900.000 millones de las antiguas pesetas). Esta cifra está recogida en un documento elaborado por el grupo de expertos, que el Gobierno constituyó en el segundo semestre de 2004 para realizar una diagnóstico de la salud del modelo. Al final, parece que el Ejecutivo ya no considera prioritario conocer la cifra exacta de déficit para poder preparar la dosis adecuada de bálsamo que cicatrice las heridas del sistema público sanitario.

Aunque no existen cifras oficiales, algunos expertos calculan que el agujero podría elevarse a casi tres billones de las antiguas pesetas (18.000 millones de euros). Cuantía que el Gobierno rebaja extraoficialmente casi a la mitad.

La realidad es que el sistema público de sanidad genera todos los años un gasto de 55.000 millones de euros (unos 9 billones de las antiguas pesetas), lo que supone el 5,9% del PIB de España. Esta cifra está condenada a aumentar ejercicio tras ejercicio, sobre todo, por la población inmigrante cada vez más creciente. Se calcula que un millón de inmigrantes irregulares son usuarios de la sanidad pública. Sin contar con que 1,7 millones de legales, con rentas bajas, reciben más prestaciones sociales por las que cotizan. Además, el gasto público sanitario español, aunque elevado, se sitúa 1,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea.

La radiografía del enfermo se completa con un déficit anual generado por las comunidades de 1.000 millones de euros (167.000 millones de las antiguas pesetas), que de no cortarse de raíz amenaza con colocar al sistema en quiebra técnica. Con esta cifra se podría construir 333 kilómetros de autopista o edificar diez centros hospitalarios.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

RADIOGRAFÍA DEL SISTEMA PÚBLICO DE SANIDAD

Un gasto en alza. El sistema público de sanidad genera todos los años un gasto de 55.000 millones de euros (unos 9 billones de las antiguas pesetas), lo que supone el 5,9% del PIB de España. Esta cifra está condenada a aumentar ejercicio tras ejercicio, sobre todo, por la población inmigrante cada vez más creciente. Se calcula que un millón de inmigrantes irregulares son usuarios de la sanidad pública. Sin contar con 1,7 millones de legales, con rentas bajas, que reciben más prestaciones sociales por las que cotizan.

A la cola de Europa. El gasto público sanitario español, aunque elevado, se sitúa 1,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea.

Déficit. Cada año las autonomías generan un déficit de 1.000 millones.

Comunidades. El déficit sanitario de las comunidades es difícil de estimar. Casi ningún gobierno autonómico se atreve a aportar cifras. El Ejecutivo catalán admite un déficit de 600 millones de euros y una deuda acumulada de 3.000 millones de euros.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

LOS ACREEDORES TARDAN 350 DÍAS EN COBRAR

R. N.

Madrid- Las administraciones públicas sanitarias tienen una deuda de 1.650 millones de euros con los fabricantes de tecnología sanitaria, según denunció ayer la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), que agrupa a más de 500 compañías.

FENIN hizo públicos estos datos poco antes de la reunión que el próximo 10 de septiembre mantendrá el presidente del Gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas, en la que se tratará de la crisis de la financiación por la que atraviesa el Sistema Nacional de Salud, un encuentro que consideran «que puede posibilitar en el futuro un escenario de mayor equilibrio financiero».

También explicó que, por culpa de un inadecuado sistema de pago, las Comunidades han tenido que abonar a los proveedores de tecnología sanitaria –denominación que excluye a los medicamentos– 228 millones de euros en concepto de intereses de demora, una cantidad que con una mejor financiación se podría invertir en mejorar la sanidad española.

Según los datos publicados, actualmente el plazo medio de pago de las facturas por parte del sector público es de 350 días, aunque hay una gran disparidad entre las distintas Comunidades. Así, Valencia, con una demora que llega a los 720 días y una deuda de 578,5 millones de euros, se sitúa como la Comunidad que peor paga. La segunda Comunidad en esta línea es Andalucía, con una demora de 460 días y una deuda de 635,5 millones, le siguen Baleares, con 240 días y 25,10 millones, y Castilla-León, con 225 días y 94,30 millones de euros de deuda.

FENIN sostiene que, para la Administración, estas demoras suponen unos costes financieros elevados debido a la acumulación de intereses añadidos a la deuda, ya elevada de por sí, informa Efe.

Aznar: "La Libertad No Es Gratis"

Por Narrador - 3 de Septiembre, 2005, 16:03, Categoría: Aznar

Me ha sorprendido la escasa repercusión de las últimas declaraciones de Aznar en Foro Ambrosetti en Villa d'Este acompañado de personalidades de primer nivel internacional como Abu Mazen, presidente de la Autoridad Palestina; Recep Tayyip Erdogan, primer ministro de Turquía; Simon Peres, viceprimer ministro de Israel; y, entre otros, Jean Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE). El Presidente Aznar reflexionó sobre la seguridad europea, las reformas económicas pendientes y la mal llamada Constitución Europea.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

AZNAR AFIRMA QUE NO «SE DEBE JUGAR A SER UN CONTRAPODER DE ESTADOS UNIDOS»

L. R. N.

El ex presidente señala la reforma económica como la prioridad de Europa

Villa d´Este (Italia) - El ex presidente del Gobierno José María Aznar manifestó ayer que «la única Europa posible es la Europa atlántica», por lo que «Europa ni puede ni debe jugar a ser un contrapoder a los Estados Unidos». Según informó en Madrid la Fundación FAES, Aznar hizo estas declaraciones durante unas jornadas organizadas por el Foro Ambrosetti en Villa d'Este, junto al Lago di Como, y en las que participaron Abu Mazen, presidente de la Autoridad Palestina; Recep Tayyip Erdogan, primer ministro de Turquía; Simon Peres, viceprimer ministro de Israel; y, entre otros, Jean Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE). Además el presidente de FAES señaló que intentar este contrapoder supondría «malgastar fuerzas y distraer la atención de la amenaza que plantea el terrorismo, en especial el islámico».

Aznar, en el coloquio «Europa en la encrucijada» agregó que «la libertad no es gratis», por eso Europa «debe asumir la parte que le corresponde para hacer frente a las amenazas a la seguridad de todos. Europa no puede defenderse por sí misma».

En ese sentido señaló que el Viejo Continente no puede defenderse por sí mismo y «es una ingenuidad peligrosa pensar que la ofensiva del islamismo radical, del yihadismo internacional, tiene como enemigo sólo a los Estados Unidos o a los gobiernos que no temen declarar su amistad y alianza con ellos». «El enemigo islamista, lo que pretende destruir, es la sociedad abierta y democrática. Nos odian por lo que somos, no por lo que hacemos», argumentó el ex presidente español.

También afirmó que el principal punto de la agenda política europea debería ser la reforma económica.

En esta línea, consideró «una suerte» que la Presidencia de la Unión Europea recaiga actualmente en el Reino Unido, «donde el liderazgo de Tony Blair puede transmitir al resto de Europa el impulso necesario para avanzar en las reformas económicas» porque, –prosiguió– «el origen del malestar europeo está en la falta de crecimiento económico y en la percepción de que la economía europea ni crea suficiente empleo y riqueza ni ofrece perspectivas sugestivas para el futuro». Además, el ex presidente habló de los «límites de Europa» y dijo que «es indudable que la perspectiva del acceso de Turquía ha quedado condicionada con el resultado de los referendos francés y holandés».

El presidente de FAES y ex jefe del Ejecutivo español señaló que la decisión de los franceses y holandeses de rechazar en referéndum la Constitución Europea «ha puesto de manifiesto el rechazo a un determinado modelo de hacer política en Europa», y «ha generado desconfianza y falta de credibilidad». Y apostó por «cumplir lo acordado, el Tratado de Niza, el Pacto de Estabilidad, la Agenda de Lisboa y fortalecer la Alianza con los Estados Unidos».

Asimismo, se refirió a la inmigración y opinó que en España el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «ha tratado el fenómeno del modo más frívolo y populista posible». «El fenómeno de la inmigración –continuó– tiene que resolverse a escala europea, sin duda, sobre la base de los valores occidentales, rechazando de plano el multiculturalismo».

El ex presidente José María Aznar interviene hoy en una mesa redonda sobre los «Retos del mundo actual» junto a la reina Rania de Jordania; el ex responsable de la seguridad interior del Gobierno del presidente estadounidense George Bush, Tom Ritge; Amre Moussa, secretario general de la Liga Arabe y el senador Jonh Mcain y dirigente del partido republicado de los Estados Unidos.

El Estatuto Inconstitucional: Opiniones

Por Narrador - 3 de Septiembre, 2005, 15:48, Categoría: Estatuto Catalán

Para EL MUNDO "El conjunto de la clase política catalana, salvo notables excepciones, se ha encaramado a un discurso victimista según el cual ''los de fuera de Cataluña'' estarían torpedeando injustamente la reforma de su Estatuto". A las muchas advertencias se ha sumado EL Consell Consultiu de la Generalitat. Según este órgano asesor, la propuesta de financiación y la apelación a unos supuestos derechos históricos "chocan de frente con la Constitución y deben ser eliminados". "En lugar de ocuparse de resolver los problemas reales de la gente, Maragall y sus socios se han dedicado a crear problemas nuevos y en grandísima medida imaginarios". ABC se centra en cómo el informe del Consell Consultiu "ratifica la razón que tenían quienes denunciaron que esta reforma estatutaria era una revisión constitucional encubierta, no mucho peor en el fondo que la pretendida, más burdamente, por el revisado plan Ibarretxe, con la diferencia de que en el proyecto catalán es el Partido Socialista el que ha asumido el liderazgo de esta actividad inconstitucional". "Tal y como está la situación no se puede descartar nada, porque el capital invertido por Zapatero en Maragall es muy alto". También incluimos el artículo de Luis Foix en LA VANGUARDIA del pasado jueves.

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

UN ESTATUTO INCONSTITUCIONAL

Editorial

El conjunto de la clase política catalana, salvo notables excepciones, se ha encaramado a un discurso victimista según el cual «los de fuera de Cataluña» estarían torpedeando injustamente la reforma de su Estatuto de Autonomía. Pues bien, a las advertencias del PP, de destacados dirigentes socialistas como Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o José Bono, y de los propios expertos consultados por el Ministerio de Administraciones Públicas se han sumado ahora las de una institución cuyas credenciales catalanas quedan fuera de toda duda: el mismísimo Consell Consultiu de la Generalitat.

Aunque el dictamen completo no se conocerá hasta el lunes, ya sabemos su opinión sobre dos aspectos clave del borrador del tripartito. Se trata de la propuesta de financiación -que contempla la creación de una agencia tributaria prácticamente independiente de la estatal, y limita al 50% la cesión al Estado de los impuestos recaudados por la Generalitat, que además tendría capacidad normativa sobre todos los tributos- y de la apelación a unos supuestos derechos históricos como método de blindaje de competencias. Según el órgano asesor, ambas iniciativas chocan de frente con la Constitución y deben ser eliminadas.

