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Un Diputado y 15 Extremistas Asaltan el Domicilio de Pedro J. Ramírez en Mallorca

Por Narrador - 28 de Agosto, 2005, 2:58, Categoría: Asalto a la Piscina

Nadie podía imaginarse ver a un diputado nacional asaltar la casa de un ciudadano, de un director de periódico como es Pedro J. Ramírez. El tal Joan Puig (ERC), exhibiendo su carné de diputado, acompañado de una quincena de independentistas arrollaron al servicio de seguridad y penetraron en el recinto de la residencia de Pedro J. Ramírez. Según informa el periódico agentes de la Guardia Civil asistieron pasivamente a los hechos explicando posteriormente a Pedro J que no habían intervenido para "no dar mayor protagonismo" a los asaltantes ¿Se lo creen? Continuamos con la bufonada: El representante de la formación nacionalista en el Congreso trepó ataviado únicamente con un traje de baño (según aparece en la fotografía de portada) por las rocas que flanquean la residencia del director de EL MUNDO. Puig saltó la valla de la finca y desafió a los miembros del servicio de seguridad "Soy diputado del Congreso y pienso pasar porque está casa está en dominio público", advirtió. La piscina, construida hace 35 años y situada como otras miles en zona marítima terrestre, tiene suspendido su uso público por el Ministerio de Medio Ambiente por razones de seguridad.

EL MUNDO

Domingo, 14 de Agosto de 2005

UN DIPUTADO DE ERC LIDERA EL ASALTO AL DOMICILIO DEL DIRECTOR DE EL MUNDO

Esteban Urreiztieta

Joan Puig, exhibiendo su carné de diputado, y una quincena de independentistas arrollaron al servicio de seguridad y penetraron en el recinto de la piscina de Pedro J. Ramírez. Agentes de la Guardia Civil asistieron pasivamente a los hechos y explicaron al director de EL MUNDO que no habían intervenido para «no dar más protagonismo» a los asaltantes. La piscina, construida hace 35 años y situada como otras miles en zona marítimo terrestre, tiene suspendido su uso público por el Ministerio de Medio Ambiente por razones de seguridad

SON SERVERA (MALLORCA).- Con el carné de diputado entre los dientes y encabezando a un grupo de 15 radicales, el diputado nacional de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Puig lideró ayer un asalto con violencia a la casa que posee el director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, en Mallorca.

El representante de la formación nacionalista en el Congreso trepó ataviado únicamente con un traje de baño por las rocas que flanquean la residencia de Pedro J. Ramírez en la Costa de los Pinos. Puig saltó la valla de la finca y desafió a los miembros del servicio de seguridad. «Soy diputado del Congreso y pienso pasar, porque esta casa está en dominio público», advirtió.

Los miembros del equipo de seguridad del director de este periódico explicaron al parlamentario de ERC que no podía acceder al tratarse de una propiedad privada, pero Joan Puig desoyó todas las indicaciones y acompañado por el presidente de su partido en la Islas, Joan Lladó, así como por una decena de integrantes de Los Verdes, PSM (Partido Socialista de Mallorca), Izquierda Unida y grupúsculos independentistas, comenzó a insultar y a empujar a los vigilantes hasta que logró su objetivo.

Entre los asaltantes se encontraba la parlamentaria del PSM, María Antonia Vadell, el dirigente del Lobby per la Independència, Jaume Sastre y las concejalas de EU/EV en el Ayuntamiento de Son Servera, Concha Peña y en el Consistorio de Capdepera, María Orpts.

Una vez dentro de la casa, en cuyo interior se encontraba el director de este diario junto a su familia, el diputado nacionalista protagonizó una trifulca en la que los asaltantes agredieron y escupieron a los guardias de seguridad alzando sus manos en señal de victoria.

La escena fue presenciada íntegramente por cuatro agentes de paisano de la Guardia Civil que permanecieron impasibles en todo momento y con los brazos cruzados porque, según explicaron, así no daban «más publicidad a los asaltantes». Al término del incidente, acudió otra patrulla del Instituto Armado, esta vez uniformada, que saludó amablemente al cabecilla de la ocupación. Durante el asalto uno de los vigilantes privados de seguridad agredidos sufrió una lesión en el antebrazo y tuvo que ser escayolado.

