Sin Pancarta Street Journal

LOS TITULARES

El País: Prisiones rechaza reagrupar a los presos de ETA y ceder las competencias al País Vasco.

El Mundo: Zapatero avisa de que el proceso para acabar con ETA puede ser duro y pide apoyo a las fuerzas políticas.

ABC: Zapatero trabaja con la expectativa del fin de ETA aunque el proceso sea “largo, difícil y duro”.

La Razón: Prisiones rechaza reagrupar a los etarras y el PSE pide evitar “dolor” a sus familiares / ETA convoca un homenaje a etarras en pleno Bilbao.

La Vanguardia:. Zapatero ve expectativas sobre el fin de ETA, pero advierte que el camino será duro.

El Periódico: Zapatero pronostica un proceso de paz "largo, difícil y duro"

Avui: Zapatero confirma que explorará el fin de ETA pero pide prudencia.

LA INFORMACION

El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, declaró ayer en Nueva York, en la conferencia de prensa que ofreció en la sede de Naciones Unidas (como pudieron leer en esta página), que trabaja para conseguir el fin de ETA, pero advirtió que se trata de un proceso "largo, difícil y duro". Por ello, pidió "prudencia" ante ciertas expectativas, al tiempo que expresó su confianza en contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas para llevar a cabo esta tarea y hacer realidad el deseo mayoritario de los españoles. En cualquier caso, Zapatero subrayó que el Gobierno actuará en todo momento "pensando en los intereses generales, en los principios democráticos y, desde, por, y para el Estado de Derecho".

También desde Nueva York, el ex presidente del Gobierno José María Aznar se mostró ayer en contra de cualquier negociación con los terroristas de ETA, porque consideró que si estos reciben mensajes de que el Estado está dispuesto a negociar con ellos, se hacen más fuertes mientras que el Estado se debilita. Aznar expresó estas consideraciones en un acto organizado por la Universidad de Georgetown en el hotel Waldorf Astoria.

El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, consideró una "ofensa a la inteligencia" que el Gobierno niegue que ha tenido contactos con ETA. Zaplana se preguntó a qué se debe esta "estrategia", que juzgó como una "temeridad".

EN lo referido al eventual traspaso de competencias penitenciarias el Gobierno reiteró ayer que mantendrá la política de dispersión de presos etarras y que no transferirá al País Vasco las competencias sobre prisiones como volvió a reclamarle el Ejecutivo vasco. Ambas exigencias las planteo el consejero de Justicia, Joseba Azkárraga, en una reunión con la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, convocada en principio para abordar la situación en la cárcel alavesa de Nanclares de Oca.

En la rueda de prensa tras la reunión, Gallizo señaló que no hay "ninguna hipótesis" de transferencia competencial al País Vasco ni a ninguna otra comunidad. Con respecto a la dispersión, reiteró su oportunidad y expuso que se ha extendido recientemente a otros colectivos de presos como los islamistas.

Azkárraga consideró que la negativa a transferir la competencia de Prisiones al País Vasco incumple el Estatuto de Gernika. Destacó la necesidad de que el Gobierno "dé pasos" para "humanizar" la actual situación, lo que, en su opinión, serviría para "avanzar" hacia la pacificación, un proceso que consideró "imparable", aunque reconoció que será un camino largo "largo y complejo". A continuación, Akárraga calificó de "mezquina" la intervención del ministro del Interior, José Antonio Alonso, el pasado miércoles en el Congreso.

El titular de Interior, José Antonio Alonso, reiteró ayer en Málaga que no va a haber traspaso de competencias penitenciarias y que el Gobierno va a mantener su política de dispersión "tal y como se ha venido desarrollando hasta la fecha".

Para el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, negarse al acercamiento de los presos al País Vasco es "un error increíble". Mientras Batasuna calificó de "escandalosa" la negativa del Gobierno a reagrupar a los presos y advirtió que con estas "medidas represivas" se está abocando a un escenario sin soluciones. El secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Miguel Buen, opinó que se debe intentar evitar el "dolor añadido" que supone la política de dispersión, aunque recordó que es físicamente imposible ubicar a todos los presos en las prisiones vascas.

Finalmente les cuento que la dirección de Batasuna ha elaborado un documento de consumo interno, según recoge en su edición de hoy EL MUNDO, en el que reconoce "avances en la resolución del conflicto, al tiempo que realiza una planificación de los próximos objetivos. Entre otros, conseguir que la mesa de partidos se constituya en fechas cercanas al próximo Aberri Eguna y poder presentarse a las elecciones municipales de 2007.

LOS EDITORIALES

“Un rumor persistente”, AVUI. Indica que los avances en la estrategia del gobierno del PSOE han disparado la crispación entre las filas populares. La actual cúpula del PP ha decidido complicar tanto como pueda la opción que ha tomado Zapatero, incrementando la indignación popular con todos los recursos a su alcance. Rajoy ha decidido que esta carta puede suponer que gane la próxima partida electoral. También su estrategia puede implicar riesgos porque, a medida que el proceso avanza, el PP puede quedar escorado, cada vez de forma más evidente, hacia la extrema derecha. Sea como sea, los contactos entre el Gobierno y el entorno de ETA aumentan y no es arriesgado aventurar que acabaran desembocando en una tregua de la organización terrorista. Los movimientos convulsos del PP se pueden constatar, no sólo en las declaraciones de sus dirigentes, sino también en los movimientos de las asociaciones de familiares de las víctimas del terrorismo más identificados con sus tesis.