El dictamen del Consell -que el PSC promete acatar- viene a reafirmarnos en nuestra opinión de que lo mejor que podría hacer el tripartito es reconocer su incapacidad para sacar adelante una reforma estatutaria razonable y dentro de los amplios límites que marca nuestra Carta Magna, y dedicarse de una vez a gobernar. Los ciudadanos catalanes han asistido, entre desolados y estupefactos, al lamentable espectáculo de un Gobierno que ha incumplido flagrantemente sus promesas de cambio. En lugar de ocuparse de resolver los problemas reales de la gente, Maragall y sus socios se han dedicado a crear problemas nuevos y en grandísima medida imaginarios. Han provocado un debate en torno al Estatuto que, según las propias encuestas de la Generalitat, no preocupa más que a un 0,4% de los catalanes.

Zapatero, que se ha visto obligado a coger las riendas del proceso ante las grietas que empieza a generar dentro de su propio partido, siempre ha dicho que quiere una solución que sea «buena para Cataluña». Pues bien, ya la tiene. Es el Estatuto actual, que no necesita de grandes retoques para seguir proporcionando a los catalanes elevadas dosis de autogobierno y bienestar.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

ESTATUT FUERA DE GUIÓN

Editorial

EL Gobierno socialista anda últimamente de revelación en revelación, topándose con una realidad bien distinta de la que aparecía en su discurso oficial y que, de forma notoria, le está produciendo un creciente desconcierto. Entre los descubrimientos más recientes destaca la alta probabilidad de que el proyecto de Estatuto que prepara el tripartito catalán sea así íntegramente inconstitucional, a pesar de que el proceso de reformas estatutarias fue puesto de largo como el cauce para superar definitivamente la «tensión territorial» acumulada durante los gobiernos de Aznar. Este veredicto de inconstitucionalidad sobre el proyecto del tripartito es la opinión de una serie de expertos juristas cuyos informes, encargados por el Ministerio de Administraciones Públicas, salieron oportunamente a la luz al día siguiente de que Maragall insistiera en que Cataluña es una nación, y España, un Estado federal. También el Consejo Consultivo catalán ha anticipado su opinión de que el modelo de financiación y de organización tributaria propuesto por el tripartito choca con la Constitución, lo que, de forma indirecta, es un aviso a la entente nacionalista de convergentes con los republicanos de Esquerra.

El criterio de estos dictámenes de encargo se corresponde, sin forzar en absoluto las comparaciones, con la opinión de otros muchos juristas y de la posición inicial del PP acerca de la inconstitucionalidad radical de un texto estatutario que se basa en el reconocimiento de Cataluña como nación y en la instauración de un sistema político de nueva planta que le dice al Estado qué competencias conserva y cuáles pierde. Pese a la aparente sorpresa por la valoración jurídico-constitucional hecha por los expertos del Ministerio que dirige Jordi Sevilla, no era posible otro tipo de conclusiones ante un texto cuya finalidad última es la modificación de la Constitución. Se ratifica así la razón que tenían quienes denunciaron que esta reforma estatutaria era una revisión constitucional encubierta, no mucho peor en el fondo que la pretendida, más burdamente, por el revivido plan Ibarretxe, con la diferencia sustancial de que en el proyecto catalán es el Partido Socialista el que ha asumido el liderazgo de esta iniciativa inconstitucional.

Advertido el Gobierno desde sus propias filas de que el proyecto del tripartito es inconstitucional, y vista la crisis interna en la clase política catalana, por un lado, y dentro del PSOE, por otro, debería emitirse desde el Ejecutivo algún pronunciamiento más severo sobre la cuestión que la simple orden de mandar callar a todo el mundo, aunque implique una fricción con el tripartito catalán. En todo caso no será fácil para La Moncloa prevenir mayores males, pues Maragall siempre ha contado con el refrendo explícito de Rodríguez Zapatero, quien antes que presentarse como víctima de las tentaciones rupturistas del PSC y sus socios debería asumir su responsabilidad por haber dado alas a un proyecto político que, participado en origen y desarrollo por Esquerra Republicana de Catalunya, no podía tener ninguna garantía de constitucional y solidario. Por eso, la decisión del PSOE de que Rodríguez Zapatero tome las riendas de las reformas estatutarias suena a juego de palabras para aparentar que lo sucedido hasta ahora es ajeno a la voluntad presidencial y que su irrupción en el debate estatutario tiene una vocación reparadora. Nada más lejos de la realidad que presentar a Rodríguez Zapatero como víctima de la voracidad de ERC o de la política de Maragall.

Tampoco sería sensato por parte socialista poner en marcha una estrategia de distracción que implicara en sus errores a quienes nada tienen que ver con ellos. Sin embargo, hay indicios de que éste es el propósito, por ejemplo, en relación con el proyecto de reforma del Estatuto valenciano, contra el que algunos portavoces socialistas han empezado a lanzar reproches de inconstitucionalidad más por deseo de dar cobertura a un futuro rechazo al texto del tripartito catalán que por un juicio técnico ecuánime y basado en el rigor del análisis constitucional. Tal y como está la situación, no se puede descartar nada, porque el capital invertido por Rodríguez Zapatero en Pasqual Maragall es muy alto y, aunque en política es habitual soltar lastre para evitar la caída, esta vez no será suficiente una huida hacia adelante para explicar a la opinión pública el porqué de tantas diferencias entre lo prometido por el Gobierno -algo así como el guión de la felicidad y la virtud cívicas- y la realidad de cada día.

LA VANGUARDIA

Jueves, 1 de de septiembre de 2005

EL LABERINTO ESTATUTARIO

Lluís Foix

El calendario avanza inexorablemente sin que nadie pueda asegurar si habrá Estatut antes de las fiestas de la Mercè, si lo habrá después o si se abandonará la empresa para dejar las cosas tal y como estaban cuando se firmó el pacto del Tinell con las voluntariosas promesas de un tripartito que rompía con la larga hegemonía de muchos gobiernos de Jordi Pujol.

La redacción del Estatut ha devenido un campo de batalla en el que no se ha contemplado un proyecto común pensando en el futuro del país, sino en un posicionamiento partidista, como si sobre el texto estatutario se escribiera el programa de las próximas elecciones.

Quien haya seguido con interés el largo debate puede encontrarse andando a tientas en un laberinto en el que todos los protagonistas también buscan en vano una salida. No sé a estas alturas quién ha contribuido más al desconcierto que percibe la mayoría de ciudadanos. En cualquier caso, sería una frivolidad pretender que el nuevo Estatut es obra exclusiva del tripartito, de las formaciones nacionalistas, de los socialistas o de las combinaciones que puedan establecerse entre ellos.

Ha faltado realismo, visión y generosidad. Ha habido más táctica, más regate a corto, que estrategia de altos vuelos. Si finalmente el Estatut no es suscrito por todo el arco político catalán, aunque cuente con una mayoría suficiente, saldrá herido de muerte de Catalunya y corre el riesgo de ser enterrado piadosamente en el Congreso de los Diputados, con la natural satisfacción del Partido Popular, pero también con la connivencia de todo o parte del socialismo español.

Quien haya leído detenidamente el texto habrá advertido que es más una Constitución que un Estatut que, como el que está vigente, fue elaborado y aprobado como consecuencia de las disposiciones de la Constitución de 1978. Se puede reformar la Constitución, por supuesto, pero sería extraño que esta reforma viniera como consecuencia de un documento de rango inferior. Parece más una Carta Magna de un Estado de nueva creación que un instrumento jurídico y político que deriva de una ley superior.

Recuerdo una conversación mantenida con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Abba Eban, en su casa de las afueras de Tel Aviv hace unos años. Los hombres y las naciones, me decía, acaban siempre haciendo lo que es más correcto, después de explorar todas las demás posibilidades. Catalunya, con este o con otro proyecto estatutario, tiene que acabar haciendo lo correcto.

El Nuevo Estuto Catalán es Inconstitucional

Por Narrador - 3 de Septiembre, 2005, 15:12, Categoría: Estatuto Catalán

Ya no hay duda sobre la inconstitucionalidad del Estatuto propuesto por el Tripartito catalán y CIU. Aún así en una reacción inaudita en la historia de la democracia, los patrocinadores de la reforma parecen escasamente afectados por la referida inconstitucionalidad. A simple vista parece que la Constitución para estos gobernantes es una anécdota que no debe entorpecer su desquiciada ambición sectaria. El Consejo Consultivo de la Generalitat cuestiona la utilización de los derechos históricos como argumento para blindar competencias, según destaca en su edición de hoy EL PAIS. Mientras, el tripartito admite que su propuesta de financiación se encuentra en el filo de la Constitución. El consejero de Economía, Antoni Castells, consideró que el modelo propuesto se encuentra en "el límite de las posibilidades" que ofrece el marco constitucional, aunque reconoció que alguien pueda entender que se sitúa fuera de dicho marco. El primer secretario del PSC, José Montilla, declaró ayer que si bien el dictamen no es vinculante, "no se ha pedido para después obviarlo". Por su parte, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, dijo que la decisión del Consultivo "no es más que un instrumento político del PSC". El líder de CiU, Artur Mas señaló que el Consejo Consultivo "no es más que un órgano asesor".

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL PSC DEFIENDE RESPETAR EL DICTAMEN DEL CONSELL CONSULTIU AUNQUE NO SEA VINCULANTE

Dani Cordero

El organismo también considera inconstitucional invocar los derechos históricos en el Estatut

BARCELONA.- Quizás los dictámenes del Consell Consultiu no sean vinculantes, pero sus trabajos técnico-jurídicos están para hacerles caso. Es la conclusión que defiende el PSC y que le llevará a enmendar los artículos del proyecto de ley del Estatut que el organismo de la Generalitat considera inconstitucionales. Desde el primer secretario del partido, José Montilla, hasta el secretario de Organización, José Zaragoza, opinan así, y el portavoz de la formación, Miquel Iceta, aseguró ayer que «aunque el dictamen no sea vinculante, se tendrán que resolver los puntos que entren en conflicto».

Antoni Castells, conseller de Economía del Govern y principal responsable del proyecto de financiación del tripartito, el mismo que el Consultiu ha puesto en duda en algunos de sus principales atributos, no mostró ayer la misma disposición. Según afirmó el conseller, «El Consell es consultivo; pero no es el Tribunal Constitucional». Su insinuación choca con la de Montilla: «el dictamen no se ha pedido pura y simplemente para después obviarlo y no prestarle la más mínima atención», dijo a Efe. Zaragoza, en la misma línea, afirmó: «Lo que no haremos es aceptar una reforma del Estatut que sea inconstitucional».

Evitar valoraciones

Ayer se supo que el dictamen que emitirá el próximo lunes el Consell Consultiu podría dictar también la inconstitucionalidad de recurrir a los derechos históricos para blindar las competencias. Su opinión va en el mismo sentido en la propuesta de financiación de CiU y en algunos puntos de la elaborada por el tripartito.

De momento, el PSC ha lanzado órdenes a sus miembros para que no valoren las deliberaciones del Consultiu filtradas a la prensa mientras no haya dictamen en firme. La misma premisa figura entre los miembros del Govern. A partir del dictamen definitivo, los socialistas decidirán qué camino toman, aunque ayer el tripartito negó que tuviera un plan B para el caso de que les tumbaran su modelo de financiación. Incluso, en la decisión final pueden pesar los resultados finales de las votaciones.