La pasividad de los guardias civiles tuvo lugar después de que el delegado del Gobierno en las Islas, Ramón Socías, asegurara hasta en tres ocasiones a Pedro J. Ramírez, tras conocer el viernes la convocatoria de la concentración junto a su casa, que pondría todos los medios a su alcance para hacer cumplir la ley y evitar que los radicales lograran su objetivo. Por ese motivo, sólo dos guardias jurados privados y el escolta personal del periodista custodiaban en esos momentos la vivienda.

Los miembros del grupo liderado por Puig, que se llegó a bañar en la piscina de la vivienda con el carné de diputado en la mano, fueron advertidos el día anterior tanto por la Delegación del Gobierno en Baleares como por el Ministerio de Medio Ambiente de que el derecho de paso y el dominio público de la casa del director de EL MUNDO se encuentran suspendidos por motivos de seguridad. Y que, por lo tanto, la manifestación que habían convocado era ilegal. Aun así, a las 11.30 horas de ayer, un grupo de 40 personas se concentró ante la vivienda y una quincena logró adentrarse en el domicilio con gritos de: «Pedro J., hijo de puta, la ley está con nosotros» y «no aflojaremos».

Tras la invasión de su casa, Pedro J. Ramírez retó a todas las autoridades de las Islas a abrir un «debate público» sobre la situación legal en la que se encuentra no sólo la piscina de su residencia en la Costa de los Pinos sino «los cientos de ellas que recorren el litoral mallorquín».

El director de EL MUNDO consideró «de una gravedad alarmante que un diputado nacional asalte por la fuerza una vivienda particular». Y confesó sentirse «engañado» por el delegado del Gobierno en Baleares: «Ramón Socías me dijo el viernes hasta tres veces que iba a evitar la concentración ilegal en mi casa». Y lo que ha hecho, «una vez más, es intentar quedar bien con todo el mundo y pastelear con el inductor del asalto: el editor Pedro Serra».

Pedro J. Ramírez apuntó que la única respuesta que le ha dado Socías ante el allanamiento de morada que ha sufrido es que «él dio la orden a la Guardia Civil, pero que luego ha hecho lo que ha querido».

El asalto al domicilio es la respuesta a la línea editorial de este periódico en las islas. La campaña de intimidación contra el director de EL MUNDO comenzó hace ahora un año. Entonces, este diario denunció que las autoridades habían puesto la presidencia del Museo público de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma en manos de un empresario privado. Concretamente en las del editor mallorquín Pedro Serra. EL MUNDO se negó a obedecer al requerimiento notarial remitido por el dueño del diario Ultima Hora, que con el respaldo de todas las instituciones representadas en el museo, exigía que cesaran las críticas contra el papel que desempeña en Es Baluard.

A partir de ese momento, Serra puso en marcha una campaña en la que utilizó como pretexto la piscina de la residencia del periodista, construida hace 35 años -mucho antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Costas, que hoy prohibiría una construcción de este tipo- y adquirida por él en 1998.

Los medios del Grupo Serra reclamaron el uso público y gratuito de la misma al estar ubicada en dominio público marítimo terrestre, obviando que a lo largo del litoral mallorquín existen centenares de piscinas en una situación similar.

EL MUNDO

Domingo, 14 de Agosto de 2005

EL PP PIDE MEDIDAS CONTRA LAS 'PANDILLAS DE LA PORRA' DE ERC

MADRID.- El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, condenó ayer el «injustificable, vergonzoso e incalificable» asalto a la vivienda del director de EL MUNDO.

«Lo ocurrido es de una gravedad extrema. Es una barbaridad y una vergüenza que se asalte la vivienda de cualquier ciudadano. Pero que además en el asalto a una vivienda, en este caso la de un director de un medio de comunicación, participe un destacado diputado nacional de ERC, es un despropósito, una desfachatez y una barbaridad», señaló.

Zaplana hizo hincapié en que el ministro del Interior, José Antonio Alonso, tendrá que dar explicaciones ante lo sucedido, ya que este asalto estaba anunciado con anterioridad y se había pedido, a través del delegado del Gobierno, la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado para impedir que esto sucediera.

«Ante el conocimiento de que se iba a cometer un delito, los medios enviados han sido absolutamente insuficientes. ¿Qué garantías de seguridad ciudadana podemos tener si cuando un delegado del Gobierno sabe que se va a cometer un delito, se cruza de brazos y no hace nada?», se preguntó el portavoz popular. Por eso, exigió el cese del delegado del Gobierno en Baleares.