ARTICULOS DE OPINION

“Los derechos de los presos de ETA”, Luis Ignacio Parada. ABC. El cumplimiento de las penas en cárceles próximas no está establecido en la Constitución ni en la legislación penitenciaria como un derecho, sino como un objetivo de la política penitenciaria para favorecer la reinserción. Por eso el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tuvo que anular la orden del Gobierno autónomo que invadía las competencias del Estado en materia penitenciaria al otorgar ayudas para visitar a los presos recluidos fuera de Euskadi. Es lógico que los ministros de Interior y Justicia hayan dicho que no hay ninguna previsión de transferir la competencia de prisiones al País Vasco. Pero es que, además, los centros vascos y navarros tienen 1.000 internos y si se llevaran allí todos los reclusos relacionados con ETA sería necesario enviar a 700 internos no condenados por delitos de terrorismo a cárceles fuera del País Vasco. Al pedir el reagrupamiento de los presos vascos condenados por terrorismo lo que está haciendo el Gobierno vasco, forzado por el entorno abertzale, es violar los derechos de los presos no terroristas.

“Había una vez un circo”, José Alejandro Vara. LA RAZÓN. Afirma que el Gobierno parece ignorar que sin el concurso del primer partido de la oposición no hay posibilidad alguna de acabar de una vez con ETA. Nadie va a negarle al Gobierno que, como hicieron sus predecesores, busque la forma de acabar con ETA, pero esa ‘forma’ no puede ser de ‘cualquier forma’.

“Sin testigos”, Juan Pablo Colmenarejo. LA RAZÓN. Denuncia que Patxi López haya pedido a los medios que guarden silencio, en un caso de emergencia nacional. Colmenarejo avisa que informar con sentido común sobre el terrorismo es una cosa y callar porque le conviene a la clase política es otra muy diferente.

EL MUNDO

Viernes, 16 de septiembre de 2005

ESTADO DE EXTORSIÓN

Isabel San Sebastian

Ya ni siquiera se molestan en guardar las formas. No se toman el trabajo de disimular su chantaje disfrazándolo de patriotismo barato. Los socios republicanos del Gobierno están tan crecidos en el papel de árbitros políticos que les ha otorgado el tándem Zetapé-Maragall; tan seguros de la fortaleza que les proporciona su interlocución con ETA, que hablan ya sin eufemismos del precio a cobrar por su apoyo a los Presupuestos y de lo que sube el importe de esa factura astronómica cada día que pasa sin que el PSC y CiU renuncien a su «intransigencia». Saben que pueden hacerlo porque el presidente pagará. Porque en realidad ya ha empezado a pagar. Porque toda esta comedia del nuevo Estatut y el «proceso de paz» en el País Vasco forma parte de un guión asumido de antemano por un Rodríguez Zapatero empeñado en aferrarse al poder y pasar a la posteridad, que juega a aprendiz de brujo nada menos que con la Constitución, con España y con la Historia.

Podría optar por la cordura y buscar un gran pacto de Estado. Podría aceptar la mano tendida de Rajoy y acordar con el PP las grandes líneas de una política diseñada para atender solidariamente a las necesidades de todos los ciudadanos, derrotar definitivamente al terrorismo etarra, garantizar una educación de calidad igual para todos y situar a nuestro país en el teatro de las naciones en una posición respetable. Podría poner fin a esta locura centrífuga que lleva a Marcelino Iglesias a pedir que se blinde el Ebro en el Estatuto de Aragón. Podría pero se encuentra más cómodo en la claudicación revestida de talante, en la cesión ante el chantaje nacionalista y en la reivindicación de una Alianza de Civilizaciones que nos sitúa codo a codo con Turquía.

Ya ha empezado a pagar y lo hace espléndidamente. Se ha declarado partidario de que Cataluña se autodenomine nación, lo que llevará a sus nacionales a exigir pronto o tarde un Estado. Ha tirado por la borda el consenso alcanzado en torno a la Constitución del 78. Ha solemnizado en el Congreso la liquidación del Pacto Antiterrorista con una oferta de diálogo a los asesinos. Consiente que los representantes de una banda armada se sienten en el Parlamento de Vitoria, al negarse a instar la ilegalización del PCTV en aplicación estricta de la Ley de Partidos. Ha retirado prácticamente a la Fiscalía de la lucha contra el terrorismo, en un intento desesperado de conseguir que los etarras nos perdonen la vida.¿Qué más le queda por entregar? Los presos, que ya se están negociando, y el reconocimiento formal del derecho a la autodeterminación. La victoria del separatismo será entonces completa. Es sólo cuestión de tiempo.

ABC

Viernes, 16 de septiembre de 2005

LO SIENTO, LÓPEZ

Carlos Herrera

No soy muy buen remero, lo reconozco. Creo llevar bien el ritmo y todo eso, pero siempre acabo descolocando el remo delantero o trasero a cuentas de ir más lento o más rápido que los demás. No suelen llamarme, la verdad, para las competiciones del Guadalquivir y los del Club Labradores miran hacia otra parte cuando pido pista. Por eso me siento incapaz de hacer feliz a Pachi López cuando pide que rememos todos los medios de comunicación en la misma dirección, la adecuada. Además, me asaltan, de repente, varias incógnitas: ¿en qué dirección?, ¿cuál es la dirección adecuada?, ¿quién la marca?