El conseller de Economía, Antoni Castells, admitió ayer que el modelo de financiación presentado por el tripartito, del que él es su principal ideólogo, podría estar al margen de la Carta Magna, tal y como consideran cuatro de los siete miembros del Consell Consultiu. El responsable económico de los socialistas aseguró ayer que el Govern «hizo una propuesta sabiendo que sacábamos el máximo rendimiento al texto constitucional». Según afirmó, su propuesta de modelo se encuentra «en el límite, pero en la parte de dentro».

Pese a esa apreciación, Castells no negó que esa posición de máximos pueda suponer «el riesgo de salirse» según quien realice el análisis sobre la inconstitucionalidad del texto. Efectuó estas declaraciones tras reunirse con la comisión que negocia por parte del Govern un modelo de financiación consensuado con CiU.

El responsable económico de ERC, Josep Huguet, aseguró que no será lo mismo un dictamen desfavorable por unanimidad que por cuatro votos a tres. «El impacto moral no será el mismo», dijo el dirigente republicano, quien también advirtió que «tan importante será el dictamen del Consultiu como los dos tercios necesarios en el Parlament».

Los miembros del tripartito denunciaron ayer las filtraciones que se han producido en el seno del Consell Consultiu, por las que dijeron sentir «preocupación». En el mismo sentido se pronunció el líder de CIU, Artur Mas, que calificó estos hechos como «esperpénticos» y «muy poco serios».

En todo caso, la posición de CiU no está clara. Ayer, el presidente de la federación, Artur Mas, alertó al tripartito de que quien debe decidir sobre el texto del Estatut es el Parlament, y se encomendó al ajustado resultado previsto en las votaciones para poder rechazar la decisión del Consultiu. Si el organismo queda dividido en las votaciones «significa que tienen dos opiniones, porque si no, no estarían divididos por la mitad. ¿De cuál hemos de hacer caso?», se preguntó.

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, reclamó al PSC que «no se esconda» detrás de ese organismo para justificar recortes en el proyecto de Estatut.

Al margen de las consideraciones que pueda emitir el Consultiu en el dictamen sobre la constitucionalidad del proyecto estatutario, Duran considera que «no hay otro intérprete de la Constitución» que el Tribunal Constitucional.

«Nadie más que el TC puede decirnos lo que se ajusta o no a la Constitución. Por este motivo, «el Consultiu no debe aprobar el Estatut ni debe condicionarlo, sino que lo debe aprobar el Parlament».

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

PSC Y ERC DISCREPAN EN PÚBLICO POR EL VARAPALO DEL CONSULTIVO AL ESTATUTO

Ángel Marín

La opinión del Consejo de que el plan financiero del tripartito es inconstitucional arroja aún más dudas sobre la reforma, que mantiene unidas a Esquerra y CiU

BARCELONA. No es lo mismo. El gobierno catalán mostró ayer su «preocupación» por que el Consejo Consultivo considere inconstitucional el núcleo de la propuesta elaborada por el tripartito sobre el nuevo sistema de financiación. No obstante, los tres socios del ejecutivo de Maragall coincidieron en defender unánimemente «la legalidad» de su plan financiero y en delimitar «la importancia» política, con matices diferentes según la formación política, de la opinión de este órgano asesor de la Generalitat.

Tras reunirse ayer los tres consejeros -Joan Saura (Relaciones Intitucionales-ICV), Antoni Castells (Economía-PSC) y Josep Huguet (Comercio-ERC)- que llevan el peso de las negociaciones con CiU, actualmente encalladas precisamente en el modelo de financiación, el representante de la hacienda catalana reconoció que la propuesta del tripartito está en «el límite» de la Constitución y admitió la posibilidad de que algunos consideren que «nos hemos pasado de la raya tres centímetros».

«Una falta de respeto»

El consejero socialista defendió la validez del Consultivo ante los ataques de CiU que ayer deslegitimó este órgano porque su dictamen afecta «negativamente» a los intereses de Cataluña. «He oído declaraciones de algunos dirigentes de CiU que suponen una falta de respeto preocupante a las reglas de juego, y más por parte de aquellos que han gobernado durante 23 años», dijo Castells tras reclamar «más respeto» a todas las instituciones catalanas.

El consejero de Economía aseguró que «lo que diga el Consultivo, obviamente, puede influir en la decisión política», y subrayó que «no tienes la misma autoridad y fuerza para defender el Estatuto en el momento de la verdad en Madrid si el Consultivo dice que nuestra propuesta financiera es incostitucional». No obstante, matizó que el dictamen de este organismo «no es decisorio» porque «no es un Tribunal Constitucional que emita sentencias».

«¿Por qué no podemos ir más allá?»

El consejero de ERC afirmó, por su parte, que el Consultivo tiene «todo el respecto institucional», al mismo tiempo que se interpelaba «¿por qué no podemos ir más allá?» de lo que digan los dictámenes de este consejo de la Generalitat. Para Huguet, es más «urgente» llegar a acuerdos definitivos con CiU para «construir una mayoría de dos tercios» en la Cámara catalana, necesaria para aprobar el nuevo Estatuto, y reiteró que para su partido el Consultivo sólo emite «recomendaciones» de un ente asesor. Una opinión que comparten al cien por cien los líderes nacionalistas.

El presidente de CiU, Artur Mas, subrayó ayer que «los informes que hacen no son vinculantes» y señaló que quien debe decidir el texto final del Estatuto es el Parlamento de Cataluña. «El que está pendiente del Consultivo es el PSC, que ve su dictamen como agua de mayo», dijo el jefe de la oposición.

La mayoría de los siete vocales de este organismo -los dos propuestos por el PSC y otros dos a instancias de ICV y PP- duda de la constitucionalidad del plan financiero del tripartito, de la propuesta alternativa de CiU y de la invocación de los derechos históricos para blindar el Estatuto de Cataluña.

Por su parte, el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, evitó realizar valoraciones políticas sobre el contenido de «las filtraciones» y añadió que «esperaremos a conocer de forma oficial el dictamen del Consultivo para reflexionar».

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL CONSEJO CONSULTIVO DESAUTORIZA ELEMENTOS SUSTANCIALES DE LA REFORMA DEL ESTATUTO CATALÁN

Enric Company

El órgano asesor rechaza la vinculación entre derechos históricos y competencias

A falta de que el Consejo Consultivo de la Generalitat entregue oficialmente el lunes su dictamen sobre el Estatuto catalán, los partidos han tomado nota ya de que contendrá la desautorización de algunos elementos sustanciales de la reforma. Habrá disgustos para todos. Los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU) perderán en esta batalla su apuesta por el concierto económico, Esquerra Republicana (ERC) y CiU la que han dado para amparar las competencias de la Generalitat en los derechos históricos. Los socialistas han perdido su lucha contra el blindaje de competencias. Al sistema de financiación elaborado por los tres partidos del Gobierno catalán habrá que retocarle por lo menos tres artículos.

Después de que EL PAÍS publicara el miércoles que el Consejo Consultivo considera inconstitucional aplicar en Cataluña un modelo de concierto económico, ayer se supo que también estima no constitucionales varios aspectos de la propuesta de financiación elaborada por el tripartito. A ello se añade que la mayoría de miembros del Consejo Consultivo tampoco juzga constitucional la disposición adicional primera del proyecto, que ampara ocho competencias de la Generalitat en los derechos históricos de Cataluña, según publicó ayer El Periódico de Catalunya.

La posición del Consejo Consultivo sobre los derechos históricos fue apuntada ya a mediados de agosto por su presidente, Joaquim Tornos, cuando señaló que "caben" en el Estatuto, pero que otra cosa es su utilización concreta para atribuir y amparar competencias a la Generalitat. Esto se ha traducido en la decisión de la mayoría del Consultivo de no cuestionar el artículo 5 del proyecto del nuevo Estatuto. Es el que dice que "el autogobierno de Cataluña se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán, que este Estatuto incorpora y actualiza".

Pero en cambio, el Consultivo sí ha decidido rechazar la disposición adicional en la que se señala que esta actualización ampara, especialmente, el régimen de financiación de la Generalitat; la organización de las administraciones públicas catalanas y su régimen jurídico y de función pública; la organización territorial y el régimen local; el derecho civil; el régimen lingüístico en Cataluña; la educación; la cultura; y la seguridad pública.

La invalidación de esta vía impide uno de los trueques que Esquerra Republicana impulsaba para acercar las posiciones de PSC y CiU, que consistía en limitar a cuatro o cinco las competencias de la Generalitat susceptibles de ser "amparadas" en los derechos históricos, en vez de las ocho que defienden CiU y la propia ERC. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se adentró por este camino la semana pasada al indicar, enfáticamente, cuatro ámbitos en los que Cataluña ha tenido en el pasado su propio derecho civil, su propia lengua y cultura y su propia organización territorial, lo que parecía un punto medio susceptible de ser aceptado por todos.

La reacción de los dirigentes de los partidos catalanes tras conocer las decisiones que contendrá el dictamen del Consejo Consultivo fueron desiguales. Los socialistas se mostraron dispuestos a asumir las consecuencias del dictamen y a enmendar los correspondientes artículos del proyecto para adaptarlos a la Constitución. Los nacionalistas de CiU, en cambio, relativizan las posiciones del Consejo según sean adoptadas por unanimidad o por mayoría.

El primer secretario del PSC, José Montilla, declaró a Efe que el dictamen "no se ha pedido para después obviarlo". Y eso, a pesar de que una de las decisiones del Consultivo que también han trascendido es la de considerar constitucional el sistema de blindaje de las competencias de la Generalitat utilizado en la reforma del Estatuto, al que los socialistas habían presentado numerosas enmiendas.

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, aseguró sin embargo que lo publicado ayer y anteayer sobre la decisión del Consultivo "no es más que un instrumento político del PSC". Según Duran, los socialistas "tapan" con este dictamen "su incapacidad para defender los intereses de Cataluña". El presidente de CiU, Artur Mas, señaló también que el Consejo Consultivo "no es más que un órgano asesor y los informes que hace no son vinculantes".

Fuentes del Gobierno catalán se mostraron muy cautas. Indicaron que, a falta de conocer el dictamen, cabe valorar positivamente que no sea "unidireccional" y que todos los partidos puedan ver ratificadas o rechazadas algunas posiciones. "Esto puede aportar un punto de encuentro objetivable" en las negociaciones que se emprenderán la próxima semana, agregaron.

Pese a las reticencias, un criterio similar fue expuesto por el diputado de CiU Francesc Homs, cuando señaló que "ha habido ratificaciones y rectificaciones para todos", refiriéndose particularmente a CiU y al PSC. La previsión es que, después de que ayer el Consejo Consultivo votará el dictamen, sus miembros dediquen los próximos días a redactar los votos particulares, y el lunes sea entregado al Parlamento catalán. El presidente Maragall abre el miércoles con Artur Mas una nueva ronda de negociaciones.

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

CASTELLS ADMITE QUE LA PROPUESTA DE FINANCIACIÓN DEL TRIPARTITO ROZA EL LÍMITE CONSTITUCIONAL

Claudi Pérez

La propuesta de financiación del Gobierno catalán está dentro de los límites de la Constitución Española. Pero tan en el límite que "existe el peligro de que alguien crea que lo traspasa", admitió ayer Antoni Castells, consejero de Economía y Finanzas del Ejecutivo catalán. Castells se reunió con el consejero de Comercio y Turismo, Josep Huguet (ERC), y el titular de Relaciones Institucionales, Joan Saura (ICV-EUiA), para analizar el estado de las negociaciones con CiU sobre el título de financiación del Estatuto.