Comisión del 11-M

Zaplana reprochó además la actitud de los diputados de ERC. «Es cierto que muchos de sus dirigentes han tenido comportamientos realmente increíbles y declaraciones reprochables. Pero lo que de verdad no esperábamos son comportamientos como éstos, poniéndose al frente de renovadas pandillas de la porra, punibles a todas luces y que infringen el Código Penal». También se preguntó si el comportamiento de Puig no estaría también motivado por una especie de «vendetta», ya que el parlamentario es el portavoz de ERC en la Comisión del 11-M.

El secretario general del PP, Angel Acebes, criticó igualmente la actitud de Puig, especialmente por exhibir «su condición de diputado al frente de un grupo de bárbaros que buscan presentarse como héroes locales, en lo que no son sino actitudes mafiosas y gansteriles». «Cuando se sustituye el respeto a la ley por la fuerza brutal, y eso se consiente e incluso algunos aplauden y otros invitan a la negociación, siempre tiene fatales consecuencias, pues todo el mundo toma nota y algunos lo aplican», dijo. Acebes aseguró que si el presidente Zapatero no condena el asalto a la casa del director de EL MUNDO, «rompe sus relaciones» con ERC y ordena investigar la ineficacia de las Fuerzas de Seguridad en el incidente, mostrará un comportamiento «cómplice».

EL MUNDO

Domingo, 14 de Agosto de 2005

PEDRO J. RAMÍREZ CALIFICA DE «ASALTO POR LA FUERZA» LA INVASIÓN DE SU CASA EN MALLORCA

Asegura que se hizo de forma «planificada» y «con violencia contra las personas y las cosas»

MADRID.- Pedro J. Ramírez acusó ayer al diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Joan Puig de «liderar» e, incluso, «planificar» con «total impunidad» y con el carné de diputado «en la mano», la invasión de su domicilio en Mallorca.

El director de EL MUNDO dijo que Puig exhibió su identificación de parlamentario como si fuera un «salvoconducto» para entrar en su vivienda, en un acto que calificó como «asalto por la fuerza».

Pedro J. Ramírez, que se encontraba en el momento de los incidentes en la casa junto a su esposa y su hija menor, explicó que los individuos irrumpieron en su vivienda «con violencia contra las personas y las cosas» con el pretexto de que la piscina está edificada sobre suelo público. Sin embargo, «sabían perfectamente que su uso público estaba suspendido y también el derecho de paso, como el mismo delegado del Gobierno había advertido», apuntó.

Conducta ilegal

«A sabiendas de que se trataba de una conducta ilegal, de una acción delictiva, la han consumado con total impunidad, como si el carné de diputado fuera un salvoconducto para actuar delictivamente» añadió. «Es inaudito, esto no había sucedido jamás en la Transición, esto nos lleva a los años 30, a los años previos a la Guerra Civil», agregó el director de EL MUNDO.

Según explicó, los asaltantes entraron en la vivienda ante la «pasividad» de los guardias civiles que se habían desplazado al domicilio por orden de la Delegación del Gobierno al conocer la protesta, y una vez dentro de la casa arrollaron al servicio de seguridad «insultándoles, golpeándoles, escupiéndoles y empujándoles».Como resultado de esta acción, a uno de los miembros de seguridad le causaron lesiones.

Pedro J. Ramírez subrayó que sólo en el litoral mallorquín hay «cientos de piscinas e instalaciones en la misma situación física» que la suya y «nunca» ha habido protesta alguna. Por ello, y porque el diputado Joan Puig pertenece a «un partido que expresa su discrepancia con la línea editorial», vinculó el «asalto» con su responsabilidad como director de EL MUNDO. «¿Por qué en el único lugar de los miles de kilómetros del litoral de Mallorca y de los miles de kilómetros del litoral balear por el que quieren ejercer el derecho de paso estos individuos es por los 20 metros que hay delante de mi piscina?», se preguntó. «Evidentemente porque tratan de coaccionarme por ser un director de un periódico que defiende la unidad de España y que está en contra del chantaje que estos grupos independentistas vienen realizando al Gobierno de la Nación y al conjunto de la sociedad española», manifestó.

Ramírez, que formulará una denuncia por estos hechos, prepara también una querella criminal. Según dijo, el Gobierno tendrá que responder también de las conductas de las Fuerzas de Seguridad «porque ni mi familia ni yo hemos sido protegidos ante el asalto claro». «El problema, probablemente la clave de todo es que quien ha dirigido el asalto es un socio político del Gobierno, que también es inaudito», señaló. Y advirtió que si esta dinámica va a ser permitida por el Gobierno «aviados estamos».

