El Blog

Calendario

<<   Septiembre 2005  >>
LMMiJVSD
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

Sindicación

Alojado en
ZoomBlog

Gran Escándalo: Víctimas del 11-M No Han Cobrado Nada

Por Narrador - 1 de Septiembre, 2005, 7:14, Categoría: 11-M

Peces Barbas debe dedicarse a alguna actividad desconocida para el ciudadano. Según informa LA RAZON en lo que es el escándalo del día (hemos llegado a contar los desastres de este gobierno por jornadas) La Audiencia Nacional desvela que víctimas del 11-M no han cobrado nada. La memoria anual, denuncia que falsas víctimas han cobrado “cuantiosas indemnizaciones” mientras que “a personas con situación de perjudicados se les ha negado”. El documento afirma que hay “falta de coordinación entre administraciones y entidades” que atienden a los damnificados. Editorialmente en “Fraude a las víctimas”, el diario fundado por Anson señala que “A la luz de lo que denuncia la Audiencia Nacional (...) se pone en evidencia la frágil gestión de Gregorio Peces Barba al frente del Alto Comisionado y revela que mientras malgastaba el tiempo y energías en polemizar con sus críticos se estaban produciendo fraudes de desaprensivos y omisiones injustificables a costa de las verdaderas víctimas del terrorismo. Año y medio después de aquellos terribles días de marzo, el balance que puede presentar el Alto Comisionado era, hasta hoy, pobre, polémico y claramente prescindible, pero ni siquiera sus enemigos más rigurosos podían sospechar que al balance habría que añadirle el adjetivo de negligente. El veredicto de la Audiencia no puede ser más elocuente. ¿A qué se ha dedicado el Alto Comisionado?”

LA RAZON

Miércoles, 31 de agosto de 2005

FALSAS VÍCTIMAS DEL 11-M HAN COBRADO «CUANTIOSAS» INDEMNIZACIONES DEL ESTADO

F. Velasco

- La Audiencia denuncia que se las ha negado a verdaderos perjudicados - Al menos tres extranjeros dijeron sufrir lesiones para legalizar su situación

Falsas víctimas de los atentados del 11-M que han cobrado del Estado importantes ayudas o perjudicados reales que no las han obtenido son algunas de las irregularidades denunciadas por la Audiencia Nacional.

Madrid- La Audiencia Nacional ha denunciado de forma oficial cómo falsas víctimas de los atentados terroristas del 11-M cometidos en Madrid han percibido del Estado importantes subvenciones, mientras que, por el contrario, verdaderos perjudicados no han recibido esas ayudas. Así se pone de manifiesto en el capítulo que dedica la Audiencia a la Unidad de Apoyo al Juzgado Central de Instrucción número 6 –cuyo titular, Juan del Olmo, instruye ese procedimiento– en su última Memoria anual, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. Junto a ello, se constata cómo el número de actuaciones que tienen que llevar a cabo las víctimas les pueden producir «desorientación» y el que «una y otra vez tengan que contar su historia».

Esa «diversificación» de actuaciones provoca que se produzcan «disfunciones claras». Así, la Unidad de Apoyo, se señala en la Memoria, ha constatado distintos casos «en los que perjudicados cuya determinación objetiva con los hechos –atentados del 11-M– es más que dudosa, e incluso por el Instructor –Juan del Olmo– se ha resuelto retirar su condición de perjudicado, han obtenido ya beneficios con base a su situación de víctima, y algunos han llegado a percibir indemnizaciones cuantiosas».

Por contra, se añade al respecto, «a personas, con situación de perjudicado clara y objetiva, se les han negado los beneficios o las indemnizaciones». Todo ello, «sin que sirva de prejuzgar lo que en la sentencia firme, en su momento, se establezca».

Pero el objetivo de todos los que mintieron cuando afirmaron que habían sufrido lesiones en los atentados no era siempre lograr las ayudas establecidas. En algunos casos, se consideraba la vía más corta para legalizar su situación en España.

En concreto, tres personas reconocieron que no resultaron perjudicados en los atentados y que acudieron al médico refiriendo heridas como consecuencia de los mismos «con el objeto de legalizar su situación en España». Todos ellos eran ciudadanos extranjeros y solicitaron, basándose en esa circunstancia, el correspondiente permiso de residencia y nacionalidad». Una vez que se detectó el hecho, se puso en conocimiento del juzgado de instrucción de Madrid correspondiente para depurar las responsabilidades.