Los tres consejeros evitaron pronunciarse sobre el dictamen del Consejo Consultivo, que juzga inconstitucional la propuesta de CiU y cuestiona artículos de la propuesta del Ejecutivo autónomo que hacen referencia a la agencia tributaria propia, la capacidad normativa sobre los impuestos y el porcentaje de participación del Estado sobre los impuestos recaudados en Cataluña (un máximo del 50%). Aún así, Castells reconoció que la propuesta de financiación presentada por el tripartito "busca extraer las máximas posibilidades del texto constitucional". "Cuando una propuesta se sitúa en el límite corre el peligro de que alguien crea que ese límite se ha traspasado, aunque sólo sea por unos centímetros", dijo.

"Lo que dictamine el Consejo Consultivo, obviamente, puede incidir en la decisión política final sobre la financiación", admitió Castells. El consejero, sin embargo, recordó que este órgano "no tiene carácter decisorio ni ejecutivo", ni tampoco es "un Tribunal Constitucional que emita sentencias".

Pacto con CiU

El dictamen del Consultivo no se conocerá oficialmente hasta el próximo lunes, pero las lagunas constitucionales que ha detectado este organismo dificultan aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo de amplio espectro sobre el título de financiación que se incluirá en el Estatuto. Saura y Huguet defendieron la "necesidad" de un pacto con CiU, "tanto por la aritmética política como por el convencimiento de que la unidad de fuerzas es esencial para que el Estatuto salga adelante" en Madrid. Pero el acuerdo con la federación nacionalista dista mucho de estar cercano. "De alguna manera hemos perdido la batalla antes de empezarla", resumió Huguet ante las dificultades que encuentra el tripartito para pactar.

Los tres consejeros rechazaron evaluar la reciente propuesta convergente sobre financiación. CiU plantea "blindar" la propuesta que finalmente se incluya en el Estatuto con el objetivo de que ninguna ley estatal condicione el texto que apruebe el Parlamento catalán. Huguet tendió una mano al partido que lidera Artur Mas y aseguró que ni la coalición ni el Ejecutivo catalán "defienden un modelo a la vasca", ya que ambas propuestas incluyen un mecanismo de solidaridad interterritorial.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

ZAPATERO CONFÍA EN LA «BONDAD» DE LA REFORMA DEL TEXTO CATALÁN

El jefe del Ejecutivo dijo tener «la mejor disposición» y su «plena vocación» de comprometerse para que haya un acuerdo para mejorar el autogobierno de Cataluña

GIJÓN. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó ayer su confianza en las fuerzas políticas catalanas y en la «bondad» de la reforma de su Estatuto y garantizó la «mejor disposición» de comprometerse para lograr un acuerdo ante esa modificación. Zapatero se refirió al proceso de reforma del Estatuto de Cataluña en una comparecencia ante los medios informativos en Gijón antes de visitar las obras del puerto de esta ciudad.

El jefe del Ejecutivo dijo tener «la mejor disposición» y su «plena vocación» de comprometerse para que haya un acuerdo. Un acuerdo que, a su juicio, sería muy bueno para Cataluña, para el conjunto de España y para los ciudadanos catalanes en la perspectiva de una mejora de los servicios públicos.

La «tranquilidad» de Montilla

El primer secretario del PSC y ministro de Industria, José Montilla, aseguró, por su parte, que le «tranquiliza» la decisión de Zapatero de asumir personalmente la dirección del proceso de reformas de los estatutos de autonomía. Montilla señaló a Efe que la intervención del presidente del Gobierno será suficiente para evitar «interferencias» en el proceso de negociación de la reforma del Estatuto catalán. Preguntado sobre si el PSC tiene intención de pedir en el Comité Federal del PSOE del próximo sábado que se eviten dichas «interferencias», respondió: «No lo vamos a pedir, simplemente lo vamos a practicar».

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL TRIPARTITO ADMITE QUE SU TEXTO PUEDE REBASAR EL LÍMITE DE LA LEY

Tate Santaeulària

El Gobierno catalán mantiene su financiación aunque el Consultivo crea que es inconstitucional

Barcelona- Los denominados padres de la propuesta de financiación autonómica, Antoni Castells (PSC), Joan Saura (ICV) y Josep Huguet (ERC) se reunieron ayer, tal y como estaba previsto, para retomar las negociaciones sobre el modelo económico catalán. Lo que no estaba previsto era la sorpresa, añadida a última hora, de que el Consejo Consultivo juzgara el núcleo de su planteamiento como inconstitucional. Sin embargo, el jarro de agua fría no parecía importar demasiado a los miembros del tripartito que comparecieron ayer, con exacerbada alegría, ante los medios.

Concretamente el conseller de Economía, Antoni Castells, reconoció comprender que alguien pueda ver la propuesta financiera del Govern fuera de la Carta Magna. Castells recordó que cuando el Ejecutivo dio a conocer su modelo ya advirtió que se había situado al límite de lo que la Constitución les permitía. Así pues, «ciertamente existe el riesgo de que alguien opine que nos hemos pasado tres centímetros» de la Ley fundamental, concluyó el conseller.

El titular de Economía aprovechó el revés del Consultivo para señalar, como quien no quiere la cosa, que todos creen que la propuesta del tripartito es ambiciosa salvo CiU, «incluso a veces de forma ruidosa desde fuera de Cataluña». No obstante, reiteró el compromiso y la unidad del Ejecutivo catalán en torno al modelo acordado que sienta y sentará las bases de la financiación catalana. Hasta el punto que llegó a señalar que «no aceptará lecciones de ninguna otra formación política».

Sin más, los padres del tripartito no quisieron entrar en las consecuencias de la inconstitucionalidad detectada por el ente institucional a la espera de conocer cómo se exprese el Consejo Consultivo en los puntos de la solidaridad y capacidad normativa. Sí admitieron, no obstante, que el gobierno catalán no tiene «un plan B» ni una alternativa a la propuesta del tripartito. Además, los tres miembros del Ejecutivo coincidieron en recordar que «el Consultivo no es vinculante, y aunque sería bueno seguir sus recomendaciones, podría imponerse el acuerdo político».

El conseller Huguet (ERC) quiso también recordar el papel del Consultivo, y desde el máximo respecto a la institución subrayó que «el pacto político puede perfectamente quedar en algún tema por debajo de lo que sería constitucional» y «en algún tema podría ir un poco más allá», con el riesgo de que lo «recorten» en la negociación en Las Cortes. ERC cerró filas con el tripartito catalán y lanzó un mensaje claro a CiU al explicar que siempre se ha defendido como ideal el concierto vasco pero cuando se ha concretado, nunca ningún partido en Cataluña, ni ERC, ha planteado desmarcarse de la cuota solidaria». «Nadie defiende el modelo foral en Cataluña», sentenció.

Las propuestas de ERC. A este respecto el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, consideró también ayer «muy curioso» que el Consejo Consultivo vea inconstitucionales precisamente las aportaciones de ERC en la propuesta de financiación del tripartito. No obstante, el dirigente nacionalista restó relevancia al dictamen de este órgano de la Generalitat – «no debe condicionar el Estatut»– y acusó al PSC de «esconder la cabeza bajo el ala» para disimular su incapacidad a la hora de mantener sus planteamientos en la reforma estatutaria.

Por su parte el secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, afirmó que hace pocos días CiU consideraba vinculantes los dictámenes del Consultivo, y recordó que «fue CiU quien pidió que el Consejo Consultivo opinase sobre su modelo de financiación». «Llevamos 18 meses de negociaciones y Artur Mas reconoce públicamente que no se ha movido nada» de su planteamientos iniciales, dijo.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

DERECHOS HISTÓRICOS EN ENTREDICHO

El Consejo Consultivo parece dispuesto a pulir cualquier posible inconstitucionalidad del proyecto de ley del Estatut de Cataluña. Después de que trascendiera que cuatro de los vocales juzgan inconstitucional el núcleo de la propuesta de financiación del tripartito también se supo que recelan de los derechos históricos, entre otras. Dos vocales, uno de ERC y el otro de CiU han emitido un voto particular mediante el que impugnan la totalidad del dictamen.

Derechos históricos. La mayoría de los vocales creen que no se puede apelar a los derechos históricos como pretende la disposición adicional primera aprobada por ERC y CiU para blindar las competencias. En el caso de los derechos históricos el Consultivo sólo admite como constitucional la referencia genérica a los mismos, que carece de validez jurídica.

Competencias. También dictan como inconstitucional el intento de los partidos catalanes de obtener competencias en puertos y aeropuertos, así como intervenir en el régimen económico de los elementos que integran la red viaria. Tampoco creen que puedan obtener la competencia exclusiva en enseñanza.

Traspasos. Los traspasos mediante leyes orgánicas que figuran en el proyecto de ley estatutario y que afectaría hasta a 10 materias de competencia estatal, el Consultivo cree por unanimidad, salvo el PP, que es constitucional.

Recordando la Tragedia de Beslán

Por El Observador - 3 de Septiembre, 2005, 7:09, Categoría: Terrorismo

Ayer recordábamos la tragedia de Beslán, un terrible atentado terrorista que cumple su primer aniversario con demasiadas incógnitas sin aclarar. Nos quejábamos de la escasa cobertura mediática de este salvaje suceso que produjo 331 muertos. Hoy se les ha recordado en Rusia y la cobertura mediática ha aumentado incluyendo un artículo en ABC del embajador ruso en España. Desde aquí no olvidaremos a las victimas, ni a nuestros compatriotas ni los demás ciudadanos caídos por la libertad.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

AMARGAS LECCIONES

Alexander I. Kuznetsov (Embajador de la Federación de Rusia en España)

Ha transcurrido un año desde aquellos dramáticos días (del 1 al 3 de septiembre de 2004) cuando un comando terrorista checheno perpetró una masacre que costó la vida a más de 300 personas, en su mayoría niños. Las heridas -físicas, emocionales y también políticas- de la tragedia de Beslán están todavía muy lejos de cicatrizar. Continúa aún el juicio contra el único terrorista que fue apresado con vida durante el enfrentamiento de las fuerzas del orden público con los bandidos. Tampoco han finalizado las investigaciones parlamentaria y policial.

El drama de Beslán nos ha deparado varias lecciones muy amargas, de las que tenemos que aprender todos. En primer lugar, han fracasado terminantemente los intentos de presentar a los terroristas como «rebeldes» o «luchadores por la independencia de Chechenia». Con el extremismo no debe haber ni equivocaciones, ni dobles criterios. No existen terroristas «buenos» y «malos». Un individuo que hace estallar bombas, dando muerte a niños, mujeres y ancianos no merece otro calificativo, sino terrorista a secas.