EL MUNDO

Domingo, 14 de Agosto de 2005

UNA PISCINA CONSTRUIDA 18 AÑOS ANTES DE LA LEY DE COSTAS

Esteban Urreiztieta

La Consejería de Medio Ambiente dice que la concesión de Pedro J. Ramírez está completamente regularizada

SON SERVERA (MALLORCA).- La piscina que alberga la casa de Pedro J. Ramírez en Mallorca es, a día de hoy, una de las pocas que cumple la legalidad de cuantas fueron construidas en el dominio público marítimo terrestre mallorquín antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Costas.

Esta normativa comenzó a aplicarse el 28 de julio de 1988. Y desde ese momento prohíbe, en términos generales, la construcción de edificaciones destinadas a vivienda en la franja de hasta 20 metros que comienza a partir del lugar alcanzado por la mayor marea conocida. Pero esta ley, a diferencia de lo que pretenden los protagonistas de la campaña contra el director de EL MUNDO, no tiene un efecto retroactivo. Por lo tanto, no obliga a derribar las edificaciones ya existentes.

La instalación no fue mandada construir por el periodista. Se llevó a cabo hace 35 años y pertenecía a la familia Calvo-Sotelo. Ramírez adquirió la vivienda en 1998 y en estos momentos tiene en regla la concesión que le permite disfrutarla. No en vano, el Ministerio de Medio Ambiente no sólo ha autorizado al periodista su disfrute sino que, atendiendo a motivos de seguridad, ha suspendido temporalmente su uso público. Por lo tanto, nadie ajeno a él y a su familia puede hacer uso de ella. Ni tampoco puede atravesar la casa para ejercer el derecho de paso que reivindicaban ayer los radicales que lideró el diputado de Esquerra Republicana en el Congreso.

El consejero de Medio Ambiente de la comunidad autónoma, Jaume Font, ha confesado que la piscina que utiliza Pedro J. Ramírez «es un caso único» en tanto en cuanto tiene su concesión completamente regularizada. Algo que no ocurre con la práctica totalidad de las 1.700 concesiones de embarcaderos, chalés, piscinas u hoteles que existen en estos momentos en el litoral balear. Ni con las 10.000 ocupaciones de dominio público que en estos momentos alberga la costa mallorquina. Pero tal como asegura un ex responsable de Costas en las islas, «reclamar un uso público para una piscina de una vivienda es una barbaridad».

La Delegación del Gobierno en Baleares ya advirtió al Ministerio de Medio Ambiente cuando comenzó la campaña contra el director de EL MUNDO que Pedro J. Ramírez «ha aparecido en reiteradas ocasiones como objetivo de la banda terrorista ETA». Y que por este motivo, «el riesgo de incursiones en la zona de vivienda familiar se incrementaría de modo evidente si se permitiera el libre paso por la zona costera, dada la inexistencia de obstáculos o barreras entre la piscina y la vivienda».

Esta argumentación ha provocado el archivo de las denuncias interpuestas por el grupúsculo independentista Lobby per la Independència, que pedía la incoación de un expediente de caducidad para la única piscina de Mallorca que denuncia.

El asalto se produce después de que EL MUNDO haya revelado la implicación del editor de prensa Pedro Serra en un pelotazo urbanístico de 36 millones de euros que lideró su yerno en una finca rústica y después de relatar cómo Serra utilizó facturas falsas por valor de 79,5 millones de pesetas.

EL MUNDO

Domingo, 14 de Agosto de 2005

DENUNCIA CONTRA LOS ASALTANTES Y CONTRA LA GUARDIA CIVIL

Los servicios jurídicos del diario EL MUNDO interpondrán el lunes una denuncia por allanamiento de morada y coacciones contra el diputado Joan Puig y el grupo de radicales que comandó en su asalto al domicilio de Pedro J. Ramírez. En este caso, ambos delitos atentarían también contra un derecho fundamental: el de la libertad de expresión. Y es que el objetivo de la campaña inducida por el editor mallorquín Pedro Serra contra el director de EL MUNDO pasa por torcer a su favor la línea editorial del periódico en Baleares.

Este diario intentó poner ayer en manos del juez instructor tanto el material gráfico de lo sucedido como el parte de lesiones de uno de los vigilantes de seguridad, pero se encontró con las puertas del Juzgado cerradas.