Si remar en la misma dirección quiere decir mirar hacia otra parte y no querer percatarse de que Díez Usabiaga, el matón de LAB, ha pasado de ser el representante de ETA en la tierra a «un hombre de la izquierda abertzale que tiene mucho que decir en un escenario de normalización», yo no remo. Si remar quiere decir que la gestión de las cárceles vascas la lleve directamente el poca vergüenza de Azcárraga y que, con los presos acercados, acaben éstos tomando pinchos en la Parte Vieja de San Sebastián, yo no remo. Si remar quiere decir elaborar un plan para que los reclusos etarras puedan obtener beneficios totales de cara a su reinserción en un Estado claudicante, yo no remo. Si remar quiere decir conceder a ETA un papel político protagonista y brindarle la iniciativa gracias a que los dos grandes partidos, PP y PSOE, no van juntos en este asunto, yo no remo. Si remar quiere decir liquidar el Pacto por las Libertades, artífice de todo lo bueno que ha ocurrido en los tres últimos años, yo no remo. Si remar quiere decir guardar silencio y abandonar cualquier tipo de crítica frente a los caminos tortuosos del gobierno de turno, yo no remo. Si remar quiere decir cambiar la denominación habitual de los escenarios que nos han sido comunes por otra que ampare una cierta dulcificación de las cosas cara a preparar a la sociedad para un futuro y vergonzante acuerdo, yo no remo. Si remar quiere decir considerar que los jueces -como afirmó el estupefaciente portavoz de «Jueces para la Demagogia»- deben adaptar sus condenas a la sensibilidad política coyuntural que ha desatado un gobierno ambicioso, yo no remo. Si remar quiere decir perdonarle a Usabiaga y a Otegui todos los desplantes a la decencia y todas las jactancias y chulerías sobre muertos y torturados, yo no remo. Si remar quiere decir tragar con que ETA no haya declarado previamente ningún abandono de las armas -aunque insistan en que «no ha matado durante dos años»- y, en cambio, sea aceptada en una discreta mesa de negociación, yo no remo. Si remar quiere decir que las petardas éstas de las Tierras Vascas se paseen por el Parlamento Vasco con la llave de la gobernación y con la pretensión indecente de presidir la Comisión de Derechos Humanos que ya presidió el asesino Ternera con la aquiescencia del PNV, yo no remo. Si remar es dejar de considerar a las víctimas como sujeto activo de este proceso espeso e incierto sobre el que cada día se van acumulando más y más sospechas, yo no remo. Si remar quiere decir hacernos a la idea de que, a la larga o la corta, asesinos como Chouzas «Gaddafi» se saldrán con la suya y obtendrán el beneficio supremo de la libertad como «pago doloroso pero inevitable» al cese de las acciones terroristas, yo no remo.

Lo siento, López, le agradezco el ofrecimiento, pero yo no remo. Otros, los que mantuvieron siempre posiciones tibias o «pontoneras», estarán encantados en hacerlo. La grandeza de este oficio, ya ve, consiste en que podamos, desde nuestros observatorios, denunciar a los malos patrones de traineras. No pretenda que renuncie a ello.

LA RAZON

Viernes, 16 de septiembre de 2005

ETA MIRA A CATALUÑA

Aleix Vidal-Quadras

En este momento se están desarrollando dos procesos paralelos sin aparente conexión entre sí. Por una parte, en Cataluña los partidos nacionalistas elaboran un nuevo Estatuto de Autonomía que no es una reforma del actual, sino una mutación constitucional encubierta. En ella, se pretende liquidar el Estado español en Cataluña y acabar con España como Nación. El texto salido de la Comisión Primera Legislativa del Parlamento del Parc de la Ciutadella es tan disparatado y subversivo que resulta obvio que es un señuelo para después fingir que se atempera de acuerdo con las observaciones del Consell Consultiu y obtener así un redactado final que la ciudadanía y el Congreso de los Diputados acepten como mal menor, pero que cumplirá los mismos deletéreos objetivos de dinamitación del pacto de la transición. Por otra, el Gobierno socialista y ETA mantienen contactos secretos a través de intermediarios cualificados con el fin de negociar el cese definitivo de la violencia. En estas negociaciones, tan reales como negadas por el Gobierno, es obvio que cada parte deberá ofrecer algo. Los terroristas ponen sobre la mesa dejar de asesinar. El mero pensamiento de que a cambio se conformarán con medidas de alivio a la situación de sus presos y la relegalización de Batasuna es de una ingenuidad ridícula. Exigirán una contrapartida política, y muy alta. Por tanto, hay que preparar el terreno para que este precio pueda ser pagado sin vulnerar en exceso el ordenamiento vigente.

Y ahí es donde entra en juego el nuevo Estatuto. Si las fuerzas políticas catalanas pactan en Barcelona y una mayoría en las Cortes se traga en Madrid la desaparición de la Administración periférica del Estado en Cataluña; la confederalización de la política exterior, la política europea, los órganos constitucionales y la financiación autonómica; la fragmentación de la Justicia; el blindaje de las competencias exclusivas que pasan a ser excluyentes y la autoproclamación de Cataluña como nación, quedará pavimentado el camino para el Plan Ibarretxe II. Una vez sentado el precedente catalán, la reclamación de los nacionalistas vascos de plena soberanía ya no será un problema y ETA habrá triunfado. Por supuesto que a partir de aquí dejará de matar porque sus objetivos se habrán cumplido.