Otra lección: el terrorismo no tiene fronteras. Su «geografía» viene ampliándose y el terror va dirigido contra la población civil más vulnerable e inofensiva. Lo hemos visto no sólo en Beslán, sino también en Nueva York, Bali, Casablanca, Madrid, Sharm el-Sheij y Londres. Tanto en Beslán como en Madrid los terroristas buscaban causar el mayor número posible de víctimas. Sin detenerse ante ningún precepto moral o religioso. De esta brutal manera querían sembrar pánico y odio, atizar recelos confesionales. Han demostrado su total desdén por los valores del Islam, tal como nosotros, los rusos, lo conocemos y respetamos desde hace siglos. De nuevo ha quedado patente que no se puede identificar a los terroristas con esta religión. También es verdad que el mundo islámico debe alzar su voz de condena contra aquellos que se escudan en el Islam para justificar sus atrocidades. Solo así juntos podremos hacer fracasar los intentos de los que buscan provocar el «choque de civilizaciones».

Rusia se ha dado cuenta de que para evitar nuevos ataques terroristas se debe antes de nada conseguir la total normalización de la situación en la República de Chechenia. Últimamente, pese a todas las dificultades, aquí se han registrado notables progresos, especialmente en el ámbito político, institucional, económico y educativo. De acuerdo con el decreto promulgado por el presidente Putin, el 27 de noviembre se celebrarán en Chechenia las elecciones parlamentarias. Serán una etapa importante en el proceso político en la República, indispensable para el establecimiento de la paz y el imperio de la ley.

Hay indicios de una recuperación económica sostenible de Chechenia: crece el número de empresas puestas en funcionamiento. Se han registrado notables avances en la esfera educativa: en la Universidad Estatal de Grozni, por ejemplo, estudian actualmente 13.000 alumnos.

Hoy en día, rindiendo homenaje a las víctimas de Beslán, debemos ser conscientes de que el mejor tributo a ellas serán las muestras de solidaridad y firmeza en defensa de los valores del mundo civilizado. No permitamos a los terroristas encontrar brechas en la coalición mundial contra este mal del siglo XXI.

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

BESLÁN 'OCUPA' LA ESCUELA DE LA TRAGEDIA

Daniel Utrilla (Enviado especial)

Miles de familiares y vecinos, representantes del Gobierno local, autoridades eclesiásticas y figuras políticas de relieve rinden tributo en la escuela rusa a las víctimas del secuestro que hace un año costó la vida a 331 personas, en su mayoría niños

Grabaciones de música fúnebre y salmodias musitadas por diáconos ortodoxos unen sus notas para crear una atmósfera casi irreal en el patio de la escuela. Hondos suspiros, gorjeos quejumbrosos y alaridos femeninos de resonancia animal retumban en el vacío del gimnasio semiderruido donde hace un año fueron confinados más de 1.000 rehenes por un comando prochecheno.

Tras pasar por el arco de varios detectores de metal, los vecinos de Beslán se congregan en el patio, donde, antes de entrar en la escuela, hacen cola con fotos enmarcadas de sus parientes muertos.

De súbito, un grupo furibundo de madres resucita del trance y se abalanza contra una anciana rechoncha de pelo abombado. «¡¿Pero cómo te atreves a venir aquí?!», le grita una de las vecinas, mientras el resto intenta zarandearla y la insulta en lengua osetia.

Como un organismo vivo que detectase la presencia de una bacteria infecciosa, los familiares se arremolinan en torno a la mujer, que tiene que ser auxiliada por dos jóvenes y escoltada fuera del patio. La vilipendiada es Lida Tsaliyeva, ex directora de la escuela, acusada por los vecinos de haber dejado entrar en el centro a unos obreros que pudieron haber introducido armas y explosivos semanas antes del secuestro. Las paredes de la escuela están repletas de insultos obscenos contra ella. Cuando la directora sale de escena, la ruina recobra su serenidad de ultratumba.

A las 9.15 horas, un seco repicar de campanas emitido por altavoz recuerda el momento en que irrumpieron los terroristas, algunos de los cuales dispararon a los globos de los niños en el patio, donde éstos celebraban con sus padres el primer día de curso escolar. Suena el Requiem de Mozart.

Descuajada parcialmente como una casa de muñecas, la escuela parece un fósil procedente de una época anterior a la civilización. Sólo los retratos de Tolstoi o de Einstein que cuelgan en algunas aulas nos confirman que el Medievo hace tiempo que pasó por aquí. La escuela ha sido empapelada con pancartas de tela roja firmadas por escolares de todo el mundo. En los carteles pueden leerse nombres de ciudades como Hiroshima, Gaza, Auschwitz o Kabul.

Volver a la URSS

Entre los escombros afloran ramos de claveles. Un iconostasio de fotos de hombres, mujeres y niños sonrientes cubre las cuatro paredes salpicadas de metralla del gimnasio, donde estallaron las bombas de los terroristas. Una estampa de Jesucristo ocupa el boquete abierto en la pared por un proyectil, ahora convertido en improvisada hornacina de un santuario que muchos vecinos querrían conservar como monumento a la barbarie.

En recuerdo de los niños muertos -186 de un total de 331 rehenes fallecidos-, los lugareños depositan peluches de colores chillones que suplen a los iconos de los espigados santos cristianos.

Botellas de agua se acumulan como ofrendas rituales que evocan la sed inhumana que tuvieron quesoportar durante su martirio los rehenes, que hubieron de beber orín filtrado con trapos y prendas.

Por las ventanas deformadas por las explosiones se cuelan como trompas de insectos gigantes los micrófonos alargados de los periodistas, que intentan captar la psicofonía del llanto materno más allá del muro. Sobre un entarimado de madera habilitado en el patio, cientos de informadores de todo el mundo conforman una auténtica torre de babel.

«¿Cómo podemos organizar una ceremonia oficial si el Estado es culpable ante los niños?», pregunta Susana Dudieva, que dirige el comité de Madres de Beslán. Sin embargo, las madres y los vecinos callan cuando aparecen en el patio las autoridades locales, encabezadas por el nuevo presidente norosetio, Taimuraz Mamsurov (su antecesor dimitió tras la tragedia), y el representante del presidente ruso para el Cáucaso Norte, Dimitri Kozev. Hábitos y trajes se confunden en la comitiva oficial, donde Iglesia y Estado se dan la mano.

No pocos norosetios añoran la era comunista como una época de orden donde un infanticidio de dimensiones bíblicas como este resultaba impensable. «Nos gustaría volver a la URSS, cuando había seguridad. Ahora los políticos son oligarcas que nos han vendido a todos», se lamenta Zalina, que perdió a una hija en el secuestro.

En señal de duelo por la matanza, todas las escuelas de Osetia del Norte celebrarán este año su primer día de curso el próximo lunes 5 de septiembre.

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

LAS MADRES DE BESLÁN REVIVEN LA MATANZA DE NIÑOS CON LA GRAN AUSENCIA DE PUTIN

Rodrigo Fernández

Ningún representante del Gobierno ruso asiste a los actos del primer día de duelo oficial

Todo Beslán se volcó ayer en el gimnasio de la escuela número uno, escenario de la tragedia que se desarrolló hace un año, cuando un grupo de terroristas tomó a más de mil rehenes en ese colegio. La gente comenzó a congregarse a las ocho de la mañana y a las 9.15 repicaron las campanas: marcaban el comienzo del infierno que duró tres días y que acabó en una masacre: 331 muertos -de ellos, 186 niños- y más de 700 heridos. Escenas desgarradoras se vivieron en la escuela en este primer día de los tres de duelo oficial decretados en Osetia del Norte.

Por el solar que hay ante el gimnasio deambulaban algunas mujeres enlutadas llorando a gritos; otras sollozaban llevando las fotos en colores de sus seres queridos perecidos. Una joven mujer no resistió tanto dolor y se desmayó. Inmediatamente acudieron enfermeras de la Cruz Roja que hacen guardia durante todo el día, y que también permanecerán por la noche junto a un puñado de madres que se niegan a abandonar el gimnasio y que han decidido velar la memoria de sus hijos durante los tres días que duró el martirio.

Al minuto de silencio matinal en memoria de las víctimas asistieron el presidente norosetio, Teimuraz Mámsurov; el representante del presidente ruso en el Cáucaso del Norte, Dmitri Kózak, y alguna otra autoridad local. Nadie del Gobierno central, y de los líderes políticos federales. Sólo estaba presente el comunista Guennadi Ziugánov. "Putin fue a los funerales de Yevdokímov

[el gobernador de Altái] y a los de Kadírov [el presidente checheno], pero aquí no se atreve a venir", comentó la escena con desprecio una de las mujeres enlutadas.

Después del minuto de silencio, durante el que sí se oían los sollozos, se formó una larga cola para entrar en el gimnasio. Dentro, los llantos arreciaron ante las fotos de las víctimas, que colgaban de las paredes. Algunas madres alcanzaban con sus manos a acariciar los retratos de sus hijos, mientras que otras no, y sus brazos colgaban en el aire impotentes. Una mujer cayó de pronto de rodillas al suelo, que un año atrás se hallaba cubierto de cadáveres de niños, en su mayoría calcinados. Ésa fue la consecuencia del uso de lanzallamas, según piensan muchos.

Insultos a la directora

De pronto, en el solar junto al gimnasio, un grupo de mujeres y hombres enardecidos se lanzó sobre una anciana. Era Lidia Tsalíyeva, la ex directora de la escuela, que se atrevió a venir, ella también, a honrar la memoria de sus alumnos. Pero Tsalíyeva es odiada por muchas madres y familiares de las víctimas, que la acusan de haber estado confabulada con los terroristas. Si no hubiera sido por la intervención de agentes de civil y de algunos policías, seguramente la hubieran linchado.

"¡Perra, ¿cómo te atreves a venir aquí?". "¡Agarrénla, mátenla!", gritaban mujeres y hombres con rostros desencajados, mientras trataban de agredirla. Zinaída Tsarájova, que perdió a su hijo Elmús, de 12 años, dijo: "Considero que es un insulto que esa mujer viva. Traicionó a nuestros niños y no debe vivir". Al anochecer, Tsarájova permanecía en el interior del gimnasio; es una de las que velarán a las víctimas noche y día, hasta el sábado, cuando se cumplirá un año de la matanza.

En Vladikavkaz, la capital norosetia, que se encuentra a una media hora en coche de Beslán, ayer se inauguró el primer monumento a los caídos en la escuela número uno. Se trata de un gran libro abierto sobre el que hay dos manos también abiertas; entre ellas corre el agua. Madres, familiares y compañeros de las víctimas pusieron a los pies del monumento pequeñas velas en vasos que llevaban una cinta negra con la inscripción dorada de una víctima: 331 en total. Los globos negros y rojos -luto y sangre- que debían elevarse en el cielo despejado de Vladikavkaz con 186 pajaritas de papel -una por cada niño muerto- amarrados a ellas se negaron a hacerlo. En ayuda de los niños acudieron los adultos, pero todos los intentos fueron inútiles; los globos no subían al cielo. Entonces una madre comentó: "No quieren irse todavía, el 3 de septiembre aún no llega".