Cuando sea posible, se interpondrá también otra denuncia contra la Guardia Civil. Este diario acusa a los agentes que debían proteger la vivienda de Pedro J. Ramírez de consentir la concentración ilegal y, por lo tanto, de omitir su deber de impedir un delito.

La Delegación del Gobierno anunció ayer que ha abierto un expediente para sancionar a los responsables de los incidentes. Un portavoz de la Delegación aseguró a Efe que la Guardia Civil ha presentado denuncia contra algunas de las personas que habrían asaltado la piscina del periodista.

Pedro J. Ramírez fue homenajeado por la noche en Altea (Alicante), donde fue reconocido como casteller d'honor de 2005. El alcalde del municipio, Miguel Ortiz, se solidarizó con él y su familia por el asalto que sufrieron en su vivienda. «Pedro J., tú encarnas en tu carne y en tu casa la lucha por la libertad de expresión, hoy más que nunca», aseguró.

Pedro J. Ramírez, que acudió acompañado de su mujer, la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, se mostró emocionado por las muestras de solidaridad.

EL MUNDO

Domingo, 14 de Agosto de 2005

UN ASALTO VANDALICO QUE LA JUSTICIA DEBE CASTIGAR

Editorial

Lo que sucedió ayer en Mallorca recuerda más una estampa de los años 30 que del siglo XXI, pero desgraciadamente no fue un sueño ni una evocación de aquella etapa en la que se engendró nuestra mayor tragedia sino una escena de la España de nuestros días.

Un grupo de independentistas radicales irrumpió violentamente en el recinto de la piscina de Pedro J. Ramírez, director de EL MUNDO, arrollando con empujones, golpes e insultos soeces a los agentes de seguridad. El grupo estaba liderado por Joan Puig, diputado de ERC, que exhibía su carné parlamentario como un salvoconducto para actuar con impunidad.

Agentes de paisano de la Guardia Civil contemplaron el asalto sin intervenir, permitiendo que se consumara el allanamiento. El capitán que les mandaba comentó posteriormente al propio director de EL MUNDO que no había querido detener o ni siquiera cerrar el paso a los asaltantes para no «darles más protagonismo». La explicación de este capitán -que sin duda obedecía órdenes- roza lo surrealista, ya que las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen la obligación de proteger la vida y el entorno privado de los ciudadanos y hacer que se respete la ley.

El responsable directo de esta incomprensible pasividad es Ramón Socías, delegado del Gobierno en Mallorca, que había dado garantías a Pedro J. Ramírez de que la Guardia Civil impediría cualquier intento de acceso al recinto. Los agentes no hicieron nada, lo que prueba la negligencia de Socías y pone su credibilidad en grave entredicho.

El ministro de Interior, José Antonio Alonso, debe explicar por qué las Fuerzas de Seguridad no actúan cuando se irrumpe en el ámbito familiar de un ciudadano, que en este caso es un director de periódico al que se quiere presionar.

El pretexto utilizado por los asaltantes es que la Ley de Costas garantiza el derecho de paso a todos los ciudadanos por el litoral que bordea el mar. La piscina del director de este periódico se halla junto al mar, pero el Ministerio de Medio Ambiente dictó una resolución en la que suspendía su uso público tras unos incidentes que tuvieron lugar el año pasado. Así lo corroboró anteayer el propio delegado del Gobierno, que manifestó que la piscina -construida 30 años antes de que el director de EL MUNDO comprara la propiedad- no puede ser utilizada por el público y precisó que eso implica también la suspensión del derecho de paso.

Puig y sus colegas sabían perfectamente que estaban cometiendo una acción ilegal, lo que permite exigirles responsabilidad por su inexcusable proceder. En concreto, el director de EL MUNDO va a iniciar acciones legales contra este diputado y el resto de los asaltantes por varios delitos sumamente graves.

La Justicia será quien tenga la última palabra, pero el Gobierno debe responder, entre tanto, de la peculiar política de orden público que permite a sus estrafalarios socios de ERC protagonizar hechos tan bochornosos como éstos.

LA RAZON

Domingo, 14 de Agosto de 2005

EL DIPUTADO JOAN PUIG, CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Luis María Anson

La piscina ha sido el pretexto. Lo que pretendía el diputado de ERC, Joan Puig, y los cafres que le acompañaron en el presunto allanamiento de morada, era amedrentar a un periodista, ofendiendo gravemente el espíritu y la letra de la Constitución, que  consagra la libertad de expresión como el cimiento sobre el que reposa el entero edificio de la democracia española.