Zapatero en su inconsciencia ha decidido rendirse a ETA y necesita el Estatuto de Carod como coartada. Por eso, los matarifes etarras siguen atentamente la evolución de los acontecimientos en Cataluña. Sería interesante saber hasta qué punto toda esta siniestra maniobra se preparó en las infames conversaciones de Perpiñán, pero, en cualquier caso, no se puede ignorar su existencia y su repugnante significado. Tiene toda la razón Mariano Rajoy cuando dice que no hay que separar la mirada del futuro. Hemos de estar muy atentos para evitar que nos lo roben.

EL CORREO

Viernes, 16 de septiembre de 2005

AL-QAIDA SE CARGÓ A ETA

José María Calleja

El terrorismo de Al-Qaida es al terrorismo nacionalista vasco lo mismo que los sólidos a los líquidos. Ya recuerdan el principio de Arquímedes: todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. Al-Qaida ha desalojado a ETA.

Entre las múltiples razones que podemos encontrar para explicar el declive del terrorismo nacionalista vasco una de ellas es, sin duda, el efecto que han tenido los atentados de Al-Qaida. Efecto en el desprestigio de la muerte, en la clausura del asesinato terrorista como método para conseguir un desideratum en Europa occidental. Nada más producirse la masacre del 11-M en la estación de Atocha, en Madrid, una sensación de espanto recorrió a bastantes de los que durante años han apoyado los crímenes de ETA, y a los nacionalistas vascos comprensivos con la violencia: mira que si esta barbaridad la han hecho los nuestros, pensaron. Aquella duda, en medio de los cadáveres, los trenes humeantes, el desgarro de una población conmocionada tuvo un efecto didáctico para explicar la perversión del terrorismo, del asesinato, como no habían tenido los casi mil crímenes cometidos por los terroristas de aquí a lo largo de más de treinta años de sangrienta historia. Los que creyeron plenamente que ETA era capaz de cometer aquella matanza, también los que, al menos durante unas horas, pensaron que era posible que el terrorismo nacionalista vasco fuera el responsable de aquel espanto, es muy posible que hayan quedado vacunados de por vida respecto de cualquier veleidad, o apoyo explicito a los atentados terroristas. Más cerca en el tiempo, resulta muy significativo que el IRA saliera en estampida para desmentir cualquier eventual responsabilidad en la matanza del 7 de julio en Londres. En los dos casos opera el mismo mecanismo: nosotros no somos como ésos; como ésos que ustedes odian. Un minuto después se plantea la lógica consecuencia: si vuelven a matar los terroristas locales serán muchos los que les comparen con los terrorista islamistas. Este rechazo a la muerte se suma al evidente hartazgo que en la Comunidad Autónoma Vasca había provocado previamente la sucesión de crímenes, de terrorismo callejero y de extorsiones a empresarios realizados por ETA durante lustros. El vaso de la paciencia, que se desbordó con el crimen de Miguel Ángel Blanco en Ermua, en 1997, no ha parado de recibir aportes.

Hay otros factores que explican la falta de fuelle del mundo terrorista si lo comparamos, por ejemplo, con su capacidad movilizadora de los años ochenta y buena parte de los noventa. La Policía española ha golpeado con fuerza, reiteración y certeza en las estructuras etarras; en sus grupos de asesinos, en su dirección, en sus redes de reclutamiento, hasta el punto de que los individuos predispuestos a alistarse en la banda hoy se lo piensan dos y más veces; además, cada vez es más difícil encontrar gente dispuesta a mostrarles el apoyo activo de la cobertura, la intendencia o las imprescindibles tareas complementarias.

El periódico que mejor cuenta las cosas de ETA decía el otro día que cien sujetos, cien, habían apoyado a los presos de la banda en Bilbao. Estos datos, unido a otros muchos de semejante tenor, demuestran una evidente fatiga de los materiales convocantes, una indiferencia masiva de la población respecto de lo que se quiere presentar como el capital político de la banda, los presos, que últimamente cosecha más frialdad que otra cosa.

En el apartado, digamos político, tenemos a destacados portavoces de la cosa dispuestos a ofrecer contrapartidas al Gobierno de Zapatero - «si las quiere que las pida», dijo Barrena en agosto en Bilbao-; balbuceantes portavoces, que bailan la yenka con las palabras y que anuncian contradicciones con aire terminal -Álvarez en agosto en San Sebastián-.