Un niño resultó ser el autor del proyecto del monumento que hacía unas horas se había inaugurado en Vladikavkaz. "El libro simboliza la escuela, y las manos por las que corre el agua, aquello que tanto les faltaba", explica Zambolat Batsázov, de 14 años. Zambolat vive en una aldea cercana y participó en un concurso para construir un memorial a los niños de la escuela número uno. "El mío gustó y lo aprobaron", dice con sencillez. "Yo tenía amigos entre los niños muertos", explica, como si tratara de justificar que eligieran su proyecto.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

BESLÁN RINDE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA MATANZA

Rafael M. Mañueco (Enviado Especial)

El Comité de Madres de Beslán exige a Putin que detalle sus órdenes durante el secuestro y que declare en el juicio de Nurpashí Kuláyev, el único terrorista vivo

BESLÁN (OSETIA DEL NORTE). La pequeña localidad de Beslán, escenario de la toma de rehenes más cruenta en la historia, rememoró ayer con intensa emoción y de forma multitudinaria aquella terrible tragedia. El primero de septiembre del año pasado, un comando checheno integrado por treinta hombres y dos mujeres irrumpió en la Escuela número Uno de la ciudad y secuestró a más de 1.200 personas, entre alumnos, padres y profesores, que celebraban la apertura del curso escolar.

El rechazo del Kremlin a negociar, la crueldad de los terroristas y la dificultad para controlar a tantas criaturas exhaustas por la sed, el hambre y el asfixiante calor de aquel miércoles acabaron, dos días después, en un baño de sangre. Tras la explosión, al parecer fortuita, de una de las bombas colocadas por los secuestradores, se desencadenó un caótico asalto pese a que en el recinto estaban todavía la mayoría de los rehenes. Un tercio de ellos perecieron -331, incluidos 186 menores- y más de 700 resultaron heridos. Sólo doscientas personas salieron ilesas.

Miles de beslaneses se congregaron ayer en torno a las ruinas de lo que fue el gimnasio de la escuela, el epicentro de la masacre. Lo hicieron pasadas las nueve, la misma hora en la que, hace un año, la apertura del curso fue bruscamente interrumpida por las ráfagas que los terroristas chechenos dispararon al aire para anunciar que todos los presentes estaban secuestrados.

Tras un acto religioso y en medio de fuertes medidas de seguridad, se hicieron ofrendas de flores, velas encendidas, peluches y botellas de agua -de haberlas tenido entonces, los niños no hubieran bebido su propia orina.

Un minuto de silencio en toda Rusia

Mientras tanto, en la vecina región de Krasnodar, el presidente Vladímir Putin asistía a la apertura del curso en la Universidad Agraria pidiendo un minuto de silencio en todos los colegios del país. Tal vez hubiese preferido estar en Beslán, pero sus habitantes advirtieron de que no desean ver a ningún alto dirigente en los tres días de luto que culminan mañana. Ha pasado un año y la investigación abierta sobre la matanza parece no acabar jamás.

Susana Dudíyeva, presidenta del Comité de Madres de Beslán, está convencida de que tanta dilación se debe a que las autoridades no saben qué hacer para ocultar lo que pasó, intentando ofrecer una versión de los hechos que les exculpe. «Es indispensable saber la verdad para evitar que se repitan tragedias similares, pero parece que al poder no le interesa», dice Dudíyeva. Ella y otras tres madres serán recibidas hoy en el Kremlin por el primer mandatario ruso, por primera vez desde la tragedia. Al encuentro habían sido invitadas una veintena de mujeres, pero la mayoría no acudirán.

La reunión se presenta difícil para Putin. Ayer, familiares de las víctimas, pertenecientes al Comité de Madres, dieron a conocer un comunicado pidiendo que se les conceda asilo político «en cualquier país civilizado» en el que se respeten los derechos humanos. Exigen también a Putin que explique qué órdenes dio durante el secuestro y que acuda a declarar ante el tribunal que juzga a Nurpashí Kuláyev, el único terrorista atrapado vivo.

La Fiscalía rusa reconoce que en la «liberación» de la escuela se emplearon blindados y lanzallamas aunque sostiene que, en ese momento, los rehenes habían sido ya liberados o estaban muertos. Nadie en Beslán se lo cree.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005 

BESLAN CULPA A PUTIN

Sergio Imbert

El asalto a un colegio de la ciudad de Beslan, hace un año, ha reabierto las heridas de los familiares de los 331 muertos, 186 de ellos niños, que hoy denuncian estar solos. Putin se reúne hoy con ellos para intentar aplacar su ira.

Beslan- Los supervivientes de la matanza de Beslan denunciaron ayer que en Rusia la vida no vale nada y pidieron, en la víspera de una reunión con el presidente Vladimir Putin, «asilo político en cualquier país donde se respeten los derechos humanos». Al cumplirse ahora un año de la tragedia, los familiares de las víctimas de Beslan están convencidos de que las autoridades encubren la verdad sobre los sangrientos sucesos porque su propósito era, ante todo, aniquilar a los terroristas y no salvar a los rehenes. «Nosotros, padres y familiares de las víctimas del atentado terrorista, hemos perdido toda esperanza de que se investiguen de manera objetiva las causas de la tragedia y no queremos vivir en un país donde la vida humana no vale nada», afirmaron en un mensaje difundido en el día del aniversario. Más de 500 familiares de las víctimas firmaron esta declaración, leída ante las ruinas de la que fuera la escuela número uno de la ciudad, por varias madres que perdieron allí a sus hijos y que hoy integran el comité Madres de Beslan.

Una marea humana de miles de personas afluyó a la escuela de la tragedia, asaltada por un comando terrorista checheno con 1.251 personas en su interior, entre alumnos, profesores y padres. El secuestro, que mantuvo en vilo a Rusia durante 52 horas hasta la mañana del 3 de septiembre, concluyó con una confusa operación de rescate en la que 31 terroristas fueron aniquilados, la escuela ardió en llamas y el tejado incendiado se desplomó sobre los rehenes agolpados en el gimnasio.

Un total de 331 personas, 186 de ellas niños, murieron bajo las ruinas del edificio y en el tiroteo, en el que suprevivientes y testigos acusan a los militares de haber empleado carros de combate, lanzagranadas y lanzallamas con efecto de bombas de vacío. Por orden de las autoridades, se crearon tres comisiones de investigación, dos parlamentarias en Rusia y Osetia del Norte, y otra dirigida por la Fiscalía, que no han conseguido ni esclarecer las circunstancias del secuestro ni dirimir responsabilidades entre las autoridades y las fuerzas de seguridad. Stanislav Kesayev, jefe de la comisión investigadora noroseta dijo que «las autoridades deben responder por su incapacidad. No se entiende que más de 160 rehenes murieran sepultados por el tejado de la escuela y nadie asuma la responsabilidad». «Los rehenes fueron tratados como ganado en el matadero», según los autores de la declaración. La asociación de afectados indicó que los familiares de las víctimas consideran como máximo responsable de la tragedia y del posterior ocultamiento de la verdad al presidente Putin, a quien el comité había advertido de que no lo quiere ver en los actos de duelo.

Silencio y recuerdo. Por su parte, el inquilino del Kremlin hizo un comunicado público para recordar la tragedia. «El 1 de septiembre en nuestro país siempre se ha recibido con ánimos festivos, pero creo que esta vez me entenderéis...», declaró el presidente al inaugurar el año lectivo en la Universidad Agraria de Krasnodar, en el Cáucaso Norte. Putin destacó que millones de personas en Rusia y en el mundo recuerdan la «horrible tragedia ocurrida en Beslan», donde murieron 331 personas, 186 de ellas niños. «Guardemos silencio y recordemos a quienes murieron y sufrieron a manos de los terroristas», agregó el jefe del Kremlin mientras cientos de familiares de las víctimas, de riguroso luto, depositaron flores, velas y juguetes en el gimnasio del centro escolar, actualmente en estado ruinoso, y de cuyos muros cuelgan las fotografías de los muertos.

Miembros de la Cruz Roja atendieron a varias personas que se desmayaron, mientras la antigua directora de la escuela, Lidia Tsaliyeva, fue insultada por varios familiares que la culpan de no proteger a sus hijos durante el asalto. Efe, Ap

Al Qaeda Reivindica los Atentados de Londres

Por El Observador - 3 de Septiembre, 2005, 6:52, Categoría: Terrorismo

Desde la cadena de televisión de siempre, Al Yasira, ayer el lugarteniente de Bien Laden reivindicaba los atentados de Londres del pasado 7 de Julio. Esta circunstancia no debería pasar desapercibida. Los atentados de Londres no tuvieron nada en común con los atentados de Madrid pese al escenario (trenes). Si aquí no hubo suicidas, pese a los intentos de la SER, tampoco hubo reivindicación expresa de Al Qaeda. Como siempre, lejos de aclarar los fatídicos atentados del 11-M, la confusión y la sospecha se incrementan.

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

AL QAEDA REIVINDICA LA AUTORÍA DEL 7-J EN LONDRES Y ANUNCIA NUEVOS ATAQUES

El 'número dos' del grupo terrorista y uno de los suicidas del Metro londinense aparecen en un vídeo amenazante enviado a Al Yazira

EL CAIRO.- La red terrorista Al Qaeda asumió la autoría de los atentados del 7-J en Londres y el número dos del grupo, Ayman al- Zawahri, amenazó a los países europeos con acciones similares, según un vídeo difundido ayer por la televisión qatarí Al Yazira.

En el vídeo aparece un hombre que se identifica como Mohamed Sidique Khan y se presenta como uno de los autores de las explosiones en Londres, que causaron 56 muertos -incluidos los autores de la matanza- y unos 700 heridos.

Sidique Khan responsabiliza a los pueblos occidentales de los atentados en Londres, así como de los ataques del 11-M en Madrid y los del 11-S en Nueva York y Washington por «elegir a gobiernos que cometen crímenes contra la humanidad».

«Vuestro apoyo a estos gobiernos os convierte en responsables de sus crímenes como yo soy ahora responsable de vengar a mis hermanos musulmanes», afirmó.

El presunto suicida, que se dirigió a la cámara en inglés, añadió que «los europeos nunca se sentirán seguros», y advirtió: «Yo y miles como yo hemos dejado todo por nuestras creencias».

En la misma grabación, pero nunca en el mismo plano, aparece el egipcio Ayman al-Zawahri, quien calificó los atentados de Londres como un «un guantazo en la cara de la arrogancia británica sionista». Y añade: «estas acciones trasladaron la batalla a la tierra del enemigo después de que él hubiera combatido en nuestros territorios y ocupado nuestras tierras».

Acusó además a los europeos de «menospreciar» la tregua que el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, ofreció en 2004 a cambio de que los países europeos dejaran de «atacar» a los musulmanes o interferir en sus asuntos.

Tras estas palabras, el número dos de Al Qaeda, ataviado con las mismas ropas que en el vídeo emitido el pasado agosto, volvió a amenazar con nuevos ataques. «Hemos advertido y hoy repetimos la advertencia de que a todos los que han participado en la agresión contra Irak, Afganistán y Palestina les responderemos de la misma manera y haremos estallar volcanes de ira». Zawahri hizo también referencia a los civiles: «¡Oh, pueblos de la alianza de cruzados, Blair no solamente desprecia la sangre de los musulmanes, sino también vuestra sangre!».

Finalmente, criticó duramente a los clérigos musulmanes que condenaron los ataques de Londres y los calificó de «mendigos».

Al Yazira no dio a conocer cómo consiguió la cinta, cuya veracidad no ha podido ser confirmada.

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

EL RESPETADO PROFESOR

Mohamed Sidique Khan era un respetado profesor en un colegio público de primaria británico. Destacaba por su habilidad para integrar a los chicos con más dificultades, a los que tenían problemas de aprendizaje, a los musulmanes como él.