No quiero embestir la muleta de la piscina. Eso es lo que le gustaría al diputado. Si hubiera sido esa piscina de cualquier arquitecto o ingeniero o abogado, Joan Puig estaría tocándose la cítara en casa de Carod Rovira. Pero se trata de la propiedad del director de un diario madrileño, Pedro J. Ramírez, especialmente odiado en algunos sectores políticos por su espíritu crítico e independiente. Así es que el diputado Joan Puig, bien aleccionado, se lanzó en tromba al frente de un grupo de controlados, convirtiéndose en un presunto delincuente, al allanar la morada del periodista para amedrentarle y escarnecerle. Y lo que es más grave: con lesión considerable de la libertad de expresión. El periodista no es un ciudadano impune. Si comete un delito o una irregularidad, corresponde a los tribunales de Justicia decidirlo, no a esos consejos deontológicos, contrarios a la Constitución, que se ha inventado la FAPE. Y mucho menos a diputados montaraces dispuestos a fracturar el sistema democrático con tal de hacer daño a un profesional del periodismo.

Asusta pensar, a los que padecimos la censura franquista, qué volvería a pasar en España si un día decidieran políticos violentos como el diputado Joan Puig. Muchos de mis compañeros profesionales me cuentan y no terminan de la presión a que están sometidos en Cataluña, donde la libertad de expresión, según denunciaron muchos intelectuales catalanes, en un escrito admirable, encabezados por Boadella, se encuentra en preocupante peligro. La tropelía perpetrada ayer por un diputado de ERC en la casa de un periodista enciende todas las alarmas.

libertaddigital.com

Domingo, 14 de Agosto de 2005

EL ACTIVISTA EN MEYBA

Juan Carlos Girauta

El rescate de eso que los socialistas y su guarnición llaman “la memoria histórica” no se entiende sin la previa mistificación, la ocultación de datos esenciales, las interpretaciones de parte y, en fin, la conversión de la historiografía en una rama de la propaganda. Así puede la Calvo acabar de torcer el contencioso de los papeles de Salamanca trazando sobre la España del siglo XXI burdas líneas divisorias de un pasado que, por supuesto, desconoce: “La derecha española ya tiene sus papeles porque se los devolvió Franco.” Tratándose de documentos de particulares, la afirmación equivale a presuponer que los dos bandos de la Guerra Civil no se han movido, que todos los descendientes de los nacionales siguen siendo nacionales y los de los rojos, rojos. Que hay nacionales y rojos. Hay que ser mendaz, o irremediablemente ignorante, o malvada. O todo a la vez.

Así puede también un sujeto con el carné de diputado en la boca, el mismo activista con corbata que atribuyó a Aznar el deseo de un gran atentado terrorista, asaltar en meyba el domicilio del director de un diario molesto. Quiera el destino que esta puesta al día de la acción directa -comunicados y fotógrafos mediante- no acabe haciendo a los suyos responsables de una profecía autocumplida. El mayor problema es que su socio es presidente del gobierno español, por mucho que parezca un curioso maniquí con dispositivos para agitar los dos brazos a la vez y enfatizar con esdrújulas las consignas que le graban sus asesores. Un presidente legítimo consagrado a transformar el concepto de legitimidad, empeñado en obviar la Transición, en negar su valor a la providencial solución “de la ley a la ley” que convirtió a España en ejemplo de democratización sin fratricidio y en espejo para las naciones en busca de libertad.

Obviar la Transición para sacar del baúl de los recuerdos malditos la legitimidad sin distingos de la Segunda República. Pero no hay legitimidad sin distingos en esa historia ensangrentada. ¿Se trata de la “legitimidad” de los de octubre del treinta y cuatro o de la legitimidad de los que defendieron las leyes republicanas? ¿La de los socialistas que fueron a buscar a Calvo Sotelo para meterle dos balas o la del asimismo socialista Besteiro?

El cabecilla de los asaltantes de Mallorca habrá considerado que, con un hombre como Zapatero en La Moncloa, es posible forzar algunas cosas, saltarse algunas normas. Y se habrá reafirmado al ver que las fuerzas de seguridad no se lo impedían. En fin, si se empeñan en seguir mirando hacia atrás con ira, no pierdan de vista que sus nombres –Esquerra, PSOE- son demasiado explícitos.