Los portavoces del tinglado no entienden que con tanta gimnasia de gestos como están haciendo, la justicia les cite, les encarcele, les imponga fianzas millonarias, les obligue a presentarse ante la Policía, les haga sentir que sus actos no salen gratis. Se sienten traicionados. Una sensación que comparte con ellos el Gobierno vasco y los nacionalistas del PNV, de EA y los de Madrazo. No saben todavía que el hecho de que muestren voluntad de que esto se acabe no les sitúa en ningún pedestal privilegiado, simplemente demuestra cuán equivocados han estado tantos años; sencillamente certifica su derrota política. Ellos no nos hacen el favor de dejar de matarnos; si dejan de matar es porque el asesinato les resulta cada vez más difícil, gracias a la presión policial; o les desprestigia como no lo hacía antes, derrota política. El IRA ha dejado de pegar tiros sin haber conseguido ni uno solo de sus objetivos, con una autonomía para gestionar un alcalde pedáneo y un camión de bomberos y que encima está suspendida. Aquí, el nivel de autogobierno es uno de los más altos del mundo. El PNV tratara de sacar tajada de esta nueva situación -perdón por la redundancia de unir PNV con sacar tajada-; HB tratará de salvar la cara y vender que treinta años de crímenes sirvieron para algo y los defensores del marco de convivencia que representa la Constitución están ante una situación en la que no pueden permitir que el terrorismo nacionalista vasco consiga sin crímenes lo que no logró cuando era capaz de asesinar a noventa en un año.

Hay, en este panorama, un grupo de defensores del apocalipsis; gente venida ayer, a ultimísima hora, a la lucha contra el terrorismo, con una tendencia enfermiza y obsesiva a fantasear, a inventar y que, como no conocieron las duras etapas anteriores dicen que ahora todo está peor. Triunfa en algunos sectores, a los que parece importarles un comino que esto se arregle y sólo buscan hacer el máximo ruido posible, una especie de poetización del desastre, lleno de palabras como traición, derrota, fracaso y así. Les parece irrelevante el hecho de que en dos años tres meses y quince días no se haya asesinado a nadie. Hombre, algunos nos hemos implicado en la lucha contra el terrorismo nacionalista vasco precisamente por eso, porque asesinaba. Y si no asesina, por las razones citadas, no podemos más que alegrarnos y celebrar este dato de la realidad como un triunfo de los demócratas.

Desde luego que el que no asesinen no convierte en buenos a los criminales ni, por supuesto, hace que Ibarretxe deje de ser un pelma; de la misma forma que el final de la dictadura franquista no terminó con los ultras, no abolió la explotación del hombre por el hombre ni allanó las desigualdades sociales, pero para los que habíamos sido encarcelados, por ejemplo, saber que se acabó el ser detenido o torturado era un alivio. Ahora, saber que cada día es más difícil un asesinato es un alivio para los asesinables, aunque los jefes de prensa del fin del mundo parezcan no darse cuenta de esta obviedad.

HB quiere volver a los ayuntamientos. La excelente política antiterrorista seguida por el segundo gobierno del PP ahogó a la trama civil de la banda y permite ahora a Zapatero tener ases en la manga para poder jugar con ellos. Si HB quiere ayuntamientos, es decir, poder, antes ETA tiene que decir que pliega, que lo deja, que se acabó; pero no con otra tregua trampa, no; con el fin definitivo de los crímenes. Nadie se lo va a echar en cara; es más, muchos lo celebraremos. La experiencia demuestra que ETA aprovecha las treguas como un ingrediente más de su estrategia terrorista; como utiliza los atentados, el miedo y la extorsión. Todo forma parte de una misma estrategia.

Se trata ahora de crear un clima en el que incluso a los más radicales les resulte muy difícil matar, tal y como aconsejaba el tal Pakito, caído del guindo con veinte años de retraso.

No hay asesinatos, y ese es un triunfo de los demócratas. También de los demócratas depende -de su movilización, de su vigilancia, de su tenacidad- que lo que casi todo el mundo asume como fase terminal de ETA se salde sin ninguna concesión a los que desde hace más de treinta años no han hecho otra cosa que atacar la convivencia y ven cómo la derrota les acecha ahora en el cogote.

EL CORREO

Viernes, 16 de septiembre de 2005

ARBITRARIEDAD

Xabier Gurrutxaga

El ministro de Interior manifestó en el Congreso que el Ejecutivo central no tiene previsto ceder la competencia sobre las cárceles existentes en la comunidad vasca, y añadió que la gestión seguirá en manos del Estado porque «es conveniente y porque lo hace bien». Una semana antes, el ministro de Administraciones Públicas calificó de «imposible» la transferencia de los centros penitenciarios. Han transcurrido más de 25 años desde la aprobación del Estatuto y, francamente, resulta triste y lamentable que todavía hoy tengamos que escuchar este tipo de argumentos que, por cierto, nada tienen que ver con dos de los principios básicos de todo sistema democrático, como son el del sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento jurídico y la interdicción de la arbitrariedad de esos mismos poderes. Ambos principios constitucionales están siendo permanentemente vulnerados desde el poder central cuando se impide de hecho el cumplimiento de la previsión estatutaria en esta materia.

Hay que recordar al ministro de Interior que difícilmente el Ejecutivo central va a ceder la competencia sobre los centros penitenciarios porque, sencillamente, no la tiene; tras la aprobación del Estatuto, la titularidad de la competencia en régimen de exclusividad pertenece al País Vasco. Cosa distinta es la transferencia de los medios personales y materiales necesarios para el pleno ejercicio de la competencia, cuya titularidad le corresponde en virtud del Estatuto. Precisamente, para la negociación de los servicios vinculados a la gestión de las competencias recogidas en la norma autonómica se creó la Comisión Mixta de Transferencias. El artículo 10, en su apartado 14, es taxativo cuando atribuye la competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de los centros penitenciarios. Hace años que el Parlamento vasco aprobó por unanimidad incluir esta materia en el listado de temas pendientes para el desarrollo estatutario.