'Mr Khan', como era conocido por todos en el colegio, abandonó la escuela dos años antes de pasar a la 'acción' terrorista. Había dejado un buen recuerdo en el centro. Los padres de la ecuela de Hill Side, en Beeston (Leeds), confiaban ciegamente en él. Y los alumnos, de entre cinco y 11 años, le contaban sus problemas. Nadie entre los miembros de la comunidad educativa siquiera imaginó que vivía entre ellos un asesino, un terrorista suicida que un 7 de julio de 2005 haría saltar por los aires un convoy del metro de Londres.

De padres paquistaníes, Khan, nacido en 1974 en Leeds, pasó parte de su infancia y adolescencia en Beeston, el barrio de Leeds en el que contactó, al menos, con dos de los otros terroristas del 7-J. Vivía en una casa de dos plantas con su hijo, de un año, y su mujer, embarazada.

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

AL QAEDA REVINDICA LOS ATAQUES DEL 7-J EN LONDRES

Walter Oppenheimer

La cadena árabe de noticias Al Yazira difundió ayer un vídeo en el que Al Qaeda reivindica los atentados terroristas del pasado 7 de julio en Londres, en los que murieron 52 personas incluidos los tres terroristas que portaban las bombas.

En el fragmento ofrecido ayer por Al Yazira aparece uno de los tres presuntos autores, el británico de origen paquistaní Mohamed Sadique Khan, de 30 años, señalado en su día por los investigadores como el líder del comando. Sadique Khan justifica los atentados por el apoyo de occidente a gobiernos que cometen crímenes contra la humanidad, en probable alusión a Israel.

La página de Internet de Al Yazira publicaba ayer una fotografía extraída del vídeo en el que Mohamed Sadique Khan aparece ataviado de yihadista y da la impresión de que empuña un rifle. Según Al Yazira, en el vídeo aparece también Ayman Al Zawahiri, número dos de Al Qaeda, que augura nuevos atentados similares en Occidente, aunque no está claro si se trata de un nuevo vídeo o del que ya se difundió el pasado 4 de agosto con amenazas semejantes.

Mohamed Sadique Khan, considerado hasta el 7 de julio un joven sin mayores problemas, adorado por los niños de la escuela en que trabajaba de manera eventual y respetado por sus compañeros de trabajo, afirma que "la responsabilidad de los atentados en Europa y en Estados Unidos cae sobre las espaldas de Occidente, porque han estado apoyando crímenes contra la humanidad", señala la página de Internet de Al Yazira. "Khan afirma también que los ciudadanos occidentales no deberían sentirse ya seguros y que van a ser objeto de nuevas operaciones", añade en el vídeo.

Respuesta a Blair

En su aparición en pantalla, Ayman Al Zawahiri responsabiliza de los atentados al primer ministro británico, Tony Blair, "como respuesta a la política exterior del Reino Unido, de la misma manera que el 11 de septiembre fue una respuesta a la política exterior de Estados Unidos". Al Zawahiri promete también que habrá operaciones similares en "territorio enemigo" en un futuro próximo, en particular en Europa, porque, según él, ha ignorado una oferta de tregua de Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda.

De confirmarse la veracidad de la reivindicación, y en particular la vinculación de Mohamed Sadique Khan a Al Qaeda, constituiría un episodio muy relevante, porque significaría la primera operación de Al Qaeda en territorio británico.

Quizás aún más significativo, sería la primera evidencia de que Al Qaeda ha conseguido reclutar a jóvenes musulmanes británicos desencantados con la política exterior de Tony Blair, y particularmente afectados por la participación del Reino Unido, el país en el que han nacido, en la invasión de Irak.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

AL QAIDA REIVINDICA EN UN VÍDEO LOS ATENTADOS DEL 7-J EN LONDRES

EL CAIRO. La red terrorista Al Qaida asumió, en un vídeo difundido ayer por la televisión Al Yasira, la autoría de los atentados del 7 de julio en Londres, en el que el «número dos» del grupo, el egipcio Aiman al-Zawahri, amenazó a los países europeos con acciones similares.

En las imágenes aparece un hombre que se identificó como Mohamed Sadiq y que se presentó como uno de los autores de las explosiones en Londres, que causaron la muerte a 56 personas.

Según la cadena, Sadiq responsabilizó a los pueblos occidentales de los atentados en Londres, así como los ataques del 11 de marzo en Madrid y los del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, por «elegir a gobiernos que cometen crímenes contra la humanidad».

«Los europeos nunca se sentirán seguros ya que son considerado objetivos de acciones similares», añadió éste, mientras que, en la misma grabación, Al-Zawahri calificó los atentados de Londres como un «guantazo en la cara de Tony Blair».

El egipcio también consideró que las explosiones «trasladaron la batalla a la tierra del enemigo», y acusó a los europeos de «menospreciar» la tregua del líder de Al Qaida, Osama Bin Laden, ofrecida en 2004 a cambio de que los países europeos dejaran de atacar a los musulmanes o interferir en sus asuntos. Al Yasira no dio a conocer cómo consiguió la grabación, cuya veracidad no ha podido ser confirmada.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005 

AL QAIDA REIVINDICA EL 7-J Y AMENAZA CON MÁS ATENTADOS EN EUROPA

Fuad Abderrahim

Uno de los suicidas de Londres responsabiliza a Occidente de los actos terroristas en un vídeo

El Cairo- La red terrorista Al Qaida asumió la autoría de los atentados del 7 de julio en Londres y el «número dos» del grupo, Ayman Al Zauaheri, amenazó a los países europeos con acciones similares, según un vídeo difundido anoche por la televisión Al Yazira. En el vídeo aparece un hombre que se identificó como Mohamed Sadiq y se presentó como uno de los autores de las explosiones en Londres, que causaron 56 muertos, incluidos los autores de la matanza, y unos 700 heridos.

Sadiq responsabilizó a los pueblos occidentales de los atentados en Londres, así como de los ataques del 11 de marzo de 2004 en Madrid y los del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington por «elegir a Gobiernos que cometen crímenes contra la humanidad». «Vuestro apoyo a estos Gobiernos os convierte en responsables de sus crímenes como yo soy ahora responsable de vengar a mis hermanos musulmanes», afirmó.

El presunto suicida, que se dirigió a la cámara en inglés, tenía un bolígrafo en la mano, que movía constantemente, llevaba un turbante y una chilaba y estaba situado delante de una manta. Sadiq añadió que «los europeos nunca se sentirán seguros ya que son considerados objetivos de acciones similares», y advirtió de que «yo y miles como yo hemos dejado todo por nuestras creencias».  

En la misma grabación aparece el egipcio Ayman Al Zauaheri, que calificó los atentados de Londres como un «un guantazo en la cara de la arrogancia británica sionista». También declaró que «estas acciones trasladaron la batalla a la tierra del enemigo después de que [el enemigo] hubiera combatido en nuestros territorios y ocupado nuestras tierras».

Al Zauaheri Acusó además a los europeos de «menospreciar» la tregua de Osama Ben Laden, ofrecida en 2004 a cambio de que los países europeos dejaran de «atacar» a los musulmanes o interferir en sus asuntos. «¿El león de Dios, Osama Ben Laden, no os había ofrecido una tregua?», se preguntó el terrorista egipcio, para quien Jack «Straw [ministro de Exteriores británico] respondió que estas propuestas hay que tratarlas con desprecio».

Tras esta palabras, el «número dos» de Al Qaida, que apareció ataviado con las mismas ropas que en el anterior vídeo emitido el pasado agosto, volvió a amenazar con nuevos ataques. «Hemos advertido y hoy repetimos la advertencia de que a todos los que han participado en la agresión contra Iraq, Afganistán y Palestina les responderemos de la misma manera y haremos estallar volcanes de ira». «Sus territorios son nuestros objetivos», afirmó. El lugarteniente de Ben Laden llevaba un turbante negro y una chilaba blanca y a su espalda destacaba un fusil apoyado sobre un fondo neutro. Efe

Irán Camina hacia el Abismo

Por El Observador - 3 de Septiembre, 2005, 6:40, Categoría: Irán

Lo hemos mantenido en reiteradas ocasiones. Es muy probable que la guerra de occidente (Estados Unidos básicamente) contra Irán comience antes de un año. No será una intervención bélica como la de Irak, eso ya se lo adelantamos. Los clérigos locales caminan firmemente hacia el abismo. Seguiremos esta cuestión con mucha atención porque puede marcar los próximos meses en política internacional.

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

LOS VEINTICINCO ADVIERTEN A IRÁN DE QUE NO DEBE SUBESTIMAR A EUROPA

A. M. y R. M. de R.

La relación de Irán con la comunidad internacional está atravesando un momento tan delicado que puede hacer inevitable la remisión de la República Islámica al Consejo de Seguridad si insiste en sus planes nucleares. "Nadie quiere ir al Consejo de Seguridad a no ser que sea inevitable", señaló ayer la comisaria de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner. "Pero Irán no debe de cometer el error de subestimar a Europa".

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión discutieron la respuesta a dar al desafío iraní de reanudar los programas nucleares que el pasado noviembre pactó suspender con Alemania, Francia y Reino Unido, el llamado EU-3. En el debate, calificado de muy serio, por alguno de los presentes se acordó dar un tiempo más a Irán en vísperas del informe que mañana debe presentar Mohamed el Baradei, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) sobre Irán. "Los iraníes deben saber que todavía tienen la puerta abierta, que queremos que se sienten e negociar, pero no deben cometer el error de subestimar a Europa".

Ante los ministros, Olli Rehn, comisario de la Ampliación anunció que está elaborando un documento estratégico que presentará el próximo mes de noviembre y en el que se definirán las futuras fronteras de la Unión Europea. Dentro de ellas, estarán Bulgaria y Rumania, cuyos representantes expusieron los avances de ambos países, comprometidos en un riguroso plan de lucha contra la corrupción y una profunda reforma judicial, como les exige Bruselas.

En el caso de Croacia, la presidencia expresó su satisfacción por la cooperación de su Gobierno con el Tribunal Penal Internacional de La Haya. La fiscal Carla del Ponte, cuya opinión fue decisiva para suspender la apertura de las negociaciones de adhesión en marzo, está ultimando un informe que tiene en cuenta "los últimos acontecimientos más positivos", según Jack Straw, en velada referencia a la captura en Grecia de Hrvose Petrak, lugar teniente de Ante Gotovina, general croata reclamado por el Tribunal por sus supuestos crímenes en la guerra de los Balcanes.

ABC

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

UNANIMIDAD FRENTE A LA CRISIS NUCLEAR IRANÍ

E. S.

CARDIFF. La UE se propone mantener a toda costa una unanimidad granítica en su posición sobre el programa nuclear iraní y aunque la comisaria de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero, dijo ayer que para Europa «la puerta sigue abierta» también advirtió de que Teherán «no debería cometer la equivocación de subestimar» la determinación europea de no aceptar su nuclearización.

Por su parte, el Alto Representante para la Política Exterior Común, Javier Solana, no descartó que, si Irán no respeta los compromisos de paralizar su programa nuclear, los europeos decidan llevar el tema al Consejo de Seguridad de la ONU.