  

Perjuicios de la burocracia. Junto a ello, otros 69 casos están siendo investigados, ya que de los datos objetivos de los que la Unidad dispone, del reconocimiento médico y de las manifestaciones de los propios interesados, «no se evidencia relación entre los daños que se refieren padecidos y los hechos objetos de instrucción». En 13 de esos casos, se acordó remitir testimonio a los Juzgados de Instrucción de Madrid por la presunta simulación de delito, y en otros dos se retiró la condición de perjudicados a las personas que referían las lesiones.

Además, hasta finales del pasado año, se remitieron a la Fiscalía de al Audiencia Nacional listados que revelaban que un total de 155 lesionados en los atentados que comparecieron ante la Unidad de Apoyo no tenían información sobre sus posibles actuaciones, como víctimas, ante el Ministerio del Interior y 254 ante el Consorcio de Compensación de Seguros.

En cuanto a las citaciones de las víctimas ante la Unidad de Apoyo, en 69 casos no fue posible llevar a cabo esas localizaciones. En estos momentos, la Audiencia admite que «habrá citaciones que serán muy difíciles o casi imposibles de practicar por los medios legales ordinarios».

La Memoria Anual de la Audiencia destaca también, por otro lado, los perjuicios que sufren las víctimas por la «diversificación de actuaciones» ante las que se tienen que enfrentar. Así, se señala al respecto, cómo la «multitud de procesos, impresos, documentos, etc, que tienen que recopilar, presentar, rellenar» ante «distintas administraciones, entidades, organismos, etc. –Ministerio del Interior, Policía, Consorcio de Compensación de Seguros, Servicios Médicos, Administración de Justicia, etc–» produce «desorientación de las víctimas, muchas veces por falta de información, y, en algunos casos, por “desinformación”».

Además, se añade al respecto, la citada diversificación de actuaciones provoca que, en ocasiones, las víctimas, «una y otra vez, tengan que contar su historia, y una y otra vez tengan que ser reconocidos por distintos médicos pertenecientes cada uno de ellos a las distintas administraciones, organismos y entidades». Otro punto destacable por la Audiencia es la «falta de coordinación entre las administraciones y entidades que facilitan la prestación de servicios a las víctimas». En este punto se señala cómo «existen distintas bases de datos con relaciones de afectados no coincidentes», habiéndose detectado que existían perjudicados que no figuraban en ninguna relación de afectados, teniendo que ser el juzgado quien los citara por primera vez.

  

Propuestas. Teniendo en cuenta las anteriores circunstancias, la Audiencia considera que sería positivo lograr un «sistema de gestión de víctimas unificado», como paso previo a un protocolo de actuación para casos análogos que se puedan producir. El sistema de gestión unificado tendría dos puntos como ejes centrales. En primer lugar, en un «servicio de información integral a las víctimas» que actuara desde un principio, «pudiendo tener como base las actuaciones médicas u hospitalarias, sin descartar otras actuaciones que desde el inicio fueran determinando y localizando a las víctimas».

En segundo lugar, se debería contar con una «base de datos compartida por todos los agentes, con sistemas que faciliten la coordinación entre administraciones y entidades, la prestación de servicios y eviten la duplicidad de actuaciones, procedimientos y procesos que, en muchos casos, con- llevan a una insatisfacción de las víctimas que dejan de confiar en los servicios».

LA RAZON

Miércoles, 31 de agosto de 2005

RECONOCIMIENTO AL JUEZ Y LA FISCAL

La Audiencia Nacional tiene en su Memoria Anual, relativa a su funcionamiento durante el pasado año, un recuerdo para las víctimas de los atentados del 11-M, a la vez que un re conocimiento a la labor del juez Juan del Olmo y la fiscal Olga Sánchez –además de todo el personal judicial, médicos, Policía y peritos– en la investigación y tramitación del procedimiento, con el único objetivo de que «se consiga una verdadera, recta e imparcial administración de Justicia».

Esos atentados «tuvieron una eficaz respuesta y reacción desde la Audiencia Nacional» y ello «sujetándose estrictamente a la Ley preestablecida». Desde el primer momento, no sólo la Audiencia, sino «toda la Justicia de España, ha estado unida y colaborando para conseguir una investigación de los hechos esclarecedora que lleve a la detención y consecuente responsabilidad de los culpables y a la preparación de un juicio justo, como demandan todos los españoles».