Hace más de cuatro años, hasta el mismísimo candidato socialista a lehendakari, Nicolás Redondo, defendió como compromiso electoral expreso el traspaso inmediato de los servicios penitenciarios. El PP también aprobó en el Parlamento la legitimidad jurídica de la competencia en materia de centros penitenciarios. Ahora, el ministro de Interior, además, también alega razones de oportunidad y de conveniencia para negarse a la transferencia de los medios materiales y personales. Como es sabido los criterios de oportunidad y de conveniencia poco tienen que ver con el mundo jurídico y sí en cambio con el político, donde el subjetivismo y el interés partidario se imponen sobre la razón jurídica como bien le reprochó el diputado Emilio Olaberria al poner de manifiesto la arbitrariedad que alimentaba la respuesta del ministro. Es decir, no se transfieren los centros penitenciarios porque no le da la real gana. Toda una lección de praxis jurídica por parte de un ex magistrado.

DEIA

Viernes, 16 de septiembre de 2005

GALLIZO REITERA A AZKARRAGA QUE NO HABRÁ TRANSFERENCIA DE PRISIONES 

José Luis B. Benayas

El consejero expuso sus quejas en la reunión para abordar la situación de Nanclares 

Madrid - El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, se reunió ayer durante dos horas con la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. El encuentro estaba previsto para abordar la situación de la prisión de Nanclares de Oca, en Araba. Azkarraga aprovechó la reunión para solicitar de nuevo el reagrupamiento de presos y pedir al Gobierno español que transfiera Prisiones a la CAV.

El titular vasco de Justicia juzga «muy preocupante» el fallecimiento de seis reclusos en la prisión de Nanclares. Pese a agradecer a Gallizo las medidas que desde el Gobierno se están tomando, manifestó que la situación tiene que ver con «el proceso de transferencias». «No se pueden ver de forma independiente lo que pase en Nanclares y el cumplimiento de la ley», dijo.

Azkarraga destacó en rueda de prensa que no entiende, que «habiendo sido juez» el ministro de Interior, José Antonio Alonso, «ignore la ley de forma flagrante», en referencia a la transferencia de prisiones, recogida en el Estatuto de Gernika, que a su vez es una ley orgánica. El consejero vasco también habló de la posición «mezquina» de Alonso, al preguntar éste el día anterior a los diputados vascos si le concedían más importancia a las muertes de Nanclares o a las transferencias.

«Nos importa Nanclares y nos importan las transferencias, y nuestra obligación es solicitarlas», replicó enfadado Azkarraga en Madrid, quien pidió al ministro que no «escamotee sus responsabilidades con insultos». El consejero, además, vinculó que se transfiera Prisiones y se reagrupe a los presos con la posibilidad de «humanización del conflicto», que prevé «largo».

Para él, el avance hacia la solución es imparable. «Si queremos dar pasos en este momento político nuevo, tenemos que darlos todos», explicó. En este sentido, Azkarraga hizo constar varias quejas, como la falta de discreción en un proceso como éste, la «judicialización» de la vida política, -en referencia al paso de Rafael Diez Usabiaga por la Audiencia Nacional-, o el trato no igualitario para los presos.

Por su parte, la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, dedicó parte de su comparecencia posterior al encuentro a describir las acciones del Gobierno en Nanclares de Oca. En concreto, el «plan de choque» para la prisión alavesa consiste, en palabras de Gallizo, en la revisión del plan de prevención de suicidios o en la mejora de las condiciones de habitabilidad.

GARA

Viernes, 16 de septiembre de 2005

GALLIZO DEFIENDE EL MANTENIMIENTO DE LA DISPERSIÓN «PARA PROTEGER A LA SOCIEDAD»

Además de rechazar el traslado de los presos políticos vascos a Euskal Herria, la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, defendió el mantenimiento de la dispersión porque «tenemos la obligación de proteger a la sociedad, y la dispersión favorece el control de esos presos e impide que continúen con su actividad». Incluso, afirmó que es «necesario» aplicarla «en todos los centros del Estado español». Estas declaraciones las realizó tras la reunión que mantuvo con el consejero de Justicia de Lakua, Joseba Azkarraga, quien abogó por «humanizar el conflicto».

MADRID - Mercedes Gallizo, directora general de Instituciones Penitenciarias, rechazó de manera tajante poner fin a la dispersión. Durante la reunión que ayer mantuvo por espacio de más de dos horas con Joseba Azkarraga, consejero de Justicia de Lakua, Gallizo salió en defensa de esta política y expresó su negativa al reagrupamiento de los prisioneros políticos vascos en aras a «proteger a la sociedad».

«Tenemos la obligación de proteger a la sociedad y la política de dispersión favorece el control de esos presos e impide que continúen con su actividad delictiva», insistió. Es más, la directora de Instituciones Penitenciarias aseguró que es necesario aplicarla a lo largo y ancho del Estado. En este sentido, señaló que la estrategia de su Dirección General «no es de alejamiento de ningún interno de su lugar de origen; pero sí de dispersión en todos los centros del Estado español».