Los 25 ministros recalcaron la «crucial»importancia del informe que deben presentar este sábado los expertos de la AIEA sobre los pasos dados por Irán.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

LA UE AMENAZA A IRÁN CON LLEVAR LA CRISIS NUCLEAR AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

Gonzalo Súarez

Teherán desafía a Occidente y anuncia que no se deshará de su programa atómico «pacífico»

Londres- La Unión Europea (UE) llevará la crisis iraní al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas si los inspectores internacionales concluyen que el programa nuclear del país asiático no es puramente pacífico. Así lo acordaron ayer los ministros de Asuntos Exteriores de los veinticinco Estados miembros, reunidos hasta hoy en Newport (Gales) en una cumbre informal tras el parón veraniego. «Estamos de acuerdo en que si el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) no queda completamente satisfecha con los resultados de sus inspecciones, entonces el caso debe ir al Consejo de Seguridad», aseguró a la agencia de noticas Reuters la ministra de Exteriores sueca, Laila Freivalds.

El OIEA tiene previsto entregar hoy o mañana su nuevo informe sobre la crisis y, según las primeras filtraciones, confirmará que Irán ha reanudado el procesamiento de uranio en la planta de Isfahan, después de acordar su suspensión en noviembre de 2004. Aunque la agencia de la ONU no ha encontrado pruebas irrebatibles de que el régimen persa esté desarrollando un arsenal atómico, tal y como ha denunciado el Gobierno de Estados Unidos, tampoco está convencida de que las actividades nucleares iraníes sean totalmente pacíficas. «El texto no tendrá un tono duro, pero confirmará que Irán ha dado por finalizadas parte de las suspensiones y también expondrá varias preguntas sin respuesta sobre su programa nuclear», explicó un diplomático europeo.

Oferta europea. En el pasado, Teherán ha rechazado las acusaciones estadounidenses y ha asegurado que su programa nuclear no tiene fines bélicos, pues tan sólo pretende «garantizar» su abastecimiento de energía, pese a que dispone de ingentes reservas de gas y petróleo bajo su suelo. Ante la creciente tensión entre ambas partes, el triunvirato europeo formado por Francia, Alemania y Reino Unido ha mediado en los dos últimos años para resolver el contencioso por medios pacíficos. Así, el trío ofreció el mes pasado compensaciones políticas y económicas al régimen iraní a cambio de que renuncie con total transparencia a construir un arsenal atómico.

Ante la negativa iraní a aceptar este trato, la UE podría verse forzada a optar por medidas más drásticas, como remitir el caso al Consejo de Seguridad, que podría imponer sanciones internacionales contra Teherán si lo considera necesario. «Es absolutamente intolerable que vivamos en una situación que pueda llevar a que Irán obtenga armas nucleares», declaró Freivalds, que, sin embargo, se negó a especular con posibles sanciones. «No es el momento apropiado para hablar de eso», puntualizó.

Sin embargo, la UE pretende dar cierto margen a Irán para retomar las negociaciones antes de acudir a la ONU. Una cita clave será la reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena del próximo 19 de septiembre, en la que se debatirá el contencioso. «Todavía buscamos una solución negociada al problema, pero los iraníes no deben minusvalorar la fuerza de Europa», declaró ayer la comisaria europea de Relaciones Exteriores, la austriaca Benita Ferrero-Waldner. «Nadie quiere ir al Consejo de Seguridad, pero puede ser inevitable si no colaboran». El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, el español Javier Solana, repitió posteriormente esta amenaza. «Estamos dispuestos a ir a Nueva York [sede de la organización internacional] si es necesario», declaró.

Mientras los ministros europeos se reunían en Gales, el régimen iraní lanzó un mensaje desafiante. El portavoz del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Aghamohammadi, reiteró que Irán jamás se deshará de su programa nuclear «pacífico», pese a las presiones. La república islámica ha amenazado con actuar unilateralmente si el conflicto sobre materia nuclear llega a Naciones Unidas.

Holgazanes y Extremistas para las Civilizaciones

Por El Observador - 3 de Septiembre, 2005, 6:29, Categoría: Alianza de Civilizaciones

Parece que ya tenemos ‘sabios’ para las civilizaciones de ZP. El holgazán de Mayor Zaragoza, contrátenle y dictaminará siempre en el sentido esperado y el moderado Jatami bajo cuya presidencia en Irán se lapidaban mujeres, por ejemplo por haber protagonizado una película pornográfica. El resto… Sin comentarios… Valer no valdrá nada pero esta alianza no vas a costar mucho dinero… Observen como el diario de PRISA ha eliminado del titular a Jatami ¿Por qué será?

EL MUNDO

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

MAYOR ZARAGOZA Y JATAMÍ, 'SABIOS' PARA LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES

Marisa Cruz

MADRID.- El ex director general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza, el ex presidente iraní Mohamed Jatamí, el consejero del rey de Marruecos André Azulay o el arzobispo surafricano y premio Nobel de la Paz Desmond Tutú se encuentran entre los miembros que constituirán el Grupo de Sabios encargados de promover y coordinar propuestas para la Alianza de Civilizaciones, el proyecto lanzado hace un año ante la Asamblea General de la ONU por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Estaba previsto que el grupo, integrado por 18 personalidades, quedara oficialmente cerrado ayer, sin embargo, la constitución definitiva del mismo no fue posible por la falta de un candidato chino.

La elección de los miembros del grupo ha corrido a cargo del secretario general de la ONU, Kofi Annan. En la lista prácticamente definitiva que ya hay elaborada figuran también el ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, y el director de la Biblioteca de Alejandría, Ismail Serageldin.

El Grupo de Sabios debería redactar un informe con propuestas y un plan de acción encaminado a evitar el enfrentamiento entre Occidente y el Islam. El documento tendrá que ser presentado al secretario general de Naciones Unidas antes de finales de 2006. La iniciativa de la Alianza de Civilizaciones fue asumida oficialmente por la ONU el pasado mes de julio.

EL PAIS

Viernes, 2 de de septiembre de 2005

MAYOR ZARAGOZA COPRESIDIRÁ LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES

Peru Egurbide 

El Grupo de Alto Nivel de Naciones Unidas presentará su informe dentro de un año

Federico Mayor Zaragoza, ex rector de la Universidad Complutense de Madrid y ex director general de la Unesco de 1987 a 1999, copresidirá junto al turco Mehmet Aydyn el Grupo de Alto Nivel (GAN) que desarrollará la Alianza de Civilizaciones promovida en la ONU por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. El secretario general, Kofi Annan, tiene prácticamente ultimado el equipo.

Alguna incorporación adicional, probablemente de origen asiático, mantiene, sin embargo, en suspenso el anuncio oficial de la constitución de este grupo, que fuentes diplomáticas españolas consideran confirmado en casi todos sus extremos.

Es seguro, por ejemplo, que Mohamed Jatamí, presidente de Irán hasta el pasado mes de junio, será una de las figuras mundiales que propondrán a Annan ideas concretas para combatir la intolerancia religiosa y cultural que asoma bajo muchas formas de terrorismo. También participarán en el diálogo, que el propio Jatamí había propuesto en otros foros, el obispo surafricano Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, y André Azoulay, consejero del rey de Marruecos, Mohamed VI.

Además de Jatamí y Aydyn, ministro turco con competencia sobre los Asuntos Religiosos, integrarán la potente representación del mundo islámico el egipcio Ismael Serageldin, director de la Biblioteca de Alejandría; Alí Alatas, ex ministro de Exteriores de Indonesia; Mustafá Niasse, ex ministro de Exteriores de Senegal; Mozah Bint Nasser Abdullah al Missned, esposa del jeque de Qatar; Mohamed Charfi, ex ministro de Educación tunecino y la paquistaní Nafis Sadik, enviada especial de Annan para el sida en Asia y Pacífico.

Completarán el cuadro designado por el secretario general, previa consulta con los gobiernos de España y Turquía, Enrique Iglesias, ex presidente del BID y flamante secretario general de las Cumbre Iberoamericanas; Hubert Vedrine, ex ministro francés de Exteriores; Karen Amstrong, profesora de cristianismo en el colegio londinense Leo Baeck para el estudio del judaísmo; Vitali Naukim, presidente del Centro Internacional de Estudios Estratégicos de Moscú y la empresaria india Shobhana Bhartia. El único estadounidense en el GAN es John Esposito, profesor de religión en Georgetown.

El grupo contará con una unidad de apoyo, integrada por expertos contratados por la ONU, que ya tiene su presupuesto. Annan ha pedido por escrito a los Estados miembros contribuciones voluntarias para financiar este equipo, que preparará el material básico de trabajo.

Los miembros del Grupo de Alto Nivel se reunirán luego para debatir ese material, y está previsto que lo hagan por primera vez a finales de noviembre en Mallorca, según anunció Zapatero. Fuentes españolas estiman que habrá una o dos reuniones más, en Europa y quizá en algún país del Golfo o del Sureste asiático, antes de que el GAN redacte sus conclusiones finales en territorio turco. Esto debería ocurrir en un año, a fin de que Annan tenga tiempo de analizar el documento y formular sus propias propuestas antes de despedirse de la Secretaría General, a finales de 2006.

"El Grupo de Alto Nivel va a reflexionar sobre qué hacer, qué medidas prácticas oponer, en el terreno cultural, a la amenaza global del terrorismo. El grupo es una realidad, no una entelequia ni una broma como pretenden algunos, aunque evidente no se le puede pedir que resuelva los problemas del mundo. No se trata de partir de cero, sino de tener en cuenta todas las demás iniciativas en marcha", declaró ayer a este diario Máximo Cajal, representante del presidente del Gobierno español para Alianza de Civilizaciones.

LA RAZON

Viernes, 2 de de septiembre de 2005 

JATAMI Y MAYOR ZARAGOZA, EN EL CONSEJO DE LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES

Marta Torres

Nueva York- Naciones Unidas está a la espera de del anuncio de la constitución del Grupo de Alto Nivel para impulsar la Alianza de Civilizaciones propuesta hace un año por José Luis Rodríguez Zapatero ante la Asamblea General de la ONU. Según fuentes diplomáticas consultadas por LA RAZÓN, ayer se habrían negociado las zonas geográficas, ya que Naciones Unidas ha trabajado porque todos los continentes estén representados en este grupo compuesto por ex jefes de Estado y de Gobierno, académicos, políticos y religiosos. Asimismo, el retraso del anuncio vendría provocado porque se estaba a la espera de que se conociese el representante chino. La propuesta de este proyecto fue presentada por Zapatero el pasado septiembre, a la que se unió después Recep Tayip Erdogan, primer ministro turco.

  

Representante chino. De esta manera, el representante chino sería el único miembro que resta para completar le grupo formado por Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco; Mohamed Jatami, ex presidente iraní; Andre Azulay, el principal consejero real marroquí; Desmond Tutu, el arzobispo surafricano y premio Nobel de la Paz; y Enrique Iglesias, el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y futuro secretario general iberoamericano, entre otros. También estarán, Hubert Vedrine, ex ministro francés de Asuntos Exteriores, y John Esposito, profesor de Islamología de la Universidad estadounidense de Georgetown, además de Sheija Mozah, la esposa del jeque de Qatar.