LA RAZON

Miércoles, 31 de agosto de 2005

MÁS DE 47 MILLONES ENTREGADOS HASTA JUNIO

C. S. Macías

Madrid- El Ministerio del Interior había resuelto, hasta el pasado 18 de junio, más de 1.500 expedientes de indemnizaciones, por valor de 47.571.688,9 de euros, para atender a las víctimas de los atentados sufridos por los cuatro trenes de cercanías el 11 de marzo. La Subdirección General de Atención al Ciudadano y de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior resolvió 38 expedientes por fallecimiento, por un importe total de 42.421.248,36 euros. A estas indemnizaciones se unen los expedientes por incapacidad: cuatro expedientes por gran invalidez (983.539,48 euros); cuatro por incapacidades permanentes absoluta (339.410,65); otros cuatro por incapacidades permanentes totales (211.589,81 euros); seis expedientes por incapacidades permanentes parciales (245.457,75 euros); y un total de 539 por incapacidades temporales (974.134,99 euros).

En cuanto a las lesiones permanentes no invalidantes, Interior ha tramitado ya 1.362 expedientes por un importe de 1.560,26 euros, a los que se añaden los 827.750,38 euros destinados a los 90 expedientes de anticipo o de pago a cuenta de lesiones cuyo expediente de indemnización aún no está cerrado. Del mismo modo, han sido tramitados 11 expedientes por daños materiales a vehículos o viviendas por un importe de 8.431,16 euros.

Capítulo aparte merecen los daños materiales sufridos como consecuencia de la explosión de Leganés, en la que también murió el GEO Francisco Javier Torronteras. Por este concepto el Ministerio ya ha abonado unos 2.870.820 euros.

LA RAZON

Miércoles, 31 de agosto de 2005

FRAUDE A LAS VÍCTIMAS

Editorial

La Audiencia Nacional recoge en su Memoria anual de 2004 unos hechos relacionados con las víctimas del 11-M que sólo pueden calificarse de gravemente escandalosos. Según publica hoy LA RAZÓN, más de 70 personas se han hecho pasar por afectados del atentado terrorista y algunas han percibido del Estado cuantiosas subvenciones, mientras que víctimas reales no han recibido ayuda alguna. En otros casos, el fraude se ha limitado a lograr ventajas administrativas.

Ante la naturaleza de estos hechos que denuncia la Audiencia Nacional, resulta ocioso exigir al Gobierno que requiera de manera urgente los datos necesarios para determinar el alcance exacto del fraude, que analice las negligencias que se hayan podido producir y, sobre todo, que repare aquellas omisiones que han impedido el cobro legítimo de las indemnizaciones. Tampoco deberían quedar al margen de la investigación administrativa aquellos casos que han utilizado el mayor atentado terrorista en España como atajo para lograr su regularización.

Una de las primeras medidas que tomó Rodríguez Zapatero a propósito del 11-M fue la de crear un Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, al frente del cual puso a una respetada personalidad de su partido, Gregorio Peces - Barba. La iniciativa fue favorablemente acogida por todos. Sin embargo, los primeros compases del Alto Comisionado suscitaron inmediatamente un aluvión de críticas, no ya sólo del Partido Popular, sino también de la primera asociación de víctimas del terrorismo. Con una torpeza impropia de su trayectoria, Peces-Barba consiguió en poco tiempo que asociaciones y oposición política pidieran su dimisión, convencidos de que su gestión sólo atendía a los intereses del Gobierno, más preocupado por dividir a las víctimas del terrorismo entre «nuestras» y «del PP» que en atenderlas exquisitamente sin discriminación.

A la luz de lo que denuncia la Audiencia Nacional, no parece que aquellas críticas acerbas fueran desencaminadas o tuvieran mero interés político. Al contrario, la Memoria judicial pone en evidencia la frágil gestión de Peces-Barba al frente del Alto Comisionado y revela que mientras malgastaba tiempo y energías en polemizar con sus críticos se estaban produciendo fraudes de desaprensivos y omisiones injustificables a costa de las verdaderas víctimas del terrorismo. Año y medio después de aquellos terribles días de marzo, el balance que puede presentar el Alto Comisionado era, hasta hoy, pobre, polémico y claramente prescindible, pero ni siquiera sus enemigos más rigurosos podían sospechar que al balance habría que añadirle el adjetivo de negligente. A mayor abundamiento, el veredicto de la Audiencia Nacional no puede ser más elocuente, pues denuncia la «falta de coordinación entre las administraciones y entidades que facilitan la prestación de servicios a las víctimas», y mientras «existen distintas bases de datos con relaciones de afectados no coincidentes», se ha detectado que existían perjudicados que no figuraban en ninguna relación. ¿A qué se ha dedicado el Alto Comisionado?