Estas declaraciones van en consonancia con lo que ya dijeron el miércoles los ministros de Interior y Justicia, José Antonio Alonso y Juan Fernando López Aguilar, respectivamente. Durante la sesión de control del Senado y en respuesta a un senador del PP, Alonso aseguró que «el Gobierno no tiene intención de introducir cambios en la política penitenciaria», negando de esta manera la repatriación de los presos vascos.

López Aguilar se expresó en términos similares en el Congreso de los Diputados al asegurar que el Ejecutivo de Zapatero «no va a mover ni un ápice la legislación penitenciaria, ni la penal ni la procesal en materia antiterrorista».

La transferencia de la competencia de prisiones también estuvo presente en la reunión entre Azkarraga y Gallizo. Al igual que hiciera Alonso la víspera, afirmó que «no hay ninguna previsión por parte del Gobierno» de transferirla a la CAV «ni a ninguna otra comunidad», ya que la Administración española la está ejerciendo «con rigor y eficacia». Cabe recordar que Catalunya sí tiene transferida esta competencia.

Las peticiones planteadas por Joseba Azkarraga, por tanto, quedaron en nada. En la comparecencia que realizó después del encuentro, demandó el acercamiento de los presos para «humanizar» el conflicto en el momento político actual.

«Si queremos dar pasos en este momento político, tenemos que darlos todos», remarcó. Tildó el proceso de «imparable, largo y complejo», pero advirtió que debe basarse en una discreción que «desgraciadamente no todos tienen».

También habló sobre la situación de los presos enfermos y exigió a Gallizo un trato igualitario «cualquiera que sea su delito o ideología». Así, se preguntó «por qué Galindo o Vera pueden salir en libertad y otros presos en igual de condiciones, sean de ETA o no, no reciben un tratamiento idéntico».

Respecto a la negativa del Ejecutivo a traspasar la competencia en materia penitenciaria, cuestión de la que en los últimos días se han pronunciado representantes políticos e institucionales, Azkarraga mostró su decepción porque «alguien que ha sido juez [en alusión a José Antonio Alonso] ignore la ley de forma tan flagrante».

Alegó que el Estatuto de Gernika es ley orgánica y denunció que lleva 25 años sin cumplirse. En esa línea, criticó que el Gobierno se escude en que esta competencia «no está madura» o que «no es el momento político oportuno» para ser transferida, y resaltó que el Estatuto de Gernika «tiene que aplicarse, haya o no terrorismo».

Incidió en que Lakua «no puede aceptar» esa posición que mantiene Madrid, que, según denunció, «se salta la ley a la torera sólo por razones estrictamente políticas y no jurídicas». Agregó que esta posición hace a Lakua «desconfiar del talante y la sonrisa fácil».

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, reiteró las declaraciones efectuadas por el ministro de Interior. «José Antonio Alonso fue muy claro ayer [por el miércoles]. No hay cambios en la política penitenciaria aunque el señor Zaplana se los quiera in- ventar», remarcó Rubalcaba.

Acto seguido, volvió a dejar clara la postura de su partido acerca del fin de la dispersión: «No va a haber cambios, no los ha habido de hecho».

Buen: «Crea sufrimiento»

El secretario general del PSE de Gipuzkoa, Miguel Buen, reconoció que la dispersión crea «sufrimiento» en los familiares y manifestó que esto habría que evitarlo, pero que se debe impedir que «ETA tenga comandos en las cárceles».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, señaló que el titular de Interior «tendrá sus razones para hacer esa afirmación. No seré yo quien le contradiga. Otra cosa es que los tiempos, los momentos y las circunstancias en cada momento y en cada tiempo puedan ser distintas y en el momento actual esa afirmación pueda tener esa rotundidad y tener toda la argumentación para ser así de rotunda. Quizá en otro tiempo distinto, esa afirmación no tendría que ser tan rotunda».

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, dijo que la dispersión se debe mantener «hasta que pidan perdón por sus crímenes», y se felicitó de haber sido «el ministro que dispersó a los presos de ETA. Yo fui».

Por otra parte, por los derechos de los presos, 75 personas se concentraron en Eibar, 45 en la Txantrea y 16 en Donibane.

Respuesta del PNV, Batasuna, EB y Aralar a Gallizo y Alonso

El presidente del EBB, Josu Jon Imaz, calificó de «profundo error» la postura del ministro de Interior respecto a los presos y agregó que la «humanización» de la política penitenciaria «no es objeto de negociación». «Es evidente que los presos han cometido delitos y tienen una pena de prisión por haberlos cometido pero, por muy graves que sean esos delitos, su padre, su madre, su hermana no han cometido ningún tipo de delito; y que esas personas tengan que desplazarse mil kilómetros en ocasiones para visitar a un familiar está atentando contra los derechos de esas personas que no han cometido ningún delito», manifestó en declaraciones a Euskadi Irratia. Añadió que el Gobierno de Zapatero, «sin ningún tipo de condicionante», tendría que dar respuesta a una «humanización» de la política penitenciaria.

Para Batasuna, Alonso y Gallizo «hacen apología de ese escenario de no soluciones, que no se corresponde en absoluto con la voluntad de la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca». Por ello, consideró «graves y escandalosas» las declaraciones hechas por ambos. Subrayó que «impulsar la dispersión es impulsar la conculcación de derechos fundamentales de EPPK». El coordinador general de EB, Javier Madrazo, dijo que la no transferencia de prisiones es un «auténtico despropósito y desprecio a la sociedad y al propio Estatuto de Gernika».

En opinión del vicecoordinador de Aralar, Mikel Basabe, lo dicho por José Antonio Alonso «está fuera de sitio» porque los presos «tienen derechos y entre ellos está la reinserción, que es mucho más fácil de lograr si están en Euskal Herria».

DEIA

Viernes, 16 de septiembre de 2005

PRESOS Y COMPETENCIAS 

Editorial

Que los presos, tanto como agentes pasivos, como activos, van a jugar un papel trascendental en el desenlace del llamado conflicto vasco es algo que no se le escapa a nadie. Que ya sean objeto de debate puede ser interpretado, por lo tanto, como un síntoma de que ese desenlace ya se está desencadenando, aunque sea más probable que estemos más bien ante una maniobra preliminar de toma de temperatura, como suelen decir los políticos. De momento, ya se pueden extraer algunas conclusiones. Por ejemplo, la consideración que tiene el PSOE de ese Estatuto que tanto dice defender. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, el miércoles, y la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ayer, proclamaron que no habrá ninguna novedad en la política penitenciaria del Gobierno español, lo que implica que ni acercará a los presos, ni tiene la menor intención de transferir la competencia sobre prisiones que viene fijada en el artículo 10 de dicho Estatuto.

Si alguien albergaba todavía alguna duda respecto a la sinceridad del PSOE cuando defiende el actual Estatuto, el ministro y la directora general le habrán aclarado las cosas suficientemente. Aducen algunos dirigentes socialistas que dejar las cárceles en manos de Ibarretxe (Fernández de la Vega dixit) significaría poco menos que la salida por la puerta de atrás de no pocos presos de ETA. Afortunadamente no todos piensan así, y voces tan autorizadas como la de Miguel Buen ya se atreven a sugerir que en otro escenario, la rotunda negativa del ministro Alonso podría matizarse al menos en aras de evitar un sufrimiento innecesario a los familiares de los reclusos. Ninguna referencia, sin embargo a los derechos de los presos, que los tienen a pesar de que el defensor del pueblo español Enrique Múgica, opine lo contrario. Rodríguez Zapatero, que en tantas materias se ha desmarcado de su antecesor en la Moncloa, sigue sin embargo uncido al yugo de un Pacto Antiterrorista que el PP proclama roto pero que sigue siendo el manual del Gobierno socialista en la materia. Advierte además de que el proceso será largo, difícil y duro y pide prudencia a unos y otros, postura perfectamente comprensible para un presidente a quien la oposición, con toda su panoplia de medios de comunicación y asociaciones diversas, está hostigando como si las puertas de las cárceles ya estuvieran abiertas, y que, sin duda, tendrá que mantener equilibrios y resistir presiones dentro de sus propias filas.

GARA

Viernes, 16 de septiembre de 2005

CONCULCAR DERECHOS CON FINES POLÍTICOS

Editorial

En los dos últimos días altos cargos del Gobierno, como el ministro de Interior y la directora de Instituciones Penitenciarias, y del PSOE, como su portavoz en el Congreso de los Diputados, han asegurado con tono firme y decidido que van a mantener la actual política penitenciaria y que no transferirán la competencia de prisiones al Gobierno de Lakua. Con ambas afirmaciones, Gobierno y PSOE vuelven a dejar constancia grabada y escrita de aquello que por sus hechos miles de ciudadanas y ciudadanos vascos conocen en la práctica: que hacen uso de la conculcación de derechos y del incumplimiento de las leyes con fines políticos. Diríase que mantienen una estrategia político-militar.

Que la Comunidad Autónoma Vasca tiene la «competencia exclusiva» en la «organización, régimen y funcionamiento de las instituciones penitenciarias» viene literalmente recogido en el artículo 10.14 del Estatuto aprobado hace ya más de un cuarto de siglo. Que esta competencia estuviera transferida, podría ayudar a mejorar la actual situación de las cárceles vascas que, como se comprueba de manera luctuosa en la de Langraitz, no cumplen las mínimas condiciones ni en cuanto a instalaciones ni, en buena medida, en cuanto a su personal. Sin embargo, también es preciso constatar que la transferencia de la política penitenciaria no supone un cambio ni de las leyes de excepción ni de las duras consecuencias que éstas tienen para independentistas vascos. Pero el hecho de que el Estado se niegue a cumplir un aspecto tan claro de una ley orgánica en función de su estrategia política demuestra que en su actuación prima el principio de que el fin justifica los medios.

Pero más grave aún que la no transferencia de la competencia es el empecinamiento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en mantener una política penitenciaria de castigo contra los presos políticos vascos y sus allegados. No es sólo la dispersión, sino la continua conculcación de otros de sus derechos más elementales, incluidos los malos tratos en traslados o el mantenimiento durante años en situaciones de aislamiento insoportables. De esta forma, para el Ejecutivo español y el PSOE, la violencia ejercida contra las presas y presos políticos vascos es un elemento de chantaje y presión para quebrar su ánimo individual y su determinación colectiva. Con el agravante de que la historia de los últimos años ha demostrado que es un castigo tan cruel como inútil, pues no ha conseguido los objetivos que se propuso. Mal camino para ir a nuevos tiempos.